Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Recientemente atendimos en nuestra sede y con base en su explícita solicitud, a la más reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país, encabezada por el señor Ravi Balakrishnan, jefe de la misma; interesados en conocer nuestras consideraciones sobre el problema fiscal del país, a partir de la aprobación-imposición legislativa, de manera tramposa y mediando el fallo constitucional de compadre hablado, de la hoy ley de la República No. 9635, que lleva el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Como es lógico suponer, nuestra exposición se centró en señalar que de “fortalecimiento de las finanzas públicas” esa legislación es poco lo que contiene, aunque sí está cargada de medidas en contra de la sostenibilidad financiero-económico de la mayoría de los hogares costarricenses; y, en lo específico, de empobrecimiento salarial para miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; y de mayor empobrecimiento en los hogares de las familias con salarios percibidos desde el sector privado y en las que reciben sus ingresos de actividad laboral informal.
Nada nos sorprendió, luego de esa visita, las públicas recomendaciones generadas por la misión del FMI; como tampoco esperábamos que se refirieran a los puntos centrales de nuestra exposición privada a ellos, en cuanto a evasión, elusión, regresividad tributaria, deuda pública y los abusivos intereses de la misma, fraude aduanero fuera de control, dinero sucio del narcotráfico, así como las pérdidas fiscales por corrupción.
La desconsideración de las recomendaciones del FMI para con las mayorías populares, sigue la lógica de las políticas de esta entidad financiera multilateral: que los y las de abajo, que son los más, paguen la crisis fiscal que fue generada por los y las de arriba, que terminaron enriqueciéndose.
El FMI recomienda (por ahora), subir el impuesto del valor agregado, ahora IVA antes ventas, del 13 al 15 %; gravar los excedentes de las cooperativas; bajar fuertemente el límite del monto exento de impuesto al salario (ahora fijado en 817 mil colones), para abarcar a más población trabajadora con empleo y salarios fijos; subir la tasa de impuestos sobre la propiedad y/o bienes inmuebles; y, aumentar los impuestos selectivos sobre bienes y servicios.
Particularmente, al ser el ahora IVA (impuesto al valor agregado), el más injusto de todos los impuestos pues se aplica a la gente sin discriminar capacidad de ingreso, la recomendación del FMI tiene más perfil de condena a un empobrecimiento mayor para las familias de ingresos medios y bajos con empleo formal y salario fijo, como para aquellas que luchan por subsistir en medio de la informalidad.
Por otra parte, este tipo de impuestos que propone el FMI, que refuerzan la ya de por sí injusta estructura tributaria regresiva del país; amén de que como ya es “cosa natural”, tienen altos niveles de evasión y de elusión, por tanto, solo permiten que lleguemos a la conclusión de que más impuestos es más robo, es más defraudación; en fin, más castigo a la gente.
El FMI sabe que la ley 9635-combo fiscal, no sirvió para nada… tan sólo para hacer daño a quienes no tienen responsabilidad por el déficit fiscal: la clase trabajadora. Por eso recomendó más impuestos sobre las espaldas de los que ya están siendo afectados por esa ley 9635.
La real verdad es que la gravedad del monto de la deuda pública (que ya sobrepasa los 34 mil millones de dólares), la espantosa cuantía de un pago diario por intereses y amortización de esa deuda de más de 10 mil millones de colones, cada 24 horas de este año 2019; la descalificación que le dieron las calificadoras de riesgo a la ahora ley 9635; la terquedad del gobierno Alvarado-Piza de que le aprueben en la Asamblea Legislativa un nuevo endeudamiento de 6 mil millones de dólares y su anuncio de que vendrá un segundo paquetazo de impuestos… son datos y circunstancias que abonan el terreno para que en un plazo no determinado que no sería demasiado largo, la situación fiscal del país obligue a un rescate financiero por parte del FMI o del Banco Mundial, o de ambos juntos, con dramáticas e inenarrables consecuencias sociales devastadoras.
En tal sentido, no podemos dejar de hacer notar de que el Gobierno está pidiendo un préstamo de urgencia al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 700 millones de dólares, para “flujo de caja” y que solamente le ofrecen la mitad. La otra, luego de cumplidas varias condiciones. ¿Cuáles? Tal vez no sea difícil adivinarlas.
¿Será esto el preludio de que, a fin de cuentas, los neoliberales en el ejercicio del poder hegemónico dentro del gobierno Alvarado-Piza dirán que “irremediablemente” habrá que pedir un rescate financiero al FMI?…
