Categoría: Incidencia

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

Estamos seguros que la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, aprecia, admira y respalda su férrea posición patriótica contra la entrega del mercado nacional de telecomunicaciones y de energía, a las gigantescas transnacionales de los Estados Unidos de América. Su firme decisión, reiterada tantas veces, de que Costa Rica no entregará el ICE, honra los esfuerzos y los sueños de esos grandes patricios que nos legaron un país de oportunidades y una sociedad diferente de la que han carecido la mayoría de los pueblos hermanos latinoamericanos.

La historia le ha colocado en uno de los momentos más cruciales de la vida republicana de Costa Rica; mejor dicho, en el momento más transcendental de nuestra institucional desde que nacimos a la vida independiente, como Estado plenamente soberano, cuando el Dr. José María Castro Madriz, fundó la Primera República, en 1848.

En la posición que usted ha venido sosteniendo con relación al ICE, usted no está solo. Usted verá ese respaldo nacional expresarse de múltiples formas. Pero ahora, Sr. Presidente, la Patria la demandará un poco más de su valiente firmeza: Necesitamos que usted hable, con la misma contundencia que lo hace con la defensa del ICE; que hable de su posición firme en materia de propiedad intelectual, para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no sea destruida, al obligársele a comprar medicamentos patentados, a las no menos gigantescas transnacionales farmacéuticas estadounidenses.

Usted, Sr. Presidente, nos dijo en privado que tenía amplia claridad de los peligros que se ciernen sobre la Caja, si nuestro país se accedía a las pretensiones estadounidenses en materia de propiedad intelectual. Recordamos sus palabras en el sentido de que usted no quería pasar a la historia, como el “destructor social” de Costa Rica; refiriéndose, en sentido figurado y contrario, al papel del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que se concibe en la historia patria, como el “Reformador Social”.

Sr. Presidente, dígale a la ciudadanía, esa que le admira y le respeta por su patriótica firmeza en el caso del ICE, qué es lo que los Estados Unidos quiere en materia de propiedad intelectual y lo que ello representaría para la CCSS; aspecto también en el que usted, según nos la indicado, el país tampoco podría ceder. La obra del Dr. Calderón Guardia está en sus manos, Sr. Presidente.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Honorables señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa.
c.: Organizaciones de los sectores sociales costarricenses.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.

Estimado señor Ministro:

En los medios de comunicación colectiva, su autoridad ha propuesto un plan para eliminar la “duplicidad” en las instituciones del Estado, plan que a nuestro juicio llevaría al cierre de muchos programas sociales y de inversión que ejecutan las instituciones públicas. Tal iniciativa implica, por tanto, el despido masivo de miles de trabajadores y de trabajadoras que laboran en esas entidades.

Como usted entenderá, sus declaraciones, han caído como un balde de agua fría en la espalda de la gente que labora en el Sector Público y sienten, con razón, en sus declaraciones una seria amenaza a su fuente de empleo y sustento de sus familias; aparte de una descalificación subjetiva pero política (lo cual es muy serio), del trabajo que se realiza desde la perspectiva de servicio público.

Como usted entenderá, nuestra organización tiene afiliación en todo el abanico institucional y, consecuentemente, hemos recibido cientos de llamadas y visitas, exigiéndonos tomar una acción contra sus intenciones de cerrar programas e instituciones públicas.

Con el objeto de conocer el fondo de su propuesta a fin de tomar decisiones correctas y fundamentadas en datos creíbles, le rogamos a su autoridad, conforme al derecho que nos garantiza el Art. 27 de la Constitución Política y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se nos brinde la siguiente información:

¿Cuáles son los programas sociales y de inversión pública que se tiene previsto cerrar?; ¿Cómo se determinó tal selección?

¿A cuántas y a cuáles instituciones se va a afectar con su propuesta de eliminar esas supuestas duplicidades en las funciones públicas?

¿Cuántos empleados públicos se tiene previsto despedir para implementar su propuesta de cierre de programas e instituciones públicas?

or último deseamos se nos informe si su plan de cierre de programas e instituciones públicas y, por tanto, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras, cuenta con el respaldo del Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.

Sin más y agradeciendo su gentil atención, se suscribe de usted,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Jefes y Jefas de Fracción Parlamentaria, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y Trabajadoras Sector Público.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Asunto: A un año de RITEVE.

Estimado señor Presidente:

Cuando Telenoticias de Canal 7 mostró en vivo al país el desorden en las revisiones técnicas de vehículos por parte de RITEVE, usted dijo que no a la alcahuetería y le sacó la “tarjeta amarilla”.

Ante la presión pública y su “tarjeta amarilla”, el Consejo de Transporte Público (CTP), del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), multó a RITEVE con la ridícula suma de 66 millones de colones. Decimos ridícula porque, según nota del Lic. Juan Mena, Viceministro de Transportes del anterior gobierno, RITEVE se embolsaría, al cabo de diez años, 12 mil millones de colones de todos los y las costarricenses. Hoy queremos preguntarle públicamente: ¿Pagó ya RITEVE la multa al Estado?.

La información que poseemos es que, presuntamente, los funcionarios responsables de sancionar a RITEVE, tanto del Órgano Fiscalizador como del Consejo de Transporte Público, habrían cometido, supuestamente adrede, errores en el debido proceso contra RITEVE, para posibilitarle recurrir las sanciones.

Señor Presidente: A pesar de las publicitadas contribuciones a su campaña política del señor Marvin Herrera Alvarado, dueño de autobuses TUASA y socio costarricense de RITEVE; de las presuntas contribuciones y carta de agradecimiento que usted le enviara en la precampaña al Lic. Jorge Castro B; abogado de RITEVE y ex magistrado suplente de la Sala Constitucional; nosotros en ANEP queremos creer en su promesa de transparencia. Por eso, respetuosamente, le pedimos que se pronuncie públicamente sobre el estado de la sanción y multa a RITEVE.

Su promesa de transparencia sólo puede ser comprobada por todas y todos los costarricenses a través de los hechos. Por eso nos resulta incomprensible que después de su primera “tarjeta amarilla”, se hayan publicado otras anomalías de RITEVE y a usted pareciera se le “perdieron” las “tarjetas”.

Los incumplimientos de RITEVE, en lo que podría ser, eventualmente, un contubernio con ciertos jerarcas del MOPT y del CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO deben terminar.

RITEVE siempre ha incumplido. Desde el atraso en el inicio de sus operaciones, tolerado por el MOPT y por la Contraloría General de la República. RITEVE sigue incumpliendo con su contrato, como lo ha informado la prensa recientemente. RITEVE no cumplió con tener los ingenieros especializados e incorporados al colegio respectivo. RITEVE no respetó la Ley 7600 para personas con discapacidad, en sus revisiones a la flota de autobuses. RITEVE cohonestó el proceso irregular para su primera fijación tarifaria; como ya lo ha adelantado la Contraloría General de la República, en nota al diputado José Miguel Corrales Bolaños. Ante estas y otras anomalías, Señor Presidente, hemos extrañado su “segunda tarjeta amarilla”, y la “roja por acumulación”, como lo había usted prometido, en aras de su política de transparencia y de no-alcahuetería.

Para terminar queremos denunciar ante usted los siguientes hechos:

Como Director Ejecutivo del CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO, ente rector en materia de Revisión Técnica de Vehículos, se nombró con un alto salario, al exgerente del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, señor Renán Murillo Pizarro, destituido de ese banco a petición de la Contraloría General de la República.

El Lic. Jorge Castro Bolaños, exmagistrado suplente de la Sala Constitucional es, como públicamente se sabe, el abogado y notario más prominente de RITEVE, y de otras empresas autobuseras (como las de ex tesorero del Partido Liberación Nacional PLN, Sr. Oscar Alfaro Zamora, denunciado por un usuario en navidad por un presunto cobro ilegal de tarifas); así como de TRALAPA Ltda.

En el Juicio Contencioso Administrativo que el señor Renán Murillo Pizarro, acaba de interponer contra la Contraloría General de la República, su abogado personal es el mismo de RITEVE, el Lic. Jorge Castro Bolaños.

Señor Presidente: Todos estos hechos deben analizarse con transparencia ante la opinión pública. Demandamos una profunda investigación, sobre las actuaciones en torno a toda esta situación del Director del Consejo de Transporte Público, señor Renán Murillo Pizarro; también la de los miembros del Órgano Fiscalizador de RITEVE y del Consejo de Transporte Público, que no hayan denunciado las anomalías apuntadas.

Por todo lo anterior, el tan cuestionado, públicamente, contrato de RITEVE debe rescindirse. Existirían ya suficientes incumplimientos como para que usted le saque la “tarjeta roja” a RITEVE y cumpla con su promesa de no alcahuetería y total transparencia, sin necesidad de perjudicar al Estado (todos nosotros), con eventuales demandas.

Los 12 mil millones de colones que al cabo de 10 años se llevarían los españoles y sus socios ticos, mejor se los damos al INA, a los colegios vocacionales y a talleres costarricenses. Mejoremos la legislación y las penas por los incumplimientos, garantizando en manos nacionales una revisión técnica vehicular eficiente, suficientemente exenta de eventuales indicios de corrupción.

De esa manera los recursos que quedarán en Costa Rica y servirán para abrir nuevos horizontes a la juventud y al mayor número de costarricenses, asegurándoles el derecho constitucional al estudio, al trabajo y a una vida más digna.

Señor Presidente, tiene usted la palabra.

Con todo nuestro respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Javier Chaves Bolaños, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Archivo.

Estimada señora Diputada:

Entendemos que esta Comisión Especial que usted dirige, tiene la función de investigar y estudiar cualquier vínculo político o empresarial, relacionado con el consumo, tráfico de drogas y lavado de dinero.

En los últimos días, en importantes medios de prensa nacional, se han publicado sendos reportajes e informaciones sobre presuntos lavados de dinero, en nuestro país y se señalan entre ellas casas de apuesta y casinos.

También tenemos hoy en la opinión pública nacional, un escándalo en ciernes sobre en financiamiento privado a los partidos políticos, fundamentalmente con respecto al financiamiento de la campaña electoral del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Dado los peligros que para una sociedad conlleva el desarrollo de este tipo de negocios delictivos, es de nuestro interés conocer los informes, estudio e investigaciones, que la Comisión que usted dignamente preside, ha discutido o resuelto sobre este tema.

Sobre todo nos interesa saber si en relación a la financiación de las campaña electorales se ha detectado por parte de esa Comisión Especial legislativa algún tipo de financiamiento, vinculo o relación de partidos políticos con estos grupos delictivos; o en su caso los estudios e investigaciones realizados por esa Comisión donde se corrobore que, por dicha, ningún partido político ha sido penetrado por este modo de financiación.

Nos interesa saber si esa Comisión ha elevado a conocimiento de los tribunales de justicia alguna causa relacionada con el narcotráfico o lavado de dinero.

Nos interesa conocer qué proyectos de ley en materia de prevención del consumo y negocios ilícitos sobre narcóticos y lavado de dinero ha dictaminado esa Comisión; sobre todo si se ha tramitado o está en conocimiento de esa Comisión algún proyecto de ley que trate de la prevención de tráfico y consumo de drogas en la gente joven de nuestro país.

Dado que usted es presidenta de esta Comisión Especial Legislativa desde el mes de mayo del 2002 hasta la presente fecha, le rogamos se nos informe sobre el número de sesiones realizadas por esa importantísima Comisión, los temas discutido en ellas y el número de horas consumidas en estas reuniones.

Sin más y agradeciendo su atención, se suscribe cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Señores y señoras, Honorable Directorio Legislativo, Asamblea Legislativa.
c.:Señora y señores, diputadas y diputados, Jefes de Fracción Asamblea Legislativa.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Doctor
Eliseo Vargas García
Presidente Ejecutivo
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Su Despacho

Asuntos: – Contrataciones Privadas de Servicios de Vigilancia y otras en la CCSS. – Aplicación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), No.94 y directriz del Poder Ejecutivo, No. 34, en contrataciones privadas que se realizan en la institución.

Estimado don Eliseo:

Reciba en primer lugar un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En segundo lugar deseamos realizarle formal solicitud, para que por su medio se ordene una profunda investigación relacionada con las contrataciones privadas de servicios de vigilancia y otros servicios en la institución, que su persona tan dignamente dirige.

Esta solicitud obedece a que nuestra organización desea ser consecuente con las acciones emprendidas por esa Presidencia Ejecutiva, que no dudamos buscan acabar con acciones lucrativas en contra del sistema de seguridad social, por gentes inescrupulosas que se aprovechan de los mecanismos de contratación de servicios privados existentes para hacer “clavos de oro”, evadir responsabilidades con el sistema, colocando en riesgo a trabajadores de sus supuestas “empresas”, quienes no cuentan muchas veces con las mínimas garantías sociales y sí gozan de una gran inestabilidad y son seriamente explotados en sus empleos.

Consideramos que su autoridad tiene la valiosa posibilidad de orientar acciones correctivas al amparo de la legislación laboral vigente, tales como el relativo a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas según convenio No.94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fuera ratificado por el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, según directriz No.34 del Presidente de la República, los Ministros de la Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social, dada en San José a los ocho días del mes de febrero de dos mil dos.

Las irregularidades que se presentan y de las que previamente habíamos hecho del conocimiento del señor Gerente Administrativo de la institución Ing. René Escalante R., quien se comprometió a investigar tal situación sin que a la fecha conozcamos de acciones al respecto, situación que nos obligó a tomar otras medidas que consideramos necesarias, dada la seriedad del asunto que nos ocupa. Ilustramos con el caso de contratación de vigilancia privada en el Hospital Nacional de Niños del que deseamos resaltar lo siguiente. Las autoridades locales de ese importante centro hospitalario aceptaron licitar con la empresa SEVIN S.A. los servicios de vigilancia privada por un plazo de 1 año, prorrogable por 4 años mas en condiciones que resultan con un costo tal, que con lo cuesta contratar un agente de seguridad privado se lograrían contratar 4 o 5 agentes de seguridad públicos. En estas contrataciones millonarias las empresas como la mencionada no cumplen con lo establecido en el convenio No. 34 del Poder Ejecutivo, supracitados, tal es el caso de los salarios percibidos, las jornadas y los horarios entre otras obligaciones como el pago de horas extraordinarias, lo cual faculta a las autoridades institucionales a desistir de las contrataciones con estas empresas.

Por tal razón la ANEP solicita a su autoridad, realizar las gestiones necesarias para que las contrataciones privadas en la institución sean objeto de profunda investigación, empezando preferiblemente por el Hospital Nacional de Niños. Asimismo rogamos a usted crear directrices precisas de inmediato para que a la luz del Convenio No.94 de la OIT y la Directriz No. 34 del Poder Ejecutivo se realicen las futuras contrataciones que resulten absolutamente necesarias, cuando el servicio temporalmente no sea ofrecido de manera pública como resulta evidente, es más conveniente.

De antemano le reiteramos que nuestra representada apoyará toda iniciativa que busque el buen uso de los fondos públicos y mayormente es nuestra pretensión evitar el lucro con los recursos de la CCSS, tarea que conocemos, usted personalmente, se ha propuesto en su gestión. Agradeciendo su amable atención,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Giovanny Ramírez Guerrero
Responsable ANEP-Sector Salud

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c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor Presidente:

En primer término, le expresamos un atento y respetuoso saludo.

Según datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la inflación acumulada a julio cerró en un 5.18%.

Recientemente, señor Presidente, usted acaba de firmar un decreto ejecutivo imponiendo un ajuste de salarios para la clase trabajadora del Sector Público, de un 3.5% a la base.

Esto quiere decir, don Abel, que su administración ya le debe a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público, una diferencia salarial acumulada que ronda el 3.80%. Veamos porqué:

Considere Señor Presidente, que en este segundo semestre usted decretó un 3.5% y la inflación acumulada está cerrando a julio en un 5.18%, esto quiere decir ni más ni menos, que a la fecha se nos debe, de este segundo semestre un ajuste que ronda el 1.68%.

A este porcentaje de 1.68 %, debemos sumarle la deuda salarial que quedó sin reconocer del primer semestre de este año 2003, por el orden de un 2.12 ; promedios que sumados nos dan una deuda salarial acumulada, en su administración, del 3.80.

Por tal razón y con el ánimo de buscar se haga justicia con este grupo laboral y dado que usted es el timonel de Gobierno, le solicitamos e instamos formalmente, a abrir un proceso de negociación salarial, que le permita a la gente del Sector Público mejorar el poder adquisitivo de su salario y sobre todo, diseñar una política salarial que frene el proceso acelerado de empobrecimiento que experimenta este sector laboral.

Sin más y agradeciendo su atención, se suscribe de usted con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Ing. Alberto Dent Zeledón, Ministro de Hacienda.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Movimiento Sindical Costarricense
c.:Archivo.

Estimado señor Ministro:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Como es de su total conocimiento en la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, se tramita el proyecto de ley para ratificar el Convenio par la creación de la “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley” (ILEA, por sus siglas en inglés).

Mas allá de la oposición nuestra por asuntos geopolíticos y militares a este proyecto, nos preocupa de enorme manera los posibles gastos en que pueda incurrir el Estado costarricense, en momentos en que se nos dice a alta voz, por parte de autoridades de Gobierno y en especial por su Ministro de Hacienda, que en las arcas públicas no hay plata.

Dado lo anterior le solicitamos a su digna autoridad, con todo respeto, nos brinde los datos sobre los gastos en que incurrirá el Estado costarricense para sufragar los costos y gastos de tal entidad.

En especial nos interesa saber, además del monto de los gastos previstos, de dónde saldrán estos gastos; por ejemplo, si saldrán del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y de ser así, en cuánto afectaría esta presunta erogación el presupuesto de la institución confiada a su dirección.

Lo anterior nos preocupa dado que como a usted le consta, nosotros conocemos las dificultades financieras por las que atraviesa ese ministerio, mismas que se reflejan, entre otros factores, en la inseguridad que tanto desvelo causa a la ciudadanía.

Para nadie es un secreto, las penurias por las que atraviesan los distintos puestos de seguridad pública a lo largo y ancho de nuestro país: instalaciones en pésimas condiciones, no hay vehículos apropiados y suficientes para atender con prontitud y oportunidad la demanda de servicio de la ciudadanía; y ni qué decir de las penurias que sufren los destacamentos fronterizos.

Agreguemos el pésimo o mínimo mantenimiento que se le da a la flota vehicular existente. No hay repuestos ni combustible; en muchas delegaciones y puestos, los oficiales y policías tienen que vivir de la limosna ciudadana para equipar y echarle combustible a su carro.

Otro tanto corresponde a demandas salariales insatisfechas (sin considerar que el salario del policía de la Fuerza Pública no está a la altura de los tiempos, tanto en riesgos personales como en calidad de vida); así como en cuanto a condiciones laborales propiamente dichas. Por ejemplo, a los nueve mil quinientos operativos se le debe un retroactivo de marzo del dos mil uno a diciembre del 2001; hay una baja drástica en la dieta de los cuerpos policiales, café, almuerzo y cena. Esta situación se agrava aún más en los comandos de Los Chiles, Úpala, Sur, Norte, Atlántico, Sixaola, Valle la Estrella, por las condiciones de los roles de trabajo que en estos comandos se tienen que realizar.

Se llega a los extremos que la alimentación, tras de que es mala en cantidad y calidad, en muchos casos no alcanza para cubrir los diferentes roles, teniendo los oficiales que sacar de sus escuálidos bolsillos o ir a mendigar a la comunidad o a los comerciantes y empresarios, poniendo en juego la imparcialidad en el cumplimento de sus funciones. Además hay que plantearse el asunto del uniforme, en general, de los cuerpos policiales; serias limitaciones se tienen en este campo y se nos informa que únicamente se entrega un par de botas, pantalón y camisa al año, sin incluir medias y la camiseta blanca que se está exigiendo.

Y si el policía no está debidamente uniformado, es sujeto de amonestaciones verbales, amenazas de traslados y reportes por supuesta indisciplina. Y qué decir de los repudiables y escuálidos ajustes salariales que mediante Decreto Ejecutivo percibe toda la gente que trabaja en ese ministerio. Ajustes salariales de hambre.

A esto hay que agregarle la deuda que tiene el Ministerio de Seguridad Pública con muchas comunidades del país que están demandando vigilancia, sin recibir respuesta satisfactoria.

A todas estas demandas tanto ciudadanas como laborales, generalmente se les contesta con la famosa frase de que la plata no alcanza o no hay plata.

Entonces nos preguntamos: Si no hay plata para atender la demanda ciudadana de servicios de seguridad; si no hay plata para atender las razonables demandas laborales y de equipamiento que plantea la sacrificada gente que trabaja en ese ministerio; entonces cómo plantea el Poder Ejecutivo, gastar una importante cantidad de millones de colones anuales para los gastos de operación de una academia policial internacional.

¿No será mejor utilizar este dinero para darle un mejor servicio a la ciudadanía; dignificar la labor del policía y equipar adecuadamente los puestos policiales?…

Si algo nos queda claro señor Ministro, como lo hemos dicho, es que ya no nos pueden seguir engañando a la ciudadanía con el asunto de la escasez de recursos. Ya vemos que cuando se trata de financiar ciertos proyectos, la plata aparece y en cantidades admirables (consultorías, asesorías millonarias, indemnizaciones cuestionables, etc.). Por lo menos a esta organización nos deja mucha duda, como lo es financiar privatizaciones, tal y como ha sucedido con la escandalosa privatización del INCOP.

Finalmente, Sr. Ministro, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le consta los enormes esfuerzos de su autoridad y del distinguido grupo de colaboradores directos de su gestión, para hacer llegar a la institución que usted dirige, los necesarios recursos para satisfacer la creciente y crítica demanda por mayores y mejores servicios de Seguridad Ciudadana.

Estamos convencidos que la situación podría ser más crítica sin su presencia en el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, los argumentos de escasez de recursos para una cartera ministerial tan estratégica, se van desvalorizando día con día y la situación institucional se deteriora. Destinar los recursos suficientes para este tipo de servicio público, no es gasto; por el contrario, es inversión estratégica y eso es lo que no han logrado comprender la cadena de responsables políticos de la hacienda pública en los últimos gobiernos, por la ideologización económica que fundamenta su paso por el servicio público. Al presenciar esfuerzos para destinar parte de esos “escasos” recursos para fines que no son consustanciales a la naturaleza de los servicios públicos de seguridad ciudadana, según la perspectiva costarricense, nuestra sensación de desconfianza se incrementa y se fortalece.

Agradeciendo, anticipadamente, el valor de su atención y esperando su respuesta, nos suscribimos, reiterándole, el mayor de nuestros respetos, pese a las lógicas controversias presentes y futuras que sobre estos temas y otros podamos tener.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Julio Soto Vargas
Responsable
ANEP-Ministerio de Seguridad Pública

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Ing. Alberto Dent Zeledón, Ministro de Hacienda.
c.:Señores y señoras, diputados y diputadas, Comisión Mixta Legislativa de Pacto Fiscal, Asamblea Legislativa.
c.:Señores y señoras, diputados y diputadas, Comisión Permanente de Asuntos Internacionales, Asamblea Legislativa.
c.:Sres Diputados, Sras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Comisario Wálter Navarro Romero, Director General de la Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública.
c.:Comisionado Carlos Alvarado, Director General del Servicio de Guardacostas, Ministerio de Seguridad Pública.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y trabajadoras, Ministerio de Seguridad Pública.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de le Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial

Ingeniero
Alberto Dent Zeledón
Ministro de Hacienda
Su Despacho

Estimados señores:
Estimadas señoras:

En la portada del periódico El Heraldo, del día jueves 31 de julio de 2003, aparece la siguiente noticia: “Botan 500 millones de colones en consultorías. Grandes cantidades de dinero se invirtieron en asesoramientos sobre proyectos que no realizó el MOPT”.

Tal noticia no nos sorprende. Ya la “Comisión de Notables”, nombrada y borrada por decreto ejecutivo, así como esta organización sindical que nos honramos en representar, hemos insistido y denunciado el derroche de recursos que hace el Estado a través de las famosas consultorías, asesorías y procesos de concesión de obra pública y servicios.

La concesión o privatización del INCOP, es un claro ejemplo de lo oneroso que puede representar para el Estado, y en especial a todos los contribuyentes, un proceso de privatización.

Son miles de millones de colones los que por esta vía pasan fácilmente de la cartera pública a los bolsillos privados.

Tal derroche no parece inmutar a nadie y no falta algún diputado que justifique tales gastos en el hecho de que están sustentados en una ley. Por ejemplo, el señor Diputado Carlos Ricardo Benavides (PLN), justificó su voto para privatizar el INCOP, en el hecho de que la Ley de Concesión de Obra Pública lo permite. No importa que al Estado le resulte sumamente oneroso un proceso de privatización, o que dicho proceso conlleve el despido intrínseco de más de 1.700 trabajadores; 500 de ellos mal llamados “ocasionales”, sin prestaciones y sin indemnización alguna, y lo peor, sin posibilidad alguna de encontrar un empleo en Puntarenas. Lo importante es que la ley lo permita. Es decir, lo legal sobre lo moral. Los costos económicos y sociales, no importan, en la lógica neoliberal éstos salen sobrando.

Tal realidad y los dudosos números sobre la situación fiscal que un día sí y otro no, salen de la cartera de Hacienda, nos hacen dudar, enormemente, sobre la realidad fiscal del país y si realmente el Estado costarricense requiere de más plata para cumplir con sus objetivos.

Si con nuestro beneplácito se lograra llevar más plata a las arcas del Gobierno, quién nos garantizará que esta no sea para seguir financiando consultorías, asesorías, concesiones de obra pública y servicios y otros tipos de estados paralelos (CRUSA, FUCE), o la que se propone crear una vez ratificada por la Asamblea Legislativa, la famosa Escuela “Policial”.

O sea, más plata para que los políticos-empresarios de turno, sigan haciendo su festín con la plata de todas y todos los costarricenses.

Consideramos que el Gobierno de la República y su Ministro de Hacienda deben enviar un mensaje claro a la ciudadanía, en el sentido de que los nuevos recursos recaudados, tendrán como propósito apuntalar áreas neurálgicas para el desarrollo nacional, tales como la educación pública, la salud pública, la infraestructura (caminos, puertos y aeropuertos públicos), la seguridad ciudadana y el apoyo técnico y económico que necesita la agricultura, la pequeña y mediana empresa para dinamizar la economía local y garantizar fuentes de empleo estables y de calidad.

El Gobierno de la República, su Ministro de Hacienda, los señores diputados y las señoras diputadas, tienen que entenderlo y estar conscientes del problema. No sólo se trata de llevar recursos sanos a las arcas del Estado, se trata de que estos recursos sean invertidos en función del desarrollo nacional, en función del bien común y del interés público.

Si el dinero recaudado es para estos propósitos, y si además es aportada por aquellos sectores económicos que no pagan impuestos, cuenten con nuestro apoyo irrestricto; pero si los nuevos recursos, aún siendo aportados por los que hoy no contribuyen con el Estado, tienen como objetivo seguir por este camino de asesorías, consultorías, privatizaciones, en fin el desarrollo y fortalecimiento de toda una red privada que se beneficia directamente y a manos llenas del erario, no cuenten con nosotros.

Es hora de detener este despilfarro, este traslado bochornoso de fondos públicos a manos privadas. Es hora de ponerle coto al desarrollo del “estado paralelo”, que el neoliberalismo está gestando en Costa Rica,

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Sres y Sras, Consejo de Gobierno de la República.
c.:Jefes y Jefa de Fracción Asamblea Legislativa.
c.:Diputados y Diputadas, Asamblea Legislativa
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Asunto:
Posición de la ANEP, ante la propuesta de Reestructuración de la Dirección de Obras del A y A.

Honorables Directivas:
Honorables Directivos:

Reciban, en primera instancia, un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Esta respetuosa misiva es con la finalidad de manifestarle a esa honorable Junta Directiva, algunas consideraciones respecto a la propuesta de reestructuración de la Dirección de Obras Rurales, presentada por la Sugerencia General y que, entendemos, ha sido ya del conocimiento de sus distinguidas personas.

Sobre el particular, nuestra organización sindical solicitó ser atendida en audiencia por parte de ese cuerpo colegiado, cuando en su oportunidad dicha propuesta no había sido del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores de la mencionada dirección; proceso de consulta y discusión sumamente necesario, no sólo para garantizar la legitimidad, sino la identificación del personal para con la interesante propuesta.

A pesar de que no se concedió la audiencia pedida, agradecemos la gentileza de enviarnos el respectivo documento y, especialmente, resaltamos la circunstancia de que el mismo fuera sometido a conocimiento del personal involucrado.

Así las cosas nuestra organización sindical se permite, respetuosamente, exponer las siguientes observaciones de fondo y de forma sobre la propuesta.

Primero: Toda iniciativa de reestructuración institucional busca, en esencia, redefinir acciones y políticas para responder eficaz y eficientemente a actuales y futuros desafíos, lo que se conoce en el argot de los administradores como un remozamiento en el modelo de gestión institucional; aspecto de fondo en el que coincide tanto la administración institucional del A y A, los trabajadores y en particular, las organizaciones sindicales.

Segundo: Toda propuesta en este sentido, sea de reestructuración, regionalización o de desconcentración, deberá de sustentarse en un riguroso diagnóstico; mismo que determinará, en esencia, la propuesta necesaria que responda efectivamente al objetivo. (En nuestro criterio la regionalización y la desconcentración son las líneas de trabajo que debería aplicar la institución, pues ha sido la tendencia en los últimos años); Valga indicar que esta es la fase más importante del proceso, pues si esta es deficiente o inexistente, ningún proceso de regionalización, desconcentración o reestructuración alcanzará los objetivos propuestos.

No obstante, como ANEP, no conocemos si realmente existe el requerido diagnóstico que fundamente la propuesta, ya que de no haberlo, obviamente, haría inviable tanto política como jurídicamente la iniciativa de reestructuración.

Tercero: Hasta donde entendemos, la propuesta de la Subgerencia General se fundamenta en el Informe de Auditoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, AUE 038-2000, mismo que hace referencia a la revisión y análisis de la ejecución presupuestaria de 1998; informe que no justifica la iniciativa de la reestructuración, ya que no es un diagnóstico y que, en todo caso, como un simple informe esta desactualizado.

Cuarto: La propuesta de reestructuración presentada a la honorable Junta Directiva no se conceptualiza, según nuestro criterio, en la globalidad de las políticas institucionales como parte del todo. No obstante, sí implica la supresión y/o unificación y creación de nuevas áreas; y obviamente una nuevo reordenamiento en tanto en las finanzas como en el recurso humano.

Quinto: Toda propuesta de reestructuración debe de apegarse, estrictamente, a los lineamientos generales, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), mismo que al final del proceso llevado por la institución, deberá avalarlo o rechazarlo.

Sexto: Es importante señalar que desde el punto de vista jurídico la propuesta de reestructuración debe, obligatoriamente, apegarse a la Ley 7668, con lo cual se garantiza la participación de las trabajadoras y de los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales. Al respecto es importante señalar que una reestructuración contempla, implícitamente traslado de personal, asignación de nuevas funciones, despidos de mutuo acuerdo y en última instancia despidos forzados; razón por la cual se debe de garantizar la participación de las organizaciones sindicales que, además de representar legítimamente la tutela de los derechos laborales de la población laboral involucrada, nos corresponde con la propuesta y la acción, asegurar el fortalecimiento institucional, mediante la implementación de las políticas, emanadas de las autoridades institucionales.

Sétimo: Es de vital importancia señalar los principios que rigen, en esencia, a la institución. De manera concreta nos referimos a la inversión social que mediante el modelo mixto A y A y Asociaciones de Desarrollo de Acueductos Rurales y Alcantarillado (ASADAS), se viene impulsando; considerando que sus buenas intenciones podrían desnaturalizarse si no hay una claridad estratégica de lo que significa el servicio de acueductos y alcantarillados; pues no debería descartarse que aquí haya un riesgo de privatización promovido por la misma institución.

De tal manera que si bien podríamos afirmar que las onerosas inversiones realizadas por esta estratégica institución a través de la Dirección de Obras Rurales, no son recuperadas en términos económicos, ello no constituye justificación alguna, para la implementación de la reestructuración; ya que las ganancias obtenidas lo son la inversión social.

Octavo: Admitimos que es de suma preocupación las directrices de limitaciones en el orden económico que ha venido experimentando la institución, con lo cual se ha estado afectando el trabajo operativo cotidiano de manera general, pero muy sentido en la Dirección de Obras Rurales, lo que pudiera entenderse como forma de estrangulamiento de dicha dirección para que de forma solapada se implemente la reestructuración.

Finalmente,reiteramos nuestra complacencia por el loable interés de la Subgerencia General en su afán de fortalecer la Dirección de Obras Rurales; no obstante, nuestro cuestionamiento se da en el fondo por la argumentación y la forma en que se viene desarrollando el proceso, mismo que puede generar un riesgo de polarización de las posiciones con consecuencias impredecibles. Como es lógico suponer, la forma en que se ha manejado esta situación hace que el personal de dicha dirección experimente un clima laboral de exaltación, ante la zozobra y la incertidumbre a la que se somete al recurso humano, cuando se está en un proceso de reestructuración seriamente cuestionado.

Así las cosas, es prudente y necesario dar el tiempo requerido que permita consensuar una propuesta, de tal manera que se evite un mandato imperial desde la honorable Junta Directiva, que si bien le corresponde debatir, y aprobar o improbar las iniciativas que sustentan las políticas institucionales, en nuestro caso particular la propuesta no goza de un riguroso diagnóstico que le dé sustento. De igual manera, no se apega a lo que estipula el MIDEPLAN, con lo cual se asumen errores de procedimiento que a nuestro modesto criterio, deben ser subsanados y que incluso podrían terminar siendo debatidos en sede constitucional.

En espera de que nuestras observaciones y aportes contribuyan en este importante proceso, nos despedimos cordialmente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Directivo Nacional
Responsable ANEP-A y A

Joaquín Rojas Chacón
Delegado ANEP-ICAA

—-
c.: Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
c.: Ing. Everardo Rodríguez Bastos, Presidente Ejecutivo, A y A.
c.: MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General, A y A.
c.: Junta Directiva ANEP.
c.: Trabajadoras y Trabajadores A y A.

Estimados señores:

Con base en el espacio político abierto por el Gobierno de la República para discutir con los Sectores Sociales distintos ámbitos de la agenda nacional del país, de interés general para toda su ciudadanía; a raíz del acuerdo que a nombre del Poder Ejecutivo suscribieron los señores Ministros de Estado en las carteras de Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social, con el Movimiento Sindical Costarricense, en la madrugada del jueves 4 de junio del 2003, las entidades suscriptoras del presente documento expresan a ustedes, con todo respeto, su visión acerca del proceso de diálogo que por medio de este acto y a raíz de la convocatoria respectiva formulada por sus autoridades, se abre en este instante. Es importante indicar que las representaciones organizadas firmantes, expresan la posición de un conjunto mucho más amplio de entidades de la sociedad civil coaligadas para la presente situación.

NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LOS ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

1. EL SIGNIFICADO DE LOS ACUERDOS

Consideramos que los acuerdos alcanzados entre organizaciones sociales y el Gobierno de la República representan un hecho político que fortalece la democracia, contribuyendo así a la defensa de la institucionalidad, de la gobernabilidad y de la paz social.

Tales acuerdos amplían espacios y canales de diálogo y acuerdo, más allá de espacios que ya existen y que están siendo utilizados por diferentes organizaciones, pero que para nuestro caso resultan insuficientes. Se garantiza así espacios de mayor pluralidad y efectividad en la participación, en la discusión y en la generación de acuerdos.

Los acuerdos representan la oportunidad de debatir las expectativas de país que tienen los diversos sectores sociales.

Los acuerdos obligan al conjunto de organizaciones sociales a aportar de forma constructiva y propositiva, en las instancias definidas para el proceso.

Los acuerdos legitiman los procesos particulares que diversas organizaciones sociales han desarrollado en torno a los temas a ser discutidos.

2. PROPUESTA PARA ABORDAR EL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El proceso a desarrollar por la Comisión debe reunir las siguientes características:

Debe ser multisectorial.

Debe ser un proceso verificable, con una metodología o sistema de trabajo definido.

Si bien la Comisión de Alto Nivel debe ser permanente, los temas a ser discutidos deben contar con plazos razonables previamente definidos, que permitan determinar acuerdos y que éstos deben ser vinculantes.

Debe permitir la evaluación de los mecanismos desarrollados por el Gobierno frente a los diversos temas abordados.

Debe desarrollar mecanismos de incorporación de esos acuerdos y propuestas a las políticas públicas y al proceso de negociación del TLC.

Debe estar integrado por representantes con capacidad de decisión política, tanto del Gobierno y de las organizaciones sociales.

Proponemos asumir la agenda de trabajo de la Comisión de Alto Nivel, iniciando por el TLC, como la base para llevar a cabo un diálogo fructífero que beneficie a la sociedad costarricense.

La Comisión de Alto Nivel se dará su propia forma de organización y metodología que le permita administrar eficientemente el proceso.

Reiteramos la importancia de propiciar el Diálogo Nacional, tantas veces propuesto por los sectores sociales, de forma que permita avanzar hacia una sociedad inclusiva, de carácter solidario y fundamentada en el bien común y considerando que en este proceso, necesariamente, deberán involucrarse otros sectores más allá de los que se representan en este acuerdo.

Tanto los acuerdos que emanen del proceso sobre el TLC, como del Diálogo Nacional, deben favorecer una visión de desarrollo solidario, incluyente y fundamentado en el bien común.
Por los Sectores Sociales firmamos en hoja anexa:

Gilbert Brown Young
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
(CRTN)

Harys Regidor Beltrán
Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP)

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP)

Isaac Rojas Ramírez
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
(FECON)

Jorge Arguedas Mora
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE
(FIT-ICE)

Ana Felicia Torres Redondo
Movimiento de Mujeres

Roland Esna Williams
Federación de Trabajadores de Limón
(FETRAL)

Carlos Hernández Porras
Mesa Nacional Campesina

Rafael Mora Solano
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP

Jorge Segura Arias
Mesa Financiera

Xiomara Rojas Sánchez
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses
(SITECO)

Ricardo Segura Ballar
Consejo de Defensa de la Institucionalidad
(CDI)

Gilberth Bermúdez Umaña
Coordinadora de Sindicatos Bananeros
(COSIBA)

Alvaro Alberto Salazar Morales
Frente de Organizaciones Sindicales y Sociales del Sector Salud
(FOSSS-FETSALUD)

Luis Chavarría Vega
Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social
(UNDECA)