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Mediante el Voto No. 152, del 25 de febrero de 2005, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha reivindicado el derecho fundamental a percibir salario mínimo, de un grupo de trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); quienes han venido sufriendo los más insospechados maltratos por parte de las autoridades de la institución y la indiferencia de las autoridades políticas nacionales por más de cinco años.

A estas personas, que laboran para una institución pública y que con lo que ganan allí mantienen a sus familias, no se les ha estado reconociendo el salario mínimo legal; estableciéndose una discriminación con respecto a los trabajadores fijos que realizan exactamente el mismo trabajo en idénticas condiciones. Tampoco se les reconoce otras reivindicaciones colaterales, como el Salario Escolar.

Adicionalmente, las autoridades administrativas de INCOP han llegado al absurdo de negar el derecho a percibir subsidios por incapacidad, pese a que todos ellos cotizan mensualmente para la Seguridad Social.

En la sentencia de comentario, los miembros del Tribunal de Casación resolvieron lo siguiente: “Se condena al demandado a cancelarle al actor el salario base o sobresueldo que si les reconoce a los trabajadores fijos (incluyendo el porcentaje que se debe pagar en forma acumulativa en el mes de enero de cada año por salario escolar); así como las diferencias resultantes por ese concepto en los renglones de vacaciones y aguinaldo y los intereses sobre dichas sumas desde que los rubros se debieron haber pagado y hasta su efectiva cancelación.”

El voto de la Sala reestablece la justicia en el INCOP, institución que hasta el día de hoy, había permanecido como una “república independiente”, a la que ni siquiera las autoridades políticas superiores habían podido someter al ordenamiento jurídico costarricense.

Reiteramos nuestra confianza absoluta en la independencia de los tribunales laborales, que representan una luz de esperanza para la clase trabajadora costarricense.

San José, 4 de marzo de 2005.

Todos los sectores sociales y populares se han venido articulando, en medio de una gran diversidad, para desplegar con éxito lo que hemos denominado el REFERÉNDUM DE LA CALLE.

Ahora bien, si la Asamblea Legislativa y/o el propio Gobierno de la República abogan porque esta dura situación de confrontación social a la vista, se resuelva dentro de los cauces de la institucionalidad republicana; la opción de un referéndum para consultar al pueblo en el asunto del TLC, podría ser viable con ciertas condiciones, como las siguientes:

1- La promoción y el financiamiento necesario para un profundo, pausado y altamente equitativo debate nacional, de frontera a frontera y de costa a costa, que permita a la gente conocer qué contiene el denominado TLC, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. Este proceso es imprescindible para que el mayor número posible de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses tengan plena noción sobre lo que se irían a pronunciar, ya sea a favor ó en contra.

2- Bien podría promulgarse una ley para el caso específico de un referéndum sobre el TLC; no obstante, tal legislación debe tener suficientes normas claras y fundamentales como la igualdad de acceso de las tesis encontradas (el NO y el SÍ); de forma tal que ambas posiciones tengan la misma cantidad de espacios en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, para que la gente tenga equidad en el acceso a las argumentaciones en uno u otro sentido.

3- En la redacción de dicha ley, deben tomar parte las representaciones sociales y productivas más visibles, en cuanto a las posiciones encontradas sobre el TLC. Además, debe establecer que los dineros que habrían para financiar campañas de base en una ó en otra dirección, deben acreditar total transparencia y procedencia ética.

4- Sería necesario la conformación de una Comisión de Alto Nivel, constituida por ciudadanos y ciudadanas de altísima honorabilidad y de incuestionable solvencia moral, para fiscalizar todo el proceso organizativo; comisión que trabajaría conjuntamente con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para certificar una credibilidad absoluta e incuestionable sobre el proceso de debate y sobre los resultados finales de una consulta popular como ésta, sin precedentes en la historia nacional.

San José, 3 de marzo de 2005.

Estimado señor:

Luego de saludarle de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos el debido derecho de respuesta, dado que en la edición de la fecha, en la columna del empresario don Samuel Yankelewitz, se alude de manera directa a las posiciones de esta organización, en el asunto de la reforma de pensiones IVM-CCSS. El texto de nuestra respuesta es el siguiente:

LA VERDAD SOBRE PENSIONES DE IVM

La UCCAEP, de Samuel Yankelewitz, propuso medidas que obligarían a cotizar 10 años más para obtener la pensión, así de simple.

Ante la crisis que vive el Régimen de Pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concretamente en lo que se refiere a su sostenibilidad financiera; la UCCAEP de don Samuel Yankelewitz , no realizó ningún aporte que le representara un sacrificio para la porción del sector empresarial que le es afín, ni tampoco para el sector solidarista que le acompañó. Su “propuesta” consistió en disponer de medidas conocidas por los tecnócratas como “PARAMETRICAS” (elevar cotizaciones de los trabajadores, disminuir beneficios de retiro, así como castigar las pensiones por invalidez y por muerte.).

Se trata de medidas que implicarían que aquellos trabajadores que ganan menos salario, tendrían que cotizar más y recibir menos beneficios al momento de su retiro.

Las estimaciones que hacemos en ANEP sobre esa propuesta, nos dicen que al incrementar en 60 el número de cuotas, se debe laborar cinco años adicionales; y, paralelamente, otros cinco años más si se disminuyen los beneficios de la pensión de 60% a 40%, tal y como queda reflejado claramente en la propuesta del Sr. Yankelewitz y su grupo, para lograr alcanzar el mismo beneficio de hoy en día Ni más ni menos que ¡10 AÑOS MÁS PARA JUBILARSE!

Proponer que sobre las espaldas de los trabajadores recaiga el peso de la reforma es una medida fácil, oportunista y simplista de quienes pretenden aparentar ser los “adalides de la verdad”; quienes con su actitud sólo pretenden defender sus propios intereses.

Ser consecuente con el planteamiento de una reforma integral y realmente sostenible, implica un alto grado de sacrificio de todos los componentes del problema; visión que la UCCAEP de don Samuel no parece querer asumir.

Honrar la Seguridad Social es comprometerse con ella y sus principios. El sistema de Invalidez, Vejez y Muerte sostiene buena parte de nuestra paz social y el compromiso debe ser común a todos los actores productivos de la sociedad costarricense, incluida la UCCAEP.

Don Samuel: Atendamos primero el problema de la morosidad, de la subdeclaración y de la evasión, aun cuando con ello toquemos intereses de empresarios afiliados a la cámara empresarial que usted representa.

Hagamos cumplir la Ley de Protección al Trabajador, que bien que mal contiene medidas para mejorar Cobertura, Inversión y Recaudación.

Ayude usted a eliminar el clientelismo político, el tráfico de influencias y la corrupción que se institucionalizó desde las altas esferas del poder político, imprimiendo daños irreparables a nuestras instituciones y a la misma credibilidad ciudadana. El mayor y más importante régimen de pensiones del país, como lo es IVM, también ha sido afectado por tales fenómenos perniciosos.

Pese a que su organización ya anunció que no regresarán a la comisión, porque aducen que ya dieron su aporte; le instamos don Samuel, respetuosamente, a que usted le indique a la ciudadanía y en especial a la gente del trabajo, en qué consiste el aporte que supuestamente hecho por UCCAEP para fortalecer el IVM; concretamente, cuántos colones le está constando al empresariado que usted tan responsablemente representa, esa propuesta balanceada, que usted señala en su nota.

Pensamos que estamos muy cerca de un acuerdo, gracias a nuestra modesta gestión y a la directa y oportuna intervención del señor Presidente de la Republica, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella; la del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Lic. Fernando Trejos Ballestero, así como la del señor Presidente Ejecutivo de la CCSS, el Dr. Alberto Sáenz Pacheco.

Además, el aporte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), ha sido vital en cuanto a los derechos de las mujeres en este asunto de las pensiones. De la misma forma, los oportunos señalamientos de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el carácter del proceso y la necesaria integralidad del mismo, posibilitan las bases para un acuerdo que podría ser histórico.

De acuerdo, don Samuel, coincidimos en lo que hay que corregir. Corrijámoslo; pero aún así, hay que poner más recursos para la sostenibilidad del sistema; por eso insistimos, y para que su interés apuntado en su nota sea creíble, díganos con cuántos colones más va a contribuir el sector empresarial que usted representa.

La reactivación de la comisión que ve los problemas de sostenibilidad financiera del Régimen de IVM , tiene una responsabilidad histórica, en la elaboración de una propuesta integral, políticamente viable, estructuralmente posible y, sobre todo, solidaria.

No debe por ningún motivo desestimularse el componente solidario que le ofrece como marco filosófico, la Seguridad Social a los depositarios del fondo de IVM. Procuremos que quienes ganan más aporten más y, consecuentemente, hagan mayores sacrificios al momento de recibir los beneficios.

Esté seguro don Samuel de que la ANEP, ha puesto y pondrá todos sus recursos para que el sistema de pensiones de IVM siga siendo un régimen de reparto, absolutamente solidario y no de capitalización individual, ya que ello conduciría irremediablemente a la privatización de nuestro sistema de pensiones.

Entonces don Samuel, para hablar claro, sin ambages y con sinceridad, queremos saber cuánto más va a poner en la mesa el sector empresarial y cuánto más el Estado como patrono. Porque hablar de responsabilidad empresarial, cuando en una propuesta solamente ponemos el pellejo los trabajadores y sobre todo las trabajadoras, resulta fácil y hasta cínico. Por favor, seamos serios.

Hasta aquí nuestro texto.

Anticipadamente le agradecemos la valiosa consideración a la anterior solicitud de derecho de respuesta.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

—-
c.: Ing. Samuel Yankelewitz Berger, Presidente, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Una delegación de la comunidad de Abangares, compuesta por un número superior a la centena, estarán mañana viernes 25 de febrero, frente a la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en esta ciudad; respaldando la justa demanda de la Municipalidad de Abangares, para que la firma CEMEX (COSTA RICA), S. A., pague una presunta deuda tributaria de cerca de 3 mil 500 millones de colones. La actividad será a las 10 de la mañana.

Dicha representación de las fuerzas vivas de esa comunidad guanacasteca, en alianza con su Concejo Municipal, contando además con el apoyo de la ANEP; solicitarán a los señores magistrados de ese alto tribunal, que se haga justicia en el caso indicado; toda vez que consideran que la ley está del lado de la comunidad y, por ende, esa empresa debe honrar la deuda que se le está cobrando.

“David contra Goliath”, pareciera ser el símil más apropiado para definir esta pugna entre una comunidad pobre, de bajo desarrollo socioeconómico, ubicada en una de las regiones más “olvidadas” del país; con un consorcio cementero de alcance mundial, ubicado casi en el primer lugar de dicha actividad productiva.

Desde ya agradecemos a la prensa nacional, la posibilidad de que mañana estos hombres y mujeres costarricenses del campo puedan tener acceso a la opinión pública nacional con su planteamiento. Son compatriotas que hacen un gran esfuerzo económico para venir hasta San José, pero motivados con una profunda convicción patriótica de que el Derecho les asiste en este caso.

San José, 24 de febrero del 2005.

La ANEP tuvo acceso al documento en mención, del que se extraen interesantes datos como los siguientes:

Nombre del jugador
ALVARO MESÉN MURILLO
Salario mensual
200.000.oo

Nombre del jugador
AUSTIN BERRY MONTOYA
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
CHRISTIAN BADILLA ZAMORA
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
MICHAEL UMAÑA CORRALES
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
KURT BERNARD SIMPSON
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
JEWISON BENNETTE GRANT
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
ROBERTH ARIAS SANCHO
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
RAYNER ROBINSON WATSON
Salario mensual
150.000.oo

Nombre del jugador
KENNETH VARGAS ALFARO
Salario mensual
150.000.oo

ANEP comparte esta situación con la opinión pública nacional, intermediando la valiosa atención de los medios de comunicación colectiva, en momentos en los cuales está en discusión el carácter de la reforma al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el cual tiene entre sus principales problemas diferentes formas de evadir la responsabilidad patronal que tal régimen presupone.

La ANEP no está afirmando que los datos de la planilla patronal del mes de diciembre anterior, presentada por el Club Sport Herediano a la CCSS, presente anomalías de evasión de responsabilidades patronales; pero sí estimamos necesario que se abra un debate público sobre lo que en realidad pudiera estar acontecimiento en la materia, entre los clubes de fútbol de primera división del campeonato nacional.

Sobre el particular surgen preguntas como las siguientes: ¿Los salarios pagados a jugadores de fútbol en la primera división son parecidos a los que declara el Club Sport Herediano?; ¿existe entre los clubes deportivos del fútbol mayor de Costa Rica, prácticas de evasión de responsabilidades patronales para con la Caja Costarricense de Seguro Social?; ¿cómo actúa la CCSS para comprobar si los datos que se le aportan son reales?;

Sin duda alguna que la situación aquí comentado merecería un exhaustivo análisis de las instituciones correspondientes, así como el necesario debate público, en momentos en que se discute la reforma al sistema de pensiones IVM-CCSS.

San José, 10 de febrero del 2005.

Todo esto a pesar de que existe un compromiso con el Ministerio de Educación Pública (MEP), para que el 7 de febrero se haga entrega de los programas de estudio, el control de asistencia y el registro de actividades, para que los docentes del país cuenten con las armas de trabajo para el año 2005.

Lo importante de todo este caos es que mientras la Administración se hace de la vista gorda para cumplir con este compromiso, son los propios trabajadores de la Institución, los que han asumido toda la responsabilidad y con el compromiso de trabajo; por lo que han tenido que ampliar su jornada laboral, trabajando horas extras, sábados y domingos.

Se busca cumplir con el plazo de entrega establecido, para que así todos los docentes, dispongan a tiempo del material necesario para desempeñar sus labores y que todos los niños, todas las niñas y adolescentes de nuestra querida Costa Rica, cuenten con un educador preparado para lograr los objetivos propuestos para este año.

Es obvio: la Imprenta Nacional, se encuentra en manos de Dios y de sus trabajadores y que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe.

La Seccional ANEP-Imprenta Nacional deja en claro nuestro compromiso con el Estado Costarricense y a la vez externamos nuestra preocupación por la falta de dirigencia en la Imprenta Nacional y que la Junta Administrativa no resuelve. Por lo que le solicitamos al señor Ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Rogelio Ramos Martínez, su intervención lo más pronto posible.

San José, 3 de febrero del 2005.

La reforma al Reglamento Legislativo pretende resucitar al alicaído bipartidismo tradicional, para pasar “su” TLC

1- La actual composición partidaria de la Asamblea Legislativa, muy distinta a la surgida con el resultado electoral del 2002, es un retrato de la transformación política que viene ocurriendo en el seno de nuestra sociedad. La mayoría formal de escaños que representan al destartalado PLUSC, ya no es una mayoría política real de cara a la ciudadanía.

2- El alicaído y casi extinguido sistema bipartidista PLUSC, golpeado hasta la médula por los escándalos de corrupción más impactantes de la historia nacional; desesperadamente necesita de un proyecto de resucitación para intentar revertir el sistemático proceso de deterioro de su legitimidad ciudadana.

3- Ese proyecto no es otro que el denominado tratado de “libre” comercio (TLC), para lo cual el hoy desprestigiado PLUSC, en forma desesperada, necesita domeñar a la Asamblea Legislativa a su vieja usanza: pactando entre bambalinas, anulando la disidencia, amarrando más las docilidades y anulando las individualidades intelectuales sobresalientes y que dejan al desnudo la sostenida degeneración filosófica, ética y política que le caracteriza.

4- Resulta inexplicable que la fracción parlamentaria de un colectivo como el Partido Acción Ciudadana (PAC), se preste a semejante juego, sabedor de que su importante inserción en la política nacional fue producto de la adhesión de amplios sectores de las capas medidas de la población, decepcionados y estafados políticamente hablando, por ese sistema bipartidista PLUSC.

5- Para importantes agrupaciones cívicas de los Sectores Sociales costarricenses, como las que suscribimos este pronunciamiento, es más que claro que hoy se pretende instaurar una dictadura reglamentaria en el parlamento costarricense; para allanar el camino al denominado tratado de “libre” comercio (TLC), con los Estados Unidos de América. El tal TLC ni es tratado, es anexión; ni es libre, es imposición; ni es de comercio, sino de transformación estructural de la vida institucional costarricense, tal y como la hemos conocido hasta hoy.

6- Una cosa muy distinta puede ser la aplicación insana y malintencionada de un uso abusivo del actual reglamento legislativo (como lo hace el Movimiento Libertario), ó con propósitos ocultos para salvaguardar intereses de cuestionable procedencia; pero muy distinto es la circunstancia de que, necesariamente, proyectos estratégicos para la futura vida del país, se definan castrando la esencia del debate, minando la naturaleza misma del parlamento como instancia de un supuesto alto vuelo deliberativo; y lo que es más grave aún, buscar la concreción de leyes que no tienen una base de sustentación política desde una perspectiva ciudadana, porque esa base está minada a partir del comportamiento partidario tradicional, profundamente alejado del sentir de la gente.

7- Además, el asunto de la supuesta “parálisis” legislativa no es un problema de tipo reglamentario, dado que es un asunto eminentemente político. Si no hay un liderazgo claro, un liderazgo de respeto; si la componenda sustituyó a la transparencia; si no hay una visión de país de relativo conjunto y con consenso de peso; es imposible conseguir acuerdos de sólida base y de real legitimidad. Este vacío es lo que pretende resolver la tal reforma reglamentaria, una decisión profundamente incorrecta.

8- Es imposible concebir la autoritaria reforma reglamentaria que se discute en la Asamblea Legislativa, sin dejar de pensar en el objetivo estratégico del agonizante bipartidismo PLUSC por “su” TLC. Es imposible concebir esa reforma, sin negar que ese bipartidismo quiere prolongarse en el plano formal de la política, porque en el real, su descalificación está más que demostrada.

9- Las oportunidades de negocios al amparo del TLC que defiende el bipartidismo tradicional, son tan atractivas que no importa el atropellamiento de la democracia y la instauración del reglamentarismo déspota, para aplastar a aquella disidencia legislativa honesta que se ha comprometido con los más altos valores del verdadero patriotismo.

10- Con toda vehemencia, llamamos a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, a derrotar dicha pretensión autoritaria; particularmente, a los legisladores independientes y a quienes integran la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), para que comprendan que los enormes desafíos de participación ciudadana que dan base a su origen partidario, están en juego con esta autoritaria reforma reglamentaria para la resucitación del viejo esquema bipartidista PLUSC.

11- Particularmente, esa es la reforma reglamentaria que ocupa Oscar Arias Sánchez y el grupo oligárquico que él representa, para la instauración del gobierno imperial con el que tanto sueña. Nos cuesta creer que el proceso de domesticamiento del parlamento costarricense, tenga una tendencia a su profundización; si juzgamos por la actitud que asumió el denominado Primer Poder de la República, cuando cinco magistrados por él designados, le anularon su voluntad soberana en el caso de la reelección presidencial, pisoteando nuestra Constitución Política.

12- Nos quedamos estupefactos ante la vergonzosa parálisis de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, frente a semejante descalificación y anulación de su poder soberano. Hoy, pareciera que estamos a punto de presenciar el segundo acto de minimización política de nuestro parlamento, para sujetarlo a ciertas ambiciones políticas personales, en nombre de reducidísimos círculos de poder económico. La reforma reglamentaria pretendida busca únicamente eso: una minimización de la confrontación de ideas y de la construcción de sólidos consensos, para dar paso a soluciones facilistas que no resuelven el conflicto social en que estamos inmersos.

13- Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales de la más diversa naturaleza; a toda la ciudadanía de bien a movilizarse hacia la Asamblea Legislativa para detener semejante adefesio, no solamente jurídico, sino profundamente político para perpetuar un estado de cosas que, probado está, ya no funciona más. El referéndum de la calle, en esta caso, es urgentísimo y necesario.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad
ASDEICE

San José, 31 de enero de 2005.

Conocidos por su extremismo ideológico, sus cuestionados vínculos con los negocios del placer y con una ausencia total de transparencia en cuanto a sus fuentes de financiamiento, los defensores del TLC deberían preocuparse, seriamente, ante el anuncio libertario de que dicho partido introducirá el TLC en la corriente legislativa. En verdad, se trata de unos pésimos patrocinadores.

Si ya ha venido decayendo el apoyo ciudadano al TLC, la anunciada acción de los amigos de los casinos y de las casas de apuestas, propicia un enorme impulso a la creciente ola de rechazo a dicho convenio “comercial”.

Sin duda alguna, el anuncio de los libertarios aporta un valioso elemento de propaganda para incrementar la calidad del trabajo de la amplia coalición opositora que se ha venido consolidando en contra del TLC. Una especie de “valor agregado” con el que no se contaba para esta lucha.

Particularmente, el exmandatario de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, ahora aspirante presidencial, debería preocuparse aún más, pues en el marco de la anunciada acción de la extremista fracción parlamentaria del Movimiento Libertario, será muy fácil posicionar en la conciencia popular, algo así como “el TLC libertario-arista”.

Si lo vemos desde una perspectiva estratégica para quienes desean la aprobación de ese TLC, su llegada a la Asamblea Legislativa por la vía libertaria, le genera una enorme descalificación política, dado que podrá interpretarse como carente de rango de política de Estado, al no haber sido enviado a su tramitación por el propio Poder Ejecutivo.

En todo caso, la circunstancia política y sociohistórica que se va perfilando es contundente: el verdadero debate del TLC será el de la calle y será en este escenario donde la suerte del mismo se resolverá en forma definitiva. Eso sí, lastimosamente, en un clima de confrontación social jamás visto en la historia nacional de las últimas décadas.

San José, 29 de enero de 2005.

Estamos hablando de las instalaciones físicas de los servicios de Cooperativas Estudiantiles, Suministros Escolares, Bodega de División de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (DANEA); así como el Centro Nacional de Infraestructura (CENIFE), el Almacén de Proveeduría y el Archivo Central; todas estas instancias pertenecientes a la estructura institucional del MEP.

Las instalaciones afectadas se localizan 150 m. al oeste y 70 m. norte, de la Plaza de Deportes de La Uruca, en esta ciudad.

ANEP demanda, públicamente, del Sr. Ministro de Educación Pública, el Lic. Manuel Antonio Bolaños, una acción enérgica pues resulta inadmisible que la institución estatal encargada de la transmisión de los mejores valores de nuestra nacionalidad, a través de la Educación Pública, tenga a trabajadores a su servicio en condiciones indignas, deshumanizantes, con grave riesgo de salud; igualmente, porque que un clima de deterioro de tal naturaleza en un servicio público, afecta a la población necesitada de realizar gestiones en cada una de las dependencias apuntadas, todas las cuales ocupan un mismo espacio físico.

San José, 27 de enero de 2005.

El señor Pacheco afirma que “los señores Albino Vargas y Marco Tulio Picado viven de hacer escándalos, aunque con eso afecten los intereses de la clase trabajadora que dicen representar”. Queremos dejar claro, ante todo, que formamos parte de una organización que es un ejemplo nacional en la lucha por los derechos de los trabajadores, por la defensa de la institucionalidad y contra la corrupción que infecta las altas esferas jerárquicas de los organismos estatales y privados. Desde ANEP, nosotros y los demás asociados de todo el país, tratamos por todos los medios espirituales y materiales que Dios nos ha concedido, de hacer más eficiente y consecuente la lucha de nuestra organización, apelando a los derechos de vigilancia ciudadana que la Constitución y las Leyes nos conceden. Por esto es injurioso y calumnioso, por parte del señor Rubén Pacheco, afirmar que vivimos de hacer escándalos.

Nos parece absurdo y malintencionado que el señor Pacheco nos acuse de atrasar la ejecución de su proyecto, pues ANEP no está en condiciones de ejercer ninguna influencia administrativa en contra de ningún proyecto presentado ante el ICT, ya que eso corresponde estrictamente a los órganos creados para tal efecto, como es el caso del Consejo Director del Proyecto Papagayo. El mencionado proyecto del señor Pacheco se basa en supuestos que dependen de decisiones administrativas y, si hay atrasos, al señor Pacheco le asiste el derecho de denunciar ante los tribunales a esos órganos administrativos responsables, pero no le asiste el derecho de calumniar a la ANEP, presentándonos como detractores del desarrollo turístico y de la oferta de trabajo. Esto es un golpe bajo a la digna imagen de nuestra organización.

En su respuesta don Rubén señala que “lo que se ha venido publicando parece más bien parte de un complot para evitar el desarrollo y denota una evidente falta de compromiso con el bienestar nacional”. A propósito de semejante calumnia, creemos necesario aclarar que ninguna organización social en el país ha hecho tantos y tan ingentes esfuerzos por redirigir las políticas de desarrollo turístico hacia metas de decencia, sostenibilidad y distributividad, como lo ha hecho la Seccional de ANEP en el ICT. Desde hace ocho años, a través de una ardua vigilancia y denuncia sistemática contra el despilfarro, la corrupción y la negligencia, la ANEP ha logrado consolidar importantes avances en algunos mecanismos burocráticos que perjudicaban los trámites realizados por los empresarios turísticos y los servicios de promoción e información al turista. Gracias a nuestra labor, muchos empresarios, que así nos lo han hecho saber, se han beneficiado al purificarse el servicio y evitarse la incidencia de la politiquería en ciertos procesos. Lamentablemente, el tema en discusión sobre Papagayo demuestra que todavía queda mucho por hacer.

Señala el señor Pacheco que “se han dejado decir de manera abierta e irresponsable que el suscrito se valió de tráfico de influencias para tratar de obtener concesiones en el Golfo de Papagayo”. Nuevamente nos injuria don Rubén, pues semejante frase nunca ha sido expresada en referencia a los procedimientos seguidos en el ICT. En ANEP sabemos expresar nuestras presunciones y respaldarlas con los documentos que responsablemente hemos estudiado previamente, y para este caso hemos guardado el debido respeto y cuidado a la hora de tocar el tema.

Por último, deseamos dejarle claro al señor Pacheco que con sus tergiversaciones y con sus intentos de intimidación a través de querellas y demandas, lo único que va a conseguir es que este asunto lo ventilemos en un nuevo escenario de lucha, como son los tribunales, en donde con más decisión y coraje seguiremos ampliando nuestros argumentos y profundizando en nuestra investigación, incluso si esta investigación tiene que extenderse hasta Zapote.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes

Marco Tulio Picado Méndez

San José, 24 de enero del 2005.