Categoría: Incidencia

Ottón Solís y Otto Guevara: coaligados contra la Democracia

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La edición del pasado sábado 13 de setiembre de 2014, del periódico La Nación, la voz oficial del gran capital neoliberal, nos receta el siguiente titular en su primera página: “Ottón Solís le dará guerra al presupuesto del Gobierno”; información con este antetítulo: “Impulsará recortes por c. 300.000 millones en ‘gastos superfluos` del 2015”.

En la otra acera del corporativismo mediático, el diario de negocios La República, titula en primera página: “Otto Guevara: `Frente Amplio y sindicatos cogobiernan’ – Legislador libertario pide a empresarios no ser ‘timoratos´ ” . Tal titular viene precedido por la siguiente frase: “Critica a Presidente por orientar a Costa Rica hacia la izquierda”.

Es más que necesario, pues resulta imprescindible, referirse a semejantes declaraciones que tienen un denominador común: son temerarias, altamente provocadoras y llaman, abiertamente, a la confrontación social. ¡Impresionante!

Ante semejante extremismo de pensamiento, mismo que en otras partes generó dolorosísimos episodios de confrontación civil con derramamiento de sangre incluido, lo que corresponde en una actitud de mucha tranquilidad, de gran prudencia y de no caer en la provocación.

Como una organización sociosindical y cívico-política que nos honramos en representar, misma que expresa la defensa de intereses sociolaborales de amplio espectro y que nos desvelamos en una lucha cotidiana contra la desigualdad; lo que declaran los diputados Ottón Solís y Otto Guevara merece, al menos, una enérgica condena, un rechazo total y una vehemente exhibición pública lo más amplia posible ante la ciudadanía, especialmente, la del pueblo trabajador, de la esencia que encierran ambos planteamientos: una ataque concertado contra la Democracia misma.

El señor diputado don Ottón Solís Fallas se ha convertido en el principal diputado “oficialista de oposición”. Se ha transformado en el “Torquemada de los servicios públicos”, creyéndose poseedor de la verdad absoluta en materia de gasto público y pretendiendo desde la posición dirigente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, ejercer una especie de Presidencia de la República “paralela”, la que nunca obtuvo en las urnas.

Su soberbia fundamentalista de ser ahora el inquisidor número uno al servicio del clásico pensamiento neoliberal de signo extremista, le lleva a nulificar al propio Ministro de Hacienda; llegando al absurdo y al más grande ridículo de eliminar el presupuesto hasta para el arreglo de las computadoras de las oficinas públicas; luego de que anunciara que hay que acabar con las anualidades, la dedicación exclusiva, las horas extras, etc., etc.

El fundamentalismo macroeconómico neoliberal del “Torquemada” Ottón Solís, le lleva al extremo de emplear conceptos de una preocupante y peligrosa tendencia confrontativa: habla de que “tenemos que hacer una revolución violenta y radical del gasto”.

Don Ottón: ¿Quiénes son “tenemos”? ¿Los banqueros del capital financiero que usted protege con su cruzada casi que “yihadista” contra el gasto público?… ¿Qué es una “revolución violenta”? ¿A sangre y fuego, un golpe de Estado, un bloqueo a toda acción gubernativa de su propio partido?…. ¿Qué es “radical”? ¿Cerrar el Poder Judicial por “falta de fondos”?; ¿despedir a todos los maestros y a todos los policías? Y en esa “radicalidad”, ¿por qué no habla del “desenganche” de los salarios médicos con el de los “mortales” policías, por ejemplo?…

Don Ottón: Usted promueve una confrontación abierta por su enfermiza fobia a los empleados públicos, al sector Público, con esa “cacería loca” de un punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB): 300 mil millones de colones de recorte en el presupuesto de la República para el 2015, utilizando su “podadora” inquisitorial, irresponsable y provocadora.

Nada nos dice usted, don Ottón, de los 14 puntos de PIB que representan todas las formas de evasión y elusión tributarias, junto a todas las exenciones y exoneraciones; robo monstruoso de impuestos, con ropaje legal o sin él; ejecutado, en no pocos casos, de gente y empresas que piensan como usted en materia de inversión pública.

Esos 14 puntos de PIB representan ¡4 billones, 200 mil millones de colones! (4.200.000.000.000.). Esto si ameritaría una cruzada cívica para generar una Transformación Tributaria Estructural, no una “revolución violenta y radical” como usted quiere que vivamos en nuestra sociedad.

Nada nos dice usted, don Ottón, siendo economista como es (aunque neoliberal, siempre economista), que su “revolución violenta y radical del gasto”, solamente está comprendiendo el 40 % de la estructura financiera global del Estado, de la República (el presupuesto del 2015); precisamente donde están entidades sumamente sensibles para la institucionalidad democrática del Estado de Derecho: los poderes judicial y legislativo, los ministerios (maestros y policías, en esencia), la Defensoría, la Contraloría, la Procuraduría…

Ataca usted, don Ottón, con su cruzada inquisitorial “a lo Torquemada”, la esencia del corazón de la institucionalidad de la República; precisamente esa que es suspendida, abolida, cuando se trata de golpes de Estado…

Hay mucho más que decir sobre sus desafortunadas pero provocadoras y confrontativas declaraciones a La Nación en este día sábado 13 de setiembre de 2014. Vamos a dejarlo hasta aquí pero se nos quedan muchas cosas que podríamos mencionarle y que trataremos de hacerlo próxima fecha.

Ahora nos toca referirnos a lo que ha indicado la “pareja política” diputadil de don Ottón Solís, en esto del fundamentalismo neoliberal de signo extremista, con respecto a eso de una “revolución violenta y radical contra el gasto”…

Don Otto Guevara complementa la tesis de don Ottón Solís para la “revolución violenta y radical contra el gasto”. Don Otto Guevara asume la tarea del “policía político en lo ideológico”, dándole “sustento” a la cruzada de don Ottón Solís, como el “policía político en lo macroeconómico”.

Don Otto Guevara (político que, por cierto, tiene pendiente una rendición de cuentas de dineros que el pueblo le dio para su reciente y fracasada campaña electoral), pretende ahora “insurreccionar” al gran empresariado corporativo del país; asustándole con que tenemos, en la actualidad, un gobierno de “izquierda” y que, además, es ejercido, mancomunadamente con el partido de don Ottón Solís, desde la colectividad partidaria del Frente Amplio conjuntada ésta con los sindicatos.

“No me defiendas, compadre”, deberían decirle a don Otto Guevara, ese empresariado por el cual él pretende abogar; porque sus irresponsables declaraciones podrían generar el efecto contrario al de su original presión de agresión psicológica y con ribetes de terrorismo ideológico: atemorizarles para que salgan corriendo del país y dejar a mucha gente sin empleo.

Declaraciones como las de don Ottón Solís y don Otto Guevara son las que provocan el clima de “estrés corporativo” ante la posibilidad de que el país pueda hacer algo de política social, en serio y no el “asistencialismo social de caridad pública” que defiende el pensamiento neoliberal clásico; dignamente remozado en la realidad sociopolítica de hoy con la “santa cruzada macroeconómico-fiscalista” de ambos legisladores: uno en lo económico, el otro en lo político: abogando ambos por el gran capital, la exclusión social, el terrorismo ideológico, la confrontación abierta y provocadora de la desestabilización social… en contra de la Democracia misma.

En el caso de la organización sindical que representamos directamente y conociendo el pensamiento y la honestidad de otras agrupaciones colegas que comparten nuestra visión sociolaboral y político-cívica, en términos generales; rechazamos, enfáticamente, las acusaciones del diputado neoliberal Otto Guevara que estemos “cogobernando” con el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

La opulencia económico-financiera en que ha estado acostumbrado a vivir el diputado Otto Guevara, su estilo de vida “dandy” y sus conexiones corporativas, no le permitieron nunca ni le permitirán jamás, entender la naturaleza de la desigualdad creciente en el país y sus dolorosos episodios de pobreza. Por eso jamás caló en la conciencia popular como para tener una hegemonía electoral pese a cuatro campañas consecutivas.

Ese estilo de vida “light” de don Otto Guevara no le permite comprender que la construcción sociohistórica del Estado Social de Derecho todavía prevaleciente en el país, fue producto de una comunidad de visiones filosófico-políticas centradas en la búsqueda y la promoción del bien común y a favor de la inclusión y de la movilidad sociales.

Visiones compartidas sobre los desafíos del desarrollo sociopolítico y democrático del país son recurrentes en la historia republicana costarricense y eso es imposible aprenderlo cuando se pasa uno la vida viviéndola al estilo “casino”.

El impacto de importantes procesos transformadores de nuestra sociedad en pro del bien común conjuntaron sectores, dentro de los gobiernos y/o fuera de él en varias épocas cruciales del transitar costarricense por la senda de la justicia social.

Esto tampoco se puede aquilatar en su real dimensión, cuando uno incurre en cambios camaleónicos y oportunistas, como son usuales en el diputado Otto Guevara quien, a juzgar por sus declaraciones de este sábado 13 de setiembre de 2014, en el periódico La República, ha vuelto por su “fueros del extremismo neoliberal” del cual estuvo “renegando” en la pasada campaña presidencial que le dio una soberana “tunda”.

Igual que en el caso anterior, muchas cosas se pueden apuntar al respecto de estos dos reportajes que, en formato anexo, usted encontrará en este envío electrónico.

Si don Ottón Solís y si don Otto Guevara han decido aglutinar a los sectores neoliberales en contra de la población trabajadora del país y en contra de esa ciudadanía que de manera abrumadora que apostó por el “cambio”; entonces, lo que se impone es la formación de más grande coalición cívico-patriótica para enfrentar a los sectores violentistas del radicalismo extremista contrarios a la Democracia y que sí estaríamos dispuestos a salir a las calles a defenderla y a potenciar políticas públicas de corte social, en pro del bien común y por la recuperación de la senda de la justicia social que como país nunca debimos haber abandonado.

La mejor salida al concurso docente: seguir a la ANEP

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En nuestra anterior columna abordamos la triste realidad del Concurso Docente 2014, en síntesis manifestamos que existe una sobre oferta de docentes (cerca de 50 mil para este año), pocas plazas (1500 si descontamos unas 700 que por lejanía o pocas lecciones no serán asumidas por docentes en propiedad) y un milagro de Jesús al reproducir los títulos universitarios en docencia (más de 10 mil nuevos docentes por año).

Los y las docentes, inocentes o ignorantes, irán con esperanza de obtener una plaza en un sistema laboral donde hay, promedialmente hablando, más de 40 personas concursando por cada plaza. En conclusión, estimado docente interino o desempleado, es más probable que usted vea la segunda llegada de Jesús a que obtenga la plaza en propiedad durante este concurso, y ante este escenario nadie ofrece una salida.

Durante las últimas décadas hemos contemplado a los sindicatos impávidos ante el tema del interinazgo y las grandes reformas educativas que necesita el país, COLYPRO es una empresa que sabe cobrar la filiación pero ha sido incapaz de generar un atisbo de debate o ideas sobre estos temas, las facultades de educación de las diferentes universidades realizan una masturbación académica que pocas veces la acercan a la realidad y al gran debate educativo, las ONG educativas están dispersas y concentradas en temas muy específicos, es decir, no hay cara en la cual persignarse.

Ante este escenario, sólo hay un camino: seguir el rumbo de la ANEP. Esa organización comprendió perfectamente los retos estructurales del momento histórico y actuó con inteligencia para lograr posicionarse y conquistas importantes.

Durante la primera década del siglo XXI, el país vivió una convulsión política (casos de corrupción, imposición de la reelección y ruptura del bipartidismo), económica (rupturas, desigualdad e insatisfacciones producidas por el modelo neoliberal y lucha por imponer el TLC con Estados Unidos), sociales (una juventud más activa y con nuevas formas de organización) y sindicales (nuevas demandas, conflictos entre organizaciones y debates sobre la forma de acción).

En ese escenario, la dirigencia de la ANEP tomó tres medidas para enfrentar un escenario tan convulso. La primera medida fue el fortalecimiento interno de la organización para asegurar un músculo que le permitiera subsistir (como organización) y ejercer presión desde diferentes instancias; no hablamos sólo de sumar personas sino sumar personas estratégicas que sean promotoras de reflexión-acción en las bases.

La segunda acción se sustento en la construcción de una agenda país mediante la creación de una red de intelectuales, de la organización y externos, que deliberaron sobre diferentes temáticas y construyeron una columna teórica-acción para la elaboración de propuestas concretas (como el caso de las 10 medidas frente a la crisis económica del 2008), esto convirtió a la ANEP en un referente sindical, social y político, un interlocutor con legitimidad y con un rumbo país.

Por último, al tener asegurado su músculo interno y la construcción de la agenda país, elaboró las redes de coordinación con otras organizaciones para realizar algunas de las luchas en coordinación, y digo algunas pues en otros casos la agenda de la defensa de trabajadores de la ANEP no ha sido compartida por otras organizaciones pero gracias a su claridad en la construcción, le permite luchar con coherencia y transparencia por esos puntos.

Gracias a estas acciones, la ANEP logró que el gobierno de doña Laura Chinchilla acordar una amnistía para los funcionarios interinos del gobierno central, es decir, los que tenían más de dos años interinos podrían solicitar esa plaza en propiedad. Durante los gobiernos de Arias, Chinchilla y el actual gobierno, se han posicionado como referentes para el debate nacional, consultados para toma de decisiones y actores en luchas específicas (destacándose los temas de los trabajadores municipales).

El gremio educativo necesita, exige, reclama y pide de rodillas por una organización que realice estas tres acciones. Una revolución total en la forma simplista y mercenaria con que se manejan nuestros dinosaurios representativos.

Esto exige no sólo la toma de decisión sino la entrega total a la construcción de un proyecto educativo integral que exige la inversión de recursos humanos y económicos (el dinero necesario sobra si juntamos las cuotas que cada mes aportan los trabajadores de la educación a las diferentes organizaciones), así como la inclusión de voces, académicos, actores sociopolíticos, entre otros.

No basta con exigir la eliminación del interinazgo. El gremio educativo debe construir una propuesta basada en el serio estudio de la realidad, en los márgenes positivos y negativos que pueda tener (por ejemplo, en caso de dar todos los puestos en propiedad, prácticamente se condena a desempleo permanente a quienes no queden nombrados) y, principalmente, debe ser coherente con una macro propuesta educativa que contemple inversiones en infraestructura, formación, calidad docente, evaluación del personal, currículum y otros elementos, es decir, debe ser una propuesta similar a las elaboradas por la ANEP durante los últimos años.

De no actuar así, el interinazgo continuará junto a todos los males educativos que tan fácilmente se critican, e incluso podríamos cometer errores tan espantosos como el de 40 lecciones (los sindicatos pidieron aumentar a 40 lecciones la propiedad de los docentes de secundaria y el gobierno lo concedió, pero omitieron las 4 lecciones restantes para tener el tiempo completo, lo que degeneró en un caos y carnicería en los centros educativos).

Fortalecer la organización y la capacidad de reflexión-acción de las bases, crear una agenda país clara (con objetivos y medidas a corto o mediano plazo) y establecer redes de colaboración con otras organizaciones, esa es la respuesta que el gremio educativo necesita.

Si la ANEP pudo, ¿por qué nosotros no?

Ha llegado la hora de Juan Rafael Mora

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Costa Rica tiene en don Juan Rafael Mora al Padre de la Patria. De la misma forma que Estados Unidos cuenta con personalidades epónimas como George Washington y Abraham Lincoln, México atesora a Benito Juárez o Argentina a José de San Martín. “Pater Patrie” solían denominar los romanos a sus héroes, estadistas y bienhechores. Fue el filósofo Antonio Zambrana quien originó tan enaltecida distinción al Presidente Mora (1814-1860).

El Poder Legislativo lleva la iniciativa en el reconocimiento al líder por excelencia del siglo XIX. En 1850 le confirió el título de Benemérito de la Patria por sofocar, sin efusión de sangre, una revolución militar. En 1857 le concedió el grado de Capitán General en testimonio de gratitud por su victoriosa conducción de la Guerra Patria. En 1876 ordenó construir un mausoleo para depositar sus restos en un santuario cívico y honrarlos con un funeral de Estado. En 1926 dispuso erigirle una estatua como Libertador de la América Central. En 1957 lo declaró Defensor de la Libertad de Costa Rica.

Ya en nuestro tiempo, la Asamblea Legislativa lo proclamó en 2010 Libertador y Héroe Nacional. En fin, en 2013 decidió celebrar a lo largo del presente año el bicentenario de su natalicio. Los objetivos de estas conmemoraciones son: que todo costarricense lo conozca y dignifique; que haya en cada cantón un espacio, plaza o vía pública nombrado en su honor; y, proyectar en el exterior la latinoamericanidad de Costa Rica personificada en las acciones y el pensamiento moristas.

El Consejo Superior de Educación acordó denominar el curso lectivo de 2014 como Año Escolar Libertador Juan Rafael Mora. La ministra de Educación Pública considera que “el ejemplo vivo de Mora debe vivir intensamente en el alma y la vida cotidiana de cada niña, niño y joven estudiante costarricense”. A los directores regionales, supervisores de circuito, directores de centros educativos y docentes, se les ha pedido programar y realizar durante este año bicentenario, como parte de las tareas educativas, actividades especiales de reflexión y homenaje al Padre de la Patria. La Semana Cívica será dedicada especialmente “a exaltar la memoria, la obra y trascendencia histórica del Libertador y Héroe Nacional Juan Rafael Mora”.

El intelectual Alejandro Alvarado –el primer rector de la Universidad de Costa Rica– enumeró atributos y méritos del Presidente Mora. Nos libertó de la esclavitud impelida militarmente desde Estados Unidos; defendió con sacrificios el imperio de nuestra soberanía; nos independizó en lo eclesiástico de Nicaragua; cimentó las bases futuras de nuestros límites territoriales. Hombre del progreso, impulsó el cultivo del café en las campiñas, al igual que el cultivo de la inteligencia en la universidad y las escuelas. Tomó a Costa Rica en los limbos del coloniaje y le infundió la conciencia de su nacionalidad. Con serenidad viril, probó en su fin trágico que era el jefe digno de las batallas que glorifican nuestra historia.

Bajo la conducción política del Presidente Mora, de 1849 a 1859 la economía progresó, la educación aumentó, la cultura prosperó, la ciencia avanzó, la salud mejoró, las instituciones se afianzaron, la prensa floreció, el Estado se fortaleció, la legislación se renovó, la empresa privada se expandió, el comercio y la industria crecieron, se fundó el Banco Nacional de Costa Rica de propiedad tripartita (inversores privados, fondos estatales y capitales extranjeros), se abrieron caminos y se construyeron puentes, la calidad de vida en villas y pueblos se elevó, la juventud encontró oportunidades de superación personal, la inmigración se fomentó, el país destacó en el concierto de las naciones, en suma, el sistema de vida en libertad de la joven república se transformó.

Modernizó el Ejército Nacional en vista de las graves amenazas, próximas o distantes, que se cernían sobre la Independencia Nacional, la soberanía política y la integridad territorial. Tuvo la entereza de convocar al pueblo y la gallardía de conducirlo personalmente en la Guerra Patria contra la invasión del filibusterismo esclavista en 1856 y 1857. Para el triunfo sobre la invasión militar, de consuno con los pueblos y los ejércitos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, encabezó la movilización de la solidaridad hispanoamericana, convocó un congreso iberoamericano que se reuniría en San José, y concertó alianzas estratégicas en América y en Europa. La Guerra Patria por él comandada, fue el crisol en el que se fundieron definitivamente los elementos de nuestra identidad nacional. En esa gesta, el pueblo costarricense conquistó con sangre su Segunda Independencia Nacional, el derecho de ser reconocido por todas las naciones como república libre, independiente y soberana.

Dentro y fuera de CR. Un catedrático de Estados Unidos, Stephen J. Clark, escribió: “Juan Rafael Mora es la personalidad política más importante del siglo XIX en Costa Rica y, puede decirse, en todo Centroamérica. Su trascendencia en la historia costarricense quizá pueda ser comprendida más fácilmente por los estadounidenses a través de una comparación con Abraham Lincoln. Esta analogía puede basarse en los muchos paralelismos entre los dos presidentes, tales como sus modestos orígenes académicos, el rol central desempeñado por ellos en la preservación de sus respectivas repúblicas ante pavorosas amenazas militares, y el hecho de que ambos fueran asesinados poco después de alcanzar sus más grandes triunfos. El éxito supremo de la presidencia morista fue la derrota del ejército mercenario comandado por William Walker, el notorio filibustero de Estados Unidos que, bajo el estandarte del ‘destino manifiesto’, invadió varios países latinoamericanos a mediados de los años 800 con la expectativa de establecer colonias esclavistas leales a la causa de los Estados Confederados de América”.

Hasta hace poco, el Padre de la Patria era más reconocido fuera que dentro de Costa Rica. El papa Pío IX lo invistió Caballero de Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, y se refirió a él como “Dilecti Filii Illustris et Honorabilis Viri Joannis Raphælis Mora”. El Congreso de El Salvador lo nombró Benemérito de la Patria. En una galería de la OEA, Washington, hay un busto suyo; otro está en el Palacio de Itamaraty, Río de Janeiro; en Guadalajara, México, se colocó otro más en la Avenida de las Américas. Se exhiben retratos suyos en la Biblioteca Nacional de Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la Galería de Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, Buenos Aires. El historiador J. Fred Rippy escribió en Estados Unidos que “sus logros militares le proporcionaron fama imperecedera. Se transformó en el héroe nacional número uno de Costa Rica, enaltecido a nombradía eterna”.

En Madrid, la Real Academia Española acordó incorporar al DRAE la voz morista: adj. Perteneciente o relativo al pensamiento, obra o figura de Juan Rafael Mora, libertador y héroe nacional costarricense; adj. Dedicado con especialidad al estudio de la vida y las obras del héroe costarricense Juan Rafael Mora y de las cosas que le pertenecen. La ciudad de Córdoba, España, nombró una calle Libertador Juan Rafael Mora, “adalid de la soberanía de Costa Rica”.

El odio y la venganza acabaron con su Gobierno y con su vida. “Por equívocos circunstanciales fue derrocado en 1859 con el rompimiento inaceptable del orden constitucional y en 1860 fue fusilado en un crimen de Estado, que aún nos avergüenza, motivado por choques de intereses materiales y personales ajenos al bien común de la patria”, expresó la Asamblea Legislativa cuando pidió perdón con estas palabras: “Al cumplirse 150 años de su muerte, nosotros, los representantes de la nación, decidimos enmendar ambos errores que menoscaban la dignidad de la república”.

Con entereza de alma, el Presidente Mora había escrito desde su exilio en Nueva York: “El tiempo justificará mi causa, en él confío y espero con paciencia y resignación”. Cuánta verdad encierra la cántiga de Dionisio Cabal: “Ha llegado la hora de Juanito Mora”.

TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones

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Agnes Rousseaux
CETRI
Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores, sometidos a las fuertes presiones de los lobbies, se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.

Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).

“Calmar la frustración de las empresas”

Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.

“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)

Prohibir toda intervención de los Estados

”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.

Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.

Bloquear las privatizaciones

Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.

Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..

Negociaciones secretas

Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.

No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría… ¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!

Los lobbies industriales han sido consultados, pero los ciudadanos no

Wikileaks acaba de aclarar un poco la opacidad que reina en estas negociaciones, divulgando el anexo del acuerdo relacionado con los servicios financieros. De acuerdo con ese documento, especialmente redactado por los EE.UU. y Europa, las propuestas han sido clasificadas como confidenciales durante “cinco años a partir de la entrada en vigor del ACS o si no se ha llegado a ningún acuerdo cinco años después del cierre de las negociaciones”, el documento establece que su divulgación no está autorizada y que el texto debe ser “guardado en una construcción, una habitación o un contenedor cerrado y asegurado”.

Es evidente que los lobbies de la industria y los servicios tienen mucho más acceso a las informaciones que los ciudadanos y sus representantes: la Global Service Coalition ha enviado sus delegados a Ginebra con ocasión de las negociaciones de abril de 2014. Y se felicita en un comunicado de haber podido confirmar su apoyo sin reticencias al proceso y haber compartido sus puntos de vista con los negociadores.

Un acuerdo con muchas expectativas para las empresas

Lo menos que puede decirse es que las multinacionales de los países involucrados se hallan muy motivadas por las expectativas del acuerdo: “Las caídas del TISA podrían ser enormes para las empresas del sector servicios, explica la Cámara de Comercio de los EE.UU., está convencido de que las actuales negociaciones son “una oportunidad única para demoler los obstáculos al comercio internacional”. “Este palpitante nuevo acuerdo tiene el potencial de inflar el crecimiento económico y la creación de empleos en los EE.UU. y en el exterior”, señala la Cámara de Comercio. Un acuerdo tan “palpitante” que podría duplicar las exportaciones de servicios de los EE.UU. con una ganancia de 869.000 millones de dólares y 3 millones de empleos (8). Pero esta es la teoría. ¡Se esperan siempre centenares de miles de empleos que la apertura a la competencia posibilitaría a diferentes sectores de la Unión Europea!

¿Qué es lo reclaman las empresas y sus representantes? Los países que firmen el acuerdo deberán en primer término eliminar las regulaciones consideradas barreras comerciales “Si reconocemos la necesidad de algunas regulaciones (para la seguridad nacional, la protección de los datos…) deberían establecerse límites y parámetros para su aplicación”, afirma el lobby estadounidense de las industrias de servicios. Su bestia negra: la distorsión de la competencia entre el sector público y privado. “La competencia desleal por parte de las empresas subvencionadas o mantenidas por el Estado, de las empresas públicas o controladas por los Estados constituyen un obstáculo cada vez más importante para la provisión de los servicios por parte de las empresas estadounidenses en muchos mercados”. Se trata de proteger al sector privado “contra los comportamientos anticompetitivos de las empresas publicas”, alega igualmente la Cámara de Comercio de los EE.UU.

El lobby estadounidense del sector desea abolir toda preferencia nacional, obligaciones de localización o las cuotas de empleados locales. Y liberalizar mucho más los sectores de los medios y de la diversión “Ningún país debería estar autorizado a introducir nuevas restricciones o excepciones que deroguen o debiliten los compromisos existentes del AGCS”, sugiere (9). Los representantes de las empresas solicitan que el acuerdo incluya un mecanismo de regulación de los diferendos. Es decir, el establecimiento de tribunales de arbitraje privados para solucionar los litigios, en el marco de una jurisdicción extranacional, donde los intereses privados son ley (10). Suiza, en la última ronda de negociaciones, ha redactado una propuesta en tal sentido.

Congeladas las regulaciones financieras

El acuerdo también incluye los servicios financieros. Y podría provocar importantes consecuencias sobre el sector. A pesar de la crisis bancaria, los promotores del TISA tratar de eliminar aún más las reglamentaciones de los mercados mundiales de servicios financieros”, analiza Wikileaks. El anexo referente a los servicios financieros permanece aún en secreto “es una propuesta que solo puede gustar a los banqueros”, denuncia el abogado Lori Wallach de la ONG estadounidense Public Citizen: el principio del statu quo mencionado en este anexo impediría, por ejemplo, establecer nuevas reglamentaciones financieras, consideradas necesarias por los gobiernos, dado que constituirían restricciones a las empresas involucradas. Resultado: el acuerdo congelaría las regulaciones financieras en el estado actual, algo totalmente insuficiente para prevenir nuevas crisis bancarias, estima el abogado. De donde se deduce el riesgo de inestabilidad financiera en los años futuros.

También se ve en este anexo la firme voluntad de los EE.UU. de lograr la liberalización de los flujos de datos. Es decir, permitir sin trabas el intercambio de datos personales y financieros entre países. Una amenaza para las libertades fundamentales, porque muchos de los países que participan en estas negociaciones, en lo referente a protección de datos, son mucho menos exigentes que Europa. El lobby internacional de servicios desea lograr una disposición que obligue a las autoridades públicas a justificar todas las medidas que podrían restringir la transferencia de datos entre países (11).

¿Un acuerdo extensivo a todo el planeta?

“Lo que resulta terriblemente inquietante, es que el ACS está siendo negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más inclinados a la liberalización, que no esconden su voluntad de arrastrar en este acuerdo, una vez concluido, al resto del mundo”, explica Rosa Pavanelli. Los negociadores tratan de que este acuerdo sea compatible con el marco de la OMC. O en el idioma de la Comisión europea: “Velar porque la estructura del acuerdo permita una futura multilateralización”. Un modo de permitir a los 50 países signatarios presionar sobre los demás miembros de la OMC para que acepten estas reglas (12). Como para debilitar la posición de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– excluidos, por el momento, de las negociaciones o de países africanos completamente ignorados.

Se ha formado un comité “Stop TISA” y se ha lanzado un pedido. Una carta firmada por 340 organizaciones no gubernamentales en la que expresan su oposición a estas negociaciones y se envió en 2013 a los ministros de Comercio. En vista de los desafíos democráticos, económicos y políticos, así como la opacidad de estas negociaciones, las movilizaciones podrían aumentar en los meses próximos.

Notas

1) Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados-Unidos, Hong Kong, Islandia, Israël, Japon, Liechtenstein, Mexico, Noruega, Nueva-Zélanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perú, Suiza, Taïwan, Turquia, más los 28 paises de la Union Europea.

2) “El TISA se está negociando fuera del marco de la OMC sobre la base del artículo V del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) Sobre esa base diferentes países pueden bajo ciertas condiciones ampliar entre ellos la liberalización del comercio de servicios, más allá de lo que establece la OMC, sin que esta liberalización preferencial sea sometida a la cláusula de nación más favorecida del AGCS”, Fuente: Secretaría de Estado de Economía, Suiza.

3) Correo del Comisario Europeo de Comercio, 10 de setiembre de 2013

4) «It was agreed that commitments on national treatment would in principle be applied on a horizontal basis to all services sectors and modes of supply, i.e. the understanding on national treatment would be closer to the GATT model. Exemptions to this horizontal application would have to be listed in the countries’ national schedule of commitments. Participants in the negotiations might also agree that commitments would in principle reflect actual practice (the « standstill clause ») and that future elimination of discriminatory measures would be automatically locked in (the so-called « ratchet clause ») unless an exemption were listed. » Memo de la Comisión europea Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in services, 15 de febrero de 2013

5) Ver la cronología de las negociaciones en los sitios de los ministerios suizo y australiano.

6) Ver la oferta de Suiza publicada en el sitio del ministerio de Economía (SECO) el de Noruega y el de Islandia.

7) Ver el texto votado y el detalle de la votación. El Consejo había otorgado mandato a la comisión europea en marzo de 2013 para negociar en nombre de la UE.

8) “Eliminating barriers to trade in services could boost U.S. services exports by as much as $860 billion—up from 2012’s record $632 billion—to as much as $1.4 trillion, according to the Peterson Institute. Such a dramatic increase could create as many as three million American jobs. »

9) Fuente: Comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados-Unidos.

10) Ver sobre este tema nuestro artículo sobre las negociaciones del Acuerdo Comercial Transatlántico TAFTA/ttip

11) « However, the agreement should include a commitment that when an act, policy or practice of a relevant authority seeks to restrain cross-border data transfers or processing, that authority must demonstrate that the restriction is not an unnecessary restraint of trade or investment in light of alternative means by which to achieve the objective of protecting the identity of the customer, security of the data or the performance of prudential oversight. », Comentarios de la Coalición de industrias de servicios (CSI) por pedido de la Oficina de Representantes comerciales sobre el acuerdo TISA, 26 de febrero de 2013

12) Especialmente los 129 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que han asumido compromisos en función del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios ( AGCS),

Fuente: http://www.cetri.be/spip.php?article3616&lang=fr

ANEP es escuchada en foro sobre Reforma Fiscal

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En el foro el Secretario General de la ANEP tocó temas sensibles como: la maltrecha política de empleo público en Costa Rica, la mala recaudación de impuestos hacia la clase más adinerada, así como la necesidad de implementar una reforma tributaria a la brevedad para evitar un quiebre técnico del Estado costarricense.

Convocatoria Asamblea Pensionados ANEP

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En ANEP reconocemos que el sector de las personas pensionadas están en abandono, dentro de nuestra propia organización, y por supuesto a nivel nacional.

No existe en nuestro país ni una sola organización de personas pensionadas que trabajen en la lucha beligerante de los derechos de estas personas, la gran mayoría ubicadas en la población de la tercera edad.

Es por esto que la ANEP está convocando a una gran asamblea general de todos nuestros afiliados y afiliadas que se encuentran pensionados, para que podamos formar la Junta Directiva de la Seccional ANEP – Pensionados.

La actividad será en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, ubicado en Moravia, Residencial Los Colegios, de la esquina suroeste de Taco Bell 300 metros oeste, 100 norte y 100 oeste, el día viernes 5 de setiembre a las 10 de la mañana.

Si está interesado en participar por favor comunicarse con el señor Alfredo Erak, Fiscal General de ANEP, al correo alfredoerak03@ice.co.cr o al teléfono 8812-9336.

Presentación de la PLADA en Costa Rica

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La actividad contó con una enorme afluencia de dirigentes sindicales de base pertenecientes a las centrales sindicales, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), así como de la propia ANEP.

La PLADA ha recibido el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung (FES), del Gobierno de la República Federal de Alemania. A nivel regional, la FES de la América Central ha venido respaldando el esfuerzo.

En el evento estuvieron dirigentes sindicales de alto nivel de la CSA, quienes vinieron especialmente para la ocasión. Específicamente, la compañera Amanda Villatoro, Secretaria de Política Sindical y Educación, y el compañero Rafael Freire Neto, Secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable de esta organización sindical continental.

Tarifas de buses: ¡Que alguien investigue a la Aresep!

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La impactante denuncia que publica Diario Extra en su edición de este día, lunes 11 de agosto de 2014, dando cuenta de que“empresarios de buses les meten mano a tarifas”, deja a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), sumida en el total descrédito y aumenta su desprestigio en el seno del pueblo trabajador.

Las conclusiones del estudio que fue gestionado por la Asociación Nacional de Protección al Usuario de los Servicios Públicos (Asoprousuario), con el respaldo de la Universidad de Costa Rica (UCR), deberían fundamentar, al menos, una contundente acción parlamentaria que proceda a realizar una investigación de la Aresep.

Adicionalmente, el propio Gobierno de la República debería pronunciarse, con contundencia y urgencia, al respecto.

La clase trabajadora, especialmente la asalariada y la que se desenvuelve por cuenta propia, que utiliza diariamente los buses en su desplazamiento porque no tiene otra alternativa, está completamente indefensa a la hora en que la Aresep accede a las “peticiones” de subidas tarifarias que le formula el empresariado autobusero; en realidad, más bien, imposiciones.

Resulta incomprensible y hasta sospechoso que la Aresep fije incrementos tarifarios de este tipo, partiendo de la “buena fe” del empresariado autobusero al indicarle éste la cantidad de usuarios que transporta al día, sin que el ente regulador verifique la verdad de los datos que le entregan porque no lleva registros. Sinceramente, ¡inaudito!

Además, lo que podríamos denominar como una especie de complicidad de la Aresep con este empresariado autobusero , se agrava pues la denuncia habla de que tal situación se ha venido dando por 12 años sin que nada cambie; excepto, el golpe al bolsillo de la persona trabajadora que cada vez debe sacar más plata para pagar la tarifa de bus.

Adicionalmente, la gran cantidad de empresas autobuseras morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la condonación del pago de 2.800 millones de colones por concepto de cánones, pulverizan el mínimo de confianza que todavía quedaba en la Aresep y su papel en la fijación de la tarifa del transporte público modalidad autobús.

Pareciera sumamente necesario, además, que la ciudadanía, especialmente la que pertenece a la clase trabajadora, tenga noción clara de cómo está la propiedad del parque autobusero nacional; para determinar si los peligrosos procesos de concentración en el ramo que se han venido advirtiendo, han cooptado, totalmente, para su beneficio la política de la Aresep en esto de los incrementos tarifarios del pase de autobús, que pareciera ser de “no ver, no preguntar, no investigar, no verificar… sólo acceder”.

Por otra parte, el Consejo de Transporte Público (CTP), organismo del cual no poca gente desconfía en cuanto a su objetividad y transparencia, sigue sin darle audiencia a la ANEP. Atendiendo petición expresa de esta organización, el Ing. Sebastián Urbina Cañas, Viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), dirigió oficio fechado el pasado 23 de julio, No. VTSV-000286-2014 (6), al señor Mario Zárate Sánchez, Director Ejecutivo del CTP, para que se acceda a la audiencia pedida por la ANEP. Han pasado ya diez días hábiles y el CTP no responde. ¿Por qué negarse a otorgarnos esa audiencia?

La denuncia periodística de Diario Extra potencia más la necesidad de la audiencia pedida por la ANEP al CTP, pues se vuelve de trascendencia estratégica la conexión entre respeto pleno por parte del empresariado autobusero a las leyes de la Seguridad Social con la fijación tarifaria, aunque la Aresep ya no genere confianza alguna ni credibilidad al respecto.

Respuesta regional urgente a la crisis de menores migrantes

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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD)

Considerando:

La crisis humanitaria que padecen miles de niños, niñas y adolescentes de Centro América que buscan emigrar desde sus países de origen principalmente hacia Estados Unidos.

Distintos factores se combinan entre las causas de esta tragedia: la pobreza y exclusión, la falta de oportunidades, la desintegración familiar a causa de las migraciones, la violencia e inseguridad.

Que existe una corresponsabilidad entre los Estados de origen y sus sociedades, así como, en el momento actual, los países de tránsito y Estados Unidos.

Que, sin perjuicio de las respuestas estructurales y de largo plazo, es menester asegurar una atención inmediata de carácter humanitario con pleno respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes afectados.

Ante estas circunstancias,

1. Reconocemos el estado de migración forzada de estos niños, niñas y adolescentes a fin de asegurar sus derechos y garantías consignados en la Convención Internacional de los derechos del Niño, la Convención Internacional de Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares; así como los Documentos binacionales en materia migratoria, en especial el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en contra de la Violencia Fronteriza; los llamados “Arreglos bilaterales para la repatriación segura y ordenada”; y el Memorándum de entendimiento y arreglos bilaterales con países de Centroamérica.

2. Respaldamos el trabajo que realizan las Organizaciones y asociaciones de migrantes hispanos y les instamos a redoblar esfuerzos de presión a las autoridades norteamericanas para aprobar una política migratoria humana, que permita regularizar la situación de personas indocumentadas que han ingresado de manera irregular a territorio estadounidense.

3. Hacemos un llamado a los gobiernos centroamericanos, México y EEUU a armonizar políticas y legislaciones que permitan combatir las redes transnacionales de traficantes de persona, cuya acción delictiva constituye uno de los principales mecanismos de desplazamiento de migrantes.

4. Demandamos a los gobiernos de Centroamérica que diseñen y pongan en práctica políticas sociales urgentes para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de la población, acompañadas de programas y campañas de desincentivo migratorio, y que generen estados de opinión que neutralicen los estímulos a la migración.

5. Promover el desarrollo de una conferencia internacional por la niñez y adolescencia migrante que acuerde un programa integral que comprometa a la región, México, Estados Unidos y la Comunidad Internacional.

La RED LATINOAMERICA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA, exhorta a las autoridades de los países involucrados y a todas las personas con sentido humanitario a tomar acciones urgentes dirigidas a salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de las políticas económicas llevadas adelante por los gobiernos de turno, que sólo generan exclusión, vulnerabilidad y pobreza, así como la ausencia de políticas sociales que estimulen la esperanza en su país.