El TLC y el empleo según Los Notables

La encuesta sobre el TLC recientemente realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica publicada aporta elementos de mucha relevancia. El 86% de las personas piensan que el TLC producirá ganadores y perdedores: es decir, la mayoría de la gente no se ha creído la propaganda que dice que el TLC es bueno para todos.

La población identifica a los ganadores con los sectores poderosos económica y políticamente, es decir, con “los de arriba”, e identifica como perdedores a los sectores “bajos” de la sociedad, a “los pobres” y “los campesinos”.

Tiene sentido que cuando se les pregunta qué harían si de ellos dependiera: si “¿aprobarían, renegociarían o rechazarían el TLC?” La mayoría dicen que lo renegociaría (43%) en tanto que el 27% lo aprobaría y el 15% lo rechazaría.

Estos resultados se producen a pesar de una campaña publicitaria que nos inunda con propaganda a favor del TLC. Y el deseo de más empleo.

A pesar de que evidentemente la gente no se ha tragado el cuento, la encuesta nos dice que el 46.2% de las personas entrevistadas estima que el TLC traerá como consecuencia la creación de más empleos. Algo es claro: esta afirmación refleja más un deseo profundo de la población que una realidad derivada del TLC. Del TLC no se puede esperar la creación de más empleo y sin embargo sí se puede esperar la amenaza a empleos existentes. No lo decimos nosotros; lo dice la Comisión de Notables que analizó el Tratado a solicitud del Presidente de La República.

Lo que dicen los Notables sobre el TLC y el empleo

Quiénes ganan. Desde Franklin Chang, hasta el padre Guido Villalta, pasando por el diplomático Alvar Antillón, el científico Rodrigo Gámez y el Exrector universitario Gabriel Macaya, han estimado que si llegara a generarse algún empleo por el TLC, cosa que no es clara, este beneficiaria a “el principal sector beneficiado sería el de unas pocas compañías exportadoras.”(pág. 32).

El TLC representa más de lo mismo: una apuesta exclusivamente a los grandes exportadores y a la atracción de inversión extranjera directa, y esto, según los notables ha producido un efecto muy limitado en lo que a generación de empleo se refiere: “Pese a que el impacto que ha tenido la inversión extranjera directa en el valor de las exportaciones ha sido notable, desde una perspectiva global, sus repercusiones sociales en la generación de nuevos empleos y en el establecimiento de vínculos de abastecimiento (encadenamientos) con empresas locales han sido limitadas.” (pág. 33).

Cómo cambiar la situación: una nueva relación con la inversión extranjera directa. Esto podría cambiar en la medida en que le podamos exigir a la inversión extranjera que ayude a generar empleo nacional, de forma directa o indirecta, pero desgraciadamente, tal y como lo indican los notables, esto está prohibido por el TLC: La prohibición en el Tratado, de requisitos de desempeño que pudiera establecer el país a las empresas extranjeras, dificulta la posibilidad de definir el tipo y las condiciones de atracción de IDE en función de metas de desarrollo. (pág. 36).

Los sectores cuyo empleo se va amenazado: la producción para el mercado interno. Por el contrario, el sector que ha sido el generador de empleo en Costa Rica, es el que produce para el mercado interno, que, según los notables, es precisamente el que pone en riesgo el TLC: “Esto sugiere que la industria local ha sido más dinámica en la generación de nuevos puestos directos de trabajo para la producción interna en comparación con la IED…” (pág. 32).

Es decir, en el sector en el cual se ubican la mayor cantidad de empleos es donde se perderá empleos: “Por otro lado, no debemos olvidar la competencia que enfrentarán empresas productoras para el consumo local frente al ingreso de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos como resultado de la apertura comercial. Es también indispensable entonces una clara política que permita transformar una parte de estas empresas en exportadoras y mejorar la competitividad de aquellas que continuarán produciendo para el mercado local.” (pág. 32)

Incluso los notables señalan que inexorablemente y a pesar de esas transformaciones para mejorar su competitividad, algunas empresas van a desaparecer con la consiguiente pérdida de empleos: “Finalmente, es de esperar que algunas empresas, independientemente de su tamaño, y con las condiciones de competencia generadas por el Tratado no sobrevivirían, lo que tendrá un costo político y social que será necesario atender.” (pág. 32).

El balance en materia de empleo. Se advierte entonces claramente sobre la pérdida de empleo en esos sectores: “Por otra parte, dadas la estructura productiva y del empleo, la apertura propiciada por el Tratado podría significar contracciones o incluso desaparición de actividades productivas y en esa medida de empleos existentes. Sobre esto último, es interesante, como experiencia histórica, considerar lo sucedido en México desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde, por un lado, se generaron 500.000 nuevos empleos en el sector manufacturero pero se perdieron 1.3 millones de puestos de trabajo en el sector agropecuario de 1994 al 2002. No se puede aseverar que lo sucedido en México sucedería necesariamente en Costa Rica con el Tratado por diferencias estructurales y coyunturales, pero constituye una señal importante sobre la necesidad de tomar acciones complementarias que reduzcan los eventuales impactos negativos y maximicen los beneficios.” (pág. 35-36).

Los Notables indican que no contaron con estudios definitivos que aclararan cuál sería el saldo en el empleo, pero indican que este bien podría ser negativo: “Las estimaciones que se han hecho sobre la generación y pérdida de empleo como resultado del Tratado, no son suficientemente sólidas e incluso pueden ser contradictorias, lo que dificulta tener una noción clara de impactos en estas áreas. Sin embargo, como ya se apuntó, si no se toman las medidas necesarias de reconversión y adaptación en el sector agrícola y en otros sectores vulnerables, el saldo neto en el campo del empleo, podría ser negativo.” (pág. 36).

Resulta claro entonces, que el modelo que hemos venido teniendo en los últimos 20 años no genera empleo más que para unos pocos, y convierte en perdedores a las grandes mayorías. Ese modelo es continuado y profundizado por el TLC, lo que produce enormes limitaciones y contradicciones en lo que a generación de empleo se refiere. En palabras de los notables:“En términos de estructura productiva y de generación de empleo el país no debería depositar todas sus energías en la promoción de exportaciones y atracción de IDE. La producción para el mercado interno merece una atención y energía equivalentes, cuando no superiores, si se quiere lograr un crecimiento económico que también propicie el desarrollo humano sostenible.”(pág. 36).

Entonces…

Desgraciadamente el TLC hace todo lo contrario, haciendo profetas a los costarricenses, que ya saben que el TLC sólo beneficiará a los de siempre: los ricos y los grandes empresarios.

San José, 21 de setiembre de 2005.

ANEP exije seriedad en los asuntos de los trabajadores

Como recordarán, el pasado 12 de setiembre del año en curso las trabajadoras y los trabajadores de la institución, en un acto de alta participación, se agruparon en las instalaciones centrales de A y A en Pavas, para exigir, entre otros asuntos, Justicia Salarial.

ANEP se presentó a respaldar la acción de los trabajadores, conscientes de que la misma se constituyó en un acto de absoluta necesidad. Nos dio profunda satisfacción observar tanta disposición de lucha del colectivo laboral.

Sorpresivamente dicha actividad fue suspendida por quienes parecen responder más a sus compromisos con la patronal, que a sus obligaciones para con los trabajadores. Se repitió lo mismo de siempre; o sea, se desaprovechó el importante ambiente de lucha imperante. ¡Sabe Dios porqué motivos!

Luego se llama a otra protesta denominada, “Huelga Definida de Dos Días”, misma que un día antes es suspendida por un aparente compromiso de la administración superior. Bastó un ofrecimiento para que se depusiera el movimiento programado… ¡Qué falta de seriedad señores!

Nuestra organización no puede dejar de señalar que es importante no perder de vista que además de la reivindicación salarial al que aspiran los y las trabajadores, la cual la consideramos justa y necesaria; debemos prepararnos para enfrentar las intenciones de reestructuración institucional que ponen en serio riesgo el futuro de esta estratégica institución y, en consecuencia, el recurso hídrico.

El estudio salarial efectuado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( MTSS) y el A y A, dejó en evidencia los paupérrimos salarios que perciben las trabajadoras y los trabajadores del A y A; y esta es una lucha a la que no podemos renunciar. Ya no se puede seguir en el juego o el contubernio de la Administración con quienes han venido prestándose a ello, sin guardar la consideración y el respeto que merecen los trabajadores y las trabajadoras.

Estamos dispuestos a generar una verdadera estrategia de lucha para alcanzar los objetivos trazados. Estamos por la unidad de la clase trabajadora de A y A. Esperamos contar siempre con el apoyo de todos ustedes.

Por salarios justos

Por una institución cada vez más fuerte

Contra la privatización

Por la unidad de los trabajadores y de las trabajadoras

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AyA

San José, 20 de setiembre de 2005.

En el pleito de las licitaciones por la adjudicación de almacenaje de suministros de la CCSS, pierde siempre la Seguridad Social

Ante tal situación, es criterio de la ANEP que la entidad aseguradora debería, a través de su Junta Directiva, indagar mejor la conveniencia de comprar estos servicios a empresas que se ganan tan fácil el dinero de los y de las costarricenses..

¿Acaso la Auditoria Interna de la CCSS o la misma Contraloría General de la República, se han ocupado de investigar quiénes son los dueños de tremendo negocio?; o bien, el porqué la Gerencia de Operaciones de la CCSS no ha ofrecido otras alternativas, desde luego menos onerosas, para el almacenaje de suministros.

Si la CCSS cuenta con 40.000.metros cuadrados para almacenaje de suministros y dicho espacio no le es suficiente, ¿cuál es la razón tan poderosa que le impide construir en sus propios terrenos y administrar con recurso humano propio, también, estos suministros?. Así se evitaría, incluso, las pérdidas de recursos por concepto de vencimiento, tal y como sucedió con los sueros que debieron votarse por esa lamentable razón. ¿Cuánto mas se ha desperdiciado por tal circunstancia?

Lo cierto es que la fragilidad en esta materia, de la querida institución de los y de las costarricenses que es la CCSS, ha permitido que los negocios privados de algunos vivarachos encuentren excelente caldo de cultivo para seguir desangrando a la institución, a vista y paciencia de todos sus depositarios, los asegurados, quienes son los que siguen perdiendo. Un día si y otro también pierde la seguridad social costarricense. ¿Hasta cuándo aguantaremos…?

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Responsable ANEP-CCSS

San José, 19 de setiembre de 2005.

Amplio estudio de la Defensoría revela que tarifas de RITEVE son hasta tres veces más caras

Dichas denuncias fueron ampliamente analizadas por tal entidad, la cual ha emitido el Informe No. DAEC-292-2005, sobre el Expediente No. 18250-25-2005, de fecha 9 de setiembre de 2005 indicando, entre otros aspectos no menos importantes, que las tarifas de RITEVE están mal fijadas en perjuicio del usuario. Entre los aspectos que destaca el Informe están:

1. La mencionada empresa, desde el año 2004, está obteniendo una utilidad mayor del 13% que es lo acordado en el contrato.

“…al menos para el 2004 la utilidad percibida por la empresa es muy superior al porcentaje convenido en la metodología de cálculo tarifario o sea que la fijación no se ajustó, por defecto de la metodología, a lo que en principio se pactó y de esa forma el usuario aparentemente podría estar pagando precios excesivos y la empresa estaría por ello ganando más de lo debido.” (Pág.21)

2. Existen diferencias entre lo que la empresa reporta por planillas en sus Estados Financieros y lo que esta reporta a la CCSS y al INS, por lo que no sabemos donde está la verdad.

“Los costos reales aparentemente no han sido debidamente comprobados, esto se evidencia en el anexo 8, página 5 del estudio de consultoría, donde se hallaron serias inconsistencias entre el gasto por planilla reportado por la empresa en sus estados financieros contra lo reportado a la CCSS y lo reportado al INS.”(Pág. 21)

3. El margen de utilidad para el 2005 de la empresa RITEVE es exagerado y esto sin considerar las ganancias por las reinspecciones.

“Con respecto a las proyecciones de utilidades para el año 2005…, con la tarifa sin ajustar la utilidad sobre facturación antes de impuesto sería de 28.853%, porcentaje que-contra lo establecido en la metodología aprobada que estableció un margen del 13%- reporta una utilidad extra o adicional de un 15.53% lo que ya de por sí indica que no era necesario un ajuste tarifario. Esta situación se agrava con la aplicación del ajuste tarifario, ya que la utilidad se eleva a un 36.64% o sea un 23.64% por encima de lo pactado. (Pág. 21).

“Consecuentemente, la tarifa a cobrar por el servicio resulta desproporcionada y onerosa para los usuarios, lo que puede deberse al hecho de haber aceptado como base de cálculo una estructura rígida y no acorde con la realidad de la actividad,…” . (Pág. 22). Todo ello en claro detrimento de los intereses de los usuarios pues se estarían generando rentas extraordinarios no justificadas.”

4. Existen serias deficiencias en la fiscalización del contrato de RITEVE por parte del Consejo de Transporte Público y el MOPT. Ello hace necesario la realización de una Auditoría Técnica Integral ordenada por la Contraloría en todas las estaciones de RITEVE e insiste en la necesidad de que exista representación de los usuarios.

5. De acuerdo con la Defensoría y según investigación que realiza la Contraloría, la empresa RITEVE SYC S.A no está autorizada para operar el Contrato de la Revisión Técnica.

“El único contrato para la revisión técnica vehicular que ha sido refrendado por la Contraloría fue el firmado por la empresa RITEVE SYC y el CTP. Esta es la única empresa autorizada para prestar el servicio.”(Pág. 45)

Aunado a estos hechos, la Defensoría encuentra numerosas deficiencias que pueden llevar a la resolución del Contrato con RITEVE, por lo que urgimos la intervención del Gobierno de la República a favor de los usuarios de RITEVE.

En el plano más inmediato, los integrantes del Consejo de Transporte Público (CTP) deben rendir cuentas de las razones sobre su inoperancia, que podría ser catalogada de sospechosa, en materia de fiscalización de este contrato. Paralelamente, el MOVIMIENTOVICO NACIONAL procederá a estudiar la eventual interposición de demandas penales contra los miembros del CPT porque podría darse la figura jurídica de facilitación de enriquecimiento ilícito con la prestación de un servicio público.

El MOVIMIENTOVICO NACIONAL hace un llamado a la ciudadanía para que nos aprestemos a una nueva jornada de lucha en las semanas por venir para exigir la más drástica intervención oficial, al más alto nivel ejecutivo de la República y del Poder Legislativo, dado que está ocurriendo una desvergonzada agresión económica a miles y miles de ciudadanos, casi todos de los sectores medios y populares, agobiados por una carrera inflacionaria sin control.

Prácticamente están dadas las condiciones jurídicas, éticas y morales, para proceder a la anulación del contrato de RITEVE. La ciudadanía afectada y engañada tiene la palabra y es nuestra opinión que, en lo inmediato, debemos proceder a organizar una gran acción social de desobediencia cívica, consistente en dejar de llevar los vehículos a RITEVE, no solamente por la ilegalidad en que está, sino por la abusiva tarifa que le ha impuesto a los usuarios.

Movimiento Cívico Nacional

San José, 14 de setiembre de 2005.

ANEP anuncia oposición a aumento en tarifa de buses

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se presentará a la audiencia pública que convocará la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el próximo lunes 26 de setiembre, para expresar su rotunda oposición a un nuevo incremento en las tarifas de buses; especialmente en lo que corresponde a la Gran Area Metropolitana.

La ANEP se abocará en estos días a la preparación de la argumentación del caso; destacándose la circunstancia de que, en el caso de la clase trabajadora, los incrementos salariales valederos para el segundo semestre del presente año, muy raquíticos por demás, ya fueron totalmente devorados por la espiral inflacionaria que está causando enormes estragos en el bolsillo familiar, deteriorando severamente la convivencia psicosocial en los hogares.

Paralelamente, la ANEP exhortará a las distintas comunidades urbanas y rurales, potenciales afectadas con una nueva alza en la tarifa de los buses, para que se manifiesten también y se hagan presentes en las instalaciones de la ARESEP, el próximo lunes 26 de setiembre.

Se pretende, de esta forma, transformar la audiencia indicada en un acto social de protesta por la espeluznante cadena de alzas, muchas de las cuales en materia de servicios públicos, la ARESEP tramita sin considerar los impactos sociales perversos que tales alzas están generando; ni la calidad y oportunidad de los servicios.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 12 de setiembre de 2005.
S.G. 05-07-0114-05

Gobierno debe pedir la ayuda de Venezuela

La grave crisis socioeconómica que está viviendo el país, motivada en parte por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, obliga a las máximas autoridades del Gobierno de la República a manejar un abanico de opciones de sobrevivencia; dentro de las cuales no puede excluirse las gestiones directas ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo Presidente Constitucional, el Dr. Hugo Chaves Frías, ha mostrado una gran sensibilidad para entender las dificultades de las economías de los países latinoamericanos.

Resultaría inaceptable que por consideraciones políticas transnochadas y por una excesiva servidumbre para con los intereses de los Estados Unidos de América, los y las costarricenses tengamos que sufrir una escalada de precios sin control, la cual se origina justificada o malintencionadamente, en el vaivén hacia arriba de las cotizaciones internacionales del precio del petróleo; precios que se dispararon luego la invasión estadounidense a Irak.

Sería inaudito someterse a cavernarias posiciones ideológicas internas, cuando el propio Gobierno de El Salvador, también constitucional, conocido por su docilidad inquebrantable a los intereses estadounidenses, ha decidido tocar las puertas del Gobierno de Venezuela en tal sentido.

El actual Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, es producto de elecciones democráticas y libres, cuya legitimidad está más que certificada por un pueblo que tiene una herramienta constitucional de la cual en Costa Rica se carece: el referéndum revocatorio. El mandatario venezolano Dr. Hugo Chaves Frías se sometió al mismo y fue contundentemente ratificado en el cargo.

Vistas así las cosas, si el Gobierno de la República y, particularmente, el Presidente Dr. Abel Pacheco de la Espriella, realmente están preocupados por la acongojante situación del precio de los combustibles, deben proceder de inmediato a entablar negociaciones directas con el Gobierno constitucional de Venezuela, apelando a la solidaridad del mismo, ya muchas veces demostrada en el escenario internacional.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben actuar con celeridad y con real voluntad política, para revisar la injusta estructura impositiva que pesa sobre el precio de los combustibles en nuestro país.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 5 de setiembre de 2005.

I ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

CONSTATAMOS QUE:

– Las violaciones a los derechos humanos en la región centroamericana se agravan con la implementación de políticas neoliberales agudizadas por la imposición de tratados de libre comercio, y por políticas hemisféricas de seguridad, impulsadas por los Estados Unidos, e implementadas por los gobiernos de la región, que colocan a los defensores y defensoras de derechos humanos en la misma categoría de terroristas y narcotraficantes.

– En la región, los gobiernos se han apartado progresivamente del paradigma democrático de la seguridad y el desarrollo, teniendo como resultados evidentes el aumento de la pobreza, una ola creciente de asesinatos de jóvenes y mujeres, la adopción de legislaciones de mano dura y de restricción a los derechos, la criminalización y penalización de la manifestación y movilización social y, el aumento sistemático de los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos.

– La impunidad se manifiesta y profundiza en la región centroamericana. La mayoría de violaciones de derechos humanos del pasado y del presente, así como los asesinatos y los actos de corrupción, no tienen investigaciones serias que conduzcan al conocimiento pleno de la verdad, a la identificación de los responsables y a su enjuiciamiento y sanción. La impunidad impide la construcción de la paz y de un estado democrático de derecho.

– Un agravamiento de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en toda la región.

AFIRMAMOS QUE:

– Los defensores y defensoras de derechos humanos somos todas las personas, grupos, comunidades y movimientos que trabajamos y luchamos por la vigencia plena de los derechos humanos, y que hacemos una contribución significativa al desarrollo de la cultura democrática y a las propuestas de reforma del Estado, rendición de cuentas y ampliación de la participación a nivel local y nacional.

RECONOCEMOS LAS SIGUIENTES TENDENCIAS REGIONALES
a) Tendencias negativas:

* El aumento de la difamación como forma de intimidación y deslegitimación del trabajo de los defensores y defensoras.

* La criminalización de los defensores y defensoras teniendo como resultado su inmovilización y en consecuencia, actos de represión, prisión y hostilidad.

* La criminalización del derecho de manifestación que ha sido vedado durante estos últimos años.

* El señalamiento de los defensores y defensoras como antisistema por parte de los gobiernos por no coincidir con sus políticas y no participar o retirarse de los diálogos, que legitiman el sistema y no resuelven las causas de las violaciones a los derechos humanos.

* El aumento de las amenazas, intimidaciones y asesinatos en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en el último año. Destacamos que los pueblos indígenas y afrodescendientes son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad.

* La utilización de archivos policiales, de inteligencia militar o judicial para la persecución e intimidación de los defensores.

* La participación de agentes de Estado en la ejecución y organización de operativos en contra de los defensores y defensoras.

* La difamación de los defensores y defensoras por parte de las grandes empresas que controlan la mayor parte de los medios de comunicación social. Es difícil que estas empresas reproduzcan con objetividad y amplitud notas periodísticas que reflejen nuestro quehacer.

* La reducción del financiamiento a programas y actividades de los defensores y defensoras de derechos humanos; así como el de los organismos estatales e internacionales de protección de los derechos humanos.

b) Tendencias positivas

“ El desarrollo de estrategias en redes para responder e implementar mecanismos de protección.

* El fortalecimiento de alianzas y articulación de acciones en busca de la solidaridad nacional e internacional.

* El reconocimiento y la inclusión de la diversidad sexual como parte del movimiento de los derechos humanos.

* Un mayor profesionalismo en el ejercicio de los mecanismos formales, nacionales e internacionales, para la protección de los defensores y defensoras, y una mejor sistematización de las violaciones en su contra.

* Atención integral a los defensores y defensoras, en particular a su salud mental.

PROPONEMOS:

A los Estados:

a) Visibilizar y reconocer el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en cada país y en el ámbito regional.

b) Promover que los candidatos y candidatas a las Procuradurías o Defensorías de Derechos Humanos sean personas con reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.

c) Aumentar y asegurar el presupuesto de las instancias estatales de protección de derechos humanos.

d) Asegurar la existencia de un cuerpo legal adecuado para la dignificación y protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

e) Aumentar las líneas de financiamiento a los mecanismos internacionales de protección, en particular a los que tutelan los derechos de los defensores y defensoras.

A los Órganos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos:

a) Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cree una relatoría sobre defensores de derechos humanos.

b) Mientras se crea la Relatoría, la Unidad de Defensores de la CIDH debe realizar informes temáticos sobre la situación de defensores y defensoras en la región con énfasis en la situación de defensores y defensoras de medio ambiente, de los derechos de los pueblos indígenas, de la diversidad sexual y de los y las sindicalistas.

c) Realizar Informes sobre la práctica de la difamación contra los defensores y defensoras de los Derechos Humanos.

d) Exhortar a los estados a investigar eficazmente las violaciones a los derechos de los defensores y defensoras, en la aplicación de las medidas cautelares otorgadas a éstos.

A los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos:

a) Profundizar y generalizar el conocimiento sobre los distintos mecanismos internacionales y la forma de acceder a ellos.

b) Socializar entre las organizaciones y países con experiencias en la utilización de los mecanismos internacionales, las prácticas exitosas y las lecciones aprendidas en su implementación. Dicha socialización busca encontrar formas de aplicación creativas de los mecanismos en la práctica cotidiana de nuestro trabajo.

c) Promover la elaboración de un caso emblemático centroamericano de defensores y defensoras de derechos humanos como una estrategia para impulsar cambios en las políticas públicas en el ámbito nacional e internacional.

d) Establecer alianzas con las organizaciones y redes de derechos humanos que puedan influir en la aplicación de las directrices de la Unión Europea.

ACORDAMOS

a. Crear una red que desarrolle y fortalezca lazos de solidaridad y acciones para la protección y el reconocimiento de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos del área centroamericana que incida en la sociedad, el Estado e instancias internacionales.

b. Implementar un mecanismo nacional de sistematización de la situación de las y los defensores de derechos humanos y de articulación de mecanismos creativos de protección.

c. Establecer vínculos de comunicación ágiles entre el mecanismo nacional y los mecanismos internacionales.

d. Fortalecer la coordinación de organizaciones de derechos humanos para la presentación de denuncias integrales y amplias tanto a nivel nacional como regional e internacional.

e. Desarrollar talleres de salud mental para defensores y defensoras de derechos humanos que se realicen de forma permanente y preventiva. Así como buscar los medios electrónicos para desarrollar acciones en esta línea.

f. Impulsar los mecanismos de acompañamiento internacional solidarios en los distintos países centroamericanos.

Finalmente, solidarizarnos con las familias de los defensores y defensoras que han sido asesinadas, y con los defensores y defensoras que sufren privación de libertad, demandas judiciales, atentados, amenazas, allanamientos, persecución y cualquier otra forma de hostilidad como medio de intimidación para impedirles su trabajo, muchos /as de los y las presentes en este encuentro somos víctimas de algunas de estas acciones de intimidación.

La Antigua Guatemala, 2 de Septiembre de 2005

Pretendía contratar a WPP

Mediante oficio DAGJ-2463-2005 del 26 de agosto de 2005, la Contraloría General de la República, denegó la autorización para que el Alcalde de Tibás, Percy Rodríguez Argüello, contrate en forma directa a la WPP para que brinde el servicio de recolección de basura.

Según este oficio, acceder a esa solicitud, constituiría un despilfarro de recursos públicos, puesto que implicaría mantener a los trabajadores de recolección de basura que han sido reinstalados por la Sala Constitucional, sin trabajar mientras se les paga el salario, y al mismo tiempo, pagar ¢12 millones mensuales a una empresa privada para que brinde el servicio.

En ese mismo oficio, la Contraloría le ordena a Percy Rodríguez que en tres días, presente la solicitud de contratación directa para la reparación de los camiones recolectores de la Municipalidad, así como para el alquiler de camiones para prestar el servicio de recolección con las cuadrillas municipales, en el tanto se reparan los del municipio.

Además, trascendió el día de ayer, que la Contraloría General de la República ha destinado a 4 de sus auditores, para que realicen un estudio especial en la Municipalidad de Tibás en los próximos días, lo anterior debido a la serie de anomalías que se han denunciado ante el órgano fiscalizador.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 1 de setiembre de 2005.
S.G.05-07-0093-05

¡¡¡Lo logramos!!!

1) En el plazo máximo de un mes, se recuperará la jornada laboral de 40 horas.

2) Se honrarán las deudas salariales acumuladas, una vez resuelta una controversia con la Autoridad Presupuestaria.

Tal y como estaba previsto, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se efectuó la crucial reunión entre las altas autoridades políticas y administrativas de Correos de Costa Rica S. A., con las representaciones laborales y, por supuesto, con la ANEP y su Seccional ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

La máxima representación institucional expresó su voluntad política, por medio de un acuerdo de la Junta Directiva, para restaurar, en el plazo máximo de un mes, la jornada laboral de 40 horas. Además, la Auditoría Interna Institucional presentó un informe sobre el cálculo estimado del presupuesto global que se requerirá para la cancelación de las deudas salariales acumuladas. La Administración, por su parte, indicó que ya está trabajando en el estudio, persona por persona, acerca del monto a pagar; estudio que estará listo en un tiempo prudencial y necesario. Las deudas salariales incluirán a personas trabajadoras que ya no laboran en la institución (ya sea por renuncia, despido o pensión).

¡¡¡Lo logramos!!! Se hizo justicia, por fin.

Gracias por confiar en ANEP.

Necesitamos mantenernos en alerta por si la Autoridad Presupuestaria persiste en una posición que no se puede sostener, ni política ni jurídicamente, lo cual nos obligaría a movilizarnos.

Manténgase en atención. ANEP brindará asesoría directa a sus afiliados y afiliadas en cuanto a la estimación correcta del pago a recibir, una vez recibidos los cálculos preliminares que elaborará la Administración en fecha próxima.

ANEP hace público reconocimiento que tanto la Junta Directiva, como la Gerencia General y la Administración Superior, abordaron de manera muy responsable esta delicada situación y honraron su palabra empeñada ante el MTSS.

Además, dejamos constancia que como organización sindical estamos con mucho interés en discutir y aportar sobre temas como productividad y competitividad, de cara al entorno amenazante que tiene la empresa; motivo por el cual el futuro estratégico y financiero de la institución debe ser una preocupación de esencial prioridad para sus trabajadores y trabajadoras. Sobre esto también hablaremos en el futuro próximo.

Otra buena noticia: la Convención Colectiva de Trabajo es ya una realidad. Espere un comentario específico en fecha próxima.

Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

San José, 26 de agosto de 2005.

Correos: Grave conflicto laboral en ciernes

Mañana viernes 26 de agosto, en el sétimo piso de la sede oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tendrá lugar una crucial reunión de conciliación laboral, a fin de evitar la inminencia de un grave conflicto socioeconómico que podría derivar en una Huelga General en Correos de Costa Rica, S. A.

Luego de la transformación institucional del anterior CORTEL a Correos de Costa Rica S. A., poco más de 300 trabajadores sufrieron un ilegal cambio de jornada, la cual se les aumentó de 40 a 48 horas, sin mediar retribución económica alguna.

Los tribunales de justicia han venido fallando a favor de las demandas laborales que ya se han tramitado, por lo cual el proceso conciliatorio abierto con la intervención del MTSS, busca soluciones negociadas que no encarezcan más la implantación de justicia.

Las autoridades políticas y administrativas de Correos de Costa Rica S. A. se comprometieron en audiencia anterior, a presentar mañana viernes un informe que establezca la forma de restauración de la jornada de 40 horas y el detalle, persona por personal, del monto individualizado de la deuda salarial acumulada, así como el sistema de pago que se hará en cada caso.

Valga indicar que el actual diputado Lic. Ricardo Toledo Carranza, hoy Candidato Presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), es el responsable político máximo de la situación difícil que hoy está afrontando Correos de Costa Rica, S. A.; por cuanto él era el Gerente General de la institución, cuando ocurrió el ilegal cambio que afectó a los trabajadores de la institución.

Si fracasase la reunión de mañana, porque la institución deshonra el compromiso asumido y firmado hace varias semanas, los trabajadores quedarán liberados de cualquier responsabilidad y deberán actuar conforme a la mejor protección de sus intereses económico-sociales, contando ya con la legalidad de su lado en forma incuestionable.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 25 de agosto de 2005.
S.G. 05-07-0073-05