Plantean las SAL como forma de privatizar cementerios

San José, 18 de octubre de 2001.
S.G. 09-11-2517-09
¡URGENTE!

Ingeniero Abundio Gutiérrez Matarrita
Presidente de la Junta Directiva

MBA Francisco Ibarra Arana
Gerente General

Junta de Protección Social (JPS)
Sus despachos

Honorables y estimados señores:

Con todo respeto, reciban vuestras dignas autoridades el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Con suma preocupación y con sorpresa, nos hemos enterado de que el próximo miércoles 19, así como el viernes 21 del presente mes de octubre, se darán dos reuniones con el personal de la administración de campos santos, así dividido en dos grupos, para plantearles la probable conformación de una SAL, al amparo de la “_Ley de Sociedades Anónimas Laborales_”, forma de privatización de bienes públicos que se promovió en las épocas más duras del ajuste estructural de concepción neoliberal y que la organización que nos honramos en representar, adversó fuertemente.

Según nuestras informaciones, la convocatoria a tales reuniones, en un selecto hotel, ha sido formulada por la señora Magda Solano González, quien tiene a cargo en estos momentos, interinamente, la jefatura de Recursos Humanos.

Lo más sorprendente de esta situación es que no tenemos conocimiento de que tales reuniones sean promovidas por trabajadores de los campos santos a cargo de la JPS, sino que la iniciativa viene promovida desde otras esferas institucionales.

Para la ANEP y para su Seccional ANEP-JPS, la realización de estas reuniones representa un serio golpe a la credibilidad del proceso de diálogo bipartito actualmente en desarrollo, acerca del futuro institucional. Hemos celebrado la disposición de vuestras jerarquías para que estas cuestiones se debatan con total transparencia, en la mesa de negociación, exponiéndose las posiciones de las partes, argumentándose en defensa de las mismas; y en un diálogo franco, cara a cara, respetuoso y con esperanzas de que termine en una negociación efectiva.

Sin embargo, al promoverse las reuniones aquí denunciadas, se fomenta la especie de un doble discurso oficial y de una política jerárquico-institucional en dos vías, lo cual, de no corregirse, hará estéril cualquier esfuerzo de negociación compartida.

Sin embargo, vamos a dar el beneficio de la duda y preferimos apostar por la palabra empeñada por vuestras autoridades en cuanto al indicado proceso de diálogo actualmente en desarrollo, mismo que cuenta con el aval de la honorable Junta Directiva institucional; y, a la vez, vamos a suponer que tales reuniones se han promovido sin vuestro consentimiento.

Por tanto, en aras de mantener ese espíritu de diálogo y de lograr acuerdos sustantivos en torno a nuestras preocupaciones sobre el futuro institucional de la JPS, mismas que ustedes ya conocen a plenitud; es que les solicitamos girar las instrucciones correspondientes para que las reuniones convocadas por la señora Solano González se suspendan inmediatamente a fin de no poner en peligro y acabar con el proceso que ocupa a las partes en este momento. Adicionalmente, se le ha de economizar recursos a la institución en momentos en los cuales el propio Gobierno Central aboga por ello.

En espera de vuestra respuesta que esperamos se produzca con la urgencia debida, aprovechamos para reiterarles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Rolando Rodríguez Aguirre
Presidente a.í
Junta Directiva Seccional ANEP-JPS

Gran manifestación iceista contra plan eléctrico

Primer movimiento de las organizaciones sindicales del ICE en contra de los planes por desmonopolizar la generación y distribución eléctrica en Costa Rica.

La manifestación finalizó con una marcha por el centro de la Ciudad Capital hasta la Asamblea Legislativa, donde entregaron un documento con propuestas a la Presidencia Legislativa.

Peligra el manual de puestos en la municipalidad de Curridabat

San José, 23 de setiembre de 2011.
S.G. 09-11-2307-11
¡URGENTE!

Honorables señoras y señores
Regidores y regidoras
Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

Con gran respeto, les expresamos nuestro más atento saludo.

Oficialmente y por esta vía solicitamos a sus dignas autoridades municipales, ser recibido en audiencia de sesión oficial de ese honorable concejo, con la urgencia que el caso amerita, para hacer referencia al contenido del capítulo 6 – Mociones, Artículo Único: MOCIÓN MANUAL DE PUESTOS, abordado en la sesión ordinaria No. 072-2011, del pasado martes 13 de setiembre de 2011; concretamente a la pretensión de modificar varios perfiles de puestos, mismos que fueran aprobados el 22 de enero de 2008, en la sesión ordinaria No. 91/2008.

Con base en las estipulaciones legales y constitucionales vigentes que nos garantizan la acción directa en función de la protección de los derechos económicos y sociales, laborales-gremiales, de quienes son personas trabajadoras asociadas a la ANEP en esa importante institución municipal; acudimos ante vuestras ilustres autoridades, como indicamos líneas arriba, con la pretensión de ser escuchados con relación al punto en mención, toda vez que valoramos que se tengan elementos jurisprudenciales importantes antes de que se tome una decisión definitiva en tal caso.

Efectivamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con base en la “_doctrina de los actos propios_”, ha establecido que ante la presencia de una acto de declaratoria de derechos, la pretensión de derogarlos o eliminarlos, no puede afectar a las personas que ya habían consolidado tales derechos; y, en caso de lo que se pretenda es su nulidad, la nulidad de esa declaratoria de derechos, tampoco podría afectarse a las personas beneficiadas con los mismos; y, en este caso, si la persistencia institucional es, efectivamente, insistir en esa nulidad, tendrá que acudirse a un juicio contencioso-administrativo, instancia en la cual puedan ejercer su defensa quienes potencialmente podrían ser afectados. En uno ó en otro caso, esta organización ha insistido en que las modificaciones sean hacia futuro, sin que se pueda afectar, como ya indicamos, la consolidación de esos derechos.

En esta misma línea de evitar la lesión a las personas trabajadoras que habían recibido el derecho de convalidación de experiencia, es notable el contenido del informe de la Asesoría Legal de la municipalidad, según se puede leer en el acta de la sesión ordinaria No. 071-2011, celebrada el día 8 de setiembre de 2011, artículo 4:

“_Así las cosas se estima que para los niveles técnicos y operativos, únicamente sí es procedente la disposición reglamentaria de la compensación de años de experiencia con estudios siempre y cuando ello se encuentre autorizado en el Manual Descriptivo de Puestos. No se estima que tal disposición pueda violentar lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone: ‘En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia’_ ”.

Así las cosas, nuevamente, les reiteramos nuestra petición de ser recibidos en audiencia para ampliar sobre el particular.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

La Seccional ANEP – Sistema Penitenciario preocupada por acuerdos tomados

Seccional ANEP Sistema Penitenciario Nacional
Por Justicia y Paz

Buenas señor Ministro París:

Reciba de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, nuestro más cordial saludo.

Con el propósito de contribuir a un cambio en la cultura institucional, entre uno de sus componentes el de la transmisión de la información en nuestra Institución, le solicitamos lo más pronto posible se nos informe sobre lo siguiente.

Hemos recibido información que ha generado en miembros del personal de la Reforma y de otros Centros que ya cuentan con la información, dudas y preocupación acerca de algunas acciones de orden técnico – político que fueron, aparentemente, externadas el pasado viernes 9 de setiembre al Consejo técnico de la Reforma por parte de don Fernando Ferraro, Viceministro de Justicia y don Eugenio Polanco, Director General de Adaptación Social.

Estas acciones son:

1- Egresar a 3000 privados y privadas de libertad del Programa Institucional.

2- Reabrir un Programa como el q se denominaba libertad vigilada, y que por la escasez de personal van a capacitar a 30 policías penitenciarios con estudios universitarios para q le den acompañamiento a los y las privadas de libertad.

3- A corto plazo hacer valoración masiva para sacar 1000 privados de libertad, antes de navidad.

Desconocemos el origen de las mismas, de los procesos de consulta que los sustentan y propuesta metodológica con la que se implementarían las supuestas acciones. Por lo que le solicitaríamos nos indique el camino para poder conseguir las actas de los Órganos en los que de previo se hayan discutido y aprobado tales acciones, pues como le indicáramos en sesión de trabajo realizada en días pasados, que no ha sido posible conseguir las actas de los Órganos de decisión y de consulta.

Con su persona, el pasado 11 de agosto se contrajeron varios e importantes compromisos, tendientes a eficientar la gestión de nuestra Institución. Uno de éstos fue el de crear un espacio de participación y discusión amplio y democrático con el personal de la Dirección General de Adaptación Social , sobre el presente y futuro de nuestra Institución que hasta la fecha no se ha concretado, por lo que nos preocupa que se continúe tomando decisiones sin el respaldo de los procesos de consulta necesarios en la presente coyuntura.

La Seccional de ANEP, del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, considera que una decisión de tal calibre por su incidencia en la vida nacional requiere no solo de determinación para hacerla, sino también de buscar el mayor conceso posible, en primer lugar al interior de nuestra organización y paralelamente fuera de ésta. De lo contrario se nos podrían estar viniendo problemas más serios. Son muchos frentes los que están abiertos, requerimos de organizarnos eficientemente para obtener los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.

De igual manera a nuestra Seccional le alarma que se conciba una propuesta técnico-política que generaría, posiblemente, nuevas cargas laborales sin contar con el soporte administrativo y político respectivo.
Nuestra Institución ha venido desde hace muchos años postergando e irrespetando al personal, tanto en sus necesidades como en su derecho a participar en las decisiones institucionales que les afectan de manera directa y sobre todo aportando y guiando el rumbo correcto, que es en definitiva por lo que el Estado Costarricense nos paga nuestro salario. El personal, don Hernando, es el recurso más importante de cualquier organización y hasta la fecha ha sido menospreciado y maltratado.

Los retos que se nos presentan son enormes, por lo que tenemos que ir trabajando en crear las condiciones necesarias para que el personal nos comprometamos y organicemos de acuerdo con los objetivos institucionales (tácticos, operacionales, estratégicos) y establezcamos los estímulos acordes a nuestra gigantesca tarea, si es que la Administración Penitenciaria y nuestro país realmente están comprometidos con dar el salto cualitativo que nuestro Estado Social de Derecho requiere para el Sistema Penitenciario Nacional.

La ausencia de participación del personal y de otros sectores, organizaciones de la sociedad civil y de otros poderes del Estado, ha sido, si no el más importante, si uno de los factores de mayor impacto en la pérdida de rumbo del Sistema Penitenciario; en la capacidad de gestionar los recursos presupuestarios; de planificación institucional, entre otros.

Las supuestas acciones técnicas, propuestas, pueden ser parte de las buenas prácticas penitenciarias que se están revalorando y readecuando a la realidad presente, pero reiteramos requieren una amplia participación del personal penitenciario y de decisión política que trasciende al mismo Ministerio de Justicia y Paz.

Nos unimos a las palabras de doña Rocío Aguilar, Contralora General de la República, cuando indica en entrevista del pasado 11 de setiembre en La Nación, titulada “_No se trata solo de otorgar los recursos_”:

“_…Debemos pasar de buscar solo directivos honorables, que es lo básico, y pensar en quiénes ponemos a tomar las decisiones en asuntos estratégicos…” “ …A nosotros nos preguntan cosas del abecé del funcionario: si son responsables del control interno o de aprobar estados financieros. Son preguntas que uno ni se imagina en un director de una empresa privada que ni siquiera tenga claridad en la responsabilidad que asumen al estar sentados en la mesa directiva de una institución. No solo es ir de acompañante.”, “…Usted se encuentra instituciones que tienen recursos sin ejecutar; hay instituciones con una planificación maravillosa, pero la gestión no lo permite._”

Y acota. “_… todos los funcionarios estamos obligados a satisfacer el interés público. En la medida en que nosotros no ejecutemos adecuadamente esos recursos, faltamos a ese deber_”.

Por ultimo don Hernando, al hacer estas consultas; como ya lo hemos externado en múltiples, nos mueve el interés de coadyuvancia en la mejora de las condiciones laborales e Institucionales.

Esperamos su pronta respuesta.

Rigoberto Gutiérrez Bravo
Presidente de la Seccional

Marta E. González Madriz
Vicepresidenta de la Seccional

Continua el camino privatizador en la JPS

San José, 5 de setiembre de 2011.

¡URGENTE!

Ingeniero
Abundio Gutiérrez Matarrita
Presidente
Junta Directiva
Junta de Protección Social
Su despacho

Estimado y honorable señor:

En primer término, reciba usted nuestro más atento y respetuoso saludo.

En ejercicio de nuestro derecho de petición y justicia administrativa establecidos en la Constitución Política, en su artículo 27; así como en la Ley 8220, derechos que protegen institutos jurídicos como el Recurso de Amparo y la vía Contenciosa Administrativa cuando establecen los mecanismos para ejercer el derecho de pronta respuesta; el suscrito, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), debidamente legitimado para ejercer la defensa de intereses y derechos de los empleados de la Administración de Cementerios de la Junta de Protección Social, conforme lo dispone el artículo 10 inciso, b) de la ley 8508.

Todo lo anterior obedece a que se nos ha informado de que un grupo de trabajadores ha propuesto la formación de una SAL (Sociedad Anónima Laboral).

Así las cosas, el derecho de petición y pronta respuesta, protegido en el artículo 27 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, impone al funcionario público la obligación jurídica de responder las peticiones de cualquier persona en asuntos de su competencia como el caso que nos ocupa, por lo anterior.

Solicito en vía administrativa y de acuerdo a oficio G-2103 del 11 de agosto del 2011, y acuerdo JD-357-2011, en forma urgente se convoque lo más pronto posible a la instalación de la comisión negociadora con el fin de determinar las reglas del juego, los puntos de agenda y el orden de la misma.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Nuevos despidos antisindicales en piñeras

Cuatro compañeros, trabajadores agrícolas que se afiliaron a nuestro sindicato, fueron despedidos en días pasados por el hecho de estar afiliados a la ANEP.

La patronal, junto con el Comité Permanente, persiguieron, amedrentaron y terminaron deshaciéndose, de la “amenaza” sindical, ajusticiando, además, con la colocación de sus nombres en Listas Negras, para que no puedan volver a encontrar trabajo en la agroindustria de la región.

¡Libertad Sindical YA!

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Comunicado de Prensa del Partido Frente Amplio

Despidos de sindicalistas en empresa piñera Agromonte

La empresa piñera Agromonte, S.A. despidió a cuatro trabajadores por promover la afiliación del personal asalariado, al sindicato Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La organización sindical en esta compañía, cuyas plantaciones están ubicadas en Boca Arenal de San Carlos, surgió desde finales del año 2010 como consecuencia de las precarias condiciones laborales de las personas asalariadas, en su mayoria migrantes.

Los trabajadores despedidos, César Martínez, Ezequiel Díaz, Javier Pineda y José Sánchez, acudieron al Despacho en la Asamblea Legislativa del Frente Amplio, donde conversaron con el Diputado José Maria Villalta.

“_Nosotros estábamos afiliando compañeros al sindicato, pero no sabiamos que eso podía ser considerado un delito con causal de despido_”, dijeron.

Relataron que los miembros del Comité Permanente del solidarismo, se les acercaron y les dijeron que “_mejor renunciaran al Sindicato, porque de lo contrario se enviaría un correo electrónico a todas las demás empresas y no conseguirían trabajo en ningún lugar_”.

En opinión del Diputado Villalta, estos lamentables hechos evidencian, una vez más, que en Costa Rica no hay libertad de afiliación sindical en el sector privado y comprueba la existencia de lo que se conoce en las empresas como “_listas negras_”, que constituyen un verdadero atropello a los derechos humanos.

La ANEP, según informó el dirigente Guillermo Keith, está denunciando estos despidos como práctica laboral desleal, tanto en la vía administrativa como en la judicial. Además harán la denuncia que corresponde ante la opinión pública internacional.

“_Afiliarse a un sindicato o promover la afiliación sindical, no son motivos de despido. Esto ha sido ratificado incluso por un reciente fallo de la Sala IV_”, afirmó el Diputado Villalta, por lo que considera que se estaría frente a una arbitrariedad injustificada de la empresa piñera y que se deben respaldar las acciones legales de la ANEP.

AyA: ANEP denuncia acoso laboral en Región Chorotega

La Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega informa a todas y todos los trabajadores del AyA y a la comunidad nacional que:

1- Desde alrededor de siete meses, nosotros como representantes de las y los trabajadores del AyA en la Región, hemos llevado adelante la defensa de nuestros legítimos derechos laborales en contra de las constantes y peligrosas actuaciones de acoso laboral por parte del Director Regional interino para la Región Chorotega del AyA Sr. Néstor Valderomar Barrantes.

2- En esos siete meses se han interpuesto diferentes recursos a las autoridades competentes del AyA en aras de darle solución al problema de acoso y persecución laboral; nuestras gestiones lograron que la administración del AyA iniciara las investigaciones del caso, sin embargo, a la fecha no se nos han dado el resultado de las mismas.

3- La Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega acudió, también, a denunciar los hechos de acoso laboral a las oficinas del MTSS en Liberia.

4- El día veinte y nueve de julio del año dos mil once, el MTSS mediante resolución D.R.CH 058-2011, a la luz la justicia, da con lugar y nos concede la razón de los hechos denunciados.

5- Efectivamente las acciones de intimidación y acoso laboral que viene efectuando en contra de las y los trabajadores del AyA en la Región Chorotega el Sr. Valderomar Barrantes son reflejo de una política equivocada de la administración del AyA que sin medir el estudio laboral correspondiente puso a dirigir la tan importante Región Chorotega a una persona que contaba con antecedentes de abuso laboral en al menos otra institución pública.

Por este medio instamos de forma generala todos los funcionarios públicos a defender sus derechos laborales, y en particular a las y los trabajadores del AyA les hacemos un llamado para indicarles que la ANEP estará vigilante de las injusticia laborales que se puedan cometer en el AyA.

Invitamos a la administración superior del AyA a seguir el ejemplo de eficiencia y eficacia con que el MTSS llevó adelante la problemática del AyA en la Región Chorotega y de una vez indique las acciones a seguir para solucionar la indignante actuación de el Sr. Valdelomar Barrantes.

Edgar Chacón Villalobos
Presidente
Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega

Liberia, agosto 2011

Persecusión y denuncias en piñeras

Este video muestra la situación de dos compañeros, trabajadores de la industria piñera, que fueron despedidos recientemente por negarse a utilizar un equipo de protección para la fumigación, que ellos consideraban no era lo suficientemente seguro para protegerles contra los agroquímicos.

La realidad es que estos dos compañeros eran de los pocos que quedaban en esta compañía de varios que se sindicalizaron en la ANEP para proteger sus derechos. Ya anteriormente habían despedido a otros 21 trabajadores sindicalizados, aduciendo diversos motivos.

También muestra como las piñeras siguen utilizando agroquímicos prohibidos, que los esconden durante las revisiones para poder certificarse verde, y como se expone a algunos trabajadores con seguro (en planilla con la CCSS) a esos químicos y no a los trabajadores sin seguro, osea, personas que se contratan ilegalmente fuera de planilla.

La persecusión sindical y el maltrato a los trabajadores y trabajadoras de la piña es real.

Coronado: Concejo Municipal renuncia a su autonomía para perjudicar trabajadores

Video de ANEPtv
(Nota: El video dice 7 de agosto cuando en realidad es 8 de agosto de 2011)

Con el fin de perjudicar a las personas trabajadoras municipales, pero principalmente a los trabajadores más humildes de recolección de desechos y aseo de vías, el Concejo Municipal busca evadir la negociación salarial atentando con su autonomía.

Perdiendo de perspectiva no solo los temas jurídicos, legales que amparan la negociación salarial con sus trabajadores y trabajadoras, sino también la condición humana de solidaridad y sensibilidad ante la injusticia, las y los miembros de del Concejo Municipal de Vázques de Coronado, envía nota a la Procuraduría General de la República, PGR, para que emita un criterio si de si puede o no negociar ajustes salariales ya que “…la mayoría de sus funcionarios devengan salarios que sobrepasan los múnimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Nada más alejado de las regulaciones que la misma Constitución Política y el Código Municipal establecen en sendos artículos que permiten la negociación salarial a los entes municipales.

Nada más alejado del más elemental razonamiento con respecto al concepto de “salario mínimo”.

Nada más cercano a la pérdida de toda sensibilidad humana ante las miserables condiciones humanas en viven los trabajadores más mal pagados de las instituciones municipales, los peones, recolectores y de aseo de vías…aún ganando el salario mínimo.

Siete regidores y regidoras municipales de Coronado no solo ponen en riesgo la autonomía municipal, sino que además dejan patente ante la PGR, el MTSS y ante la opinión pública su incapacidad para negociar y llegar a acuerdos con las personas trabajadoras municipales.

Queda patente, además, que las personas que llegan a puestos de regidores en los gobiernos locales no tienen ni la formación ni la sensibilidad para ocupar tan importantes cargos, y pone en tela de duda las acciones en favor de sus propias comunidades.

Las constantes noticias de Alcaldes y regidores investigados, condenados y encarcelados, en muchos municipios del país, dan fe de la anterior afirmación.

Queda claro que las comunidades deben asumir con mayor responsabilidad la elección de sus representantes a la Alcaldía y el Concejo Municipal.

Queda claro también que los y las trabajdoras municipales deben no solo apoyar a aquellos candidatos honorables a esos cargos, sino que además deben organizarse aún más para defenser sus derechos como quedó desmostrado con el paro realizado la madrugada de hoy por los trabajadores del Plantel Municipal de Coronado.

Nota del Concejo Municipal a la PGR

Nota que será entregada la noche del lunes 8 de agosto al Concejo Municipal.
_________________________________

San José, Coronado, 8 de agosto de 2011.

Señores y señoras:
Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO

Estimados señores y señoras:

Tenemos en nuestro poder copia de la nota CM-816-2011, de fecha 3 de agosto de 2011, firmada por la señora Nidya Arroyo Mora, Secretaria del Concejo Municipal, donde traslada a la Procuraduría General de la República, para su pronunciamiento el “ACUERDO 2011-066-023”.

El ACUERDO del Concejo Municipal se refiere, según entendemos, a la capacidad de esa Municipalidad para definir su propia política salarial, indicando que “en vista de que las municipalidades son entes semiautómomos y la mayoría de sus funcionarios devengan salarios que sobrepasan los mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos.”

Lo anterior, necesariamente nos lleva a solicitar de sus respetables autoridades, se proceda a derogar el acuerdo de comentario, retirar la consulta que se elevó a la Procuraduría y votar favorablemente el ajuste de salarios por costo de vida, correspondiente al II Semestre de 2011.

Fundamento constitucional y jurídico en que amparamos nuestra solicitud:

1- Las municipalidades no son entes semiautónomos, como se afirma en el acuerdo elevado a la Procuraduría. Todo lo contrario, las municipalidades gozan de plena autonomía y por aquello de que persistan dudas, transcribimos los siguientes artículos de nuestra Constitución Política:

“*Artículo 170*.-Las corporaciones municipales son autónomas…”.

“*Artículo 169*.-La administración de los intereses y servicios locales, en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal…”.

“*Artículo 175*.-Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución.”

Como se puede palpar a simple vista, las municipalidades tienen plena capacidad y autonomía para gobernarse, con la única sujeción a la fiscalización de la Contraloría General de la República en materia de presupuesto y gasto. Por tanto, las municipalidades y particularmente ésta, la del cantón de Vásquez de Coronado, tiene plenas facultades constitucionales para fijar su propia política de clasificación y valoración de puestos, y por tanto, de salarios.

2- La Constitución Política y el Código Municipal otorgan autonomía política, administrativa y financiera a las municipalidades y además les faculta para modificar los presupuestos ordinarios para ajustar salarios, cuando se pruebe que el costo de la vida ha aumentado según los índices de precios del INEC. Veamos lo que dispone el Código Municipal:

“*Artículo 2º* -La Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.”

“*Artículo 4º* -La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.” Código Municipal.

“*Artículo 100*.-…Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente, según los índices de precios del Banco Central y la Dirección General de Estadística y Censos.”

Según datos del INEC, el índice de precios acumulado para el Primer Semestre de 2011 fue de un 2.78%. Con fundamento en ello el Consejo Nacional de Salarios acordó un ajuste en los salarios mínimos del 2.50% para las y los Profesionales, y de un 3.55%, para las y los No Profesionales; mismo que rige a partir de julio pasado para la clase trabajadora del Sector Privado.

Para el Sector Público, el Gobierno por Decreto, ya que no hubo negociación, estableció un ajuste salarial por costo de vida, inflación vencida, de un 2.78; ajuste que rige por costo de vida, esto es, para que los salarios recuperen lo perdido por la inflación acumulada en los primeros seis meses de este año.

Este tipo de ajuste salarial semestral y por inflación o costo de vida, tiene el sano propósito de evitar el deterioro en los salarios y aplica para todo el Sector Público, independientemente de la escala de salarios mínimos que se tenga en cada institución, pudiendo este ajuste ser mejorado, en aquellas instituciones o empresas del Estado que la ley faculte para hacerlo y cuenten con los recursos financieros necesarios.

Como vemos nada le impide a este honorable Concejo, aprobar un ajuste salarial, por costo de vida, superior al Decreto de Gobierno, siempre y cuando demuestre a la Contraloría que existe la partida financiera necesaria que soporte dicho ajuste salarial.

3- El Artículo 32 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente y por tanto ley Profesional, a la que debe atenerse las partes involucradas, establece en sus incisos b, c y d la forma en que deben realizarse los ajustes salariales en la Municipalidad de Vásquez de Coronado.

4- Con relación al criterio solicitado a la Procuraduría General de la República; es importante indicar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece requisitos que deben cumplir las consultas, para que puedan ser atendidas, admitidas o evacuadas por ese Órgano Asesor.

El artículo 4º de ese cuerpo normativo sentencia: “Artículo 4º. – Consultas: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quiénes podrán realizar la consulta directamente.”

También la jurisprudencia administrativa de la PGR ha señalado que además del criterio jurídico, la consulta debe ser formulada por el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública.

La consulta formulada por ese Concejo a la PGR, adolece de dos requisitos fundamentales para su admisibilidad, sea la opinión jurídica de la asesoría legal y la firma del jerarca correspondiente, lo que hará, a nuestro juicio, que la PGR, en el mejor de los casos, devuelva la consulta con los señalamientos del caso, o bien proceda con su archivo.

No dejamos de apuntar demás, que dicha consulta nos resulta odiosa y hasta ofensiva para quiénes aplaudimos y defendemos la Autonomía Municipal, al dejar entrever “que las municipalidades son entes semiautónomos”, desconociendo los fundamentos de nuestra Carta Magna y el propio Código Municipal.

Estimables señoras y señores Regidores:

En razón de lo expuesto, solicitamos a sus respetables autoridades se proceda a revocar el ACUERDO 2011-066-023, tomado en la Sesión Ordinaria 066, celebrada por ese Concejo, el pasado 26 de julio de 2011, y conforme a ello se proceda al retiro de la consulta formulada a la PGR, y se tome el acuerdo de ajustar las bases salariales de toda la clase trabajadora, que labora, en la Municipalidad de Coronado en un 3%. Ajuste que regirá a partir del 1 de julio del presente año.

Sin más y agradeciendo sus atenciones, respetuosamente

Santos Román Brenes
Presidente
Seccional ANEP – Municipalidad de Coronado

c.c. Alcaldía Municipal.
c.c. Junta Directiva Nacional ANEP.
c.c. Junta Directiva Seccional ANEP – Municipalidad de Coronado
c.c. Trabajadores y trabajadoras Municipalidad de Coronado.