La Comisión de Ingreso y Gasto Público cerró este jueves las investigaciones de la Junta de Protección Social y el manejo del proceso de lotería electrónica y señalaron que la Junta ha sufrido una importante afectación económica desde que la empresa G-Tech asumió la administración, en agosto del año pasado. Para los diputados, la relación entre la Junta y la empresa G-Tech es como se dice popularmente, de “burro amarrado contra tigre suelto”.

Mientras que la empresa reportaba ingresos cercanos a los 1.600 millones de colones en tres meses, la auditoría de la Junta revelaba pérdidas en el pago de los planes de premios, por las faltas de controles del consorcio concesionario.

Parte de los temas relevantes que se pusieron sobre la mesa fueron la disminución en las ventas de la lotería impresa y los cambios en el costo de los billetes, la posibilidad de que los juegos electrónicos se estén usando para legitimar capitales y el perjuicio al comprador por el decreto que le permite a la Junta quedarse con los premios que no tienen ganador.

La diputada Marielos Alfaro enfatizó en que, en el caso de la lotería tradicional, lo que le ha permitido mantener las ganancias a la Junta es el cambio en los precios y que la entidad se ha quedado con los premios de varios sorteos que compensan las bajas ventas.

“No es que haya una mejor administración. Vienen y nos dicen aquí, ‘¡Ah! Es que la Junta ha tenido ganancias de 16%’… Pero lo que nos damos cuenta es que han variado los precios de los juegos y que se quedan con los premios de varios sorteos. ¡Por eso es que se sostienen!”, dijo Alfaro.

Otro de los cuestionamientos que se le hicieron a la Junta fue la negociación del contrato con G-TECH, empresa encargada de la administración de la lotería electrónica, pues la falta de controles y fiscalización podrían haber permitido que se dieran casos de lavado de dinero que ahora son investigados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En las sesiones se recibió, en varias ocasiones, a la auditora de la Junta, Doris Cheng, quien reveló que la entidad había registrado pérdidas debido al pago de premios de los tiempos electrónicos, por la eliminación del tope a las apuestas.

“Nosotros (…) le hicimos ver a don Francisco Ibarra, al 16 de octubre, un recuento de como estaba la institución. A la fecha en que emití la nota, estábamos en rojo, teníamos ventas por 10 mil millones, debíamos de haber pagado 7 mil millones, pero pagamos 8 mil millones, estábamos pagando el 8% más. Hemos hecho las advertencias porque son fondos públicos y no deberían de arriesgarse de esa forma”, dijo la auditora de la Junta, Doris Cheng.

Añadió que le indicaron en diferentes ocasiones a la Junta Directiva de la Institución y a los gerentes que era necesario mantener el control de identificación de los nombres de los apostadores, algo que no se ha hecho.

La mayoría de los diputados están claros en que la negociación del contrato entre la institución pública y G-TECH puede afectar los intereses financieros de la Junta, mientras que el decreto emitido por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, que permite a la Junta meter a jugar una emisión aunque no se haya vendido en su totalidad y quedarse con los premios si no hay ganador, afecta los intereses del cliente.

Es por lo anterior que la diputada oficialista María Ocampo le recomendó a los miembros de la JPS asesorarse bien jurídicamente, a fin de que si se presenta algún problema, ellos tengan respaldo legal pues: “está claro que este contrato entre Costa Rica y G-Tech es tigre suelto contra burro amarrado”.

Los miembros de la junta aseguraron que están tomando todas las previsiones para controlar las ventas de la entidad y entre ellos, regular los presiones de los productos.

Procuraduría pide nombres de los apostadores

La Procuraduría General de la República (PGR) envió una aclaración a la Comisión de Ingreso y Gasto sobre su criterio con respecto a las regulaciones que debería de tener la Junta de Protección Social (JPS) sobre la lotería electrónica, donde les solicitó que documentaran a los apostadores y a quienes recogen los premios.

Según el dictamen del órgano jurídico, es de relevancia que la Junta tome cartas urgentes en el asunto, en el sentido de que mantenerlo abierto, tal y como está, se presta para que se dé el delito de legitimación de capitales.

La Procuraduría aclaró que la regulación de dichos procesos le corresponde también a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) con el fin de que sea la institución la que determine en que juegos deben ser identificados los apostadores y por cuáles montos.

Este lunes 10 de febrero se pretendía iniciar una negociación entre la ANEP y las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, respecto a la negativa de la Presidencia Ejecutiva de brindar las respectivas licencias sindicales a los miembros de la seccional ANEP – PANI, nombrados desde noviembre del año pasado, y los cuales no han podido realizar su trabajo gremial ya que no tienen permiso para reunirse. La comparecencia se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Licda. Iris Arias Angulo, Presidenta Ejecutiva del PANI, no se hizo presente a la negociación, y en su lugar envió a la La Licda. Victoria Matarrita Pérez, quien dijo no tener autorización para negociar ningún punto. No sabemos si tomar esto como un agravio, burla o desinterés por parte del PANI.

Es de lógica suponer que no se realizó ningún tipo de diálogo ni negociación. Se aprovechó la presencia en el MTSS para solicitar se agregaran varios puntos en la agenda de negociación:

1- Obtener una cuenta de correo institucional para la representación sindical.
2- Equiparar las facilidades sindicales entre la representación de la ANEP en el PANI con las que tiene la otra representación sindical en la institución.
3- El grave caso de la Licda. Floria Díaz Rivel, asociada a la ANEP y destacada en la oficina local de Nicoya, donde se desempeña como Trabajadora Social y quien sufre de un reiterado cuadro de acoso laboral.

En ANEP reafirmamos nuestra convicción en las oportunidades que ofrece el diálogo directo y transparente y la negociación efectiva, la construcción de acuerdos y la verificación de su cumplimiento, como la forma más idónea de resolución del conflicto obrero-patronal.

Así lo comentó ayer Gerardo Cascante, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en la Policía Penitencia, quien explicó que es algo muy doloroso que saquen una nueva circular del miedo amenazándolos que si usan los teléfonos en el trabajo habrá sanciones, incluso despidos. Indica que se les está cortando la comunicación con su familia y con el mundo exterior porque en los fortines y pabellones no hay manera de comunicarse con la oficialía. Gracias a sus teléfonos personales han podido dar la voz de alerta de riñas y otras anomalías; se ha evitado muertos y fugas, gracias a sus celulares.

Todo un clima de descontento, molestia, indignación, deseos de renuncia en masa y hasta vientos de huelga se han apoderado de los centros penitenciarios del país por un memorándum con el cual les prohibieron a los policías penitenciarios portar su celular. Desobedecer es calificado como una falta grave, por lo que podrían ser despedidos sin responsabilidad patronal.

Así lo comentó ayer Gerardo Cascante, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en la Policía Penitencia, quien explicó que es algo muy doloroso que saquen una nueva circular del miedo amenazándolos que si usan los teléfonos en el trabajo habrá sanciones, incluso despidos. Indica que se les está cortando la comunicación con su familia y con el mundo exterior porque en los fortines y pabellones no hay manera de comunicarse con la oficialía. Gracias a sus teléfonos personales han podido dar la voz de alerta de riñas y otras anomalías; se ha evitado muertos y fugas, gracias a sus celulares.

“Lo que más afecta es que el reglamento dice algo completamente diferente al memorándum del miedo. El reglamento habla de llamadas de atención verbales y escritas cuando sea del caso. Pero en situaciones graves será el departamento legal quien investigue, pero ningún jefe inmediato o superior se puede arrogar atribuciones que no le competen. Es un asunto de discriminación porque los trabajadores administrativos usan los celulares y los jefes también, en cualquier lugar. Cómo es posible que a unos se les deje y a otros no”.

La gente se molesta y ya está comenzando a hablar de huelga hasta que la Ministra o Presidenta anulen esa circular. Quieren que se rectifique porque les están aplicando la “Ley Mordaza”.

La indignación ha llegado a límites inimaginables: hay muchas policías que son jefas de hogar y necesitan estar en constante comunicación con sus hijos, o quienes se los cuidan, mientras ellas trabajan.

Por eso, en las próximas horas estarán recurriendo a la Sala Constitucional para reivindicar sus derechos laborales y no dejar de ir al baño cada vez que necesiten mandar un mensaje a sus familiares.

DIARIO EXTRA intentó localizar a Guillermo Ugalde, director de la Policía Penitenciara, sin embargo no fue posible obtener su versión del delicado tema.