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El pasado lunes 2 de julio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó por medio de una carta, dirigida a la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, intervenir en la muerte de un hombre que prestaba los servicios a la empresa mexicana PASA, que a la vez es contratada por la Municipalidad de San José; para que preste los servicios de recolección de basura y aseo de vías.

La muerte del ciudadano Álvaro Espinoza Ramírez, de unos 50 años, se suscitó el pasado viernes 25 de abril de 2014, cuando un camión de la empresa PASA lo prensó contra un poste, mientras este se encontraba prestando servicios de recolección de basura con dicha empresa, bajo condiciones laborales ilegales.

Lo anterior debido, a que el fallecido tenía acreditada su pertenencia al programa social “Manos a la obra”, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y luego de cumplir lo habitual que le exigía el mismo, se incorporaba a las labores propias del contrato privado PASA. De hecho, el día del accidente, había dejado de laborar para “Manos a la obra” y estaba con poco tiempo de incorporación al proceso PASA y con el equipo del camión recolector que, finalmente, le generó el accidente que le costó su vida.

Nuestra intención de que la Defensoría de los Habitantes intervenga en el caso, es para que investigue y determine las condiciones laborales en las que se encontraba el ahora fallecido con la empresa PASA, con el objetivo de que esta se haga responsable por lo sucedido, ya que la muerte habría quedado registrada como un accidente de tránsito, lo que eximió a PASE de cualquier responsabilidad.

A continuación la carta enviada por nuestra organización a la Defensora de los Habitantes.

San José, lunes 2 de junio de 2014.
S.G. 13-17-0623-14

Honorable señora
Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz
Defensora de los y de las Habitantes
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

Estimada señora:

En primer término, tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, le expresamos el más atento y respetuoso saludo.

El pasado viernes 25 de abril de 2014, falleció en el Hospital San Juan de Dios, el ciudadano don Álvaro Espinoza Ramírez, de unos 50 años de edad, quien venía obteniendo unos dineros para subsistir de parte del programa “Manos a la obra”, promovido por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), establecido como política pública para atender el grave problema social del desempleo. Don Álvaro, soltero, se encargaba de la manutención de su señora madre, doña Virginia Ramírez Umaña, una persona cercana a los 80 años de edad. Con ella vivía en la ciudadela Metrópolis 1, casa 259, en Pavas.

Quienes conocen de cerca el caso están en condiciones de afirmar que don Álvaro, al momento del trágico accidente que acabó con su vida, estaba prestando servicios a la empresa privada PASA, firma contratada por la Municipalidad de San José para realizar labores de limpieza urbana y de recolección de basura, empleando sus propios camiones para tales efectos, pero empleando personal asalariado de la mencionada entidad, la cual, además, le da el combustible para dicho equipo. Los parientes de don Álvaro nos indicaron de que él laboraba para el programa “Manos a la obra”, entre las 6 y las 10:30 – 11 de la mañana; y luego de tal hora, se incorporaba a PASA.

Algunas informaciones obtenidas por la ANEP nos dicen que el funcionario municipal, don Julio Alexánder Vargas Jiménez, se encargaba de “reclutar” personas trabajadoras en la misma condición social que el fallecido, don Álvaro, para adicionarlas a la labor de contratación encomendada a la empresa PASA; y, presuntamente, les entregaba dinero, en sus propias manos y en efectivo contante y sonante, periódicamente, a cambio de la contraprestación laboral que le hacían a la mencionada firma; contraprestación laboral en una total ilegalidad.

El fallecido tenía acreditada su pertenencia al programa social “Manos a la obra”, del IMAS y luego de cumplir lo habitual que le exigía el mismo, se incorporaba a las labores propias del contrato privado PASA. De hecho, el día del accidente, había dejado de laborar para “Manos a la obra” y estaba con poco tiempo de incorporación al proceso PASA y con el equipo del camión recolector que, finalmente, le generó el accidente que le costó su vida.

Las hermanas de don Álvaro, las señoras Lilliam Ramírez Umaña (cédula No. 1-600-237) y Olga Martha Espinoza Ramírez (cédula No. 1-849-903) están en condiciones de aportar los elementos suficientes para afirmar que su pariente murió “laborando” para PASA aunque ésta sabía de la precariedad de las condiciones de empleo que ello suponía; y que, además, recibía un dinero en efectivo de parte del arriba citado funcionario municipal; una cantidad semanal de dinero oscilante entre los 35 y 60 mil colones, que le eran entregados en mano.

Otro pariente del fallecido, don Omar Madrigal Méndez, cédula No. 6-189-504, también consternado por lo sucedido, nos ha indicado de su disposición para aportar los elementos del caso que lleven justicia al hogar de don Álvaro. Don Omar tiene el siguiente número celular: y él es el esposo de doña Lilliam.

La presunta e ilegal circunstancia de la muerte de don Álvaro habría generado cierta presión para que sus compañeros de faena al servicio de PASA, ni siquiera asistieran a sus honras fúnebres, pues el funcionario municipal don Julio Alexánder Vargas Jiménez así se los habría planteado. Es más, se nos ha afirmado que el chofer del camión de PASA al momento del accidente que le costó la vida a don Álvaro, dejó ya de laborar para dicha empresa. Se aduce que se le impidió hablar con la familia doliente, que habría sufrido un proceso de hostigamiento y que le indicaron que si se involucraba con el asunto, “se le dejaría solo” ante el proceso subsiguiente de una muerte bajo la pantalla de “accidente de tránsito”.

Los parientes de don Álvaro Espinoza Ramírez están convencidos de que se urdió una especie de conjura para que su muerte quedara como un “accidente de tránsito” y no como lo que en verdad fue: un accidente laboral en el amplio sentido del término, cuando él trabajaba para la mencionada empresa en las condiciones de precariedad ya explicadas, totalmente al margen de nuestras leyes sociales y laborales y de Seguridad Social; situación que se daba desde el pasado mes de enero cuando se sostiene que fue “contratado” por el mencionado funcionario público, presuntamente.

Acudimos a la Defensoría de los Habitantes de la República para que, con la majestad de ética que le asiste y con la credibilidad de que goza, amén de su prestigio moral y la ley que le sustenta, inicie un proceso de petición de informes y de rendición de cuentas que, necesariamente, debe involucrar a la Municipalidad de San José, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al Instituto Nacional de Seguros (INS), a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a la Dirección General de la Policía de Tránsito y hasta el Ministerio Público-Fiscalía General de la República; pues alguna persona, entidad, despacho debe hacerse responsable, de manera directa por la muerte del ciudadano don Álvaro Espinoza Ramírez y alguna entidad debe indemnizar a la familia doliente, en especial a la señora madre de él quien era el responsable de su subsistencia.

La Defensoría de los Habitantes de la República, cuya presencia fue importante para que se suscribiese el “Acta de acuerdo de levantamiento de huelga en la Municipalidad de San José”, movimiento laboral ocurrido el pasado lunes 12 de mayo de 2014; debe considerar que es clamor laboral del personal de esta entidad, una decidida intervención para evitar que tal muerte quede impune y para que el fallecimiento, el sacrificio de don Álvaro, sirva para testimoniar que no es posible que nuestra sociedad tolere la precariedad laboral, la violación a los postulados y leyes de nuestro Sistema de Seguridad Social y que no puede el lucro mercantil privado acrecentar su renta con los negocios de los servicios públicos a costa de la miseria social del desempleo y la desigualdad.

Quedamos a su entera disposición para apersonarnos ante su despacho su usted lo estimara pertinente para ampliar sobre nuestra aspiración, solicitud y petición; de la misma manera que los parientes de don Álvaro, quienes reciben copia de la presente.

De manera anticipada le agradecemos la urgente intervención que le estamos solicitando.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Antonio Ortiz Fiorabanti
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Municipalidad de San José

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), negó ayer que los sindicatos le estén queriendo gobernar, tampoco marcando la cancha al presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Pero eso sí, retó al mandatario a quitarle el veto a la Reforma Procesal Laboral, que se aprobó en la pasada legislatura. Estos fueron algunos de los temas de interés nacional que abarcó ayer la entrevista que mantuvo el sindicalista con Paola Hernández, subdirectora de DIARIO EXTRA. Les ofrecemos un extracto de la conversación.

¿Tienen los sindicatos la fuerza para marcarle la cancha al gobierno?

– No. Nosotros hemos tenido la convicción de que en costa Rica no hay movimiento sindical estructurado, lo que hay es un archipiélago de sindicatos. Organizaciones grandes, pequeñas, medianas, que a veces se unifican en coaliciones circunstanciales. Luego se pelean. Construyen puentes para luego volverlos a destruir. Esta ha sido la dinámica. Hay varias corrientes sindicales y no estoy convencido que esta huelga magisterial haya sido una especie de conjura para desafiar al nuevo gobierno, mostrar músculo y mandarle un mensaje de poderío. Me parece que hay un asunto que fue el no pago de los salarios a muchos educadores y una especie de solidaridad de los compañeros afectados.

¿Hay diferencias en apreciaciones de cómo hacer sindicalismo?

– Lo que sí es correcto es que hay una corriente sindical, en la que está ANEP, lista para el diálogo social y entonces el reto que nosotros le lanzamos al presidente Luis Guillermo Solís, como decimos en el lenguaje de la calle, es: “Ponga el güebo”. Un gran sector de organizaciones sociales le entregó el 5 de mayo un importante planteamiento y entendemos que por razones de la huelga magisterial no lo ha podido ver. Pero hay temas país que urge analizar, como el salvamento de la Caja Costarricense de Seguro Social, tema tributario, la desigualdad social y la política salarial, la Reforma Procesal Laboral, ponerse al día con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el trabajo decente y la economía social y el fomento productivo. Estamos preocupados por cosas graves.

¿Cuántas tendencias sindicales hay en Costa Rica?

– Hay una corriente sindical que en nuestro criterio se aferra a posiciones de corte extremista. No van con la ideología de los costarricenses. Están atrincherados en las universidades públicas pregonando fórmulas panfletarias ideológicas que no van a tener mayor peso en el desarrollo de los sindicatos. Hay otra corriente como muy aferrada a lo corporativo gremial. Su mundo es el feudo sindical y después de eso no hay nada. Defienden el terreno y el territorio de donde están. Otra corriente que ha roto con tabúes, que está dispuesta al diálogo social, que nos dimos cuenta que el mundo es más que los sindicatos, que necesitamos hacer alianzas con organizaciones de diversa naturaleza con base en una visión compartida de país. Es sindicalismo ciudadano.

¿Por qué el sindicalismo es tan desigual en los sectores público y privado?

– Los sindicatos estamos pagando la factura histórica de haber quedado en el bando perdedor de la Guerra Civil del 48. Usted sabe que en el conflicto armado costarricense los sindicatos participaron activamente y quedaron en el bando perdedor. Luego fueron estigmatizados, perseguidos, encarcelados y hasta algunos fusilados. Entonces hay una herencia sociocultural que hace que los sindicatos estemos asociados con lo negativo, y antes de que se cayera el Muro de Berlín los sindicalistas eramos terroristas, guerrilleros, ponebombas. Se cayó el Muro y pasamos a ser vagabundos, holgazanes, llenos de privilegios y prebendas. Hasta se nos tilda de obstaculizadores del desarrollo. Hay una cultura antisindical muy arraigada que no ha sido debidamente combativa. Por eso se desarrollaron principalmente en las instituciones públicas y en las empresa privadas no entraron por eso, el solidarismo y la acción antisindical de los patrones.

¿Que haya varios diputados sindicalistas cambiaría eso?

– Nosotros estamos muy felices porque esta Asamblea Legislativa es en la que más amigos van a tener los sindicalistas. Yo diría que desde las asambleas legislativas de los 40 del siglo pasado no pasaba nada similar. Hay 8 o 9 de estos diputados con quienes podremos contar. Hay diputados sindicalistas y amigos de los sindicatos. Entonces nosotros creemos que en este parlamento se podrían hacer avanzar diferentes legislaciones de corte obrero, de corte social, para fortalecer el papel de los sindicatos en la democracia costarricense. Como por ejemplo: leyes que están relacionadas al fortalecimiento de la Caja de Seguro Social, leyes para modificar el sistema tributario, una normativa legal para elevar vía parlamento el mínimo de los salarios y demás.

¿Qué pasa con la Reforma Procesal Laboral?

– Nosotros creemos que solo tiene una salida y es que el presidente Solís le quite el veto que le impuso Laura Chinchilla. Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa dice que puede hacerlo. Nosotros le decimos a Solís que no le tenga miedo a los bananeros, ni al empresariado piñero, que son los que la están bloqueando. Ellos piensan que con esta reforma les va dar más derechos a los trabajadores de sus plantaciones para organizarse en sindicatos y defenderse mejor. De hecho, ya existen sindicatos en las bananeras y piñeras; con la Reforma la violación a las libertades sindicales se vuelve más grave. Le da más potencia al Ministerio de Trabajo para que en sede administrativa resuelva despidos antisindicales. Va a hacer mas rápido y fácil demostrar la violación a los derechos laborales. Hay un miedo irracional a una expansión de los sindicatos en ese sector. Ese es el trasfondo para no aprobarlo.

¿Con esa reforma se estaría legalizando la huelga en los servicios esenciales?

– No, eso no es cierto. Más bien es todo lo contrario, con la Reforma se estaría regulando la huelga en los servicios públicos. Más que todo, lo que define la OIT, que son los trabajadores de los servicios que son los relacionados con la vida y la seguridad de la personas. ¿A quién se le ocurriría que habría una huelga en el 9-1-1? Hay una serie de servicios que la lógica te indica que no se podría levantar en huelga. Como por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos, emergencia de los hospitales, la Policía, la Cruz Roja. Lo que la reforma hace es que a esos sectores les da la negociación colectiva y el arbitraje. Mire usted, les dice \’nunca podrán hacer huelga, pero tienen derecho a estos mecanismos cuando hay un conflicto obrero-patronal\’. En otros servicios podría haber huelga pero que el sindicato garantice el servicio mínimo que ya se viene haciendo. En los hospitales, cuando hay huelga se ha garantizado el servicio de emergencias, la farmacia, y demás servicios esenciales. Cuando ha habido huelga el ICE y AyA nunca nos han dejado sin el servicio. Por eso es irracional decir que la Reforma Procesal Laboral legaliza las huelgas en los servicios esenciales si ya se da.

¿Cuál es la alternativa?

– La única que veo yo es que se arme de valor y le quite el veto. Lo estamos retando a que lo haga. Quíteselo, señor Presidente. Usted puede hacerlo. Tiene los instrumentos legales. Si eso le molesta a algún sector que vaya a la Asamblea Legislativa y cabilde la reforma que quiere hacerle. Esta Ley recibió dos votaciones legislativas de lujo. Lo trabajamos por 15 años para lograr su aprobación y hasta la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada le dio su bendición. Presidente, no tenga miedo, quítele el veto. Este proyecto tuvo el más grande consenso nunca visto.