El distinguido abogado don Julio Jurado Fernández, hijo del gran patriota don Julio Jurado del Barco (q.d.D.g), a quien tuvimos el honor de conocer por luchas cívicas compartidas con él en los años más duros de la ofensiva neoliberal en nuestro país, nos plantea la necesidad de “un nuevo proyecto histórico”, dado que “ningún partido político ha podido elaborar propuestas que permitan articular alianzas sociales de largo alcance” como para dar impulso a, repetimos, “un nuevo proyecto histórico”.

A esta conclusión llegó el mencionado ciudadano en su artículo “El significado de las elecciones del pasado domingo”, aparecido en La Nación, este domingo 9 de febrero.

De una forma parecida y con base en la experiencia personal y colectiva de nuestra militancia de tantos años en los movimientos sociales costarricenses, nosotros pensamos como don Julio Jurado Fernández: nuestra Patria necesita dar impulso, por medio de una gran articulación de alianzas sociales de largo alcance, a un nuevo proyecto histórico.

En tal sentido y con mucha emoción sentimos que la herencia histórica del gigante patriota, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora (cuyo bicentenario de nacimiento conmemoramos el pasado sábado 8 de febrero de 2014), nos ofrece un cúmulo de elementos sociopolíticos de gran calibre, como para pensarnos en una especie de “Movimiento Morista”, de cara al impulso de ese “nuevo proyecto histórico” del que nos habla el abogado Jurado Fernández.

En realidad, hay una monumental tarea pendiente por parte de los sectores más conscientes y dinámicos de la Costa Rica de hoy, la cual consiste en que nuestro pueblo tenga la oportunidad de “descubrir” la verdadera obra patriótica e independentista de don Juanito Mora; misma que ha sido largamente ocultada y minimizada a lo largo de una buena cantidad de décadas, por poderosos sectores de la hegemonía política tradicional.

Afortunadamente, ya hay un proceso en desarrollo para saldar la más grande deuda histórica que se tiene con nuestra propia nacionalidad e identidad como nación: recuperar el legado de don Juanito Mora, de soberanía, justicia social y paz.

Ilustres ciudadanos como don Raúl Arias Sánchez, como don Armando Vargas Araya, quienes integran el grupo cívico la Asociación Morista “La Tertulia del 56”; vienen desplegando una epopéyica tarea para documentarnos, a la generación actual y a las venideras, sobre el significado de la gestión gubernativa de “El héroe olvidado”, don Juanito Mora, durante la década de 1850-1860, época fundamental para nuestra vida republicana.

Nosotros mismos, a esta altura de nuestras vidas, estamos constatando, “por encima”, la perversa maldad política que se perpetró en contra de don Juanito Mora. No es sino hasta ahora, 150 años después de su execrable magnicidio, que empieza a emerger la magnitud de su papel en la historia nacional.

Por tanto, es realmente emocionante disponerse a aportar en la tarea de saldar dicha deuda que se tiene con el pueblo costarricense; y, quizás, un “Movimiento Morista” pueda darle una base histórico-concreta de permeabilización de la conciencia popular para que el legado de don Juanito Mora nos alimente como para apostar por ese “nuevo proyecto histórico”.

La Comisión de Ingreso y Gasto Público cerró este jueves las investigaciones de la Junta de Protección Social y el manejo del proceso de lotería electrónica y señalaron que la Junta ha sufrido una importante afectación económica desde que la empresa G-Tech asumió la administración, en agosto del año pasado. Para los diputados, la relación entre la Junta y la empresa G-Tech es como se dice popularmente, de “burro amarrado contra tigre suelto”.

Mientras que la empresa reportaba ingresos cercanos a los 1.600 millones de colones en tres meses, la auditoría de la Junta revelaba pérdidas en el pago de los planes de premios, por las faltas de controles del consorcio concesionario.

Parte de los temas relevantes que se pusieron sobre la mesa fueron la disminución en las ventas de la lotería impresa y los cambios en el costo de los billetes, la posibilidad de que los juegos electrónicos se estén usando para legitimar capitales y el perjuicio al comprador por el decreto que le permite a la Junta quedarse con los premios que no tienen ganador.

La diputada Marielos Alfaro enfatizó en que, en el caso de la lotería tradicional, lo que le ha permitido mantener las ganancias a la Junta es el cambio en los precios y que la entidad se ha quedado con los premios de varios sorteos que compensan las bajas ventas.

“No es que haya una mejor administración. Vienen y nos dicen aquí, ‘¡Ah! Es que la Junta ha tenido ganancias de 16%’… Pero lo que nos damos cuenta es que han variado los precios de los juegos y que se quedan con los premios de varios sorteos. ¡Por eso es que se sostienen!”, dijo Alfaro.

Otro de los cuestionamientos que se le hicieron a la Junta fue la negociación del contrato con G-TECH, empresa encargada de la administración de la lotería electrónica, pues la falta de controles y fiscalización podrían haber permitido que se dieran casos de lavado de dinero que ahora son investigados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En las sesiones se recibió, en varias ocasiones, a la auditora de la Junta, Doris Cheng, quien reveló que la entidad había registrado pérdidas debido al pago de premios de los tiempos electrónicos, por la eliminación del tope a las apuestas.

“Nosotros (…) le hicimos ver a don Francisco Ibarra, al 16 de octubre, un recuento de como estaba la institución. A la fecha en que emití la nota, estábamos en rojo, teníamos ventas por 10 mil millones, debíamos de haber pagado 7 mil millones, pero pagamos 8 mil millones, estábamos pagando el 8% más. Hemos hecho las advertencias porque son fondos públicos y no deberían de arriesgarse de esa forma”, dijo la auditora de la Junta, Doris Cheng.

Añadió que le indicaron en diferentes ocasiones a la Junta Directiva de la Institución y a los gerentes que era necesario mantener el control de identificación de los nombres de los apostadores, algo que no se ha hecho.

La mayoría de los diputados están claros en que la negociación del contrato entre la institución pública y G-TECH puede afectar los intereses financieros de la Junta, mientras que el decreto emitido por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, que permite a la Junta meter a jugar una emisión aunque no se haya vendido en su totalidad y quedarse con los premios si no hay ganador, afecta los intereses del cliente.

Es por lo anterior que la diputada oficialista María Ocampo le recomendó a los miembros de la JPS asesorarse bien jurídicamente, a fin de que si se presenta algún problema, ellos tengan respaldo legal pues: “está claro que este contrato entre Costa Rica y G-Tech es tigre suelto contra burro amarrado”.

Los miembros de la junta aseguraron que están tomando todas las previsiones para controlar las ventas de la entidad y entre ellos, regular los presiones de los productos.

Procuraduría pide nombres de los apostadores

La Procuraduría General de la República (PGR) envió una aclaración a la Comisión de Ingreso y Gasto sobre su criterio con respecto a las regulaciones que debería de tener la Junta de Protección Social (JPS) sobre la lotería electrónica, donde les solicitó que documentaran a los apostadores y a quienes recogen los premios.

Según el dictamen del órgano jurídico, es de relevancia que la Junta tome cartas urgentes en el asunto, en el sentido de que mantenerlo abierto, tal y como está, se presta para que se dé el delito de legitimación de capitales.

La Procuraduría aclaró que la regulación de dichos procesos le corresponde también a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) con el fin de que sea la institución la que determine en que juegos deben ser identificados los apostadores y por cuáles montos.

Este lunes 10 de febrero se pretendía iniciar una negociación entre la ANEP y las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, respecto a la negativa de la Presidencia Ejecutiva de brindar las respectivas licencias sindicales a los miembros de la seccional ANEP – PANI, nombrados desde noviembre del año pasado, y los cuales no han podido realizar su trabajo gremial ya que no tienen permiso para reunirse. La comparecencia se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Licda. Iris Arias Angulo, Presidenta Ejecutiva del PANI, no se hizo presente a la negociación, y en su lugar envió a la La Licda. Victoria Matarrita Pérez, quien dijo no tener autorización para negociar ningún punto. No sabemos si tomar esto como un agravio, burla o desinterés por parte del PANI.

Es de lógica suponer que no se realizó ningún tipo de diálogo ni negociación. Se aprovechó la presencia en el MTSS para solicitar se agregaran varios puntos en la agenda de negociación:

1- Obtener una cuenta de correo institucional para la representación sindical.
2- Equiparar las facilidades sindicales entre la representación de la ANEP en el PANI con las que tiene la otra representación sindical en la institución.
3- El grave caso de la Licda. Floria Díaz Rivel, asociada a la ANEP y destacada en la oficina local de Nicoya, donde se desempeña como Trabajadora Social y quien sufre de un reiterado cuadro de acoso laboral.

En ANEP reafirmamos nuestra convicción en las oportunidades que ofrece el diálogo directo y transparente y la negociación efectiva, la construcción de acuerdos y la verificación de su cumplimiento, como la forma más idónea de resolución del conflicto obrero-patronal.