Candidatos buscan modernizar y mejorar la municipalidad de Alajuela

La Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela realizó con éxito el debate de los candidatos a la alcaldía en el cantón central de la provincia.

La actividad realizada en el Teatro Municipal de Alajuela, contó con la presencia de al menos 100 personas, quienes estuvieron atentos a las propuestas que dieron a conocer algunos de los candidatos interesados ocupar el puesto de alcalde.

Oscar Mora Cruz, presidente de la seccional, ANEP-Municipalidad de Alajuela explicó que los participantes además de dar a conocer las propuestas enfocadas en la comunidad, también debatieron acerca de prácticas para mejorar la alcaldía.

Algunas de ellas fueron modernizar la municipalidad, mejoramiento de los salarios y la integración de los funcionarios en los procesos.

“Inicialmente se convocaron a los once candidatos y solamente asistieron cinco representantes del Partido de los Trabajadores, Renovemos Alajuela, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio y Renovación Costarricense”, dijo Mora.

Para la seccional la brecha entre los candidatos es mínima y los asistentes demostraron capacidad y coherencia para dirigir la municipalidad.

El capital contra los Derechos Humanos

Absolutamente, hay ya claridad de cuáles son los dos polos opuestos que, en estos momentos, caracterizan la dicotomía, la confrontación social en desarrollo, el enfrentamiento de clase que estamos viviendo en la sociedad costarricense.

Por un lado, están los valores eternos de los Derechos Humanos, proclamados universalmente y que, en el caso costarricense, han sido adoptados en todas y en cada una de sus declaraciones universales y continentales.

El otro polo, es que ha venido impulsando y desarrollando la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que ha venido desplegándose en contra del Empleo Público y todo lo que le rodea, de manera periodísticamente editorializada vía noticias cargadas ideológicamente, por parte de los latifundios mediáticos de la hegemonía representada en el capital neoliberal.

Si, por ejemplo, reparamos en las tropelías que ha venido cometiendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en contra de la institucionalidad jurídica de orden constitucional expresada en los principios de la Negociación Colectiva y los Derechos Laborales; llegando al nivel de prevaricato en la emisión de resoluciones de su Intendente de Energía…

Si, a la vez, reparamos en el más reciente ataque de la señora Contralora General de la República en contra de principios fundamentales de la Libertad Sindical consagrados en la legislación internacional obrera de obligada observancia por parte de nuestro país al haber ratificado, vía legislativa, los correspondientes convenios OIT…

Si notamos la oposición rotunda del capital neoliberal y su expresión corporativo-gremial en contra del proyecto de ley para establecer el Salario Mínimo Vital para la clase trabajadora asalariada del sector Privado…

Si estamos notando cómo se le hace el juego al dinero sucio, especialmente el proveniente del narcotráfico y el crimen organizado, al oponerse al registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas…

Si ha quedado claro que las monstruosas y gigantes cifras del fraude fiscal y del robo de impuestos son la fuente fundamental del indetenible proceso de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.

Si del déficit fiscal no se puede culpabilizar a quienes laboran asalariadamente, pues la clase trabajadora paga, puntual y rigurosamente, los dos principales impuestos del sistema tributario costarricense: ventas y renta; y, además, ni tiene sociedades anónimas ni tampoco recibe exenciones y/o exoneraciones…

Entonces tenemos que, en cada una de las circunstancias arriba anotadas, analizando sus factores sociales y económicos e, incluso, sus derivaciones político-ideológicas; la contra cara la representan los contenidos de los importantes instrumentos del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos que Costa Rica pregona defender, allende de nuestras fronteras pero que, hacia adentro, estamos violentando todos los días.

Si nos pusiéramos a analizar estos documentos, nos quedaríamos atónitos acerca del grado de deterioro de nuestra propia convivencia social y de cómo la violación a los Derechos Humanos en Costa Rica es cosa de todos los días:

  • La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
  • La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Lo más espantoso es que importantes entidades de la propia institucionalidad republicana costarricense, supuestamente concebidas para la más armoniosa convivencia democrática con inclusión social, hoy se hayan convertido en una especie de institucionalidad “sicariática” de los Derechos Humanos; dada su subordinación a la línea ideológica de esos latifundios mediáticos del capital neoliberal, en contra y en negación de preceptos fundamentales de los cuatro tratados mencionados, firmados y ratificados, legislativamente hablando, por nuestro país; abrogándolos, de facto, sin haber pasado, por ejemplo, por el parlamento.

Estamos absolutamente convencidos de que apenas estamos empezando, pese a todo lo que ha venido pasando, a ver la naturaleza perversa de una especie de campaña de exterminio para con todos esos valores de convivencia civilizada representados en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Y no es una cuestión nacional meramente. El Papa Francisco lo viene planteando, lo viene denunciando, lo viene señalando. Los más significantes valores de inclusión social inherente a los principios filosóficos del Humanismo Cristiano, reflejados en estos tratados internacionales de Derechos Humanos (y en la propia Constitución Política de Costa Rica), representan contenidos inobjetables de que la lucha cívica social y sindical que venimos desplegando es la correcta; y que, la iracundia del ataque del otro lado, la invisibilización mediática a que es sometida la opinión que les contradice; el escarnio, la infamia y la burla, y, hasta las amenazas de muerte, ratifican y confirman que las banderas legítimas de la justicia social son las que se enarbolan de este lado: el lado de los Derechos Humanos.

Una firma por La Caja: ¡Pongamos un alto a la impunidad en la CCSS!

Le urgimos al Ministerio Público justicia y pronta y cumplida para salvar lo que es de todos y todas. El 24 de mayo del 2012, trece jerarcas de la Caja fueron denunciados penalmente por delitos muy graves contra la Seguridad Social, que llevaron al descalabro financiero de la Institución y que hoy se reflejan en falta de insumos y equipamiento médico.

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Posteriormente, la Asamblea Legislativa de Costa Rica pidió la destitución de seis de estas personas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que había fundamento para una investigación del Ministerio Público.

Sin embargo al día de hoy no se aprecian avances concretos del Ministerio Público y estas personas seriamente cuestionadas continúan al frente de la institución, mientras los servicios de salud empeoran.

Por ello, los y las habitantes de Costa Rica que firmamos esta petición, instamos vehementemente al Fiscal General de La República, Señor Jorge Chavarría para que:

Explique las razones que justifican que 4 años después no se haya dictado una resolución conclusiva para llevar el expediente a la siguiente etapa del proceso.

Utilice las vías que el ordenamiento jurídico contempla para fijar plazos a los fiscales instructores de la causa con el propósito de que se finalice la investigación, y la sumaria pueda ser puesta en conocimiento del Juzgado Penal competente para lo de su cargo.

Por último, a no olvidar que los principios de tutela judicial efectiva y justicia pronta y cumplida son pilares de la democracia.

No existe ninguna justificación para esta tardanza, y cada día que pasa sin que el Ministerio Público cumpla sus obligaciones es un atentado contra el pilar de la democracia de Costa Rica. ¡EXIGIMOS ACCIÓN YA!

Es importante contar con presupuesto para MSP, pero es necesario que sea bien administrado

Entendemos la actividad policial; la conocemos desde el campo, en zonas urbanas y en operaciones de montaña; sabemos la importancia de contar con equipo de calidad y en cantidad suficiente a efectos de poder desempeñar, adecuadamente, la función de seguridad ciudadana.

Tenemos claridad en la importancia de contar con buenos vehículos; pero, igual, con adecuado mantenimiento. No puede ser que se dejen deteriorar patrullas por problemas como el radiador, el conjunto de cloucth, rótulas, fibras y otros problemas menores de mantenimiento y de reparación.

Hemos insistido en la necesidad de brindar preponderancia al recurso humano, ya que las maquinas jamás sustituirán al hombre, y menos en materia de seguridad ciudadana. El presupuesto debe contemplar mejoras en infraestructura, equipo de cómputo, uniformes en cantidad y calidad, botas, focos led, y buenas armas (compatibles con el equipamiento bélico que utiliza el crimen organizado).

¿Cómo se le podrá explicar a algunos jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, y a algunos mandos superiores de la Fuerza Pública, que los y que las oficiales que caminan por las calles, de sol a sol, tienen derechos laborales que les asisten? Entre ellos, el contar con las adecuadas herramientas para la realización de su trabajo. ¿Cómo hacer que entiendan que estos no son “payasos” para hacer reír al público, al salir al servicio con zapatos rotos, uniformes desteñidos y armas de antaño (38)?

Millones de colones se presupuestan para la compra de uniformes, camisas, pantalones, botas, tenis para policleto, fundas para chalecos, jackets, entre otros insumos; que muchas veces se deterioran en saldos de inventario en el almacén institucional del MSP, al mismo tiempo que nuestros y nuestras policías deben estar “mendingando” por uniformes y botas.

Al día de hoy, tenemos constancia de que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional, y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.

Así queda evidenciado en diferentes informes de la auditoria interna del MSP, entre estos, los siguientes: N° AGSP/SA-A01-44-2013, AGSP/SA-01-1214-2014, AGSP/GA-01-241-2014, AGSP/SA-21-980-2015, AGSP/SA-16-398-2015, AGSP/SA-01-1045-2015, todos en nuestras manos. ¡Sí!, existen problemas en la gestión de las compras y distribución de recursos y así lo hemos constatado en nuestras giras por distintas delegaciones del país.

Se vienen comprando muchos vehículos. ¡Eso está bien! Lo que no está bien es que al poco tiempo estén en desecho por falta de mantenimiento; tampoco está bien que se queden aparcadas por falta de personal. Paradójicamente, por el más mínimo raspón, el policía conductor de una patrulla es procesado disciplinariamente; pero cientos de patrullas (activos adquiridos con fondos públicos) se deterioran por falta de mantenimiento… y nadie es sancionado.

Existe mucha necesidad en Seguridad Pública. Por eso en ANEP hemos defendido el presupuesto para esta cartera; pero también exigimos que se hagan buenas inversiones; y sobre todo, que con ellas se brinden buenas condiciones a nuestros y a nuestras policías.

Convocatoria Oficial a Asamblea General Nacional Ordinaria de Medio Período

La Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP, en su sesión de carácter ordinario número 2031, celebrada el viernes 4 de diciembre de 2015, mediante Acuerdo Firme, número 2, convoca oficialmente a las personas afiliadas a nuestra organización, tanto del Sector Público como del Sector Privado, a Asamblea General Nacional Ordinaria de Medio Período; la que se celebrará el próximo sábado 27 de febrero de 2016 en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en calle 20, San José.

Cumpliendo con lo estipulado en el artículo 16 de los Estatutos que rigen a la ANEP, las convocatorias serán de la siguiente manera:

Primera Convocatoria: Sábado 27 de febrero de 2016. Hora: 7:00 a.m. se debe contar con un quórum de las dos terceras partes de las personas afiliadas; caso contrario se fija segunda convocatoria.

Segunda Convocatoria: Sábado 27 de febrero de 2016. Hora: 8:00 a.m. se debe contar con un quórum de la mitad más uno de las personas afiliadas; caso contrario se fija tercera convocatoria.

Tercera Convocatoria: Sábado 27 de febrero de 2016. Hora: 9:00 a.m. Hará quórum el número de personas afiliadas que concurran.

En la agenda se incluirá, entre otros asuntos, los siguientes:

Nombramiento del Órgano Fiscalizador: el cual consta de tres puestos: Fiscal General, Fiscalía Adjunta Primera y Fiscalía Adjunta Segunda. La postulación debe ser mediante papeleta y deberá inscribirse ante la Comisión Electoral 8 días hábiles antes de la Asamblea. Quienes se postulen en la papeleta deben tener un período mínimo de afiliación de 3 años consecutivos, costarricense por nacimiento o naturalización, mayor de 15 años y no puede aparecer en 2 o más papeletas simultáneamente. La Comisión Electoral actualmente en funciones recibirá las correspondientes papeletas de candidatura al Órgano Fiscalizador, a las 17 horas (5 de la tarde), del día miércoles 17 de febrero de 2016, en las instalaciones de la sede central de la organización; indicando nombre completo, dos apellidos, número de cédula de identidad e institución de pertenencia.

Nombramiento de la Comisión Electoral: está conformada por 5 integrantes. Se eligen entre las personas afiliadas presentes en la Asamblea, que tengan como mínimo 6 meses de membresía.

Informes:
Informe de Labores de la Junta Directiva Nacional (JDN), período 2013-2017. Informe de Administración y Finanzas. Informe del Órgano Fiscalizador saliente.

El descontrol de los controles

Preocupa sobremanera la arbitrariedad con la que está actuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en el ejercicio de sus potestades de control tarifario, en particular en lo que refiere a derechos laborales nacidos de convenciones colectivas de trabajo.

El no reconocimiento de gastos vinculados a derechos laborales en el ajuste de tarifas de servicios, so pretexto de que tales gastos son incompatibles con el concepto de servicio al costo, no tiene sustento técnico ni legal alguno.

Muy por el contrario, la exclusión de este tipo de gastos en el cálculo tarifario atenta contra el equilibrio financiero de las empresas públicas y socava las bases de su sistema de relacionales laborales.

Razonamientos torcidos: En recientes resoluciones tarifarias, la ARESEP ha negado a varias empresas públicas, la aprobación de gastos inherentes a los costos de producción que tienen que ver con derechos laborales de origen convencional, argumentando razonamientos de suyo torcidos.

Para empezar, la ARESEP desconoce la naturaleza jurídica de que goza la convención colectiva. En sus argumentaciones, el ente regulador sostiene que la convención colectiva es un “contrato jurídicamente válido” cuando lo correcto es que el convenio colectivo es ley profesional.

Este error de bulto en que incurren las autoridades reguladoras, les conduce a conclusiones jurídicas ya no sólo equivocadas, sino también contrarias a la propia Ley Reguladora de los Servicios Públicos, misma que en su artículo 6 les obliga a velar porque las empresas reguladas “cumplan con las leyes laborales”.

La ley, lejos de facultar a la ARESEP a desconocer las obligaciones laborales que tienen las empresas que han suscrito convenios colectivos con sus trabajadores, le impone a las autoridades reguladoras el deber de velar que aquellas cumplan con las obligaciones pactadas en las convenciones colectivas.

Por otro lado, argumentar, tal cual lo hace el ente regulador, que los costos inherentes al factor trabajo y en particular, aquellos relacionados con derechos laborales pactados en convenios colectivos, no tienen relación directa con el servicio prestado, supone un razonamiento contrario a la lógica empresarial y productiva.

Por lo demás, en sus resoluciones la ARESEP no explica, ni mucho menos razona, cuáles son los criterios que le permiten determinar cuándo un gasto relacionado con derechos laborales debe ser considerado ajeno a la estructura de costos de producción de cada empresa.

Al parecer esa vinculación entre el gasto y el servicio es determinada por criterios antojadizos, moldeados según sean los intereses de los grupos de poder que presionan al ente regulador. Esta situación explica el porqué, lo que durante años ha sido autorizado por la ARESEP sin cuestionamiento alguno, hoy no goza de su venia.

Ciertamente, la ARESEP a la hora de fijar las tarifas de los servicios públicos que regula, puede objetar gastos excesivos o desproporcionados que impacten en el precio del servicio público. Pero este no ha sido el motivo que ha justificado el desconocimiento de los costos laborales reportados por empresas como RECOPE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

En estos casos, la exclusión se ha dado sin otro fundamento que el ser gastos vinculados con los convenios colectivos suscritos por las empresas con sus trabajadores. Una exclusión automática que expresa negación a ultranza del instrumento normativo, no obstante de ser este un derecho fundamental que emana de la propia Constitución Política y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Subordinación mediática: Ya que el marco normativo que interviene en todo este asunto no ha sufrido modificación alguna, la posición novedosa que asume la ARESEP no tendría explicación, a no ser por la deliberada coincidencia que tiene con la arremetida que han emprendido ciertos medios de comunicación corporativos contra el empleo público.

Los gastos vetados por el ente regulador para la fijación tarifaria son los mismos que ha reconocido anteriormente en infinidad de ocasiones. Nunca antes los responsables de los estudios tarifarios habían echado de menos la fundamentación ni técnica ni jurídica que los justificaban.

Es fácil constatar, que la posición asumida por las autoridades reguladoras obedece a decisiones meramente políticas que hacen eco de las diatribas mediáticas que acusan a las convenciones colectivas de ser receptáculo de prebendas laborales. La entidad ha incurrido en una vergonzosa subordinación mediática que entra en componenda con los intereses de determinados grupos de poder y que amaña por completo todo el sistema de controles de la gestión pública.

La responsabilidad de los responsables: Si por gracia concediéramos razón a los argumentos de la ARESEP, necesariamente habrá que preguntarse dónde queda la responsabilidad de las autoridades reguladoras que, año tras año, han autorizado en el ajuste tarifario de los precios de los combustibles o del servicio eléctrico gastos supuestamente improcedentes.

Tanto el señor Regulador como el actual Intendente de Energía llevan años en sus respectivos cargos, sin que hasta ahora hubiesen señalado irregularidad alguna. Sobra decir que la responsabilidad de semejante desaguisado sería ineludible.

No obstante, preocupa más la responsabilidad a la que quedan expuestas las empresas públicas ante el eventual incumplimiento de los convenios colectivos. Inquieta aún la responsabilidad que asume el país frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cuanto la actuación de la ARESEP supone una conducta administrativa violatoria de los Convenios 87 y 98.

Corresponderá a los sindicatos suscriptores de las convenciones colectivas, y a los propios trabajadores que se puedan ver afectados, el hacer valer la responsabilidad de los responsables.

Comparecencia de Mainor Anchía ante Comisión de Ingreso y Gasto Público

Durante la comparecencia Mainor Anchía indicó que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.

Así queda evidenciado en diferentes informes de la auditoria interna del MSP, N° AGSP/SA-A01-44-2013, AGSP/SA-01-1214-2014, AGSP/GA-01-241-2014, AGSP/SA-21-980-2015, AGSP/SA-16-398-2015, AGSP/SA-01-1045-2015, en manos de la Seccional ANEP-Fuerza Pública. Tanto los citados informes de la auditoria interna, como algunos documentos de la Contraloría General de la República, dan cuenta de los problemas en la gestión de las compras y distribución de recursos y “así lo hemos constatado en nuestras giras por distintas delegaciones del país”.

ANEP llama a votar en elecciones municipales

La democracia costarricense, como institución y como proceso histórico, desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ha demostrado su estabilidad y fortaleza, lo cual ha sido, sin ninguna duda, un factor de desarrollo humano, social y económico.

Los diversos actores sociales y la ciudadanía han aceptado las reglas y los resultados de la decisión popular en cada proceso electoral; y los resortes y contrapesos de las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado su papel de control político, en mayor o menor medida.

Las próximas elecciones municipales de este domingo 7 de febrero de 2016, para alcaldes, regidores y síndicos; la de alcalde tan reciente, apenas desde 1998; y, más reciente todavía, la separación de las elecciones municipales de las presidenciales y de diputados; demuestran que las instituciones democráticas van cambiando con el tiempo, que el perfeccionamiento de éstas es un proceso y que, de ninguna manera, se puede dar por acabado.

Pero para que nuestra democracia y sus instituciones funcionen, debe fortalecerse también la ciudadanía. Toda persona, sin importar su condición o estrato socioeconómico, es una pieza importante en el tejido de la nación, todos y todas somos importantes.

Fortalecer la ciudadanía es ir a votar y, algo más: es también ser actor y vigía de las acciones que ocupan los funcionarios elegidos popularmente; es ser promotor de proyectos, ideas, agendas de trabajo para que sean implementadas a nivel local. Ser ciudadano es comprometerse, hombro con hombro, con nuestra comunidad y el trabajo de los gobiernos locales.

Por ello, en las próximas elecciones municipales, la ANEP mantiene su autonomía e independencia de las diversas opciones partidarias, sean cantonales o nacionales; eso sí, celebrando que existen diversidad de opciones y alternativas, y alentando a que todo ciudadano y ciudadana participen con libertad de conciencia en dicho proceso, el cual fortalece nuestra democracia.

La independencia partidaria de la ANEP nos permite alejarnos de cualquier compromiso político, y nos permite coincidir con cualquier acción positiva, cívica y honesta, venga de donde venga.

En ese sentido, exhortamos para que cada persona que acuda a las urnas, lo haga con espíritu ciudadano, con plena conciencia de que está ejerciendo el poder y que éste va más allá de ser un simple “elector” y más allá de un día votación; y que sin mediaciones clientelistas o campañas mediáticas rimbombantes, su criterio se incline por la alternativa que críticamente estime como más conveniente para ejercer el gobierno local.

¡Todos y todas a votar! A informarnos, a interrogar sobre las diversas propuestas y, si pese a todo, no encuentra una opción por la cual inclinar su preferencia y dar su voto, manifiéstelo en las urnas anulándolo, que su inconformidad o preferencia se refleje y se contabilice en los resultados finales; que no sea un puñado de acólitos incondicionales quienes decidan por su comunidad, su distrito, su cantón, y su desarrollo. Pero, preséntese en la urna electoral y fortalezca esta parte de la institucionalidad democrática que todavía nos queda.

ANEP, como sindicato que aboga por la Libertad Sindical y el Trabajo Decente como componentes fundamentales para el desarrollo local y nacional y para el fortalecimiento de Democracia, llama a su membrecía municipalista a votar en las próximas elecciones municipales, con alegría y con respeto; que se informe adecuadamente sobre la oferta electoral en su cantón y para que su elección sea para aquellas personas comprometidas con la Libertad Sindical, el respeto a los derechos laborales y con verdaderos anhelos de transformar a los municipios en modelos de gestión y administración, totalmente transparentes, que respondan a las necesidades ciudadanas.

ANEP, con presencia sindical organizada en, prácticamente, el 75 % de las municipalidades del país, aspira a que las relaciones obrero-patronales con todas las autoridades que resulten electas en los comisiones de este domingo 7 de febrero de 2015, se desarrollen dentro del marco de la Constitución, de los convenios internacionales firmados y ratificados por el país en materia de Derechos Humanos y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con base en la Ley No. 9343, de la Reforma Procesal Laboral (RPL), misma que entrará en vigencia en julio de 2017.

Además, esperamos que en este nuevo período político de los gobiernos locales, podamos impulsar, con sistematicidad, nuestros planteamientos del SINDICALISMO CIUDADANO; comprometiendo el accionar de nuestros y de nuestras dirigentes de la ANEP en la base de las municipalidades, ligado a una cercanía ciudadana fiscalizadora, de potenciación del servicio público municipal, contra toda forma de corrupción y por la transparencia, por un quehacer altamente eficiente y eficaz.

Nos oponemos a toda forma de actividad lucrativa con los servicios públicos municipales, ya sea por privatización directa de los mismos, o por las variadas formas de tercerización que, finalmente, harán que las arcas públicas comunales alimenten bolsillos privados.

Dentro de este planteamiento de SINDICALISMO CIUDADANO, ANEP pretende divulgar al máximo en cada cantón, las perversidades que implica para los servicios públicos municipales el pretendido Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, más conocido por su siglas en inglés, TISA (Trade In Services Agreement); mismo que habrá de propiciar la práctica totalidad de los servicios públicos que de propiedad estatal todavía quedan en Costa Rica. Los de las municipalidades no serán la excepción.

La Democracia comienza a erigirse como una casa, desde sus cimientos, desde sus componentes más básicos y fundamentales, si la construimos todos y todas, desde la base, desde lo local; no desde la cúspide de los caudillismos verticales tradicionales. El rostro de la democracia lo tenemos que encontrar en su vecino o vecina, en su barrio, en su entorno inmediato, en la sociedad que soñamos y que todos y todas merecemos y debemos exigir.

Seccional ANEP-Municipal de Santa Bárbara acercó a los trabajadores con candidatos a la alcadía

La seccional de la ANEP-Municipalidad de Santa Bárbara logró acercar a los trabajadores municipales y la comunidad con los candidatos a la alcaldía de la provincia de herediana para las próximas elecciones del domingo 7 de febrero.

El pasado viernes cientos de personas se acercaron al salón comunal para escuchar y debatir acerca de las propuestas de los candidatos, y aunque a la cita fueron invitados los siete candidato; solamente tres respondieron a las inquietudes de los asistentes.

Cristian Arias Santamaría, presidente de la seccional ANEP- Santa Bárbara indicó que el debate cumplió con las expectativas de los colabores municipales quienes le sacaron provecho al espacio.

“Muchas personas estuvieron en el debate, ahí se conversó de todo un poco y los empleados que estuvimos salimos satisfechos de los aspectos en términos laborales que se trataron. Gracias a la ANEP tuvimos este espacio tan importantes para los colaboradores y la comunidad”, mencionó.

El dirigente resaltó que los tres candidatos de los partidos Frente Amplio, Nueva Generación y Republicano Social Cristiano demostraron anuencia a trabajar con los empleados otorgándoles las herramientas necesarias para hacer sus funciones sin dejar de lado la motivación y los derechos laborales.

Arias resaltó que aunque logran conseguir grandes acuerdos a nivel municipal, el actual alcalde no cumple con los compromisos adquiridos.