Autor: ANEP

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Acaba de ser publicado un extraordinario informe por parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi): una especie de diagnóstico fiscal de nuestro país.

Nos parece acertadísimo. No le conocemos nada parecido a las universidades públicas del país, todas encerradas en sus respectivas burbujas de cristal, alejadas de la calamitosa realidad nacional de fuertes contradicciones sociales y económicas.

Según su sitio web, www.icefi.org, consiste en: “…un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el Icefi promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Ese informe, titulado “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, el Icefi sintetiza en 10 puntos lo que nosotros conceptuamos como el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas por las últimas Administraciones gubernativas (incluida la actual), que no han podido frenar el crecimiento del desempleo; que no han podido frenar el crecimiento de la desigualdad; que no han podido parar/desacelerar el proceso de concentración de riqueza; que no han podido generar una reactivación económica realmente estructural; que no han podido parar el fraude fiscal en toda su amplia diversidad; que no han podido combatir el déficit fiscal con solidez sostenida; que no han podido evitar el crecimiento de la deuda pública y su obsceno pago de intereses; que no han podido frenar la corrupción de la colusión de los interés públicos con los privados; que no han podido evitar el crecimiento de la informalidad; que no han podido evitar la paulatina desaparición de la producción agropecuaria nacional; etc., etc., etc. 

Hemos empezado a hablar de este informe del Icefi en otros espacios mediáticos y de otra naturaleza; y vamos a insistir mucho en este, por cuanto esos 10 puntos sintetizan el fracaso de las políticas macrofiscales, económico-financieras y tributarias de las sucesivas Administraciones que, sistemáticamente, cometen estafas electorales como la ocurrida en las elecciones del pasado año 2018; estafas electorales que han venido creciendo de elección en elección, en magnitud de engaño, al punto de que hoy en día el país tiene a la cabeza del Poder Ejecutivo a la persona peor calificada de los últimos 40 años en ese cargo presidencial.

¡Por favor, repare usted en estos 10 puntos!

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. Casi todo se va en pagar la deuda pública.

2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. La corrupción se ha llevado mucho dinero de la gente.

3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. El sistema financiero-bancario, público y privado, atesora más de 20 mil millones de dólares depositados… y no se pueden aprovechar.

4) La carga tributaria es rígida. No ha habido reformas tributarias estructurales profundas para llevar justicia al sistema.

5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. No hay voluntad política para atacar, con fuerza real, el fraude fiscal. El robo de impuestos en todas sus modalidades está sin control.

6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). El sistema financiero está inundado de dinero sucio, dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

7) Estructura tributaria regresiva. Pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos ganan; y los que ganan más, no pagan del todo o roban impuestos.

8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. El dinero público financia grandes actividades corporativo-empresariales, directa o indirectamente.

9) El déficit fiscal ha sido creciente. Va hacia el 7%. El combo fiscal (ley 9635), de nada sirvió y solo hizo daño a la gente trabajadora asalariada. Las calificadoras de riesgo de inversión, descalificaron esta ley, la que se impuso mediando el fallo constitucional de compadre hablado.

10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad. Se acerca al 60 por ciento del PIB y crecerá más si los diputados aprueban un endeudamiento adicional de 6 mil millones de dólares.

Sin embargo, la clase políticamente hegemónica, su parlamentarismo afín, su jerarquía ejecutiva y su prensa ideologizada (la del periodismo del odio, por ejemplo), insisten en profundizar el fracaso que acertadamente diagnosticó el estudio del Icefi, aunque tengan que apelar a formas del ejercicio autoritario del poder atropellando normas elementales de la Democracia, como lo es propiciar legislación para la proscripción efectiva de la actividad sindical.

La verdad de su fracaso se les volvió amenazante para su supremacía política, tramposamente impuesta… hasta ahora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cuando la gente trabajadora asalariada de todos los niveles, tanto la que labora para el sector público como las que lo hacen para el privado, empieza a percatarse de la realidad y de la profundidad de la agresión económico-financiera que significa la ley del combo fiscal, No. 9635, se agiganta el valor de la lucha sindical y social del año pasado en contra de esta legislación.

Quienes no creyeron, empiezan a creer; quienes creyeron desde un inicio y lucharon, acrecientan su autoridad moral para reclamar. Y, colectivamente, unos y otros, se percatan de la naturaleza de clase del presente Gobierno Alvarado-Piza, cuya gestión no es a favor de las mayorías.

Cuando hablamos de la naturaleza de clase de la presente Administración gubernativa, lo que queremos indicar es que esta vuelca todos sus esfuerzos en propiciar medidas de política pública a favor de los mega-negocios; a favor de mantener y reforzar el actual statu quo de concentración de la riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de precariedad salarial, de reversión de derechos laborales, de conducta antisindical; de procesos de negociación que resultan falsos, espurios y manipuladores con las organizaciones legítimas de la clase trabajadora: los sindicatos; aunque -dolorosamente- algunos, en función de una desesperada legitimación procedente desde arriba, aceptan el juego.

Adicionalmente, si hay un ámbito en el cual la desnudez de clase de la presente Administración se aprecia en toda su dimensión, es el tributario-fiscal.

Creíamos que, en este sentido, todo lo habíamos visto y escuchado en tal sentido. ¡No era así!

El mismísimo Director General de Aduanas, figura hegemónicamente dominante dentro del conglomerado que maneja la política hacendario-tributaria del país, se rajó de lo lindo y sin asco, sin pizca de pena, sin asomo de dignidad, sin mayor emoción que el frío relato, para venirnos a decir que se “desaparecieron” 13 mil contenedores y que nadie sabe adónde se encuentran.

¡Y aquí no pasa nada! Como no está pasando nada con las listas que, forzosamente, han salido a la luz pública acerca de las grandes firmas corporativas que no declaran ganancias, que declaran pérdidas; como no pasa nada con relación a los enormes consorcios empresariales territoriales con comportamientos tributarios fraudulentos; como tampoco pasa nada con las 96 mega-entidades de negocios privados que le adeudan al fisco unos 560 mil millones de colones; con la postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas; con los 28 proyectos de ley en línea con la transparencia y la justicia fiscal-tributaria que no avanzan en trámite parlamentario; etc., etc., etc.

Es definitivo que, sino todos, gran parte de los 13 mil contenedores “desaparecidos”, pertenecen al gremio corporativo que hemos dado en denominar “empresaurio”; cuyos tentáculos de poder en el seno de la actual gestión ejecutiva (y la parlamentaria también), resultan impresionantes.

Tengamos presente que por esta categoría de “empresaurio”, entendemos al empresario evasor de impuestos, declarante de cero ganancias y solo pérdidas; con redes de poder corruptas de alto nivel gubernativo; buscador de amnistías tributarias al amparo de políticos de indescriptible caracterización. Rabiosamente antisindical.

Como sociedad estamos ya pisando arenas movedizas que puedan hundirnos de manera definitiva.

Todas las modalidades de fraude fiscal-tributario, entre ellas esta “novedosa” de “desaparición” de contenedores, sigue aumentando la magnitud la cuantía del robo de impuestos; por un lado; y, por otro, también aumenta peligrosamente el endeudamiento público, el pago de los intereses de la deuda, la carga de la misma sobre el presupuesto de la República.

Ambos factores se coluden para el perjuicio de la mayoría, con la connivencia de los detentadores reales de poder (los “empresaurios”), servidos por el funcionariado político-tecnócrata ubicado en zonas de confort para el servicio de ese contenido de clase de la presente administración gubernativa.

Para fortuna de la Democracia, cada día crece el sentimiento cívico de que este estado de cosas puede ser transformado radicalmente.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Resulta ser una pésima noticia que impulsa, todavía más, la perversión del sistema tributario costarricense, la postergación de la entrada en vigencia del denominado Registro de Accionistas, una de las más necesarias medidas para lograr algo de transparencia en la cuestión fiscal del país.

El Registro de Accionistas, oficialmente denominado “Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, fue establecido mediante la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416.

El Ministerio de Hacienda, pieza estratégica en el engranaje del control político-hegemónico-neoliberal que impera en el seno del gobierno Alvarado-Piza, hizo el deplorable anuncio, mediando un acuerdo con sus iguales ideológicos, el sindicato-corporativo empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

También fue involucrado en este acuerdo el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), con enorme responsabilidad en el control de lo que los expertos denominan “flujos ilegales de capitales”; aunque popularmente podemos acudir a los conceptos de dinero sucio, dinero producto del crimen organizado y/o dinero procedente de la actividad del narcotráfico.

Los señores Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Hacienda; y Gonzalo Delegado Ramírez, principal líder de los sindicatos empresariales del país, hicieron el anuncio conjunto de que el indicado registro entrará a operar hasta el próximo 1 de setiembre y no el 1 de marzo como se había previsto.

El jerarca hacendario se dejó decir lo siguiente para justificar esa postergación: “De cara a los compromisos que hemos asumido de lucha contra el narcotráfico, legitimación de capitales, lo conveniente es establecer una prórroga”. Nos preguntamos, ¿prórroga para qué?

Con sinceridad debemos indicar que no nos convence el argumento del señor Viceministro de Hacienda. Sobradas razones hay para desconfiar, habida cuenta de que las estratosféricas deficiencias del Ministerio de Hacienda en materia de combate a la evasión fiscal, no terminan de sorprendernos, día con día; siendo la última de ellas el decir del actual Director General de Aduanas de que se “desaparecieron” 1.300 contenedores-furgones. Pero esto es tema para otro comentario.

Según el estudio “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dado a conocer este presente mes de febrero 2019, se cita lo siguiente: “2.6 La estructura tributaria no permite el combate a los FIC”. ¡Contundente!

Los FIC, flujos ilegales de capital, es la denominación elegante y diplomática para hablar de esas inmensas cantidades de dinero que se han insertado en la economía y en el sistema financiero costarricense, producto de actividades ilícitas, como el crimen organizado y el negocio del narcotráfico.

Hay datos espeluznantes que nos hablan de la cuantía de esos FIC en la Costa Rica de hoy en día. Reparemos en estos dos: el diputado Pedro Muñoz Fonseca, destacado integrante de la tríada gobiernista actual PLUSC-PAC, se dejó decir que, en el mercado financiero negro del país, circulan más de 12 mil millones de dólares, dentro del conjunto de capitales que maneja el sistema financiero costarricense de unos 65 mil millones de dólares. O sea, dineros sin control fiscal-tributario.

Según la entidad Global Financial Integrity (GFI), para el caso costarricense, al menos 7.6, puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sería la cuantía de la suma anual de lavado de dólares en el país.

Este no menos impactante dato se puede extraer del documento-estudio Flujos financieros ilícitos en América latina y el Caribe, elaborado por los especialistas Andrea Podestá, Michael Hanni y Ricardo Martner, de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el apartado de dicho estudio, “Estimación de los flujos financieros ilícitos en los países de América Latina: principales resultados (nivel, evolución y principales tendencias)”, leemos lo siguiente:

“Las estimaciones más conocidas y usadas actualmente provienen de los estudios publicados por la institución Global Financial Integrity (GFI) que aplican el modelo hot money (en sentido estricto) y un modelo de facturación fraudulenta que utiliza las estadísticas de comercio internacional de la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI. Las estimaciones de facturación fraudulenta de GFI se basan en el enfoque GER (gross excluding reversals), es decir, se consideran en términos brutos. Además, se deducen los gastos de transporte y seguro de los valores de importaciones antes de compararlos con las exportaciones, asumiendo que los mismos son fijos y equivalen al 10% de su valor”.

La postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas, repetimos, nos llena de enorme desconfianza en el sentido de que pudiera pretenderse el diseño de maniobras corporativas de nueva estirpe por parte de incidencias inescrupulosas a fin de hacer inviable la pretendida transparencia tributaria que la indicada legislación indicó.

La verdad es que en la opacidad se mueven sensibles hilos de poder para que este país siga hundiéndose en el pozo sin fondo del fraude fiscal, del control total por parte del dinero sucio y en la irreversible desigualdad.