Autor: ANEP
ANEP-Municipalidad de Goicoechea protestó por privatización de parquímetros
La Seccional ANEP- Municipalidad de Goicoechea junto a trabajadores municipales protestaron la noche de ayer en el Concejo Municipal de la localidad, para oponerse a la privatización del sistema de parquímetros del cantón.
La molestia de los trabajadores radica en que la empresa privada adjudicada por parte del Concejo Municipal para el manejo de los parquímetros, recibirá el 60% de las ganancias, dejando tan solo un 40% de utilidades para la municipalidad. Esto provocaría el despido de funcionarios municipales que actualmente ejercen dicha labor.
Otra de las molestias de la seccional y los trabajadores es la forma en como se dio la adjudicación, ya que aseguran que no hubo una licitación, ni mucho menos un estudio técnico financiero que avalara o justificara la contratación.
Además, aseguran que no se adjudicó que la empresa reuniera los requisitos de idoneidad legales, técnicos y financieros. En este tema, la Contraloría General de la República también emitió su criterio, indicando que el municipio debía asegurar que dichos requisitos se cumplieran.
Precisamente estos y otros argumentos técnicos-legales fueron presentados en un veto ante el Concejo Municipal por parte de la alcaldesa, Ana Lucía Madrigal Faerron, lo que deja sin efecto la privatización de los parquímetros
En el siguiente video podrá observar el desenlace que se dio en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Goicoechea.
Trueque político turbio de eurobonos por empleo público
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.
Resulta repugnante constatar que las necesidades más inmediatas del país en materia fiscal, según la ideología dominante de corte neoliberal de la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se mezclen en una negociación política mediando derechos laborales como los que competen al empleo público, en cuanto fuerza de trabajo del futuro inmediato y mediato de los servicios estatales.
Tanto Alvarado como su réplica política en el parlamento, el diputado Benavides (quien, por ahora, ostenta el control político total de lo que se gestiona en la Asamblea Legislativa), reconocen, sin pudor alguno, que se desarrollan negociaciones entre ambos en lo que para nosotros representa un trueque turbio entre el Ejecutivo y el Legislativo: yo te entrego un empleo público de “nuevo tipo” (léase precarizado, altamente vulnerable al despido, incluyendo al actual y todavía vigente); y tú me das los 6 mil millones de dólares que ocupo para administrar el gobierno por los 3 años que quedan de aquí al 2022.
La monumental irresponsabilidad de gestión macroeconómico-fiscalista que está mostrando el sectario grupo gobiernista actual, no se había observado en administraciones anteriores.
Dejar al país con un nivel de endeudamiento que superaría los 40 mil millones de dólares, revela la perversa y maquiavélica estrategia de que quedemos, en el corto plazo, en bandeja para entregar al país en las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI); pues no lleva ninguna sana intención ese malévolo trueque de empleo público por eurobonos.
En realidad, eso fue lo que pasó con ocasión de la imposición de la ley del combo fiscal-9635, oficialmente bautizada con el pomposo nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Nosotros preferimos entrecomillar tal denominación oficial de esa detestada ley 9635, porque no es cierto que con la misma haya ocurrido un “fortalecimiento” de las finanzas públicas, habida cuenta de que las mismas están con espantosos niveles de endeudamiento y con una carga de pago de intereses sumamente perversa y criminalmente obscena: ¡oígase y escúchese bien, de casi 4 mil millones de colones por cada 24 horas!
Tal legislación para lo único que ha servido es para hacer daño a quienes menos tienen responsabilidad en esto del déficit y de la deuda pública. Es el mismísimo FMI, así como las agencias calificadoras de riesgo (“la policía financiera del planeta”), los que indicaron que, prácticamente, esa ley no sirvió de nada y que en el corto plazo el pueblo deberá ser sometido a más presión tributaria; y, por ende, a que pague más impuestos; dentro de lo cual el ahora Impuesto al Valor Agregado (IVA), debe subirse del 13 al 15 %, sino más.
Ninguno de los políticos fanáticos del enfoque fiscal y macroeconómico de corte neoliberal, ni tampoco sus cuadros dizque técnicos en entidades como la Contraloría y/o la Procuraduría, pudieron sostener la pérfida especie de que el déficit fiscal se debía a los salarios devengados en el sector Público, independientemente de las correcciones y excesos que nunca fueron regla sino más bien excepción.
El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.
Las alternativas existen; pero, verdad sea dicha, no está la hegemonía política necesaria que abra paso a esa vía alternativa, pues es la desarticulación de los sectores cívico-patrióticos, sociales, sindicales y populares, la base del actual y real poder que ejerce la tríada gobiernista PLUSC-PAC con el binomio político Alvarado-Piza como su gerencia fundamental.
En tal sentido y considerando que el trueque político de entrega de derechos del empleo público a cambio de los eurobonos, se está resolviendo en el más alto nivel de la indicada hegemonía macroeconómico-fiscal de corte neoliberal; mal haríamos como organización sindical prestarnos a un juego de negociación del “nuevo” empleo público, dándole a este gobierno legitimidad de gratis cuando ha quedado harto demostrado que esta gente no cree en procesos de diálogo social realmente transparentes y con negociación efectiva. Los neoliberales no negocian… imponen.
Mesa Sindical de Mujeres convoca a manifestación de las “Ollas Vacías” contra canasta básica tributaria
La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) realiza un llamado a toda la ciudadanía en general para realizar una manifestación denominada “Ollas Vacías” contra la canasta básica tributaria, el próximo jueves 4 de abril a partir de las 2 de la tarde, frente al edificio central del Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda.
La manifestación tiene como objetivo mostrar la disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores, lo que provocaría ollas con menos alimentos en los hogares costarricenses, de ahí el nombre de la manifestación.
Para la Mesa Sindical de Mujeres, los resultados están hoy a la vista, con una una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses y el escenario del ruido de ollas vacías es el ideal para mostrarle al Gobierno lo que se avecina para el pueblo.
Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, entre otros alimentos.
La Mesa Sindical de Mujeres está integrada por la Central Sindicales Juanito Mora Porras-ANEP (CSJMP-ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), estas a la vez aglutinan a decenas de sindicatos costarricenses.
ANEP y MSP iniciaron proceso de solución de conflicto de carácter económico y social
Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), iniciaron el proceso de solución de conflicto de carácter económico y social, solicitado por la ANEP, ante una serie de dudas respecto a roles de servicio en la Fuerza Pública, la no correcta aplicación de incapacidades, entre varios temas.
Este viernes quedó conformado el tribunal conciliador, el cual está formado por representación de los trabajadores (en este caso ANEP), parte empleadora (MSP) y juzgado de trabajo.
Motivos de la solicitud de solución de conflicto
Los cuerpos policiales suscritos al Ministerio de Seguridad Publica, se encuentran sustentados jurídicamente en las siguientes normas: Ley General de Policía, 7.410 del año 1994, Reglamento de Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, 23880, Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública y Reglamento Organizacional del Ministerio de Seguridad Pública, 36366-SP. Dichas normas regulan la naturaleza de la función realizada por los miembros de la Fuerza Pública, estableciendo sus facultades, derechos y deberes en nuestro ordenamiento jurídico.
Sin embargo, existe falta de regulación en cuanto los roles y jornadas de servicio, para los oficiales de Fuerza Pública. Esto pese a que el artículo 76 de la Ley General de Policía, establece en el inciso c) como un deber de los miembros de las fuerzas de policía, ajustarse a los horarios definidos por reglamento. No obstante, esta normativa no ha sido decretada por parte del Ministerio de Seguridad Pública, incumpliéndose así con esta norma. Al efecto, las partes, Ministerio de Seguridad Pública, y ANEP, a través de su Seccional ANEP Fuerza Pública, acordaron solicitar estudio de jornadas y roles de trabajo por turnos de la Policía del Ministerio de Seguridad Pública, a la Secretaria Técnica del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Lo anterior a efectos de contemplar las repercusiones que para la salud de las personas resultan de la actividad policial; siendo que fue emitido y notificado el informe técnico Nº DE-ST-ITE-3-2017.
Así mismo, se presenta ambigüedad y falta de claridad en disposiciones internas que vienen de alguna manera transgrediendo normas de trabajo, pero fundamentalmente, perjudicando a nuestros compañeros y compañeras. Frecuentemente se obliga a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, a laborar en sus días libres por reposición de días de incapacidad médica, se les ordena laborar media jornada (media guardia), luego de un día de ausencia justificada, inclusive, se ordena laborar un día de reposición, tras el disfrute de una licencia con goce de salario por deceso de un familiar.
Ante la falta de normativa interna en lo que refiere a los roles, jornadas, uso correcto del criterio de disponibilidad y algunas prohibiciones expresas sobre las obligaciones que se le deben inculcar a los funcionarios policiales, frecuentemente conoce este sindicato de abusos cometidos por mandos medios, quienes se escudan en el estribillo de su potestad de mando.
Aunado a lo anterior, lamentablemente se han identificado situaciones que configuran una clara actividad anti sindical y, algunas prácticas laborales desleales, contra afiliados caracterizados por una activa participación en la estructura sindical.
Salud ordena cierre de delegación policial Mata Redonda en Uruca
La Seccional de la Fuerza Pública y Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) han denunciado y solicitado la clausura de delegaciones insalubres para los trabajadores.
El Ministerio de Salud ordenó la clausura del puesto policial Mata Redonda en la Uruca debido a que presenta insalubridad y que pone en riesgo la salud de las personas, ni cuenta con las condiciones físico sanitarias adecuadas para su operación.
Además, el Ministerio de Salud estableció un plazo de 24 horas para que retiren del local los implementos personales, laborales y de funcionamiento de la delegación.
Por su parte, la Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública estará vigilante para que los trabajadores trasladados tengan las condiciones adecuadas y que la delegación sea reparada lo más pronto posible
ANEP cuestiona a AyA por realización de costosa conferencia sobre agua
Actividad tendrá costo de 1.2 millones de dólares según publicación de un medio de comunicación
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió este jueves 28 de marzo, una carta a la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, solicitando explicaciones por la realización de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 2019 (Latinosan), que le costará al país 1.2 millones de dólares.
Los cuestionamientos de la ANEP surgen luego de la publicación realizada por Diario Extra donde constatan la realización de dicha actividad del 1 al 3 de abril próximo, en el Centro de Convenciones, la cual reunirá a representantes de instituciones de varios países, indica la nota.
“Esta situación genera en la ANEP gran consternación considerando las enormes dificultades institucionales para suplir, con eficiente prontitud y calidad, los servicios estratégicos que AyA proporciona a la ciudadanía y que ésta resiente cuando los mismos no son prestados con calidad y con oportunidad, pese al enorme esfuerzo y compromiso del personal institucional, especialmente el de campo y el de actividad operativa más sensible”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Para la ANEP, la prédica oficial de la crisis fiscal está sacrificando y golpeando a una enorme cantidad de hogares de la población trabajadora de este país; y, particularmente, muchos trabajadores de AyA, al enterarse de semejante erogación, la contrastan con la serie de dificultades cotidianas en la prestación del servicio, teniendo ellos que ser la primera cara de la institución con respecto a la comunidad usuaria.
Dentro de los principales cuestionamientos que realiza la ANEP al AyA destaca, si dicho presupuesto fue aprobado por parte de la Contraloría General de la República. Además, se cuestiona la aparente participación de Mauren Ballestero Miranda en la planeación de la actividad, así como el posible pago de consultorías hacía esta persona y otras personas no asalariadas de AyA.
Otra de las interrogantes del sindicato, se refiere a los beneficios que traerá para el país la realización de este evento, así como los resultados obtenidos por la participación en ediciones anteriores.
Para la ANEP, estas y otras consultas deben ser resueltas por parte de las altas autoridades de Acueductos y Alcantarillados en aras de la transparencia con la ciudadanía y los trabajadores de la institución, máxime por la situación fiscal que atraviesa el país.
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La destitución del Presidente de Japdeva
La destitución del Presidente Ejecutivo de Japdeva nos muestra a las claras que la naturaleza de la esencia política de la hegemonía en el seno del actual Gobierno de la República está ya más que ideológicamente definida… si es que alguien tenía dudas al respecto.
La “lealtad” política de la línea dominante al interior del Poder Ejecutivo es aquella que facilita la realización de los meganegocios, especialmente los que se materializan a través de la operación mercantil de las empresas transnacionales.
Ejemplos sobran y citemos este otro: el “error administrativo” del Ministerio de Hacienda que le evitó a la Standard Fruit Company pagar al fisco una enorme cantidad de millones de colones en impuestos que debía honrar.
La entronización de la actividad portuaria en los puertos del Atlántico del país, en manos de APM Terminals, ha sido, desde que fue pensada, una finalidad estratégica del proceso sostenido de la transición impuesta a la sociedad para que el “todo mercado”, finalmente, se imponga como regulador supremo de la convivencia nacional.
Seamos más claros todavía. El proyecto neoliberal para Costa Rica está recibiendo un fuerte impulso a partir de la colusión política de la tríada gobiernista actual, compuesta por los “propietarios” de los partidos del bipartidismo tradicional, Liberación y Unidad, más el recién llegado a la santa cruzada contra el Estado Social de Derecho, Acción Ciudadana (PAC).
Hace tan solamente un año, la ingenuidad del inconsciente colectivo de la sociedad creía que el PAC sería el nuevo albergue de la Socialdemocracia traicionada por los renegados y apóstatas del pensamiento de sus padres fundadores en Costa Rica.
La constatación de una de las mayores equivocaciones electorales de los últimos tiempos tiene en lo que acontece con Japdeva una flagrante realidad con todas sus negativas consecuencias.
El pueblo de Limón merece mejor suerte. Esto lo hemos afirmado en otros espacios y circunstancias.
Se puede sostener que el pueblo de Limón está, en los actuales momentos, totalmente huérfano en cuanto a que sus intereses sean, realmente, tutelados por algún partido político.
Pese a contadas excepciones, la realidad es que el electorado caribeño solamente ha sido escalera de ascenso para todo tipo de oportunismos inmediatistas, los cuales priorizaron en el beneficio personal-familiar inmediato, más que en el de la colectividad porteña y, en general, de toda la provincia.
Nada extraño tiene que haya personas y grupos cívicos que estén planteando proyectos autonomistas y hasta independentistas de Limón con respecto al resto del país.
Esto debería de servir de alarma a la cúpula hegemónica de los meganegocios que controla toda la acción política del país en estos momentos; en cuanto a que la percepción y constatación del abandono de Limón puede estar llegando a un punto muy álgido que luego podría ser difícil de manejar.
Recientemente, se hizo pública la conformación de un nuevo esfuerzo de articulación de las diferentes instancias que aglutinan a la sociedad civil limonense, a propósito del ataque gobiernista a Japdeva, esfuerzo que también cuenta con parte de la institucionalidad pública de la provincia y del cantón central de esta.
De manera modesta nos atrevemos a plantear que, si ese notable esfuerzo articulador no expresa una conducta activa de carácter militante, de gran y sensible expresión cívica del enojo acumulado por tanto engaño político, manipulación electoral y expoliación económica; a la cúpula gobiernista neoliberal actual, la suerte del pueblo limonense no les merecerá atención real alguna; tan solo para repartir alguna que otra migaja de asistencialismo social de cortísimo plazo, mientras todo vuelve a su nivel.
Pareciera que estamos de cara a las oportunidades de que la representación parlamentaria de origen limonense asumiera un rol protagónico en aras de la defensa de los intereses sociales y económicos del electorado caribeño que los puso en una curul legislativa.
Sin embargo, debemos confesar nuestro pesimismo si nos atenemos a las primeras declaradas dadas por esos señores diputados ante la humillación que sufre Japdeva.
La soberbia neoliberal es de tal calibre como para que el jerarca ministerial del MOPT plantee, con un escalofriante cinismo, que lo que iba a pasar en Limón no solamente ya se sabía, sino que no se previó.
Como si él no fuese parte de esa estructura política sórdida del bipartidismo neoliberal PLUSC-PAC que fraguó con gran premeditación el asalto de Japdeva.
Tal parece que el pueblo limonense está en la encrucijada más difícil desde la fundación de Japdeva, hace 56 años.
