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La reforma al Reglamento Legislativo pretende resucitar al alicaído bipartidismo tradicional, para pasar “su” TLC

1- La actual composición partidaria de la Asamblea Legislativa, muy distinta a la surgida con el resultado electoral del 2002, es un retrato de la transformación política que viene ocurriendo en el seno de nuestra sociedad. La mayoría formal de escaños que representan al destartalado PLUSC, ya no es una mayoría política real de cara a la ciudadanía.

2- El alicaído y casi extinguido sistema bipartidista PLUSC, golpeado hasta la médula por los escándalos de corrupción más impactantes de la historia nacional; desesperadamente necesita de un proyecto de resucitación para intentar revertir el sistemático proceso de deterioro de su legitimidad ciudadana.

3- Ese proyecto no es otro que el denominado tratado de “libre” comercio (TLC), para lo cual el hoy desprestigiado PLUSC, en forma desesperada, necesita domeñar a la Asamblea Legislativa a su vieja usanza: pactando entre bambalinas, anulando la disidencia, amarrando más las docilidades y anulando las individualidades intelectuales sobresalientes y que dejan al desnudo la sostenida degeneración filosófica, ética y política que le caracteriza.

4- Resulta inexplicable que la fracción parlamentaria de un colectivo como el Partido Acción Ciudadana (PAC), se preste a semejante juego, sabedor de que su importante inserción en la política nacional fue producto de la adhesión de amplios sectores de las capas medidas de la población, decepcionados y estafados políticamente hablando, por ese sistema bipartidista PLUSC.

5- Para importantes agrupaciones cívicas de los Sectores Sociales costarricenses, como las que suscribimos este pronunciamiento, es más que claro que hoy se pretende instaurar una dictadura reglamentaria en el parlamento costarricense; para allanar el camino al denominado tratado de “libre” comercio (TLC), con los Estados Unidos de América. El tal TLC ni es tratado, es anexión; ni es libre, es imposición; ni es de comercio, sino de transformación estructural de la vida institucional costarricense, tal y como la hemos conocido hasta hoy.

6- Una cosa muy distinta puede ser la aplicación insana y malintencionada de un uso abusivo del actual reglamento legislativo (como lo hace el Movimiento Libertario), ó con propósitos ocultos para salvaguardar intereses de cuestionable procedencia; pero muy distinto es la circunstancia de que, necesariamente, proyectos estratégicos para la futura vida del país, se definan castrando la esencia del debate, minando la naturaleza misma del parlamento como instancia de un supuesto alto vuelo deliberativo; y lo que es más grave aún, buscar la concreción de leyes que no tienen una base de sustentación política desde una perspectiva ciudadana, porque esa base está minada a partir del comportamiento partidario tradicional, profundamente alejado del sentir de la gente.

7- Además, el asunto de la supuesta “parálisis” legislativa no es un problema de tipo reglamentario, dado que es un asunto eminentemente político. Si no hay un liderazgo claro, un liderazgo de respeto; si la componenda sustituyó a la transparencia; si no hay una visión de país de relativo conjunto y con consenso de peso; es imposible conseguir acuerdos de sólida base y de real legitimidad. Este vacío es lo que pretende resolver la tal reforma reglamentaria, una decisión profundamente incorrecta.

8- Es imposible concebir la autoritaria reforma reglamentaria que se discute en la Asamblea Legislativa, sin dejar de pensar en el objetivo estratégico del agonizante bipartidismo PLUSC por “su” TLC. Es imposible concebir esa reforma, sin negar que ese bipartidismo quiere prolongarse en el plano formal de la política, porque en el real, su descalificación está más que demostrada.

9- Las oportunidades de negocios al amparo del TLC que defiende el bipartidismo tradicional, son tan atractivas que no importa el atropellamiento de la democracia y la instauración del reglamentarismo déspota, para aplastar a aquella disidencia legislativa honesta que se ha comprometido con los más altos valores del verdadero patriotismo.

10- Con toda vehemencia, llamamos a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, a derrotar dicha pretensión autoritaria; particularmente, a los legisladores independientes y a quienes integran la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), para que comprendan que los enormes desafíos de participación ciudadana que dan base a su origen partidario, están en juego con esta autoritaria reforma reglamentaria para la resucitación del viejo esquema bipartidista PLUSC.

11- Particularmente, esa es la reforma reglamentaria que ocupa Oscar Arias Sánchez y el grupo oligárquico que él representa, para la instauración del gobierno imperial con el que tanto sueña. Nos cuesta creer que el proceso de domesticamiento del parlamento costarricense, tenga una tendencia a su profundización; si juzgamos por la actitud que asumió el denominado Primer Poder de la República, cuando cinco magistrados por él designados, le anularon su voluntad soberana en el caso de la reelección presidencial, pisoteando nuestra Constitución Política.

12- Nos quedamos estupefactos ante la vergonzosa parálisis de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, frente a semejante descalificación y anulación de su poder soberano. Hoy, pareciera que estamos a punto de presenciar el segundo acto de minimización política de nuestro parlamento, para sujetarlo a ciertas ambiciones políticas personales, en nombre de reducidísimos círculos de poder económico. La reforma reglamentaria pretendida busca únicamente eso: una minimización de la confrontación de ideas y de la construcción de sólidos consensos, para dar paso a soluciones facilistas que no resuelven el conflicto social en que estamos inmersos.

13- Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales de la más diversa naturaleza; a toda la ciudadanía de bien a movilizarse hacia la Asamblea Legislativa para detener semejante adefesio, no solamente jurídico, sino profundamente político para perpetuar un estado de cosas que, probado está, ya no funciona más. El referéndum de la calle, en esta caso, es urgentísimo y necesario.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad
ASDEICE

San José, 31 de enero de 2005.

Conocidos por su extremismo ideológico, sus cuestionados vínculos con los negocios del placer y con una ausencia total de transparencia en cuanto a sus fuentes de financiamiento, los defensores del TLC deberían preocuparse, seriamente, ante el anuncio libertario de que dicho partido introducirá el TLC en la corriente legislativa. En verdad, se trata de unos pésimos patrocinadores.

Si ya ha venido decayendo el apoyo ciudadano al TLC, la anunciada acción de los amigos de los casinos y de las casas de apuestas, propicia un enorme impulso a la creciente ola de rechazo a dicho convenio “comercial”.

Sin duda alguna, el anuncio de los libertarios aporta un valioso elemento de propaganda para incrementar la calidad del trabajo de la amplia coalición opositora que se ha venido consolidando en contra del TLC. Una especie de “valor agregado” con el que no se contaba para esta lucha.

Particularmente, el exmandatario de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, ahora aspirante presidencial, debería preocuparse aún más, pues en el marco de la anunciada acción de la extremista fracción parlamentaria del Movimiento Libertario, será muy fácil posicionar en la conciencia popular, algo así como “el TLC libertario-arista”.

Si lo vemos desde una perspectiva estratégica para quienes desean la aprobación de ese TLC, su llegada a la Asamblea Legislativa por la vía libertaria, le genera una enorme descalificación política, dado que podrá interpretarse como carente de rango de política de Estado, al no haber sido enviado a su tramitación por el propio Poder Ejecutivo.

En todo caso, la circunstancia política y sociohistórica que se va perfilando es contundente: el verdadero debate del TLC será el de la calle y será en este escenario donde la suerte del mismo se resolverá en forma definitiva. Eso sí, lastimosamente, en un clima de confrontación social jamás visto en la historia nacional de las últimas décadas.

San José, 29 de enero de 2005.

Estamos hablando de las instalaciones físicas de los servicios de Cooperativas Estudiantiles, Suministros Escolares, Bodega de División de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (DANEA); así como el Centro Nacional de Infraestructura (CENIFE), el Almacén de Proveeduría y el Archivo Central; todas estas instancias pertenecientes a la estructura institucional del MEP.

Las instalaciones afectadas se localizan 150 m. al oeste y 70 m. norte, de la Plaza de Deportes de La Uruca, en esta ciudad.

ANEP demanda, públicamente, del Sr. Ministro de Educación Pública, el Lic. Manuel Antonio Bolaños, una acción enérgica pues resulta inadmisible que la institución estatal encargada de la transmisión de los mejores valores de nuestra nacionalidad, a través de la Educación Pública, tenga a trabajadores a su servicio en condiciones indignas, deshumanizantes, con grave riesgo de salud; igualmente, porque que un clima de deterioro de tal naturaleza en un servicio público, afecta a la población necesitada de realizar gestiones en cada una de las dependencias apuntadas, todas las cuales ocupan un mismo espacio físico.

San José, 27 de enero de 2005.

El señor Pacheco afirma que “los señores Albino Vargas y Marco Tulio Picado viven de hacer escándalos, aunque con eso afecten los intereses de la clase trabajadora que dicen representar”. Queremos dejar claro, ante todo, que formamos parte de una organización que es un ejemplo nacional en la lucha por los derechos de los trabajadores, por la defensa de la institucionalidad y contra la corrupción que infecta las altas esferas jerárquicas de los organismos estatales y privados. Desde ANEP, nosotros y los demás asociados de todo el país, tratamos por todos los medios espirituales y materiales que Dios nos ha concedido, de hacer más eficiente y consecuente la lucha de nuestra organización, apelando a los derechos de vigilancia ciudadana que la Constitución y las Leyes nos conceden. Por esto es injurioso y calumnioso, por parte del señor Rubén Pacheco, afirmar que vivimos de hacer escándalos.

Nos parece absurdo y malintencionado que el señor Pacheco nos acuse de atrasar la ejecución de su proyecto, pues ANEP no está en condiciones de ejercer ninguna influencia administrativa en contra de ningún proyecto presentado ante el ICT, ya que eso corresponde estrictamente a los órganos creados para tal efecto, como es el caso del Consejo Director del Proyecto Papagayo. El mencionado proyecto del señor Pacheco se basa en supuestos que dependen de decisiones administrativas y, si hay atrasos, al señor Pacheco le asiste el derecho de denunciar ante los tribunales a esos órganos administrativos responsables, pero no le asiste el derecho de calumniar a la ANEP, presentándonos como detractores del desarrollo turístico y de la oferta de trabajo. Esto es un golpe bajo a la digna imagen de nuestra organización.

En su respuesta don Rubén señala que “lo que se ha venido publicando parece más bien parte de un complot para evitar el desarrollo y denota una evidente falta de compromiso con el bienestar nacional”. A propósito de semejante calumnia, creemos necesario aclarar que ninguna organización social en el país ha hecho tantos y tan ingentes esfuerzos por redirigir las políticas de desarrollo turístico hacia metas de decencia, sostenibilidad y distributividad, como lo ha hecho la Seccional de ANEP en el ICT. Desde hace ocho años, a través de una ardua vigilancia y denuncia sistemática contra el despilfarro, la corrupción y la negligencia, la ANEP ha logrado consolidar importantes avances en algunos mecanismos burocráticos que perjudicaban los trámites realizados por los empresarios turísticos y los servicios de promoción e información al turista. Gracias a nuestra labor, muchos empresarios, que así nos lo han hecho saber, se han beneficiado al purificarse el servicio y evitarse la incidencia de la politiquería en ciertos procesos. Lamentablemente, el tema en discusión sobre Papagayo demuestra que todavía queda mucho por hacer.

Señala el señor Pacheco que “se han dejado decir de manera abierta e irresponsable que el suscrito se valió de tráfico de influencias para tratar de obtener concesiones en el Golfo de Papagayo”. Nuevamente nos injuria don Rubén, pues semejante frase nunca ha sido expresada en referencia a los procedimientos seguidos en el ICT. En ANEP sabemos expresar nuestras presunciones y respaldarlas con los documentos que responsablemente hemos estudiado previamente, y para este caso hemos guardado el debido respeto y cuidado a la hora de tocar el tema.

Por último, deseamos dejarle claro al señor Pacheco que con sus tergiversaciones y con sus intentos de intimidación a través de querellas y demandas, lo único que va a conseguir es que este asunto lo ventilemos en un nuevo escenario de lucha, como son los tribunales, en donde con más decisión y coraje seguiremos ampliando nuestros argumentos y profundizando en nuestra investigación, incluso si esta investigación tiene que extenderse hasta Zapote.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes

Marco Tulio Picado Méndez

San José, 24 de enero del 2005.

Esta segunda etapa da seguimiento al primer producto que en el tema arrojó, en diciembre pasado, la denominada Comisión Social para la Reforma de IVM; comisión que sesionó casi todo el año 2004. Como ya es notorio, en esta primera etapa se evidenciaron grandes problemas de conducción, de transparencia y de apoyo técnico actuarial por parte de la entonces representación de la Gerencia de Pensiones de la CCSS. Esos problemas generaron que, con absoluta claridad, quedaran en la mesa dos visiones distintas del carácter del problema y de su eventual solución.

Por un lado, una visión excesivamente actuarial, de corto plazo, que aumenta contribuciones y reduce las pensiones; refrendada por la representación en su momento de la mencionada gerencia institucional, con el respaldo del sector empresarial ligado a la UCCAEP y del solidarismo que influencia este gremio productivo.

Por otro, la visión social, más integral y a largo plazo, con respaldo sindical, cooperativo y del movimiento de mujeres; además del aval del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y de la Defensoría de los Habitantes de la República. Las propuestas de esta visión resolverían el desequilibrio actuarial del régimen IVM, pero protegiendo los problemas de las personas trabajadoras.

En esencia, este proceso de discusión en búsqueda de un verdadero acuerdo (que por ahora no se logró), partió de reconocer que en el corto plazo habrá un desequilibrio entre los ingresos y los egresos del fondo de IVM y que para corregirlo es necesario combinar distintos tipos de medidas; que van desde la mejora en la eficiencia administrativa, hasta cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones, respetando, por supuesto, los derechos de las personas que ya están cerca de la edad de retiro.

El siguiente cuadro resume las principales diferencias de las dos visiones:

Aspecto	Propuesta con visión exclusivamente actuarial de la UCCAEP y el solidarismo afín (apoyada por la conducción previa de la Gerencia de Pensiones de la CCSS)	Propuesta con visión social, del Sindicalismo, el Cooperativismo, el Movimiento de Mujeres, INAMU y Defensoría
El problema	IVM tiene un desequilibrio financiero debido a que la gente cada vez vive más; a que cada vez hay más gente que se pensiona; y a que lo que se contribuye es insuficiente. No es posible estimar la evasión actual y aumentar la cobertura, sólo agregará “más agua a la sopa”.	demás de factores externos, una causa fundamental del desequilibrio financiero de IVM, es la ineficiencia institucional para optimizar la recaudación, la inversión y la cobertura: cada vez menos gente financia a cada vez más gente. La legislación existe (LPT), no así la voluntad de las autoridades (en particular, la Gerencia de Pensiones de la CCSS), para implementarla.
El objetivo de la reforma	Hay que “ajustarse la faja”, contribuyendo más y recibiendo menos pensiones.	Hay que lograr que todas las personas, desde las más ricas hasta las más pobres, contribuyan según sus posibilidades reales; y que antes de pedirle más a la gente, el Estado muestre su eficiencia y rinda cuentas de su gestión.
Las propuestas concretas	Pensiones por vejez: Se aumentará número de cuotas y porcentaje de cotización, y se reducirán generalizadamente los montos de las pensiones. Para mantener pensiones actuales habrá que trabajar 10 años más, sea que la persona gane 100 ó 700 mil colones. Pensiones por invalidez: Se aumentará el número de cuotas requeridas para tener el derecho a solicitarla; y se reducirán los montos con respecto a las pensiones por vejez. Pensiones por viudez: Se aumentará el número de cuotas requeridas para obtenerlas.	+Pensiones por vejez: +Se aumentará el número de cuotas y porcentaje de cotizaciones; pero +quienes ganan más recibirán pensiones menores a las actuales y quienes ganan menos las mantendrán +(según propuesta de la OIT). Pensiones por invalidez: Se eliminará la corrupción y el tráfico de influencias; pero quienes demuestren invalidez, mantendrán pensiones similares a las de vejez. +Pensiones por viudez: Se +mantendrán las condiciones actuales, pero se iniciará una campaña para que 800 mil mujeres que actualmente no cotizan aún cuanto tengan ingresos, coticen para una pensión propia.

La visión que fue apoyada por la antigua delegación de la Gerencia de Pensiones de la Caja, no recoge, necesariamente, la visión de la institución como tal.

Por otra parte, la decidida intervención, oportuna y directa, del propio Presidente de la República, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, quien mostró una gran sensibilidad a la importancia de un sostenido esfuerzo para un acuerdo estratégico en la materia; generó el espacio necesario para la segunda fase de este proceso de reforma al IVM-CCSS.

Ahora, con la convocatoria de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la persona del Dr. Alberto Sáenz Pacheco; contando con la participación del nuevo Gerente de Pensiones de la Caja, Lic. José Alberto Acuña; se ha abierto la indicada segunda fase con la presencia de las instituciones públicas involucradas que venían ya trabajando en la primera fase; así como de las organizaciones sociales que cuestionaron fuertemente el proceso en su primera parte.

Entre las primeras, están el INAMU, la Defensoría, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN). Por su lado, el sindicalismo, el cooperativismo y el movimiento de mujeres, son las organizaciones sociales presentes en esta nueva etapa. Paralelamente, se buscarán acercamientos con la UCCAEP y su rama solidarista.

Ahora, en esta segunda fase de discusión sobre el futuro de la reforma de pensiones IVM-CCSS, se han de revisar los acuerdos y los desacuerdos existentes a diciembre de 2004 (cuando finalizó la primera fase); para contar con un documento que recoja una propuesta de reforma con visión social.

El próximo 31 de enero empezará a ser discutido, en consecuencia, el nuevo documento de propuesta, entre las representaciones oficiales y sociales que están en la mesa de negociación; así como por distintos sectores, organizaciones, entidades y, sobre todo, por la población en general.

Está en juego una política pública de Estado y no sólo de Gobierno, con respecto a una de las principales áreas de política social del país.

ANEP espera que este nuevo esfuerzo rinda frutos y que contemos con una propuesta de reforma que fortalezca, estructural y estratégicamente, el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para todos los y para todas las costarricenses.

Estimado señor Presidente:

Con el debido respeto, a nombre de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-SINART, S. A. y de la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), acudimos a la digna autoridad presidencial depositada en su persona, para solicitarle la separación inmediata del cargo de Presidente del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A., Lic. Belisario Solano Solano; hasta tanto se aclare la verdad sobre los hechos publicados en el periódico La Nación en el día de ayer y hoy mismo, día 18 de enero; informaciones que hablan de que dicho jerarca habría recibido dineros para arreglo de vías comunales que nunca fueron entregados al MOPT.

Como usted comprenderá, Sr. Presidente, tales cuestionamientos afectan, de manera directa, la imagen del SINART, S. A. y de quienes laboran con gran entrega para esta noble institución. Sin lugar a dudas, don Abel, la situación en que se involucra al Lic. Solano Solano, contribuye a deteriorar la credibilidad de los y de las costarricenses en el sistema republicano de instituciones y, por ende, ante tal situación y sin condenar a nadie apriorísticamente ni arrogándonos el monopolio de la verdad absoluta; razón por la cual ni la Seccional ANEP en el SINART, S. A., ni la ANEP misma podríamos permanecer callados, sin emitir nuestro criterio y posición al respecto.

Usted ha sido categórico, Sr. Presidente, ante este tipo de situaciones y la que se da en estos momentos con la máxima figura ejecutiva del SINART, S. A., no tendría razones para ser tratada de manera diferente.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL ANEP-SINART, S. A.
Fernando Vargas Torres
Presidente

Rosibel Flores Salazar
Vicepresidenta

—-
c.:Licda. Lineth Saborío Valverde, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.: Lic. Belisario Solano Solano, Presidente del Consejo Ejecutivo del SINART, S. A.
c.: Señores y señoras Consejo Ejecutivo del SINART, S. A.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-SINART, S. A.
c.: Archivo.

La señora Irene Arguedas, en su calidad de funcionaria pública (de las mejores pagadas en el país, llegando a tener un sueldo igual o más alto que el del propio Presidente de la República); más bien le debe al país muchas explicaciones, por el temor que deja entrever con el anuncio que ha hecho de la citada acción judicial. Los documentos acumuladas en una computadora del servicio público son de acceso para la ciudadanía.

* ¿Qué esconde la señora Irene Arguedas en su computadora?;
* ¿cuál es la naturaleza de la información que ha tenido guardada, como para que su molestia porque la misma se conozca, la lleva hasta las instancias judiciales?;
* ¿por qué esa posición histérica ante la posibilidad de que el Ministro del COMEX pudiera tener acceso a la información acumulada en la computadora de trabajo de la señora Arguedas?….

La señora Irene Arguedas, una de las personas de mayor confianza de la otrora poderosa figura de las negociaciones comerciales del país, la señora Anabel González; manejó, prácticamente a su entera discreción, todo el apartado de cuotas textiles dentro del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), con los Estados Unidos de América.

Prácticamente es ella la única persona que tiene acceso a la profundidad de la información referida a este apartado del TLC, al punto de que se rumora que los empresarios ligados al sector textil, se la llevarían a laborar junto a ellos para poder entender a qué se enfrentan en el caso de que el tal TLC logre consolidarse.

La actitud intervensionista de la señora Anabel González en la actual gestión política del COMEX; la irreverente posición de la Viceministra del ramo, señora Amparo Pacheco; la salida intempestiva y prepotente del señor Fernando Ocampo; así como la furia de la señora Irene Arguedas porque se pueda conocer qué tipo de información tiene en su computadora de trabajo; muestran a las claras la imperiosa necesidad de una profunda auscultación política del papel de todos ellos en la negociación del TLC.

Sin duda alguna, un gran beneficio le haría al país la Asamblea Legislativa, si procede cuanto antes y apenas reanude funciones, a investigar todos estos bochornosos incidentes.

San José, 14 de enero de 2005.

Ese porcentaje, además de ridículo, insuficiente y ofensivo, es muy lejano a las aspiraciones de la clase trabajadora y a la cifra del costo de la vida que el año pasado cerró con un índice inflacionario del 13.13%.

Con este decreto salarial insuficiente, ofensivo e irrespetuoso para la gente que labora en el Sector Público, el Gobierno no hace más que echarle más leña al ya encendido fuego que agita e indigna a la familia laboral costarricense.

El costo de vida que ya se hace insoportable (incluyendo el odioso incremento en el pago a RITEVE); la intención de esta administración de realizar una reforma en pensiones (IVM) de tipo neoliberal (que conlleva entre otras aspectos a elevarnos en 10 años la edad para pensionarnos); la nefasta y millonaria factura que paga el pueblo por la corruptela descarada; la serie de negocios que realizan los políticos empresarios desde al institucionalidad; así como la amenaza de los sectores neoliberales de cerrar su círculo de negocios con la firma del anticristiano y, por tanto, antihumano TLC; presentan las características de un coctel social explosivo, de dimensiones muchos mayores a lo que aconteció en agosto del año anterior 2004.

Se trata de un mensaje provocador y confrontativo que envía el Gobierno. Lamentablemente no nos queda más alternativa que aceptar “el reto” y prepararnos “para el partido”.

San José, 12 de enero de 2004.

La señora González parece no haber comprendido todavía que su papel político dentro del actual Gobierno ya concluyó y, lamentablemente, aún se le rinde pleitesía y lealtad de varios de quienes fueron sus subalternos; especialmente, la señora Amparo Pacheco, actual Viceministra del COMEX y el señor Fernando Ocampo, Director General de Comercio de dicha entidad.

Fuentes confidenciales allegadas a la ANEP, de carácter empresarial y de la mayor credibilidad, nos han indicado que la actitud intervencionista de la señora González ha llegado a tal punto, que hasta se da su presencia física en las instalaciones del COMEX, llegando a impartir instrucciones y hasta llamadas internaciones habría efectuado a los Estados Unidos, contactando a sus homólogos, para seguir abogando por el TLC que ella negoció.

Esta es la situación límite que no toleró el actual Ministro de Comercio Exterior, señor Manuel González, generando el despido de la señora Irene Arguedas, Directora de Negociaciones Comerciales; precisamente porque esta funcionaria le habría estado rindiendo más lealtad a la señora González que al propio ministro, facilitando tal actitud intervencionista.

Esta nueva crisis en el COMEX, únicamente tiene una salida: es la renuncia inmediata ó destitución de la señora Amparo Pacheco y del señor Fernando Ocampo; por mantener una línea política que contradice las definiciones actuales del Gobierno de la República en materia del trámite del denominado tratado de “libre” comercio (TLC): no enviarlo al trámite legislativo hasta que se apruebe el plan fiscal; y, además, empezar a considerar la posibilidad de un plebiscito o consulta popular, para su aprobación o rechazo, de manera definitiva.

La señora Pacheco y el señor Ocampo sólo tienen lealtad para la línea política que les marca la señora Anabel González. En función de ello, han venido colisionando con el accionar del actual Ministro del COMEX por lo que deben irse, inmediatamente, de esta institución por no compartir la línea oficial que mantiene la misma en las actuales circunstancias.

San José, 8 de enero del 2005.

TLC. El envío del TLC a la Asamblea Legislativa, activará todos los mecanismos de movilización que se han venido preparando, por parte de las diferentes redes organizativas que se han establecido para este enfrentamiento. La explosión social que se tiene en perspectiva, adquirirá un carácter jamás visto, de consecuencias imprevisibles.

PENSIONES IVM.CCSS. La reforma de pensiones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es otro coctel explosivo. Si la Junta Directiva de la CCSS decide tomar una decisión únicamente con base en el apoyo del empresariado y del solidarismo, no estaría más que prendiendo una candela de dinamita; pues estamos seguros que la clase trabajadora no aguantará una reforma de pensiones cuyo costo será absorbido, totalmente, por la parte laboral, quedando exoneradas las partes empresarial y estatal.

SALARIOS. Los salarios de la clase trabajadora de los sectores Público y Privado, sin duda alguna que es otro factor de conflicto latente. Recordemos, por ejemplo, que para los empleados públicos no se ha fijado el aumento salarial del primer semestre del 2005. Los datos de este año por concluir, revelan una sensible pérdida, de casi un 6 %, del poder adquisitivo real de los salarios; los cuales anduvieron muy por debajo del índice de inflación, por demás alto como bien es conocido.

RITEVE. El asunto de la revisión técnica vehicular, en manos del ilegal monopolio privado de RITEVE, sigue en capilla ardiente. Esta empresa deberá defenderse de los cargos que le imputa el Movimiento Cívico Nacional, en audiencia oral y pública prevista para el día 12 de enero de 2005. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar en las calles de Costa Rica.

PLAN FISCAL. El tema fiscal es otra brasa caliente. La reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, no es aceptada por importantes sectores sociales, por cuanto no incluye muchas de las propuestas que en su momento se hicieron para hacerla más justa y equitativa. Sin tales cambios, nunca se podría aceptar el ya famoso plan fiscal. Además, la necesidad de tal reforma se ha descalificado, aún más, ante el movimiento popular costarricense, conociendo el dato espantoso de la cuantía gigantesca anual de dinero que se evade, desde el Sector Privado, en pago de impuestos: unos 200 mil millones de colones (casi un 3 % del Producto Interno Bruto PIB).

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS. Aunado a lo anterior, las restricciones presupuestarias implicarán confrontaciones sectoriales muy serias, pues ni los trabajadores ni las personas usuarias de los servicios públicos afectados, se quedarán con los brazos cruzados ante el agravamiento del deterioro de la calidad de los mismos por la supuesta falta de fondos.

Ante este panorama, no hay más que una conclusión: el 2005 promete ser mucho más intenso y confrontativo, que el no menos agitado año que está por concluir.

Solamente una combinación correcta entre responsabilidad y credibilidad políticas, con sentido estratégico, podrá posibilitar sólidos espacios de búsqueda de acuerdos sociales de alto alcance, con participación social y productiva sin exclusiones; buscando evitar así que las colisiones anunciadas no se den. Lamentablemente, en tal sentido, la clase política y económica que hoy dirige el país, como bien sabemos, no da muestras serias y responsables para apuntar en la dirección indicada de la paz social.

San José, 16 de diciembre de 2004.