Trabajadores municipales de Santa Ana alzaron su voz en el Concejo Municipal

Trabajadores de la Municipalidad de Santa, junto a la ANEP, le dieron una verdadera sorpresa a los regidores que se prestaban a sesionar, el pasado martes 4 de junio, en el Concejo Municipal de Santa Ana, ya que se iba a votar si se aprobaba o no un aumento salarial del 2% para los trabajadores.

Según explicó, Lydia Lacayo Mena, Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Ana e integrante de la Junta Directiva Nacional de ANEP, en el 2010 negociaron un aumento del 4% con las autoridades municipales y el concejo, ya que tenían 18 años de estar con un aumento del 2%.

“Sin embargo, cuando llega el nuevo Concejo Municipal, en el 2011, estos aseguraron que no iban a bridar ese aumento de más de 2% para un total de 4%, justificando que no están los recursos, pese a que ya estaba presupuestado”, dijo Lacayo.

A raíz de esta situación, Lacayo indicó, que se realizaron diversas negociaciones con la actual administración, sin embargo el pasado martes, en la sesión del Concejo Municipal se tenía previsto realizar la resolución del caso, “negando el aumentos”, situación que provocó la movilización de los trabajadores.

Para el Concejo Municipal fue una sorpresa que casi el 80% de los trabajadores se hiciera presente a la votación, lo que los atemorizó, por lo que decidieron no leer el documento, pese a estar en el cuarto lugar de discusión, incluso declaran el documento como privado y que la votación del mismo sería en esas condiciones, lo que provocó que los ánimos de calentaran”, detalló la Presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Ana.

Durante varias horas los trabajadores protestaron la decisión del Concejo Municipal, impidiendo que esto sesionaran, hasta que se le diera lectura y votación al aumento del 4%, tal y como estaba dispuesto en la agenda del concejo.
“Los ánimos se calentaron a raíz de la decisión del concejo, por lo presionamos que el documento se leyera y votara, hasta que logramos que se levantara la sesión y se deje hasta el siguiente martes su votación”, dijo Lacayo.

Ante esta situación, se espera que el próximo martes nuevamente los trabajadores de la Municipalidad de Santa Ana, junto a la ANEP, vuelvan hacerse presente al sesión del Concejo Municipal para velar porque se cumpla lo ya establecido años atrás.

Albino Vargas: “Reto a Presidente a quitar veto de Reforma Laboral”

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), negó ayer que los sindicatos le estén queriendo gobernar, tampoco marcando la cancha al presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Pero eso sí, retó al mandatario a quitarle el veto a la Reforma Procesal Laboral, que se aprobó en la pasada legislatura. Estos fueron algunos de los temas de interés nacional que abarcó ayer la entrevista que mantuvo el sindicalista con Paola Hernández, subdirectora de DIARIO EXTRA. Les ofrecemos un extracto de la conversación.

¿Tienen los sindicatos la fuerza para marcarle la cancha al gobierno?

– No. Nosotros hemos tenido la convicción de que en costa Rica no hay movimiento sindical estructurado, lo que hay es un archipiélago de sindicatos. Organizaciones grandes, pequeñas, medianas, que a veces se unifican en coaliciones circunstanciales. Luego se pelean. Construyen puentes para luego volverlos a destruir. Esta ha sido la dinámica. Hay varias corrientes sindicales y no estoy convencido que esta huelga magisterial haya sido una especie de conjura para desafiar al nuevo gobierno, mostrar músculo y mandarle un mensaje de poderío. Me parece que hay un asunto que fue el no pago de los salarios a muchos educadores y una especie de solidaridad de los compañeros afectados.

¿Hay diferencias en apreciaciones de cómo hacer sindicalismo?

– Lo que sí es correcto es que hay una corriente sindical, en la que está ANEP, lista para el diálogo social y entonces el reto que nosotros le lanzamos al presidente Luis Guillermo Solís, como decimos en el lenguaje de la calle, es: “Ponga el güebo”. Un gran sector de organizaciones sociales le entregó el 5 de mayo un importante planteamiento y entendemos que por razones de la huelga magisterial no lo ha podido ver. Pero hay temas país que urge analizar, como el salvamento de la Caja Costarricense de Seguro Social, tema tributario, la desigualdad social y la política salarial, la Reforma Procesal Laboral, ponerse al día con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el trabajo decente y la economía social y el fomento productivo. Estamos preocupados por cosas graves.

¿Cuántas tendencias sindicales hay en Costa Rica?

– Hay una corriente sindical que en nuestro criterio se aferra a posiciones de corte extremista. No van con la ideología de los costarricenses. Están atrincherados en las universidades públicas pregonando fórmulas panfletarias ideológicas que no van a tener mayor peso en el desarrollo de los sindicatos. Hay otra corriente como muy aferrada a lo corporativo gremial. Su mundo es el feudo sindical y después de eso no hay nada. Defienden el terreno y el territorio de donde están. Otra corriente que ha roto con tabúes, que está dispuesta al diálogo social, que nos dimos cuenta que el mundo es más que los sindicatos, que necesitamos hacer alianzas con organizaciones de diversa naturaleza con base en una visión compartida de país. Es sindicalismo ciudadano.

¿Por qué el sindicalismo es tan desigual en los sectores público y privado?

– Los sindicatos estamos pagando la factura histórica de haber quedado en el bando perdedor de la Guerra Civil del 48. Usted sabe que en el conflicto armado costarricense los sindicatos participaron activamente y quedaron en el bando perdedor. Luego fueron estigmatizados, perseguidos, encarcelados y hasta algunos fusilados. Entonces hay una herencia sociocultural que hace que los sindicatos estemos asociados con lo negativo, y antes de que se cayera el Muro de Berlín los sindicalistas eramos terroristas, guerrilleros, ponebombas. Se cayó el Muro y pasamos a ser vagabundos, holgazanes, llenos de privilegios y prebendas. Hasta se nos tilda de obstaculizadores del desarrollo. Hay una cultura antisindical muy arraigada que no ha sido debidamente combativa. Por eso se desarrollaron principalmente en las instituciones públicas y en las empresa privadas no entraron por eso, el solidarismo y la acción antisindical de los patrones.

¿Que haya varios diputados sindicalistas cambiaría eso?

– Nosotros estamos muy felices porque esta Asamblea Legislativa es en la que más amigos van a tener los sindicalistas. Yo diría que desde las asambleas legislativas de los 40 del siglo pasado no pasaba nada similar. Hay 8 o 9 de estos diputados con quienes podremos contar. Hay diputados sindicalistas y amigos de los sindicatos. Entonces nosotros creemos que en este parlamento se podrían hacer avanzar diferentes legislaciones de corte obrero, de corte social, para fortalecer el papel de los sindicatos en la democracia costarricense. Como por ejemplo: leyes que están relacionadas al fortalecimiento de la Caja de Seguro Social, leyes para modificar el sistema tributario, una normativa legal para elevar vía parlamento el mínimo de los salarios y demás.

¿Qué pasa con la Reforma Procesal Laboral?

– Nosotros creemos que solo tiene una salida y es que el presidente Solís le quite el veto que le impuso Laura Chinchilla. Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa dice que puede hacerlo. Nosotros le decimos a Solís que no le tenga miedo a los bananeros, ni al empresariado piñero, que son los que la están bloqueando. Ellos piensan que con esta reforma les va dar más derechos a los trabajadores de sus plantaciones para organizarse en sindicatos y defenderse mejor. De hecho, ya existen sindicatos en las bananeras y piñeras; con la Reforma la violación a las libertades sindicales se vuelve más grave. Le da más potencia al Ministerio de Trabajo para que en sede administrativa resuelva despidos antisindicales. Va a hacer mas rápido y fácil demostrar la violación a los derechos laborales. Hay un miedo irracional a una expansión de los sindicatos en ese sector. Ese es el trasfondo para no aprobarlo.

¿Con esa reforma se estaría legalizando la huelga en los servicios esenciales?

– No, eso no es cierto. Más bien es todo lo contrario, con la Reforma se estaría regulando la huelga en los servicios públicos. Más que todo, lo que define la OIT, que son los trabajadores de los servicios que son los relacionados con la vida y la seguridad de la personas. ¿A quién se le ocurriría que habría una huelga en el 9-1-1? Hay una serie de servicios que la lógica te indica que no se podría levantar en huelga. Como por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos, emergencia de los hospitales, la Policía, la Cruz Roja. Lo que la reforma hace es que a esos sectores les da la negociación colectiva y el arbitraje. Mire usted, les dice \’nunca podrán hacer huelga, pero tienen derecho a estos mecanismos cuando hay un conflicto obrero-patronal\’. En otros servicios podría haber huelga pero que el sindicato garantice el servicio mínimo que ya se viene haciendo. En los hospitales, cuando hay huelga se ha garantizado el servicio de emergencias, la farmacia, y demás servicios esenciales. Cuando ha habido huelga el ICE y AyA nunca nos han dejado sin el servicio. Por eso es irracional decir que la Reforma Procesal Laboral legaliza las huelgas en los servicios esenciales si ya se da.

¿Cuál es la alternativa?

– La única que veo yo es que se arme de valor y le quite el veto. Lo estamos retando a que lo haga. Quíteselo, señor Presidente. Usted puede hacerlo. Tiene los instrumentos legales. Si eso le molesta a algún sector que vaya a la Asamblea Legislativa y cabilde la reforma que quiere hacerle. Esta Ley recibió dos votaciones legislativas de lujo. Lo trabajamos por 15 años para lograr su aprobación y hasta la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada le dio su bendición. Presidente, no tenga miedo, quítele el veto. Este proyecto tuvo el más grande consenso nunca visto.

Primer encuentro de la ANEP con Ministra de Justicia y Paz

El pasado lunes 2 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, sostuvieron la primera reunión con la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, donde se tocaron diversos problemas que adolecen los Policías Penitenciarios.

La reunión que se desarrolló en horas de la tarde, en el despacho de la Ministra, contó con la participación del Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP y tres representantes de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria. Por el lado de la cartera de Justicia y Paz, estuvieron la Ministra Ramírez, así como el Viceministro, Carlos Rodríguez Pérez y sus asesores.

Rafael Mora, Asesor Político de la ANEP, calificó de provechosa la reunión, ya que la Ministra se mostró muy interesada en los diversos planteamientos y denuncias realizadas por nuestra organización.

“La ANEP, como es conocido por todos las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria y del Ministerio de Justicia y Paz, ha venido ingentes de fuerza en los últimos tiempos para que se respeten una serie de derechos y condiciones que se le ha venido violentado a la Policía a los largo de los años. Esta lucha parece ser incesante, en un sistema, como el sistema carcelario del país que requiere una atención diaria y prioritaria, no solo por parte nuestra, sino también por parte de los jerarcas, y como todo sabemos se ha dado una renovación en las jerarquías institucionales del Estado, por lo que solicitaos una reunión de carácter urgente con la señora Ministra de Justicia y Paz”, manifestó el Asesor Político de la ANEP.

Según Mora, uno de los principales temas que se abordó la reunión fue el de la violación al derecho de descanso que tiene los efectivos durante su jornada laboral, situación que fue violentada por la anterior administración. Ya que pese a haber cumplido con su jornada laboral, son obligados a trabajar en su turno de descanso. Hasta el punto que los oficiales tan solo duermen dos o tres horas para luego iniciar un nuevo turno laboral.

Otro de los planteamientos abordados, fue sobre las condiciones de trabajo, así como la infraestructura, que es denominada por Mora como “cuchitriles”, que no reúnen las condiciones para que los Policías Penitenciarios realicen sus necesidades fisiológicas.

Además, nuestra organización denunció ante la Ministra de Justicia y Paz, el mal manejo de más de 100 millones de colones, dinero que fue destinado para el pago de horas extra a la Policía Penitenciaria, sin embargo a la fecha, los efectivos no han recibido ninguna retribución.

También se abordó el tema de los uniformes utlizados por los efectivos penitenciarios, respecto a: su calidad, material y comodidad, a lo cual la Ministra indicó que ya se esta buscando una solución a este problema.

“Ellos (Ministerio de Justicia y Paz) han planteado que van a tomar cartas en el asunto. Además, esperan que en un par de semanas estar comunicándonos que se va a cumplir con lo que ha establecido la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes en materia del descanso laboral”, finalizó Mora

Mejoramiento de los Cen-Cinai es el norte de la Administración y del Sindicato

La seccional de la ANEP en los Cen-Cinai de todo el país, se reunió nuevamente con la señora Licenciada Gabriela Castro Páez, Directora del programa de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, con la cual se tienen muy buenas relaciones, siempre en el marco del respeto mutuo y del reconocimiento a la libertad sindical.

Con la llegada del nuevo gobierno, aunque la Directora Castro se mantiene de la administración anterior, era necesario retomar el diálogo, para contraponer agendas para buscar puntos en común, además de plantearle a la administración dudas y preocupaciones características de la visión sindical.

El primer tema que se tocó fue la diversidad de horarios de trabajo con que tienen que lidiar las personas trabajadoras de los Cen-Cinai, tomando en cuenta que muchas comunidades tienen necesidades diferentes en el horario del cuido. Así como algunos Centros abren sus puertas a las 6.30 de la mañana, otros comienzan la atención hasta las 8am. Y se dan casos particulares, como en Guararí de Heredia, donde se está realizando una atención nocturna, para las madres adolescentes que están terminando sus estudios en colegios nocturnos. Esto complejiza el accionar del Centro y también plantea la necesidad de contar con más personal ya que se ha establecido que el horario de trabajo es de 8 horas y los Centros atienden, en la mayoría de los casos, hasta 10 o 12 horas.

Temas presupuestarios también estuvieron en la mesa. El programa de los Cen-Cinai poco a poco va logrando su autonomía del Ministerio de Salud, no en el tema salarial, pero si en los dineros para poder hacer inversión en infraestructura y equipos necesarios para en mejor funcionamiento de los Centros. Para eso en estos momentos el Programa recibe un 4,5% del presupuesto de Asignaciones Familiares, el cual debe subir un 2% anual, lo que se utilizará para el mejoramiento de equipos y para mejorar la infraestructura en un convenio con el MOPT.

Por último se le dejó claro a la Dirección la necesidad de incluir en el plan de trabajo anual los procesos de capacitación pertinentes a su labor y que promuevan el acercamiento entre las jefaturas medias y los y las trabajadoras.

La seccional seguirá insistiendo en el tema de las mejoras salariales, ya que las personas trabajadoras de los Cen-Cinai son de las peores pagadas en la función pública.

Policía Municipal de Alajuela solicita el pago del riesgo policial

Debido a los contantes riesgos que deben de pasar los integrantes de la Policía Municipal de Alajuela en el cumplimiento de sus labores, la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, solicitó al alcalde del cantón central de la provincia, Roberto Thompson Chacón, ser mediadores en la negociación del reconocimiento del riesgo policial para estos efectivos.

Según la solicitud, las situaciones que enfrentan en el día a día han ido incrementándose en acciones violentas para con estos servidores municipales, no solamente por la realización eficiente del trabajo; sino, además, por las condiciones actuales de inseguridad de las que no escapan los agentes de policía y, por el contrario, existe en sus labores los peligros reales de muerte y afectación de integridad.

“Hemos venido padeciendo de constantes insultos, más allá de lo que a diario recibíamos. A esto queremos sumar, también, los últimos acontecimientos donde hemos sido víctimas de los ataques de personas violentas y agresoras, mismas que han sido debidamente procesadas ante el Ministerio Público y condenadas correspondiendo al orden jurídico que nos respalda, pero a sabiendas que nuestra integridad física y emocional se ve violentada”, indica la carta enviada al Alcalde alajuelense.

Además, amplia “Continuamos realizando nuestras labores diarias con todo el ahínco de quien quiere servir a pesar de las múltiples dificultades que tenemos al enfrentarnos directamente a personas en un momento iracundo y colérico; y, hasta en algunos casos, en estado de ebriedad y por demás extremas, si a esto le sumamos que en nuestro cumplimiento casi en todas las ocasiones existe la utilización de armas, ya sean de fuego o punzo cortantes”.

“Entendemos, al igual que usted, como deplorables estas conductas que traen como consecuencia los acometimientos violentos de que somos objeto. Esto producto del desempeño efectivo de las intervenciones policiales que median para que exista en nuestro cantón alajuelense la paz y tranquilidad, que de seguro se ha mantenido por el esfuerzo y dedicación de nosotros y nosotras que de forma abnegada contribuimos a la estabilidad social de nuestro país”.

“Sabemos y somos conscientes de que existen roces con los usuarios propio de nuestras labores diarias, pero a la vez queremos dejar en claro que no hablamos de ese tipo de roce, sino de situaciones de verdadero peligro que atentan contra nuestra integridad, tales como ser apuntados con un arma de fuego para desistir de la realización oportuna de nuestras labores, así también el intento de atropello de vehículos cuyo conductor pretende obstaculizar alguna detención o similares al momento de realizar operativos de decomiso y otros inherentes a velar por el orden público”.

Con el afán de buscar un equilibrio que permita una mejor condición laboral y venga a dar mérito a las tareas que a diario enfrentan los efectivos de la Policía Municipal de Alajuela, es que la ANEP junto a la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, solicitan una política salarial que reconozca el riesgo diario que viven estos policías.

El FIT siempre ha mantenido la unidad de las organizaciones sindicales y de la familia iceista

Ante el comunicado del martes 27 de mayo, donde la dirigencia de ANTTEC hace público su interés de integrarse al FIT, por el respeto que nos merece la familia Iceista las organizaciones que actualmente conformamos la unidad de FIT, manifestamos lo siguiente.

El FIT nace en enero del años 2000, como una fuerza unitaria de las organizaciones del ICE para enfrentar el mal llamado COMBO DEL ICE.

Desde esa fecha, bajo la cobija del FIT, las organizaciones hemos realizado innumerables luchas unitarias en defensa de los derechos laborales de la familia Iceista, del Grupo ICE y especialmente del modelo solidario de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, como bien del servicio del país y de la sociedad.

En este camino, como cualquier organización social, el FIT ha tenido altos y bajos, uno de los más directos se dio después de la lucha contra el TLC en el 2007, cuando producto de la estafa del Referéndum, todas las organizaciones sociales del país cayeron en una inacción por casi dos años donde o reaccionaban.

Estando en esta etapa de duelo nacional, desde el 2010 un grupo de organizaciones nos replanteamos devolverle al FIT el papel protagónico, como una única oportunidad para enfrentar las políticas neoliberales contra el Grupo ICE, especialmente las impulsadas por el PLN quien en ese momento había nombrado a Pedro Pablo Quirós y Eduardo Doryan como Presidente Ejecutivo del ICE, quienes en ese momento solo negociaban con la organización ANTTEC, la cual se presentaba como único referente sindical ante estas administraciones.

Una vez reagrupado el FIT, exigimos en la administración de Eduardo Doryan, que los temas ICE deberían ser negociados con todas las organizaciones, e invitamos a los compañeros de ANTTEC a hacer causa unitaria con el FIT.

A fuerza de que el FIT había recuperado la presencia, los compañeros de ANTTEC tuvieron que volver al FIT, pero con una actitud poco constructiva, donde su presidente, Jorge Arguedas quería imponer su agenda particular y no respetaba a las otras organizaciones, ni sus planteamientos, ni a sus presidentes.

La situación con Arguedas dentro del FIT se vino deteriorando, a tal punto, que se hacía casi imposible lograr acuerdos y donde la tónica eran las faltas de respeto, amenazas, acusaciones infundadas y persecución contra dirigentes del FIT. La situación se deterioró más, cuando la dirigencia de ATTEC exigía, pero aportaba, ni cumplía con sus compromisos económicos en las luchas y acciones que el FIT realizaba, como por ejemplo; con los aportes básicos que cada organización debía realizar mensualmente al FIT, o cuando tampoco contribuyó económicamente con los juicios contencioso administrativos que el FIT plateó contra la SUTEL, lo cual produjo faltantes económicos que otras organizaciones tuvieron que cubrir, sin que a la fecha ANTTEC haya honrado esas desudas, pero si se apoderaba de estas acciones ante la opinión pública.

Como se puede observar, el camino que la dirigencia de ANTTEC escogió desde el 20012, bajo el mando de Jorge Arguedas, fue el retirarse del FIT, e iniciar una campaña contra su dirigencia y bombardear las acciones que el FIT llevaba a cabo. No bastando lo anterior, se dedicaron a inmiscuirse en la gestión pública interna de organizaciones con el objetivo de desestabilizar y con esto dividir y debilitar la unidad del FIT.

Son harto conocidos las decenas de comunicados ofensivos que ANTTEC ha enviado y que en muy contadas y calificadas oportunidades el FIT ha contestado.

En el FIT somos conscientes que en la base de ANTTEC siempre ha estado en la unidad del FIT, de hecho siempre hemos contado con su valiosa y excelente participación en todos los llamados de huelga y paro realizados. También sabemos que la dirigencia de ANTTEC ha sido presionada por esta base para que se reintegre al FIT y no le acepta e pretexto a su dirigencia donde constantemente informaban que solo se reintegrarán cuando el FIT se convirtiera en una organización legalmente constituida.

Los planteamientos y explicaciones aquí brindadas, tienen el objetivo de que la familia Iceista conozca algunos antecedentes del porque la dirigencia de ANTTEC se retiró del FIT.

En cuanto a la actual petición de ANTTEC de integrarse nuevamente al FIT, esta será analizada con toda la objetividad. Pero si queremos dejar patente, que para el FIT es imperativo que la dirigencia de ANTTEC, o cualquier dirigencia de otra organización, de muestras sinceras de querer estar la unidad y cumplir con algunos requisitos básicos que a nuestro criterio estas dirigencia debe respetar, como por ejemplo:

Comprometerse a:
Respetar a las organizaciones del FIT y sus dirigencias.
Dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de otras organizaciones.
Respetar y acatar los acuerdos tomados dentro del FIT.
Respetar la estructura organizativa del FIT.
Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias por aproximadamente dos millones de colones, que quedaron debiendo cuando se retiraron del FIT.
Pagar deudas pendientes con otras organizaciones del FIT.

Cumplir con las cuotas ordinarias y extraordinarias que el FIT acuerde.
La unidad, no son solo de momentos, ni tampoco de dirigencias. El mejor activo que tiene el FIT, es que ha construido una verdadera unidad de las organizaciones con la familia Iceista a base de confianza, de respeto y tolerancia en la diversidad de pensamiento: y lo más importante, el reconocer que solo mediante la unidad podemos hacer frente a los desafíos que antes y hoy enfrentamos en el Grupo ICE y el país.

Cuando la dirigencia de ANTTEC esté dispuesta a hacer honor y comprometerse con estos valores y requisitos básicos, el FIT estaría en la mejor disposición de valorar su integración a la lucha unitaria de la familia Iceista.
Fabio Chaves Castro
Coordinador FIT

Rotundo rechazo a prórroga del contrato privatizador con la empresa PASA: PASA “debe” una muerte

Un profundo rechazo de toda la comunidad laboral de la Municipalidad de San José, especialmente de su segmento más emblemático como lo es el personal de la recolección de basura y de aseo de vías, se ha generado, con inusitada fuerza e indignación, ante las pretensiones de la alcaldía para que el contrato privatizador con la empresa PASA sea prorrogado más.

Para la tarde de este lunes 2 de junio, concretamente a las 4 de la tarde, la representación oficial de la ANEP, por medio de su seccional en la Municipalidad de San José, será recibida en audiencia en el seno de la Comisión de Hacienda del Concejo de esta entidad (en “Los Mercaditos” de Plaza Víquez), a fin de expresar esa rotunda oposición. Se está tramitando una prórroga de un año más, lo cual haría inevitable otro estallido laboral, más agudo, que el que por tal razón se diera el pasado lunes 12 de mayo.

Entre otras razones para oponerse a tal prórroga, está que la clase trabajadora de la Municipalidad de San José no ha olvidado que la empresa PASA es responsable de la muerte del ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral, don Álvaro Espinoza Ramírez, quien perdiera la vida el pasado viernes 25 de abril; luego de varios días de agonía por un accidente con un camión recolector de dicha empresa la que lo había empleado de manera irregular, aprovechando la circunstancia de necesidad de esta persona que había acudido al programa “Manos a la obra”, que promueve el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Precisamente, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José entregarán, también, este lunes 2 de junio, una petición formal y oficial a la Defensoría de los Habitantes de la República, a fin de que esta institución tome cartas en el asunto de esta muerte y gestione todo lo pertinente para que no quede impune y para que la familia reciba una justa indemnización.

Los informes en poder de la ANEP indican que un año más del contrato PASA, le costará a la Municipalidad de San José, casi 800 millones de colones, más el valor de la fuerza de trabajo que hay que ponerle a los camiones recolectores de basura de tal empresa y, como si no fuera poco, la institución debe financiarle el combustible que consume dicho equipo.

Es criterio sindical que lo que corresponde es el fortalecimiento de la capacidad instalada del propio municipio capitalino y que sea éste, como toda la vida lo ha sido, el prestador directo de los servicios de recolección de basura y las actividades conexas y necesarias al mismo. Hay mecanismos de gestión administrativa con carácter urgente que la propia Contraloría General de la República (CGR), facilita previa y seria justificación.

ANEP se ve en la imperiosa necesidad de informar a la distinguida ciudadanía del cantón central de San José que estaríamos en puertas de un conflicto sociolaboral más grande que el del pasado lunes 12 de mayo, si PASA logra continuar lucrando con el imprescindible servicio social de limpieza urbana de la capital. Los trabajadores y las trabajadoras del municipio josefino se levantarán en huelga si PASA continúa en la Municipalidad de San José.

A la honorable prensa interesada en el tema, respetuosamente le recomendamos ampliar detalles, si así lo desea, con el trabajador de recolección de basura, don Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, a quien se puede localizar en el número celular 61 16 12 38.

ANEP duda de potabilidad del agua en el Calderón

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los problemas del derrame con diésel ocurridos en los tanques del Hospital Calderón Guardia aún se mantienen, debido a que las labores y acciones de mitigación, emprendidas por la administración, no han dado resultados satisfactorios, por lo que teme que tanto los pacientes y los trabajadores todavía estén consumiendo el vital líquido contaminado con ese hidrocarburo.

Geovanny Ramírez, directivo de la ANEP, manifestó que en la emergencia de abril lo que aprobó la administración médica fue cortar el tanque viejo de diésel a la mitad y poner otro de una capacidad menor, aspecto que no elimina el riesgo de contaminación, porque todavía se encuentra a la par del que suministra agua potable al establecimiento médico.

La alerta de la presencia del diésel en el agua del Calderón Guardia se dio a inicios de abril, lo cual motivó la suspensión de cirugías y se restringió el ingreso de visitantes, al tiempo que se pidió ayuda directa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para contar con agua para los pacientes y trabajadores.

“Todavía hay contaminación del tanque más pequeño, lo que complica más el asunto. Lo que hicieron fue un trabajo temporal, lo cual no está bien”, afirmó Ramírez, quien añadió que es un problema que tiene años y no se le ha dado la importancia que amerita.

En febrero del 2012, la Contraloría General de la República (CGR), ante ampliación de contratación tramitada por el entonces director del Calderón Guardia, Luis Paulino Hernández, para la realización de mejoras paliativas al tanque de diésel, contrató a la empresa Sistemas Electromecánicos Felipe y Felipe S.A., mismas que habían arrancado en el 2010 con la misma entidad.

570 A 760 LITROS

En un informe rendido el 21 de abril por el Departamento de Ingeniería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se indica: “Se estima que el volumen de contaminación con diésel es entre 570 a 760 litros”.

Añade el documento, del cual tiene copia DIARIO EXTRA, que los tanques de agua potable no cuentan con la impermeabilización de las paredes y están contaminados internamente. Sin embargo, debe considerarse que los productos impermeabilizantes son para evitar contaminación con agua, no con hidrocarburos. “Los componentes del sistema de almacenamiento y distribución de agua potable del hospital se debe reubicar a una distancia de protección mayor a 31 metros (100 pies), de tanque de combustibles, sistema de alcantarillado sanitario, tanques sépticos, estaciones de servicio y cualquier sitio de almacenamiento de químicos”, detalla el estudio de Recope, del 21 de abril.

“Sentimos que hubo algo irregular al contratar a una empresa que hace un mal trabajo, que desde el principio debió garantizar la seguridad en el uso del diésel y no contaminar el agua. Se le canceló $300 mil por un trabajo muy mal hecho y luego ¢80 millones por el lavado y secado de tanques. Hay que investigar qué hay detrás de las contrataciones”, aseguró Ramírez.

Según comentó, ninguna de las recomendaciones emitidas por Recope fueron acatadas por la administración del hospital, que en su momento estuvo al mando del grupo interventor.

Cuestionó además el hecho de que no se tomara en cuenta, en el momento de la emergencia, a los ingenieros y arquitectos del centro médico, que en más de una ocasión habían alertado sobre el problema de contaminación que podría darse al estar los dos tanques tan cerca.

Ramírez apuntó que el 5 de junio la ANEP tendrá una reunión con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, para exponerle varios temas, entre los que se encuentran los problemas y posibles actos de corrupción y de conflicto de intereses que se están dando en ese establecimiento, por lo que se le solicitará que de manera conjunta interpongan una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se sienten las responsabilidades del caso.

MSP “una República independiente”

Una “República independiente” donde se extienden los plazos para resolver, se incumplen sentencias de la Sala Constitucional como la resolución 13023-2012 de las once horas y treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil doce, la cual señaló que la disponibilidad no resultaba incompatible con el pago de horas extraordinarias, por lo que el pago de horas extraordinarias resulta procedente, si durante la disponibilidad el funcionario ha realizado labores efectivas.

Pese a este fallo, a la fecha no solo se carece de reglamentación que permita mensualmente generar el reporte de estas horas y por consiguiente el pago efectivo, sino que se sigue abusando por parte de algunos directores y jefes de delegaciones policiales que obligan a su personal a laborar más de 12 horas, o en sus días libres invocando la disponibilidad, e inclusive en algunos casos deben hacerlo por alguna intervención policial, pero a la hora de que el funcionario pide le den el tiempo o le reporten las extras, la respuesta clásica es, “no se puede dar tiempo, es prohibido, y no hay presupuesto para pagar”. ¿Irónico verdad?

Por eso es válido preguntarse, ¿será que este Ministerio está bajo su propio régimen y es independiente? La Ley 7410 General de Policía es escueta en muchos temas, por lo tanto se deben aplicar las normas supletorias y en observancia de la jerarquía de las normas, sin embargo en este Ministerio esto no se respeta, citaré un par de ejemplos.

Los plazos para resolver, la prescripción, la delegación, la caducidad, esta última en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, establece: “Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en párrafo final del artículo 339 de este Código”.

Inclusive en el Ministerio de Seguridad se omite el dictamen C-044-2010 de la Procuraduría General de la República, que es concordante con el artículo 340 de la LGAP y vinculante para la administración Pública, al igual que lo es el C-080-2012 que es concordante y vinculante con la sentencia 13023-2013.

Veamos otro ejemplo, según la Ley 7410 en su artículo 57, la sección de Inspección Policial y conforme al reglamento de organización del Ministerio de Seguridad Pública, el departamento disciplinario legal es la instancia técnica especializada para resolver mediante audiencias los casos incoados en materia disciplinaria contra los funcionarios del Ministerio de Seguridad, sin embargo se le delega en algunos casos a los Asesores Legales la atención de audiencias por procesos disciplinarios.

Con este proceder se omite lo señalado por la Ley General de Administración Pública en su artículo 91, aunado a que la Ley General de Policía 7410 establece en su artículo 44 entre las funciones de los asesores legales: “Emitir criterios técnicos jurídicos relativos a las actuaciones policiales, cuando sean requeridos o las circunstancias lo ameriten”. O sea, ¡se les convierte en juez y parte!

Los elementos mencionados que nos hacen pensar justificadamente que se maneja la cosa como “República independiente”, donde desproporcionalmente se viene afectando a muchas y muchos oficiales, veamos un ejemplo más: según la Ley General de Policía artículo 83 las faltas leves se prescriben al mes, pero conocemos casos de faltas que son levísimas y por el “criterio” de un jefe que la define como grave, se remite al disciplinario donde luego de dos o tres años se logra demostrar que la causa nunca reunió presupuestos para siquiera instaurarse, sin embargo aunque se dicte exoneración a favor del trabajador, previamente se dio una sanción al negarle a la o el funcionario el derecho de incorporarse al estatuto policial.

En la “República independiente” del Ministerio de Seguridad algunos directores y algunos jefes de delegación niegan el derecho que asiste a los funcionarios de una hora y media de descanso dentro de la jornada de trabajo de 12 horas, y lo que es peor, algunos aducen desconocer dónde se consigna ese derecho, el cual está escrito en el artículo 143 del Código de Trabajo, aunado al criterio OJ-071 de la Procuraduría General de la República.

Existe una máxima que dice: “Para mandar, se debe ser bien mandado”, si se desconoce, se omite y se transgrede la legalidad, no se tiene autoridad moral para reprimir o sancionar, menos para liderar, porque “cuando el que manda pierde la vergüenza el que es mandado pierde el respeto”.

“Prueba de fuego” para el nuevo Gobierno

El Consejo Nacional de Salarios (CNS), ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de integración tripartita (Gobierno, cámaras y sindicatos), ha convocado al sector laboral para las 4 y 15 de la tarde del próximo lunes 16 de junio; para que éste dé su posición y aspiraciones concretas, en el marco de la Fijación General de Salarios Mínimos del segundo período del 2014.

Se trata de la primera fijación salarial que ocurre en el ámbito de la nueva administración gubernativa del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. A lo largo de su gestión, se deberán hacer 8 fijaciones salariales para el sector Privado y 8 para el sector Público.

Esta será la primera de todas y se convierte en un indicador de cómo se ha de comportar el presente gobierno en esta asunto de la política salarial para la clase trabajadora que tiene la suerte de tener empleo fijo y salario formal. Toda una “prueba de fuego” para el nuevo mandatario.

Recordemos que suele suceder en el seno del CNS, en este tipo de situaciones, una “alianza” gobierno-empresariado que se enfrenta, en un 2 a 1, con las propuestas sindicales. Casi nunca se da la circunstancia de que el gobierno de turno apruebe la propuesta sindical, desechando la empresarial; y, muy pocas veces, se ha logrado un consenso tripartito en esto de la fijación semestral de salarios mínimos. De la interrogante que surge de cómo será el comportamiento del nuevo gobierno ante esta coyuntura.

Desde la perspectiva sindical que se representa, tanto en la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), esta circunstancia de la Fijación General de Salarios Mínimos del segundo período del 2014, la primera de la Administración Solís Rivera; genera las siguientes consideraciones:

El problema número uno de la sociedad costarricense de hoy, cual es el sistemático proceso de crecimiento de la desigualdad y ampliación de la brecha social dada la intensidad y la velocidad de la concentración de la riqueza, tiene en la política salarial una oportunidad de atenuar, y hasta de revertir, este perverso proceso que fortalece caminos de desintegración y confrontación social.

Es bueno puntualizar en tal marco de condiciones, que la clase trabajadora sufre, en términos generales, de un gran endeudamiento salarial, precisamente porque el sesgo de corte restrictivo de las fijaciones salariales de las últimas administraciones, hace que el endeudamiento se haya convertido en una “alternativa” para evitar la caída en la pobreza y como forma de intentar mantener un nivel de calidad de vida relativamente digno aunque con grandes problemas de liquidez.

En el caso del sector Privado abogamos por una política salarial que considere, por un lado, lo que sería el reajuste compensatorio por costo de vida del semestre precedente a la fijación; por otro, que tome en cuenta la necesidad de incrementar el poder de compra del salario, ampliando su capacidad adquisitiva y, por ende, su liquidez, de suerte que haya una dinamización del consumo, especialmente para el fomento productivo destinado al mercado interno.

Hay enormes segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada del sector Privado que están necesitando otra política en materia de fijación de salarios mínimos; por ejemplo: obreros agrícolas de las plantaciones bananeras y piñeras, los choferes de autobús, los guardias y vigilantes de la seguridad privada, los obreros industriales.

Por otra parte, hemos reiterar ante la nueva circunstancia política que se supone se deriva de la tesis del “cambio” que masivamente apoyó el electorado en las pasadas elecciones presidenciales, la imperiosa necesidad de una fijación salarial de orden general para los salarios mínimos, de corte extraordinario, de naturaleza excepcional, para elevar su actual nivel y a partir de un nuevo nivel, seguir calculando los incrementos rutinarios semestrales por costo de vida.

En cuanto a una cifra en específico para la indicada audiencia al sector laboral del próximo lunes 16, la ANEP y la CSJMP, realizarán gestiones y esfuerzos para que haya una propuesta sindical lo más compartida y unitaria posible, que se daría a conocer en el momento oportuno.