Categoría: Noticias

1- El Movimiento Cívico Nacional reitera, por este medio, su rotunda oposición a la abusiva pretensión de consorcio RITEVE, de incrementar las tarifas por el servicio de la revisión técnica vehicular; en momentos en los cuales la supervivencia de dicha empresa en su condición monopólica ó su permanencia como prestataria de dicho servicio, está en serio cuestionamiento.

2- El Movimiento Cívico Nacional indica al Consejo de Transporte Público (CPT), que no se aproveche de las festividades navideñas para recetarle a los propietarios de vehículos, aumentos tarifarios en materia de revisión técnica. Esto sería inmoral y dejaría en estado de indefensión a miles de ciudadanos hastiados de los abusos que se cometen en tal sentido.

3- El Movimiento Cívico Nacional estará solicitando, en próximos días, ser recibido en audiencia por el CPT para entregar su manifiesto opositor al incremento tarifario en comentario; de la misma forma que hará una petición a la Contraloría General de la República para que enmiende los errores procedimentales en cuanto al proceso seguido para denegar las injustas pretensiones de RITEVE para aumentar sus tarifas.

4- El Movimiento Cívico Nacional hace un vehemente llamado a todos los propietarios de vehículos automotores, a que se abstengan de presentarse a la revisión técnica vehicular en los actuales momentos; pues el día 15 de diciembre vence el plazo para la decisión definitiva en este polémico asunto; cuando ha de conocerse los resultados del proceso desarrollado en el denominado Órgano Director del Procedimiento.

5- El Movimiento Cívico Nacional, como se recordará, presentó ante dicho órgano una profusa documentación tendiente no solamente a demostrar la completa nulidad del proceso adjudicatorio de dicho servicio; sino que, para solicitar la rescisión y/o resolución contractual con RITEVE S y C, a partir de la cadena de incumplimientos en sus compromisos para con la prestación de tal servicio.

6- El Movimiento Cívico Nacional lanza hoy un reto público para que las entidades empresariales socias del Consorcio RITEVE S y C, demuestren su transparencia en materia tributaria, haciendo constar de manera pública la honra al día de sus compromisos impositivos. Directamente estamos hablando de empresas como TRANSAL, S. A., TUASA, Empresa Villa Bonita, IMPORTAL, S. A., al señor Marvin Herrera Alvarado y sus hermanos. Varias de estas entidades habrían sido investigadas en los últimos meses por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por presuntas evasiones fiscales.

7- El Movimiento Cívico Nacional continúa en el desarrollo de comités cívicos locales y regionales, preparando una nueva y contundente salida a las calles, si el Gobierno de la República burla las aspiraciones ciudadanas, cristalizadas por este movimiento, para liberarse de la opresión que significa el mantenimiento del ilegal e inconstitucional monopolio de la revisión técnica vehicular.

San José, 30 de noviembre de 2004.

Marjorie Lizano Páez
CCTT Eddie González Sánchez
ATICOS Albino Vargas Barrantes
ANEP

Célimo Guido Cruz
Instituto Defensa Ciudadana Hugo Chávez Miranda
SICOTA Ricardo Araya Montero
FENAC

Eligio Luna Vargas
ATIH y S.C.

El Movimiento Cívico Nacional deja constancia pública de su más rotunda oposición, a la pretensión del ilegal e inconstitucional monopolio privado de la revisión técnica vehicular, a cargo de la firma empresarial RITEVE, de lograr un aumento en las tarifas que cobra a todos los propietarios de vehículos automotores del país.

En las próximas horas entregaremos un documento, en tal sentido, ante el Consejo de Transporte Público (CPT); pidiendo, además, audiencia al mismo para expresar nuestra oposición, pues argumentos sobran para ello.

En primer lugar, no es cierto que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, haya “avalado” un aumento en las tarifas de RITEVE. Plantearlo así expresa una malintencionada manipulación que tiende a favorecer los intereses de este monopolio privado.

La Sala IV lo que hizo fue dar autorización para un proceso de solicitud de aumento tarifario, lo cual es muy distinto; pues ese proceso abre cabida para cuestionar dicho aumento, lo cual haremos en el Movimiento Cívico Nacional.

En segundo lugar, las tarifas actuales que cobra RITEVE han sido fuertemente cuestionadas por la Contraloría General de la República. Según el ente contralor, adolecen de mal cálculo y los montos actuales están distorsionados pues reflejan una gran inclinación para favorecer, únicamente, los intereses de negocios de dicha firma empresarial.

Otra razón para objetar la pretensión de aumento tarifario en el servicio de la revisión técnica vehicular, estriba en el mismo carácter de dicho monopolio privado; que está siendo cuestionado, severamente, en el proceso abierto por el denominado “Organo Director del Procedimiento”; de tal suerte que el futuro de RITEVE es bastante sombrío

El Movimiento Cívico Nacional ha presentado una sólida argumentación para establecer la nulidad total del proceso adjudicatorio; o bien, incluso, para resolver ó rescindir dicho contrato, sin detrimento alguno del patrimonio público.

Las conclusiones de dicho proceso deben estar listas, según nuestro cálculo, el próximo 15 de diciembre y dada la situación social explosiva que ha representado la lucha ciudadana contra dicho monopolio privado, la suerte del mismo parece, prácticamente, echada.

San José, 25 de noviembre de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
a nombre del
Movimiento Cívico Nacional

Una realidad dolorosa es la constatación de que ha aumentado la pobreza en nuestro país, según los últimos datos que brinda la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Los datos son contundentes: En el último año la pobreza subió del 18,5 % al 21,7; y el segmento de extrema pobreza, pasó del 5.1 % al 5.6 %.

Paralelo a lo anterior, la certificación de la caída en el poder adquisitivo de los salarios, es más que dramática. Los ingresos reales por remuneraciones del trabajo cayeron un 5.7 %. La clase trabajadora, indudablemente, se empobreció más.

No hay duda. Las consecuencias de una política económica de excesivo sesgo fiscalista, inspirada en las concepciones extremistas que pregona el neoliberalismo, nos conducen hacia una Costa Rica totalmente polarizada desde la perspectiva de la distribución del ingreso nacional.

El desdibujamiento de la Costa Rica de clase media, bastión de la estabilidad democrática tan reconocida en el exterior, es una realidad aplastante.

Particularmente, la ruta que enseña la indicada encuesta, es la del tránsito sostenido hacia la inequidad distributiva y, por ende, fácilmente se explican las muestras ostentosas de una concentración de riqueza que estamos presenciando.

En lo que respecta a las personas asalariadas de la clase trabajadora, el desafío de la conservación del empleo ha estado condicionado a resignarse a la pérdida sistemática del poder adquisitivo del salario; sin embargo, las muestras de resistencia ante tal situación han sido más que evidentes, si observamos los acontecimientos sociales de agosto del presente año.

¡Qué ironía!. En el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, la encuesta nos muestra el menor grado de participación económica; detectándose una caída de la tasa de participación de las mujeres en cuanto a ocupación laboral.

Definitivamente no hay más opción que incrementar los niveles de lucha social, en todos los ámbitos posibles, para obligar a los detentadores del poder político y económico, a dar las primeras muestras de obligado cambio en la injusta senda de dolor, miseria e injusticia, que arrojan los datos de la Encuesta de Hogares.

San José, 25 de noviembre de 2004.

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA INYECTA, VÍA BANCO INTERAMERICANO DE DEARROLLO (BID), LA SUMA DE $700 MIL DÓLARES, PARA LA PROMOCIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC), ENTRE COSTA RICA Y ESA NACIÓN.

TLC: una lucha abrumadoramente desigual.

01- Recientemente, los medios de comunicación colectiva de nuestro país nos anunciaron, con gran despliegue, que el Gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), a través del Banco Interamericano Desarrollo (BID) y de la Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana (AmCHAM), aportaron a nuestro país la astronómica suma de 700 mil dólares (casi 300 millones de colones costarricenses al tipo de cambio actual), para la promoción del TLC entre los EUA y Costa Rica.

02- El propósito de esta millonaria inversión es “convencer” a los y las costarricenses sobre las supuestas bondades del TLC y ahogar en una abrumadora campaña publicitaria, las voces de cuantos nos oponemos a este nefasto tratado; voces que provienen de una amplia multiplicidad de sectores más allá de los meramente sindicales.

Una lucha sostenida de gran resistencia ciudadana

03- El innegable aprecio y respeto que tiene el pueblo costarricense sobre sus instituciones, nos han permitido a la organizaciones sociales y sindicales, así como a las fuerzas políticas patrióticas; resistir, desde hace bastante tiempo y con buen éxito, la implementación del modelo neoliberal, deshumanizante y privatizador, que se nos vende desde Washington.

04- Esta circunstancia, el aprecio que tiene el pueblo costarricense por sus instituciones públicas proveedoras de servicios esenciales de carácter universal, nos ha permitido a las fuerzas progresistas y democráticas realizar grandes movilizaciones sociales, de dimensión nacional; movilizaciones y acciones sociales que nos han servido para detener, momentáneamente, las intenciones privatizadoras de los grupos neoliberales de la derecha costarricense, hoy expresados en la figura del Expresidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, quien pretende volver a la silla presidencial en el 2006.

05- Sin embargo, tales manifestaciones de repudio popular a las pretensiones neoliberales, no han contenido el impulso de estos sectores, por imponer por todos los medios su modelo de desarrollo.

06- Estas fuerzas (las neoliberales), agrupadas en las cúpulas políticas y económicas del tradicional bipartidismo costarricense, hoy muy desprestigiado por los escándalos de dimensión internacional ya de sobra conocidos (con expresidentes, incluso, recluidos en cárceles); no han dejado de insistir en su intención de sepultar el modelo de desarrollo social impulsado por nuestro pueblo a partir de la años 40 y copular su ansiado proyecto: Privatizar, ahora vía TLC, nuestras instituciones y empresas de servicios públicos (telecomunicaciones, energía, agua, combustibles, bancos, puertos, salud y seguridad social).

07- Debemos anotar que el modelo de desarrollo social que hemos disfrutado la familia costarricense en los últimos 60-70 años se sustenta, precisamente, en la pujanza de sus instituciones y empresas públicas, como motores y columnas vertebrales de desarrollo económico, distribución de la riqueza y de la inversión social. Capital éste que es reconocido en el mundo, por nuestro sistema político de respeto a la institucionalidad democrática, desarrollo humano y convivencia pacífica.

TLC, una oportunidad para los intereses de las fuerzas más retrógradas de nuestra sociedad.

08- Hoy, las fuerzas retrógradas, neoliberales, de la derecha más recalcitrante de nuestro país, se han reagrupado políticamente, como indicamos, en la figura del Expresidente de la República y Premio Nóbel de la Paz, Dr. Oscar Arias Sánchez (abanderado de las políticas neoliberales); así como en la firma del TLC, para relanzar su estrategia política y económica, la implementación, total, del modelo neoliberal en nuestro país. Implementación que pasa y requiere precisamente el traslado de esa institucionalidad a manos privadas y, con ello, el entierro del modelo social de desarrollo construido por nuestro pueblo, a partir de los años 40 del siglo pasado y aún antes.

09- No sobra señalar que, precisamente, dos expresidentes de la República, defensores e impulsores de las políticas neoliberales, hoy se encuentran en prisión, acusados de recibir supuestas dádivas de parte de empresas transnacionales que buscan la privatización de la institucionalidad costarricense; igualmente, otro connotado expresidente se niega a regresar a Costa Rica a responder ante las autoridades publicas, por cargos de similar naturaleza.

10- Es obvio que estos sectores requieren de la aprobación del TLC, para darle careta jurídica a los negocios que se traman con los bienes públicos. Paralelamente, con dicho TLC se habrá de provocar un verdadero colapso en el sistema productivo nacional, acabando con lo poco que queda de la agricultura nacional; segmento poblacional que ha sido clave en la promoción de una sociedad de mayor inclusión y movilidad social como lo constata nuestra trayectoria histórica.

11- Es claro: El pueblo de Costa Rica y sus organizaciones sociales, así como sectores patrióticos decentes, nos encontramos en una lucha abrumadoramente desigual contra ese TLC y todo lo que representa, que no es ni más ni menos que la liquidación total del Estado Social de Derecho de Costa Rica.

Reclamamos la Solidaridad Internacional

12- Sin embargo, con la ayuda material y el apoyo solidario de los movimientos sindicales, sociales y políticos del mundo, que se resisten y se oponen a al globalización deshumanizante y anticristiana que promueve el modelo neoliberal, podemos derrotar a este nuevo Goliat

13- Les instamos a crear redes de solidaridad y comunicación internacional con las organizaciones sociales y sindicales de nuestro país.

14- La lucha es abrumadora, abismalmente desigual; pero tenemos una ventaja, el pueblo, nuestro pueblo, el cual ama y defiende sus instituciones democráticas, porque éstas les han sido útiles para su bienestar y paz social.

15- Si la solidaridad y el apoyo llega con tiempo y oportunidad, estos nefastos propósitos serán derrotados; sino el continente latinoamericano habrá perdido la ventana de resistencia social, que hemos exhibido los y las costarricenses en los últimos 20 años.

Viva la solidaridad internacional de los pueblos
Con ella en Costa Rica saldremos adelante

San José, Costa Rica, 23 de noviembre del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Diversos líderes comunales, vecinales, deportivos y hasta religiosos, han venido motivando a varias de las comunidades más humildes de Santa Ana; con la finalidad de exigirle a su gobierno local más política pública a favor del desarrollo del cantón, pues la mencionada municipalidad es muy solvente desde el punto de vista económico.

La parálisis política que vive el Concejo Municipal, por los líos partidarios de sus integrantes; así como los pleitos por la posesión de la silla de la alcaldía, han llegado a tal extremo que se cuenta con un superávit de 700 millones de colones para este año; los cuales no se pueden poner al servicio de la comunidad, por falta de acuerdos políticos a lo interno del citado gobierno local.

La población, especialmente sus segmentos más pobres y de clase media, exige mayor obra comunal y no entiende cómo es posible que habiendo suficiente plata para la misma, la politiquería impida que se gasta en beneficio del desarrollo cantonal.

La manifestación, que es avalada y orientada por la ANEP, será totalmente pacífica a pesar de que se habría pedido ya la intervención de la Fuerza Pública; lo cual consideramos totalmente innecesario.

San José, 18 de noviembre de 2004.

1. Una Constitución Política paralela. Al documento en mención se le denomina Declaración Maestra. Su estructura guarda una asombrosa similitud con una carta fundamental. En ella se define una nueva territorialidad, una nueva ciudadanía y un nuevo gobierno.

2. Un Territorio paralelo. El Reglamento designa un territorio propio (Art. 1.1). Sus límites son, en principio, los de la concesión a Ecodesarrollo Papagayo S.A. aprobada en 1993. A este territorio lo denominan el Terreno Total.
a. A pesar que la propiedad en toda esta área corresponde al Estado exclusivamente, este Reglamento se refiere reiteradamente a la ocupación de terrenos en términos de propiedad (Art. 1.3, por ejemplo).

b. El acceso a este Terreno Total queda restringido para los ciudadanos y visitantes (Arts. 3.5, 5.13 y 5.23). Esta disposición contradice lo establecido por la Contraloría General de la República en Dictámen No OJ-216-2003 del 31 de octubre del 2003 que reza:

“El desarrollo del Proyecto Turístico de Papagayo no conforma un régimen jurídico de excepción, sustraído del resto del ordenamiento jurídico (…) En bienes demaniales, como son los terrenos de ese Proyecto, es inadmisible la tesis de vías privadas”.

c. Este acceso al Terreno Total se restringe mediante controles fronterizos. Este control lo puede ejercer la Policía privada del proyecto “manteniendo portones de control de acceso, pidiendo identificación para la admisión a la Comunidad del Resort Península de Papagayo, examinando o requiriendo el registro de vehículos, invitados y otros que ingresen a la Comunidad del Resort Península de Papagayo, grabando con video o inscribiendo y documentando de otra manera a todos los vehículos que entren a la Comunidad…” (Art. 5.24).

d. Además, estas limitaciones se extienden al mar (Art. 7.3 A y B). En este Mar Territorial “a menos que la Asociación Maestra autorice otra cosa, el uso de botes y otras naves acuáticas en cualquier cuerpo de agua dentro de la Comunidad del Resort Península de Papagayo queda estrictamente prohibido”.

e. A esto se suma el hecho que, con el favor del ICT, dentro del Terreno Total no se ha dispuesto ningún área para el uso de acampantes.

f. Esta nueva República tiene además vocación anexionista. Por una parte, se incluyen en el Terreno Total no solo las tierras concesionadas a Ecodesarrollo Papagayo, sino también “(c) todas las áreas costeras de desarrollo, consistentes en tierra y vías oceánicas, ubicadas de manera inmediatamente adyacente al Terreno…”. Por otra parte, pueden anexarse al Terreno nuevos lotes (Art. 14).
3. Una Nación paralela. Dentro de este Territorio Total, los concesionarios privados de parcelas componen la Comunidad Resort Papagayo (Art. 4.1). A esta Comunidad, parece de más decirlo, no pertenece el Estado Costarricense, ni sus instituciones, ni las municipalidades. Es una Comunidad absolutamente privada y empresarial.

4. Un Estado paralelo. Se crea la Asociación Maestra, instancia que agrupa a los concesionarios y que asume todas las facultades de gobierno dentro del Territorio Total, es decir:

a. Potestades reglamentarias para ordenar prácticamente cualquier materia dentro del Terreno Total (Art. 5.13). Esta facultad incluso no requiere de la publicidad exigida para los Reglamentos de la Administración Pública.

b. Facultades de Policía de todo tipo. A esta policía se le denomina “Fuerza de Seguridad” (Art. 5.21). Con ella, por ejemplo, la Asociación Maestra podría expulsar del Terreno Total a cualquier infractor sin la mediación de la Policía costarricense (Art. 5.13).

c. Prestación de todos los servicios públicos (Arts. 5.4, 5.22 y 5.37). Esto incluye “servicios de agua, electricidad u otros servicios públicos (incluyendo su generación), y servicios de telecomunicaciones, tales como satélite, cable y acceso a Internet a Personas dentro y fuera de la Comunidad…”. Esta disposición pone al vecino Estado Costarricense, a lo sumo, en calidad de proveedor de agua, electricidad y telefonía ordinaria. Esta disposición es por demás completamente ilegal. Estos servicios podrían trasladarse finalmente a alguna institución pública (AyA, ICE, etc.), siempre que esta acepte las condiciones que dicte la Asociación (Art. 5.41). A esto se agrega la prestación exclusiva de los medios de transporte dentro del Terreno Total (Art. 5.25) y la disposición de desechos (Art. 5.26).

d. Facultades punitivas (Art. 5.13) como multas y otras sanciones razonables.

e. Facultades fiscales para el cobro de tasas internas, análogas a los impuestos territorial (Art. 6.3 y definiciones 5, 11 y 24, Apéndice A) y de ventas (Art. 6.8 y siguientes), entre otros.

Es decir, corresponde a esta Asociación Maestra “cumplir todas las funciones que considere necesarias para promover y preservar la salud, la seguridad y el bienestar de las Personas en la Comunidad…” (Art. 1.10).

Para finalizar, está claro que esta Declaración ha sido elaborada en íntimo entendimiento con las empresas Ecodesarrollo Papagayo S.A. y Grupo Istmo Papagayo (Hotel Tour Seasons). La Junta Directiva del ICT únicamente hace eco de las intenciones de estos grupos.

Se trata entonces de un documento temerario que lesiona la soberanía nacional, que cercena una parte del territorio costarricense con el beneplácito de las autoridades del ICT y que favorece un negocio de muy dudoso provecho para el país y para la población guanacasteca.

17 de noviembre de 2004

Nos estamos refiriendo a la realización del evento denominado “Cambio hacia la democracia en Cuba”, en el cual habrán de participar extranjeros caracterizados por su acción subversiva contra el gobierno de tal país, con el cual Costa Rica mantiene relaciones consulares.

Se puede estar a favor ó en contra del sistema político imperante en ese hermano país de la América Latina. Ese no es el punto. La vergüenza de la situación que hoy condenamos, es que desde la propia sede del Primer Poder de la República del país anfitrión de la presente Cumbre Iberoamericana, se ejecuta un acto de evidente intromisión en los asuntos internos de uno de los gobiernos invitados a dicho encuentro internacional.

Costa Rica queda así en total ridículo, descalificándose al propio gobierno costarricense, organizador de tan magno evento, mostrándose una descomunal descortesía y un acto totalmente antidiplomático contra uno de los gobiernos invitados, en este caso, el cubano.

Exhortamos, respetuosa pero vehemente, al Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, para que, de inmediato, corrija tan vergonzoso error y que los conspiradores contra un gobierno ampliamente reconocido por la comunidad internacional, no mancillen la sede del parlamento costarricense con su conducta subversiva en suelo patrio.

San José, 16 de noviembre de 2004.

La Defensoría de los Habitantes ha denunciado que el Gobierno deja de percibir anualmente la suma de 182 mil millones de colones al año. Si el Ministro de Hacienda cumpliera con sus obligaciones no tendríamos ni siquiera necesidad de pedir limosna para garantizar la salud de nuestros niños, en una teletón.

En ANEP, rechazamos, las manifestaciones esgrimidas por el señor Ministro de Hacienda, Federico Carrillo Zürcher, en el sentido de que ese ministerio no cuenta con los recursos para hacerle frente al pago de aguinaldos previstos para el próximo 6 de diciembre.

Consideramos que tales manifestaciones tienen como propósito crear incertidumbre ente los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público y chantajear a los señores y señoras diputadas, para que se apruebe un paquete de impuestos en la Asamblea Legislativa, que tiene como propósito llevar recursos al Gobierno para financiar una posible implementación de los negocios que se harán con las instituciones y empresas públicas una vez aprobado, si es que logran aprobar el TLC.

¿Chantaje o realidad?, que no hay plata en el Gobierno, es un cuento que ya nadie se lo come, si no preguntémosle a Abel Pacheco, cuántos millones de colones se han invertido este año en las ya famosas consultorías y asesorías y a cuánto asciende la suma presupuestada en este rubro para el año 2005? Preguntémosle al Gobierno, ¿cuántos miles se gastaron en la campaña para llevar a su compinche político Miguel Ángel Rodríguez a la Secretaría de la OEA? ¿Cuántos millones de colones ha invertido la Casa Presidencial y todo el Gobierno en sus risibles y espurias campañas publicitarias, para levantar su alicaída imagen pública y en ¿cuántos millones se incrementó esta partida en el presupuesto del próximo año? ¿Cuántos millones de colones gastó esta Administración este año en la compra privada de servicios, que bien pueden ser prestados con la capacidad instalada que tiene la propia Administración? ¿Cuántos millones se han vaciado en la implementación de negocios como los de RITEVE, ALTERRA, y la preparación de la entrega del INCOP a manos privadas? ¿A cuántos millones colones ascienden las partidas específicas que se recetaran algunos diputados y diputadas para proseguir con la mala practica del clientelismo político electoral?

Si calculamos estos rubros las sumas serían astronómicas, quizá incomprensibles para muchos de los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público, que hoy recibieron la noticia desencantadora de que su aguinaldo pende de una venta de bonos.

¿CHANTAJE O REALIDAD?:

Independientemente, si hoy a un mes de que el Gobierno irresponsablemente nos anuncie que aún no tiene los recursos económicos para enfrentar el pago de aguinaldos, ya sea por chantaje o por una realidad financiera del Gobierno, lo cierto es que cuándo el río suena piedras trae, y puede ser que el Gobierno con este anuncio, desde ya se esté justificando para recetar otro decretazo salarial para el primer semestre del 2005, muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor como ya es su costumbre y quizá proponer congelar el salario escolar y salarios de la gente que labra en el Sector Público.

¿CHANTAJE O REALIDAD?:

Independientemente de la respuesta, nuestra organización no se va a esperar al desenlace fatal de esta premonición, desde ya dejamos alertados a los trabajadores y trabajadoras, para que nos presentemos frente al Ministerio de Hacienda a exigirle al Ministro y al Gobierno el pago oportuno del aguinaldo.

San José, 5 de noviembre de 2004.

Un elevado número del personal de trabajo de campo y del ámbito administrativo decidieron suspender su trabajo a partir de hoy, jueves 28 de octubre de 2004, al considerarse que las condiciones laborales se han deteriorado al máximo, producto de la errática y prepotente gestión del máximo jerarca municipal, el Lic. Percy Rodríguez Argüello.

El cúmulo de problemas que origina esta huelga va desde el deterioro de condiciones socioambientales para desarrollar un mejor trabajo; hasta el deterioro de la legitimidad política del Sr. Alcalde Municipal, dada la serie de cuestionamientos que se le han formulado; generando no solamente la intervención de la Contraloría General de la República, sino que han llegado al Ministerio Público, el cual ya realizó una primera indagatoria al Lic. Percy Rodríguez Argüello.

Como represalia por tal situación, dicho funcionario procedió ya con acciones represivas contra quienes cuestionan su accionar; procediendo a ordenar el despido arbitrario de la trabajadora Iris Cervantes Paniagua, con casi 30 años de antigüedad en la Municipalidad de Tibás; quien es representante de la ANEP en este municipio.

Se trata de un despido arbitrario, intimidatorio e ilegal que podría generar repercusiones legales más allá del ámbito municipal; e incluso, podría generar un grave daño patrimonial a la institución pues en sede judicial la Municipalidad de Tibás, con toda seguridad, será condenada a una alta indemnización.

Los trabajadores de campo tales como recolectores de desechos sólidos, aseadores de vías y de parques, choferes y otros; carecen de uniformes (zapatos, herramientas, bolsas para recoger basura, escobones); además, algunos de ellos son obligados a montarse en los camiones recolectores de basura pese a que éstos circulan violando estipulaciones obligatorias de la Ley de Tránsito.

A todo el personal de la Municipalidad de Tibás se le adeuda el reajuste salarial del segundo semestre del presente año que ya está en etapa de conclusión. Lo más grave del asunto es que mañana viernes 29 de octubre, es el último día hábil para presentar la tramitación presupuestaria correspondiente ante la Contraloría General de la República, sin que se tenga noción alguna de cómo el Sr. Alcalde Municipal pretende resolver este problema.

Para complicar las cosas, el ente contralor ha advertido que no tramitará presupuesto alguno, si el mismo no contempla el pago de una indemnización de 3 millones de colones que se le adeuda a un vecino; plata que nadie sabe de dónde deberá salir.

Además, se ha acumulado un adeuda por la suma de 18 millones de colones en el pago de la obligatoria póliza de Riesgos de Trabajo con el Instituto Nacional de Seguros (INS); que si bien estará vigente hasta el mes de diciembre próximo, se desconoce qué pasará en el 2005 si no se cancela; Esto habrá de generar una grave desprotección para la población laboral, especialmente la de campo, de dicha municipalidad.

Como se puede observar, la actividad laboral de los trabajadores y de las trabajadoras de la Municipalidad de Tibás se desarrolla en medio de un clima de tensión, de autoritarismo y de prepotencia; además de enorme incertidumbre, inseguridad y deterioro creciente de las condiciones de Salud Ocupacional; lo cual, indudablemente, atenta contra la seguridad emocional y física de todo el personal de la institución.

Estas poderosas razones y otras más que no se puntualizan por razones de espacio, generaron el estallido de huelga que se da desde esta mañana; huelga que seguirá hasta que cese, de alguna manera, el acoso laboral del Alcalde Municipal de Tibás para con su personal, mediante intervención externa; para lo cual, en esta misma fecha, la ANEP está pidiendo la intervención urgente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Tibás, así como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitan a la comunidad de Tibás disculpas por los contratiempos que esta situación de huelga habrá de generar; amén de pedirles su apoyo total para esta justa causa social que tiene relación directa con la necesidad de una gestión institucional transparente que ya no está en condiciones de garantizar el Lic. Percy Rodríguez Argüello.

San José, 28 de octubre de 2004.

Las empresas RUJAN, RUPAL Y JAPAL, agrupadas en una sociedad denominada Enjoy Hotel & Resorts S.A., todas vinculadas con el señor Rubén Pacheco y su familia, participaron como oferentes en un cartel del licitación (ver copia de cartel adjunta), a través del cual se sacó a concurso la concesión de 8 lotes libres todavía en el proyecto Papagayo. De estos lotes, Enjoy ofertó para 5 de ellos (ver PGP-296-04).

Este cartel se abrió por un mes y al cerrarse el mismo, se procedió al análisis correspondiente en lo legal, económico y técnico por parte de la Comisión Evaluadora de la Invitación a Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Golfo de Papagayo (comisión interdepartamental integrada por siete miembros). Esta comisión dictaminó que de todos los oferentes, sólo 3 empresas lograron la puntuación requerida para optar por la concesión de sendos lotes (ver memo PGP-296-04 y PRO-0000-2004) y de estos ninguno fue para la empresa Enjoy Hotel & Resorts S.A.

A partir de este momento y como queda demostrado en memorando adjuntos, se inicia un proceso inaudito de presión por parte de la jerarquía superior de la institución sobre la Comisión Evaluadora. Tanto el Ministro de Turismo, como miembros de la Junta Directiva y del Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PGP), proceden a cuestionar los resultados de la calificación de los oferentes llevada a cabo por la Comisión Evaluadora.

Esta presión culmina en acuerdos de la Consejo Director del PGP (ver acuerdos de Consejo Director del PGP – A – 273 – 2004 y 274 – 2004), en los que prácticamente se ordena una revisión o replanteamiento total de la valoración llevada a cabo por la Comisión, presumiblemente para lograr la calificación del grupo Enjoy que había quedado afuera en este proceso.

A esta presión del Consejo Director, se suma la presión directa del Ministro de Turismo, Rodrigo Castro Fonseca, quien por correo electrónico, emitido el día 22 de octubre de 2004 (se adjunta), dirigido a los técnicos de la Oficina Ejecutora del PGP, solicita a estos responder a las dudas presentadas por un miembro de Consejo Director de Papagayo sobre la calificación de las ofertas.

Toda esta presión trae como consecuencia la elaboración del memorando PRO-813-2004, firmado sólo por un miembro de la Comisión Evaluadora, en la que se justifica el permitir a la sociedad Enjoy “subsanar la información relativa a la experiencia de sus empresas integrantes RUJAN, RUPAL y JAPAL” (la experiencia es uno de los aspectos en los que no calificó), como puede leerse en el citado memorando que adjuntamos.

Por fin, el día martes 26 de octubre, en sesión del Consejo Director del PGP, la Comisión nuevamente fue sometida a cuestionamiento, presumimos que para aprobar la adjudicación de dos lotes a Enjoy, para los que en la evaluación normal y correcta no había alcanzado la puntuación mínima de 60% requerida en el cartel. Lamentablemente, el Consejo Director de Papagayo aprobó darle la oportunidad a Enjoy de reparar y adjudicarse dos concesiones.

En este sentido creemos que, independientemente de que el Consejo Director de Papagayo pudiera quebrar la decisión de la Comisión Evaluadora, o haya logrado manipular una justificación para Enjoy, surge un problema moral mayúsculo: ¿Cómo puede el Consejo Director de Papagayo premiar con nuevas concesiones a la familia Pacheco, cuando en la concesión que han poseído desde hace más de diez años, denominada Le Wafou S.A., otorgada por contrato turístico número 486 suscrito el 26 de octubre de 1992, no han cumplido con los plazos y etapas constructivas que exige el articulo 17 de la Ley de Papagayo?.

Es más, es un terreno donde no existen más que ruinas y que representa un ejemplo de irresponsabilidad y una muestra de la competencia desleal para con otros empresarios que han puesto todo su esfuerzo en sacar adelante el Polo Turístico.

Otro problema moral: ¿Por qué se nombró una Comisión Evaluadora interdepartamental y no se procedió como siempre se había hecho, asignando esta tarea a los técnicos de la Oficina Ejecutora del Proyecto Papagayo? ¿Estará esto relacionado con alguna desavenencia entre el Consejo Director y la Oficina Ejecutora?

Este proceso de descomposición lo habíamos denunciado desde mayo del 2004 (ver artículo de La Extra del martes 25 de mayo) en donde también emplazamos a don Abel, respecto a su primo. Lamentablemente, y a contrapelo de las promesas de lucha contra la corrupción realizadas por el Presidente, esta es la hora en que nada en absoluto se ha hecho para detener este flagrante tráfico de influencias ya consumado.

Todo esto se suma a los vergonzosos casos ya denunciados por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), referentes a la asignación de concesiones en Papagayo y otras regiones del país y que evidencian como algunos negociantes quieren hacerse ricos con el Patrimonio Nacional.

Por todo esto, exigimos una acción inmediata de las autoridades para detener estas transacciones que, en la práctica, son comisiones en especie (en tierras con alta plusvalía), con valores en dólares más altos que los que se discuten sobre Alcatel. Exigimos a don Abel, además, que nos aclare que tipo de relaciones, además de las de tipo político y familiar, guarda con el señor Rubén Pacheco, su familia y sus empresas.

San José, 28 de octubre de 2004.

Documentos que sustentan nuestra denuncia:

1. Memorando DL-1064-2004, que contienen la calificación legal de las ofertas. Nota técnica normal.
2. Nota FOM-2725-2004, del 13 de septiembre del 2004, en la que se realiza la evaluación económica de las ofertas presentadas. Nota técnica normal.
3. Memorando PGP-296-04, del 13 de septiembre del 2004, en el que se da el informe de resultados de la evaluación técnica de las ofertas. Nótese que Enjoy no califica para ninguna concesión.
4. Memorando PRO-0000-2004, del 14 de septiembre de 2004, al cual se adjunta el expediente de la licitación “Concesión para el Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Papagayo”, en donde se resume claramente que Enjoy no gana ninguna adjudicación.
5. Memorando PRO-813-2004, del 5 de octubre de 2004, en el que se trata de justificar un nueva reconsideración a favor del caso Enjoy (empresa compuesta por RUJAN, RUPAL Y JAPAL). Este memorando es firmado por sólo uno de los miembros de la Comisión Evaluadora, lo cual evidencia su ilegalidad.
6. Memorandos PGP-273-2004 y PGP-274-2004, ambos de 22 de octubre de 2004, en los que se evidencia la presión ejercida por el Consejo Director de Papagayo sobre la Comisión Evaluadora de la Invitación a Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Golfo de Papagayo y en el que se aprueba el criterio dado en el oficio PRO-813-04 a favor de Enjoy Group.
7. Correo electrónico del Ministro dirigido Javier Bolaños en el que le añade un documento con preguntas que cuestionan el dictamen de la Comisión, en clara presión sobre el equipo técnico y la comisión