Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Lo venimos planteando, lo reiteramos e insistiremos en ello: la distancia entre el gobernado y los gobernantes se hace cada día que pasa, más grande y profunda.

En las redes sociales hay un hervidero de comentarios fuertes que muestran distintas expresiones de un enojo ciudadano con eso que han dado en llamar la clase política, especialmente la de corte neoliberal y sus diferentes expresiones actuales a nivel de partidos: PLN, PUSC, PAC, el PLUSC-PAC.

“Desobediencia civil”, “golpe de Estado”, “lucha armada”, “insurrección popular” …, resumen sentires cargados de impotencia y de rabia, de iracundo enojo ante la percepción (más que justificada), de que no se están haciendo bien las cosas en este país y que quienes están perdiendo son las mayorías.

La última encuesta que acaba de salir a la luz pública es más que contundente: Alvarado resulta calificado como el peor mandatario de los últimos 40 años (desde Rodrigo Carazo Odio); entre el 70-75% de la gente que vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), y cerca del 95% que habita las zonas costeras en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, consideran que Costa Rica va por un rumbo equivocado.

La gente está empezando a darse cuenta de que, si bien va a votar cada cuatro años, no elige. El rumbo que adoptan los gobernantes, no es el que la gente eligió cuando, ingenua y manipuladamente, fue a votar.

En el caso de las 57 personas diputadiles que conforman el parlamento, con destacables excepciones, notamos que la legitimidad formal que les llevó a ocupar una curul, no guarda relación con la legitimidad real que están ostentando en estos momentos.

Eso podría ser corregido al atender ya no sólo las necesidades de las personas que les eligieron, sino las del pueblo, en general; cada vez más estrujado por las derivaciones negativas de una sociedad que tiene en la desigualdad, en el desempleo y en la corrupción, su principal flagelo.

Se está gobernando-legislando para poderosos intereses del alto gremialismo corporativo-empresarial; se está protegiendo las enormes riquezas y fortunas concentradas (algunas mal habidas); tolerándose, de manera cómplice y hasta remunerada, que siga la evasión y la elusión tributario-fiscales, tanto en lo administrativo-gubernativo como en lo legislativo.

El creciente alejamiento entre el gobernante y el gobernado va de mal en peor. Ahora, la clase política tradicional, que responde a la élite económica que la nutre y la respalda, va a dar un paso peligrosísimo, provocador y hasta detonante, socialmente hablando:

Van a instaurar una especie de dictadura parlamentaria institucionalizada, con la anuencia del poder Ejecutivo, reformando el reglamento legislativo para impedir que ese alejamiento entre el gobernante y el gobernado, germine en adversa reacción popular de insospechadas consecuencias.

“Cuando el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley podrá optar para que su proyecto reciba mociones de modificación o bien, no aceptar ninguna, o aceptar solamente las que en su criterio tiendan a mejor el proyecto o garantizar su aprobación”.

Es ésta una moción de fondo presentada con relación al expediente legislativo No. 21.116, Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa; modificando el artículo 123 del mismo, “Presentación de mociones en comisión”.

La dictadura parlamentaria institucionalizada operaría, de manera especial, durante los dos períodos de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (agosto y de diciembre a abril), en los cuales es el Poder Ejecutivo es el que indica qué proyectos de ley se deben tramitar; asegurándose que se aprueben tal y como los envía, a contrapelo de opiniones ciudadanas responsables, diputados y diputadas con real vinculo cívico y popular (no corporativo-empresarial), criterios especializados y legislaciones contrarias al bien común.

Considerando la naturaleza de corte neoliberal que controla la hegemonía política en el actual gobierno Alvarado Piza; considerando los intereses reales que se protegen desde la tríada gobiernista PLUSC-PAC y su mayoría parlamentaria de corte cuantitativo; agregándole la naturaleza de los intereses preponderantes que la misma promueve en conjunto con los fundamentales que se defienden desde Zapote; esta reforma al reglamento legislativo no tiene más propósito que el de instaurar una dictadura parlamentaria institucionalizada, a fin de pasar peligrosa legislación contraria al bien común.

La serie de tropelías que se vienen cometiendo desde la extremadamente sorda clase política tradicional (como el fallo constitucional de compadre hablado que impuso, como ley de la República, el combo fiscal -hoy ley de la República No. 9635-); tiene, lamentablemente, espacio abierto para esta abusiva reforma al reglamento legislativo… y, ¡para más!; pues el gobernado está disperso, desarticulado, excesivamente gremializado, con precariedad de visión, con no pocos oportunismos y arribismos en su interior, que le impiden presentarse ante el gobernante con altura cívica integradora de desafío estratégico. Pero no será así por siempre…

“Nuestros pueblos no son el ‘patrio trasero’ de nadie”. No recuerdo que en Costa Rica se haya reseñado, periodística y mediáticamente con la fuerza y la intensidad requerida, este pensamiento del papa Francisco manifestado por él con ocasión de pasada Jornada Mundial de la Juventud, acontecida en el pueblo hermano de Panamá.

En dos sitios de noticias por internet, nos encontramos la reseña completa del todo integral en que tal frase, “nuestros pueblos no son el ‘patrio trasero’ de nadie”, fue pronunciada por el máximo jerarca del catolicismo mundial.

Tales sitios son: www.annurtv.com y www.kontrainfo.com. Leamos, por favor, la nota de prensa en referencia:

“En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, organizada por la Iglesia en Panamá, el papa Francisco dedicó un extenso discurso a los obispos allí reunidos en el que los llamó a “no estar lejos del sufrimiento de su pueblo” y criticó especialmente al actual “sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común y que hizo de la especulación “su paraíso” desde donde seguir “engordando” sin importar a costa de quién.

Así nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador”, una frase de alta significación en Panamá dado su carácter de “paraíso fiscal”, pero relevante para toda América Latina, cuyos pueblos “no son el ‘patio trasero’ de nadie”, en clara alusión a los EEUU, con un particular pasado de intervencionismo en todo el continente y especialmente en la actualidad en Venezuela.

Dado el estado actual de las cosas en este injusto momento histórico en que nos ha tocado vivir (por demás, la etapa más desigual de tota la historia de la Humanidad), los contenidos del mensaje del papa Francisco que por nuestro país no merecieron el realce necesario; sin que perdamos una sola neurona de nuestro cerebro para saber el por qué tal ocultamiento. Al respecto, tenemos que:

UNO: El papa Francisco formuló un severo llamado de atención a los obispos latinoamericanos al instarles a “no estar lejos del sufrimiento de su pueblo”. Al ser la América Latina la región más desigual del planeta, el clamor papal tiene gran sentido. La Iglesia Católica, como depositaria del mensaje más relevante de la historia humana, el de Nuestro Señor Jesucristo, no puede mirar para otro lado, cerrar sus ojos y acomodarse, para su propio confort y seguridad, al actual “sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común…”;  es decir, apuntamos nosotros, al perverso sistema económico neoliberal generador de los espantosos niveles de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, del cual también es víctima el pueblo costarricense.

Veamos la magnitud del jalón de orejas que el papa Francisco formula a obispos y sacerdotes católicos: “el pastor, para buscar y encontrarse con el Señor, debe aprender y escuchar los latidos de su pueblo, percibir ‘el olor’ de los hombres y mujeres de hoy hasta quedar impregnado de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias (…) El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo; es más, podríamos decir que el corazón del pastor se mide por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y amenazadas”.

DOS: Efectivamente, el neoliberalismo y su sistema económico, como lo dice el papa Francisco, hizo de la especulación financiera “su paraíso” para seguir en el desenfrenado y criminal proceso concentrador de riqueza, “engordándolo”, “sin importar a costa de quién”.

El correcto sentir, más que oportuno, del jerarca vaticano se conecta con el más reciente informe de Oxfam International que acaba de ser publicado y que arroja datos espeluznantes como el de que 26 multimillonarios tienen tanta riqueza acumulada entre ellos, como la que tiene la mitad de toda la población del planeta junta. Tan solo dos años atrás, en el 2017, eran 43 multimillonarios los que acumulan riqueza del equivalente a 3 mil 500 millones de personas. Es decir, en dos años, la concentración de la riqueza avanzó a niveles inconmensurablemente obscenos.

TRES: Los pueblos latinoamericanos “no son el ‘patio trasero’ de nadie”. Indudablemente que la actual situación que vive Venezuela debió haber estado en la mente del papa Francisco al haber pronunciado, públicamente, esa expresión; cargada de connotaciones políticas que no convenía resaltar en Costa Rica, donde vivimos una abusiva intoxicación mediática parcializada hacia un único lado del proceso que se da en ese hermano país latinoamericano.

El papa debió haber meditado acerca de que el concepto de la soberanía nacional de los pueblos y de los países, sigue siendo un pilar del Derecho Internacional, pese a tan devaluado que está tal concepto de cara a los intereses hegemonistas de las actuales potencias planetarias.

Por otra parte, tengamos presente la nacionalidad argentina del papa Francisco y que la última dictadura militar que sufrió el pueblo rioplatense, en los años 70’s del siglo pasado, con sus 30 mil desaparecidos, sus miles de torturados y exiliados; fue un régimen militar cruelmente dictatorial engendrado y apadrinado por los Estados Unidos, cuyo concepto geopolítico de “patio trasero” con respecto a la América Latina, incluía como una de sus mejores joyas a la Argentina.

Resulta más que obvio que lo que dijo el papa Francisco, en Panamá, no nos lo dijeron en Costa Rica, con la amplitud, objetividad, intensidad que merecíamos; habida cuenta que los tres aspectos que acabamos de comentar de lo que él dijo en Panamá y no nos lo dijeron a nosotros, en Costa Rica; expresan sentimientos y preocupaciones que, de un modo u otro, están relacionados con la supervivencia misma de la Humanidad y de su convivencia en real y justa Democracia.

Como lo hemos venido denunciando de diversas formas y en varios espacios, el gobierno Alvarado-Piza y la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se coludieron políticamente hablando y, mediando el fallo constitucional de compadre hablado, le impusieron al pueblo costarricense la que ahora es Ley de la República No. 9635.

Recordemos que esta ley se origina en el detestado y repudiado expediente legislativo 20.580, llamado por la gente “combo fiscal” pero que, en el lenguaje orwelliano del sistema político tradicional, denominaron como Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.

¿Por qué decimos que, para imponer el combo fiscal, la hegemonía político-mediática que está controlando la institucionalidad republicana en estos momentos, tuvo que recurrir al fallo constitucional de compadre hablado?

Porque desde las entrañas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Sala Cuarta, se ha estado admitiendo que la visión macroeconómica del actual problema fiscal del país, defendida por el tripartidismo PLUSC-PAC, se impuso a los fundamentos pilares de las normas constitucionales; que, con ocasión de un proyecto de ley de tal calibre como el 20.580 y en la lógica objetiva de tramitación parlamentaria, exigía 38 votos.

Sin embargo, en el fallo constitucional de compadre hablado se dijo lo contrario; es decir, que no eran necesarios 38 votos con lo cual se facilitó la aprobación truculenta de esta Ley 9635; causando ésta ya estragos en miles de hogares de clase trabajadora, sin contar lo que viene a mediados de año producto de tal legislación.

Además, y más grave todavía a juicio de opiniones altamente calificadas y especializadas, la Sala Cuarta confrontó a la propia Corte Plena (de la cual se deriva), al descalificar a la misma, la cual había dictaminado que el combo fiscal sí afectaba la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

La Sala Cuarta golpeó la mesa, mandó al cajón de la basura el dictamen de Corte Plena y emitió ese fallo constitucional de compadre hablado, con una sentencia que dejó a más de un abogado cuestionándose si valió la pena tantos años estudiando para ello. El tribunal constitucional dijo que el combo fiscal no afecta ni el funcionamiento ni la organización del sistema judicial del país.

Traemos lo anterior a colación a propósito de un nuevo pronunciamiento de Corte Plena, acabadito de salir del horno del olimpo jurídico, en el cual afirma que, nuevamente, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial será afectada si el tripartidismo PLUSC-PAC impone otra legislación de corte antidemocrático; esta vez de ataque político a mansalva contra los sindicatos y contra el derecho constitucional de huelga.

Estamos hablando del proyecto-expediente legislativo No. 21.049, oficialmente denominado, según el arriba indicado lenguaje orwelliano “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”; aunque su nombre real debió ser “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva”.

Fíjense ustedes que leímos la siguiente información de prensa: “La corte resolvió este lunes que el proyecto que pretende reformar el Código de Trabajo en específico los artículos donde se califica la huelga, sí afecta al Poder Judicial por el cambio en las funciones de los juzgadores. La Corte Plena brindó el criterio sobre el proyecto que pretende modificar la actual Reforma Procesal Laboral en específico la calificación de la huelga. Los magistrados resolvieron que este sí afectaría la funcionalidad del Poder Judicial porque hace cambios en las competencias de los despachos judiciales encargados. Según el magistrado que realizó el informe, Porfirio Sánchez, pretenden centralizar las solicitudes de calificación únicamente en el juzgado de trabajo de San José. Otro aspecto por lo que consideran que sí afecta, es que, si el juzgado de trabajo de San José no puede recibir la solicitud la calificación porque también estén huelga, el tribunal de apelación lo recibiría, después seguirá la Sala Segunda y si en primera instancia llega hasta ese punto, la apelación la debería resolver la Corte Plena”.

Es decir que, al igual que sucedió con el combo fiscal-expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635; estamos en presencia de otro expediente legislativo, el 21.049, también criticado por Corte Plena en cuanto a que sus contenidos, también, sí afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial; y, por tanto, se requiere mayoría calificada de votos, 38; amén de que nunca puede tramitarse así un proyecto por vía rápida, como le está sucediendo al expediente 21.049; expediente que nosotros bautizamos como “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva” (el proyecto del diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez).

Gigante pregunta surge ya en muchísimas conciencias ciudadanas: si la tríada gobiernista PLUSC-PAC lograra imponer la aprobación del proyecto 21.049 (tal y como lo hizo con el 20.580); pese a que Corte Plena indica que sí afecta al Poder Judicial (como también lo dijo en el caso de ese expediente 20.580); ¿cuál será el pronunciamiento de la Sala Cuarta cuando le preguntasen si ese 21.049 está siendo tramitado correctamente? ¿Nos impondrán otro fallo constitucional de compadre hablado?

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En pocos días empezará a regir un aumento en la cotización obrera, medida adelantada que imponen las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la clase trabajadora cotizante que sostiene el sistema de pensión Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Lo anterior, pese a que se había fijado fecha muy posterior para dicha medida, señalada en principio para el año 2020. La adelantaron unos doce meses y a mediados de este año 2018 el salario de las personas trabajadoras que cotizan para IVM-CCSS se reducirá en un 0.50%, que es el monto del aumento en la cuota obrera para dicho régimen.

Adicionalmente a tan injusta medida, las mismas autoridades de la Gerencia de Pensiones de la CCSS advierten sobre estudios que realizan para disminuir el monto del porcentaje que recibe el trabajador jubilado en 4%; o sea, pasar de un 60% a un 54%, lo que eventualmente significaría un crudo golpe para aquellas personas que durante muchos años han procurado con sus aportes la sostenibilidad del régimen de pensiones solidario de IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La práctica de cargar sobre las espaldas de la clase trabajadora cotizante del mayor sistema de pensiones del país, se ha vuelto la receta, por excelencia, para subsanar los problemas financieros que viene enfrentando desde los años 90 el sistema como producto de su “envejecimiento” desde su creación hace más de 70 años.

Hay algo claro de manera contundente: es que el sistema de IVM se mantiene gracias al aporte obrero. El Estado ha sido moroso durante décadas y no son poco los patronos que evaden y/o subdeclaran.

Adicionalmente, pese a que la institución goza de una autonomía constitucional, la práctica de colocar presidencias ejecutivas afines al gobierno de turno ofrece a cada gobierno la excelente posibilidad de meter mano en los fondos del sistema. Así lo confirma el dato de que hasta un 75% se invierte en títulos valores del Ministerio de Hacienda, lo que hace al IVM, ser algo así como “la caja chica” del Estado, sea cual sea el gobierno de turno que se instale. Nuestro compañero de causa, don Giovanny Ramírez Guerrero, con su especialidad en el tema, nos dio muy importantísimo aporte para el presente comentario.

Desde el año 2005 se viene hablando de diversificar la cartera de inversión de los fondos de IVM, pero la verdad es que poco se ha hecho al respecto. Acaba de salir a la luz pública una presunta pérdida de fondos de IVM-CCSS de muchos millones de colones, llevándonos a presumir de la presencia de una actitud indolente de quienes administran esos fondos.

La pérdida de 850 millones de colones, según nota de prensa, reflejaría la falta de planificación, así como la falta de rigurosidad técnica que conlleve a buenas inversiones que produzcan ganancias al sistema. Si la pérdida en mención corresponde al 1% de inversión, ¿qué estará sucediendo con el restante 99%?

La auditoría institucional detecta riesgos e inconsistencias en la rentabilidad de las colocaciones, y otros aspectos al parecer elementales de medición del riesgo de inversión de los fondos de IVM.

Saltan obligadas preguntas como las siguientes: ¿cuáles serán las consecuencias para los responsables por su mala lectura del mercado para la inversión? ¿Cambiarán en el corto plazo las estrategias de inversión de los fondos de IVM? ¿Será necesario revisar el papel del comité de inversiones pasando hasta por sus integrantes?

El presidente ejecutivo de la institución ha afirmado que, si se tuviera una excelente lectura del mercado, “…seríamos millonarios”. ¡Vaya afirmación de quien se encuentra al frente de la institución!

¿Será que durante lo que le resta de gestión al frente de la Caja tendrá como propósito dar un golpe de timón en esa dirección y que con ello se acaben los problemas financieros que enfrenta el sistema de jubilaciones de IVM?

¿Tendrá el carácter suficiente la junta directiva institucional para enmendar el error y responsabilizar a los responsables de pérdidas millonarias?

Lo dicho por el presidente de la Caja nos pone a pensar en aquellas personas que deben sobrevivir con pensiones de hambre como la  del régimen no contributivo, mismas que deben elevarse; nos pone a pensar en que deben ser mayores las cifras de los porcentajes de pensión de los trabajadores como los municipales, o de las señoras que atienden los comedores escolares, quienes jubilados deben buscar otra forma de ingreso para resolver sus más básicas necesidades; o de buen número de trabajadores de la salud que, a pesar de laborar en contacto permanente con enfermedades contagiosas, muchas veces no logran alcanzar su anhelada pensión y sus bien ganadas cesantías…

Si la intención de la máxima y actual jerarquía política de la Caja es en tal dirección, es decir, atacar la situación de precariedad del grueso de las pensiones actuales del IVM, de seguro tendrá un gran apoyo popular. No podemos resignarnos a lo que parece vislumbrarse en un horizonte de corto plazo: pensionarse bajo el sistema IVM-CCSS es empobrecerse.