Más sobre las “Diez medidas para enfrentar la crisis…”

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Es absolutamente claro, contundente e irrebatible que la crisis económica no fue generada ni por nuestro país, ni mucho menos, por su clase trabajadora; es más, ni por la clase trabajadora de los Estados Unidos, nación cuyo sector hegemónico de carácter financiero y oligopólico es el culpable único y hasta ahora impune, de tan descomunal agresión a la vida y a la humanidad de la gente.

Ante tal situación teníamos delante dos alternativas para responder a los desafíos que una injusticia de tal calibre plantea a la clase trabajadora en su amplia dimensión. Especialmente y en lo específico, en la parte de la misma que está organizada en su expresión natural, los sindicatos; entendidos éstos como la expresión más genuina de los anhelos por y las esperanzas de una mejor calidad de vida para quienes debemos vivir de un salario del cual depende nuestra propia subsistencia y la de nuestras familias.

La primera alternativa era la más “cómoda”. Elaborar y gritar consignas contra el capitalismo neoliberal explotador y lanzar proclamas a favor del poder obrero, anunciando su largamente esperado advenimiento; y así, desde una posición principista, mantener una virginidad ideológica aunque gerontológica, contrarias a la luz de la diversidad de experiencias latinoamericanas de hoy día que enfrentan al neoliberalismo en decadencia.

La otra alternativa, era la más compleja. Desde una posición de principios, no solamente entender que la crisis es producto de ese capital financiero neoliberal, de carácter explotador, corrupto y antihumano; sino que, había que salirle al frente, formulando una propuesta a la crisis que él mismo generó, pero con otra perspectiva; la perspectiva de quienes no tuvimos ninguna culpa en tal desastre.

Así, la estatura ética y moral de nuestros planteamientos sería de tal nivel que, con seriedad y profesionalismo, impresionaría a los más diversos sectores políticos, hasta aquellos cercanos, directa o indirectamente, a ese capital financiero neoliberal, de carácter explotador, corrupto y antihumano. Así ocurrió el pasado viernes 24 de abril de 2009.

Pero además, al optar por la segunda alternativa nos dimos cuenta que se podía coincidir (rebasando las fronteras sindicales pero sin renegar de, ni esconder, nuestra pertenencia al Movimiento Sindical); con una serie de sectores de la más diversa índole, hasta productivos, los cuales están duramente afectados por una crisis de la cual tampoco son responsables.
Además, la propuesta está impregnada de esa “magia” de la construcción de la particular identidad costarricense, que nos heredó una particular idiosincrasia ajena a toda clase de extremismos y principismos.

La crisis de la cual no somos culpables, nos abre un sinnúmero de oportunidades para, precisamente con base a nuestra herencia de identidad y a esa particular idiosincrasia tica, quitarle la hegemonía política a ese capital financiero neoliberal, de carácter explotador, corrupto y antihumano.
La propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, demuestra, además, una gran madurez de una importante cantidad de organizaciones de lo que hemos conocido como los movimientos sociales; grupo de sectores sociales cuya incidencia es de tal calidad que no puede pasar desapercibida.

En la mesa nacional hay una oportunidad. De las trece organizaciones sociales originalmente firmantes, hoy hay más y sigue creciendo la adhesión a la indicada propuesta.

Esta nueva articulación por la esperanza, por la vida, por la democracia, por la inclusión social y productiva, indica cuánta validez sigue teniendo la lucha de tanta gente, a lo largo de todos estos años, por una nueva Costa Rica.

Diez medidas para enfrentar la crisis

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Con esta propuesta hay ya en mesa tres iniciativas, oficialmente conocidas, para enfrentar la crisis económica originada por la orgiástica codicia del neoliberalismo corrupto del libre mercado, sin control ni regulación alguna. El Gobierno ya había presentado la suya: el “Plan Escudo”. Igualmente, el gran empresariado aglutinado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), presentó su tesis de “flexibilidad laboral”.

En apretadísima síntesis, las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, las podemos dividir en dos grupos. Las primeras cinco están conceptuadas desde la oferta de Trabajo Decente: el fomento productivo.

Estas medidas son: 1) Flexibilización de indicadores financieros (regulación diferenciada), para la recuperación del sector productivo nacional, con requisitos de desempeño social y productivo.
2) Seguridad y soberanía alimentaria, que son conceptos distintos, fomentando –entre otros-, la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.
3) El “PROTRABAJO”, sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente: “premios y castigos” a las empresas en cuanto a promoción y creación de empleo; lo que se opone, radicalmente en contra a las tesis de flexibilización laboral y de reducciones de jornada y/o de salarios.
4) Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante impulso a una infraestructura social de cuido, facilitando, por ejemplo, el ingreso de mujeres al mercado laboral.
5) Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos, retornando al sistema de minidevaluaciones.

Las otras cinco, se conceptúan desde la demanda de Trabajo Decente: poder adquisitivo y capacidad de consumo.

Son: 6) Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudas, dentro de las cuales destacan aquellas en condición de asalariadas.
7) “Hecho en casa”. Promoción del consumo responsable y nacional, así como la promoción de mercados locales justos; identificando cuáles son los productos costarricenses para promover su consumo masivo.
8) Estabilidad en el empleo público: Resolviendo el tema de los interinatos y congelando intenciones de despido por razones económicas o de reestructuración.
9) Recuperación del poder adquisitivo y establecimiento de una política de salarios crecientes progresivos, abandonando la política de ajustes salariales restrictivos. Buscamos ajustes salariales que dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Aquí destaca resolver el problema salarial del personal “no profesional” de la administración central del Estado. En síntesis, la capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial.
10) Propiedad comunitaria en las comunidades costeras, permitiendo la permanencia de familias que viven en la fila costera, con promoción de formas sostenibles de producción, incluyendo el turismo sostenible.

Estas “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, se presentaron ante una numerosa cantidad de compatriotas representantes de una amplia diversidad de sectores sindicales, laborales, sociales, cooperativos, comunales, cívicos, patrióticos, eclesiales, productivos y otros. Infinitas gracias por su presencia. Además, también agradecemos a la gran diversidad político-partidista presente, destacando la presencia de las seis personas precandidatas a la Presidencia de la República que ya hacen campaña con tal fin. Indudablemente, el reto quedó planteado.

Impuesto a la cerveza

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En verdad que el negocio no parece nada despreciable; ó, más bien, para defenderlo hay que dar absolutamente todas las batallas que sea necesario. Si producir (fabricar) una cerveza cuesta 100, sería 5 el impuesto (tesis empresarial). Pero si la cerveza, al detalle, vale 200, el impuesto será de 10 (tesis institucional). Aquí el IDA está perdiendo 5, que alguien que no es esta entidad se está ganando. Estas cifras son hipotéticas y sin sustento real, pero son indicadoras de cuál es la naturaleza del fondo de esta pelea entre, por un lado, justicia social para nuestro campesinado; y, por otro, concentración egoísta de la riqueza para quienes ya de por sí nadan en dinero.

La “pelea” por los 14 mil millones de colones se debe a un período contabilizado entre los años 2002 y 2005. La empresa indicado pagó, pero “bajo protesta” y la Contraloría General de la República (CGR) ordenó no tocar esa plata hasta (imaginamos nosotros), “que se aclaren los nublados del día”; pese a que como es perfectamente notorio y público, dicha empresa no ha “quebrado”, sigue igual de pujante y esa gigantesca cantidad de plata parece no hacerle falta, aunque sí es de gran necesidad para la política de compras de tierras del IDA en las actuales circunstancias. Y, ¿qué ha estado pasando en los períodos luego del 2005?… ¿A cuánto estará llegando la disputa?: ¿a 20 mil millones de colones ó a más?…

Bien dice el refrán que_ “para quien no quiere caldo, dos tazas”_ y, como no podía ser de otra forma en esta situación, la empresa acudió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la famosa Sala IV. Tenemos entendido que ya en el año 2006, este altamente controversial tribunal de la República, le dio la razón a la forma de cobro de tal impuesto defendida desde la institucionalidad (IDA, Ministerio de Hacienda, Tribunal Fiscal Administrativo). Sin embargo, en marzo pasado, la Sala IV, en sorprendente resolución, le ordenó al IDA parar el cobro de esos 14 mil millones de colones, pues se le dio curso a un recurso de amparo que interpuso el ya citado consorcio empresarial cervecero. ¿Qué pasó aquí?… Vaya usted a saber.

La Asamblea Legislativa debería intervenir, lo más rápidamente posible, actuando en correspondencia a las determinaciones que en sede administrativa se habían establecido en este asunto. Es más, deberían aprobar con celeridad una interpretación auténtica de la citada ley No. 6735, si es que hay alguien con dudas en el punto y que no tenga un interés de negocios de por medio. Nos parece que a tenor de lo que la Sala IV resolvió en el año 2006, sobre la metodología de cálculo del impuesto establecida en la citada normativa, es más que suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera de un programa de política pública enormemente vital para Costa Rica en los actuales momentos de una crisis de cuya responsabilidad no tenemos culpa alguna como sociedad.

Este asunto del negocio cervecero y de la responsabilidad tributaria del mismo, es de enorme interés público. Aquí hay un vivo ejemplo de cuánta verdad hay en ese enunciado empresarial de “responsabilidad social corporativa”, para un período de crisis en el cual el sacrificio mayor demandado es para quienes no poseen propiedad alguna, solamente su fuerza de trabajo: la clase trabajadora asalariada. Un parlamento realmente soberano le entraría de lleno al asunto. De ahora en adelante cada vez que se vaya a tomar una cerveza, piense en quién gana. Nosotros pensamos que deben ganar las dos partes pero con justicia y equidad.

Impuesto a la cerveza

_Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna. _

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Esa misma ley estableció, también, un impuesto del 5 % al consumo de cerveza, nacional o extranjera. A nuestro buen entender esto quiere decir que cada vez que alguien se toma una cerveza, un 5 % de lo que paga por ella, equivale a ese impuesto. Pero parece que no todos lo entendemos así.

La idea de ponerle un impuesto al consumo de cerveza tiene un extraordinario propósito de justicia social. Los dineros recaudados por dicho impuesto son para que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), tenga los recursos suficientes que le permitan llevar justicia al campesino, por medio de compra de tierras (parcelas), para que pueda ejercer una actividad productiva de beneficio personal, familiar, social y nacional.

Por supuesto y como ya es de conocimiento público, algunos corruptos prostituyeron este noble propósito, haciendo negocios personales y familiares con la compra de parcelas a cargo de los dineros del IDA. En su momento, de manera oportuna y desde nuestras propias tiendas sindicales, hicimos la debida denuncia. Tiempo después, un noticiero de televisión hizo lo propio, llevando candente notoriedad al tema.

Pese a esa corruptela, la naturaleza social del impuesto creado sigue completamente vigente. Es más, el fracaso del modelo neoliberal de mercado, con el surgimiento de una de sus vertientes más negativas, la denominada “crisis alimentaria”; hace que recobre una vigencia estratégica el desarrollo del campo agrícola nacional, o sea, la necesidad de producir lo que como pueblo necesitamos comer (soberanía alimentaria).

Este es un asunto de seguridad nacional, como en su momento lo definieron en los propios Estados Unidos. En este nuevo escenario, en consecuencia, el IDA emerge como pivote crucial e imprescindible de la nueva política pública que debemos adoptar en este ámbito de soberanía y suficiencia alimentaria.

A la luz de esta fase determinante de nuestro devenir como nación, en el marco de la crisis internacional en desarrollo, resulta altamente censurable el condenable acto de egoísmo, típico del proceso de concentración de riqueza que nos ha sido impuesto, de las entidades empresariales responsables del cobro del tributo a la cerveza, las cuales se aferran a una metodología de cobro que le niega una impresionante cantidad de recursos al IDA.

Productora Florida S. A., subsidiaria de Florida Ice & Farm, consorcio empresarial de gran poder económico en la sociedad costarricense, se aferra en mantener una disputa que ya ha perdido en varias instancias, con lo cual se le niega al IDA el acceso a la astronómica cifra de 14 mil millones de colones, que no se pueden usar por la mencionada controversia en la metodología de cobro del impuesto. Veamos:
Mientras la empresa sostiene que la base del cálculo de ese 5 % de impuesto a la cerveza, se debe cobrar al productor; el IDA plantea que debe ser sobre el precio al detallista, dado que como es ampliamente notorio, en este producto, la fabricación y la comercialización la realiza el mismo consorcio empresarial; y, al ser esto así, resulta más que evidente la extraordinaria ganancia que queda sin cobro de impuesto alguno. La semana entrante le entregaremos, si usted nos hace el inmenso honor de leernos, la segunda parte de este comentario.

A 60 años del ICE: Pregunta pública a don Oscar Arias

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Al parecer, tal grupo empresarial “Asmedia” cuya sede sería Puebla, México, habría incursionado, primeramente, en el negocio periodístico del oriente mexicano, para luego adquirir, presuntamente, diversas franquicias de TV Azteca. Tenemos entendido que el señor Sendino tendría simpatías políticas hacia el Partido Acción Nacional (PAN), claramente identificado éste con el neoliberalismo devastador de la estructura social y altamente concentrador de riqueza.

Es importante que se sepa a ciencia cierta si el señor Sendino es ya, o será en fecha próxima, el dueño de la franquicia del Canal 9 de la televisión costarricense y cuánto ha tenido que ver en esto, usted, Sr. Presidente. Le emplazamos a usted en tal sentido, a sabiendas del presunto interés del mencionado empresario mexicano en el negocio de la telefonía celular costarricense, pues creemos que nuestro pueblo tiene todo el derecho de saber, con absoluta certeza, a qué manos irá a parar el asaltado mercado costarricense de las telecomunicaciones, luego de que usted, don Oscar, encabezara la ofensiva neoliberal de negocios que socavó los cimientos de una institución emblemática del ser costarricense: el ICE.

Según hemos sido informados, el capital del señor Sendino, instalado ya en Centroamérica, se hizo propietario, por ejemplo, del Canal 12 de la televisión de El Salvador; y, curiosamente, una de las primeras decisiones que tomó fue el despido de, nada más y nada menos, de quien hoy es el presidente electo de esa hermana nación, el señor Mauricio Funes; quien, hasta ese momento y por el citado canal, había consolidado una posición periodística de sólido prestigio y de crítica fundamentada a los gobiernos de turno, todos del partido Arena, cuya ideología es la misma que la que tendría el señor Sendino.

Nos interesa saber cuánto sabe usted, don Oscar, acerca de la estrategia empresarial que se ha estado fraguando para que, sino todo, sí gran parte del negocio de la telefonía celular costarricense, caiga en manos de personas como los señores Slim y Sendino. Pensamos que sería de trascendental importancia que el país supiera de sus andanzas, don Oscar, en este tipo de reuniones, si es que nuestros informes tienen fuerza de realidad. En caso contrario, convendría que usted desmintiera, de manera categórica, que no es cierto que tal encuentro tuvo lugar, aspecto que también le “agradecerían” los eventuales competidores de los señores Slim y Sendino, en el mercado celular tico.

Sr. Presidente: Su obsesiva, frenética y enfermiza posición en contra del ICE, que le llevó a quemar, prácticamente, todo su capital político al punto de quedar como el último mandatario neoliberal de la América Central (sino de toda Latinoamérica); nos mueve a formularle, por esta vía, la interrogante apuntada. Usted mismo admitió que en Latinoamérica son pocas ya las naciones que creen en los beneficios del “libre” comercio (Diario Extra, sáb. 28 marzo, 2009). Ante la inutilidad de cuidar ese devaluado capital político, ¿qué es lo que hay?…

Hoy, a 60 años exactos de la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (8 de abril de 1949), al menos nos queda el derecho de saber quién se llevará la parte más suculenta del pastel de las telecomunicaciones costarricenses que hasta este día han estado manos del ICE. Lo que usted ha conversado al respecto, don Oscar Arias, con los señores Salinas, Slim y Sendino, el pueblo costarricense lo debe saber.

Otra respuesta a la crisis

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Desde los sectores dominantes en relación incestuosa con el neoliberalismo fracasado, insisten, por un lado, en el “plan escudo” (los hermanos Arias Sánchez); y, por otro, en la “flexibilidad laboral” (el gran empresariado de cúpula).

La verdad es que es el mismo lado, pretendiendo impulsar medidas que en nada variarán el status quo que han venido implantando en los últimos años: más concentración de la riqueza, más pobreza y más desigualdad, más asistencialismo clientelista electoral y más corrupción.

Próximamente se darán a conocer a la opinión pública una serie de propuestas para enfrentar la crisis, generadas desde los sectores sociales y laborales. Desde nuestro propio lado de la acera y con el aporte de una intelectualidad comprometida con la justicia social, se ha realizado un fuerte análisis que culminará con un anuncio público en tal sentido: la crisis se puede enfrentar sin sacrificar a los que nada de responsabilidad ni culpa tienen por la misma: la clase trabajadora en el amplio sentido de su concepto.

Lamentablemente, carecemos de un gobierno de la gente. Lo que tenemos es un clan de negocios haciendo plata a lo loco con la cosa pública. La ética y la transparencia, como está ampliamente demostrado, es cosa de mentirillas. Hay una especie de asalto organizado a la institucionalidad para llevar jugosas ganancias, con ropaje legal, a los bolsillos de los consorcios empresariales allegados a la estructura política gobernante.

Sin embargo, abogamos por un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, con base en los conceptos del Trabajo Decente, a tenor de los conceptos expresados en la declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe rechazar el trámite parlamentario del proyecto empresarial para volarse el Código de Trabajo, instaurando la famosa “flexibilidad laboral”. No es esta una época propicia para revertir derechos y/o para involucionar en materia de legislación social.

Es inadmisible dejar en total indefensión a la parte obrera ante una propuesta de reducirle el salario o modificarle su jornada. La parte laboral, como corresponde a una verdadera democracia, debe ser reconocida en cuanto tal en el seno de la empresa. El poder que da la ubicación patronal cuando se habla de relaciones laborales, tiene que tener el necesario contrapeso que constituye la libertad de organización de la parte obrera.

Por otra parte, la crisis es una oportunidad para el relanzamiento de las potencialidades del mercado interno; para instaurar una política pública que premie y ayude al empresariado que no despide gente; que acuda con diversos programas al rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas; que amplíe el poder de compra del salario para la reactivación de la demanda y del aparato productivo. La crisis es una oportunidad para revisar los injustos mecanismos redistributivos y para pedirle a los golosos del capital, mayor aporte inversor para mantener la paz social. Por ejemplo, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), debe dejar de ser una “república independiente” y debe exigírsele políticas orientadas a la promoción del bien común, dejando de ser la gerencia financiera del reducido grupo de poder que lo controla.

Al acercarse el Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, debemos ratificar la importancia estratégica de la movilización obrera y social para defendernos y para hacer valer nuestras propuestas. Aunque la crisis no es nuestra culpa, culpa de la clase trabajadora, desde su seno salen propuestas serias para enfrentarla.

Ética y transparencia de “mentirillas”

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La misma prensa afín al gobierno de los hermanos Arias, puso el asunto en conocimiento de la opinión pública. Así de grave es el asunto.

Antes de que el señor Gallardo fuera Presidente Ejecutivo de la CNE, una de las empresas de la cual él fue abogado, obtenía contratos de compra con esta institución, por unos 182 millones de colones. Hablamos del año 2006. Para el 2007 y siendo ya el señor Gallardo el máximo jerarca de la citada entidad, las compras de la CNE a esa misma empresa, ascendieron a 1.810 millones de colones. En el 2008, fueron del orden de los 1.597 millones de colones. El citado jerarca alegó que todo fue legal. ¿Habrá sido moral? ¿Habrá sido ético? ¿Tráfico de influencias?… Juzgue usted.

Por eso él no debe salir en carrera de ese alto cargo y, por el contrario, tiene que enfrentar con hidalguía, las consecuencias de sus decisiones. Lo que pasa es que, nuevamente, la ética y la transparencia de la alta cúpula gubernamental quedaron seriamente dañadas. Se trata de una ética y de una transparencia de “mentirillas”, al compararla con el inicial discurso presidencial en la materia.

Esta cuestionable actuación del mencionado político no debe llevarnos a enlodar la limpia trayectoria del personal de la CNE. Le conocemos. Damos fe de su ética y honesta vocación de servicio público; de su profesionalismo y compromiso con el país, especialmente con los sectores más desposeídos, por lo general, víctimas injustas de las diversas situaciones de desastres naturales.

El personal estable de la CNE tiene una transparente trayectoria sociolaboral. Incluye técnicos y profesionales de altísima especialización quienes, junto a los cuadros administrativos de larga y limpia carrera, exhiben una sólida formación académica y ética; aquilatando una experiencia que el país no puede sustituir de la noche a la mañana; por tanto, imprescindible.

Los yerros institucionales y los atentados a la transparencia contra la institucionalidad de la CNE, no se originan por “abajo”, sino por “arriba”: por los políticos del bipartidismo tradicional en extinción, que llegan a tal entidad, pensando en el próximo cargo público que han de capturar en la elección venidera. Esa es la realidad.

Otro reciente caso de ética y transparencia de_ “mentirillas”_ en el presente gobierno, tiene que ver con la nueva ley de generación hidroeléctrica privada. Grupos y empresas que aportaron cerca del 15 % del dinero de la campaña electoral de los hermanos Arias, presuntamente harían ganancias enormes con dicha legislación. El semanario electrónico “informa-tico. com”, así lo dio a conocer, con base en reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Con ese proyecto de ley, los empresarios privados de electricidad, se aseguran de que el ICE les compre toda su producción, se necesite o no. Negocio más que redondo. La posibilidad de hacer negocios privados con el servicio de electricidad que da la nueva ley, incluiría a empresas como el Ingenio Taboga, donde los hermanos Arias son accionistas.
Ya muchas de estas empresas y otras más, hacían negocios de este tipo, con la ley anterior 7200.

A su amparo y en algunos casos, ocurrieron barbaridades con las tarifas que se les pagaron, al punto de que la propia Contraloría General de la República, ordenó llevar a muchas de ellas a juicios, llamados juicios de “lesividad” por el gran detrimento que ocurrió en el patrimonio público del ICE. Nunca, ninguna de ellas, se vio en los tribunales. Ahora parece que todo habrá de quedar impune. Nuevamente, como se puede notar, ética y transparencia, son de “mentirillas” en la actual administración.

Funes, Arias, fotocopias y canciones

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Todas las fuerzas políticas y sociales progresistas de la América Latina, estamos felices por esta victoria de la democracia. En Costa Rica también lo estamos celebrando, especialmente porque se trata de un triunfo sobre el miedo; ese miedo al que acuden, de manera desesperada, las oligarquías neoliberales codiciosas y egoístas, cuando sienten que van a perder unas elecciones.

Recordemos que así sucedió en Costa Rica con ocasión del “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007. Fuimos testigos de la más perversa operación mediática y propagandística de guerra psicológica y de terrorismo ideológico de las últimas décadas; cientos y cientos de trabajadores en empresas privadas, fueron sometidos a un régimen dictatorial de miedo, para que votaran por el sí al TLC con Estados Unidos.

Hoy, probable y dolorosamente, muchos de esos trabajadores están ya sin trabajo. Los empleos del TLC se han esfumado; y, quizás, los hijos y las hijas estudiantes de esos despedidos, sean parte del gran número de integrantes de la juventud costarricense que ya está siendo perjudicada en sus estudios, porque no podrán sacar fotocopias de libros, antologías, diversos textos y similares, dado que la “propiedad intelectual”, una de las leyes del TLC, lo impide. Esperamos que, próximamente, una sana rebelión juvenil y estudiantil enfrente tal ataque a la inteligencia y al derecho sagrado de la educación.

Volvamos a El Salvador. La llegada al gobierno del partido FMLN (no así al poder, que es otra cosa), pone en serios aprietos al Presidente de Costa Rica, don Oscar Arias Sánchez y su inviable aspiración de ser el vocero del istmo centroamericano, ahora que vendrá a nuestro país el Vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden.

El accionar político de don Oscar Arias Sánchez en su segunda presidencia, lo llevó a ver con menosprecio los procesos de cambio en América Latina, al punto de ver con desdén y con burla, los diferentes triunfos de la izquierda latinoamericana en sus diversos matices. En determinados momentos, solamente él y su colega colombiano, Álvaro Uribe Vélez, aparecían como las fichas más serviles al entonces genocida Presidente estadounidense George W Bush, sumido éste hoy en el más profundo descrédito.

El Presidente Arias Sánchez se ha quedado solo en la América Central, defendiendo el defenestrado neoliberalismo, volviendo totalmente ridícula su pretensión de ser el vocero político de la región ante el gobierno gringo del Presidente Obama.

Esa “cancioncita” del neoliberalismo ya no va, don Oscar (se lo decimos con respeto); como ya no podrán sonar muchas otras piecitas musicales en las radios costarricenses, producto de la famosa “propiedad intelectual” del TLC, si no que lo digan esas emisoras radiales hoy perjudicadas con esa normativa legal.

Recordamos cómo, en aquel momento, la infame cámara radial empresarial que hoy defiende a esas emisoras de tal “atrocidad”, nos atacaba a mansalva por oponernos a ese TLC; ese TLC que hoy hace imposible poner melodías musicales, canciones, si no se paga esa especie de “impuesto de salida al aire”.

Afortunadamente, ha valido la pena resistir tanto, durante tanto tiempo; y, aunque hay algunos daños irreversibles, los tiempos que estamos viendo son de esperanza. Tan es así que nos sentimos tan seguros como (sin asumir representaciones que no tenemos), para sentarnos con la gente de la acera de enfrente a dialogar sobre salidas nacionales, de unidad, para que la crisis que no fue creada por nosotros, no nos arrase del todo, a todos y todas.

Gobierno ética y moralmente manchado

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Sin duda alguna, hay que felicitar a Telenoticias y a la rápida acción de control político desarrollada en el parlamento por los partidos Frente Amplio (PFA) y Acción Ciudadana (PAC).

La circunstancia de que los Arias son un gobierno ética y moralmente manchado, se reafirma con la permanencia todavía en el gobierno de la Ministra de la “Comilona”, la señora Zommer; y del Viceministro del MOPT, señor Pedro Castro, pese a fuertes cuestionamientos públicos y notorios que son de amplio conocimiento de la gente.

Por otra parte, que el propio Presidente de la República tenga ya dos causas bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República, no deja lugar a dudas para afirmar que la institucionalización a tal nivel del tráfico de influencias, es hoy en día una verdadera política de Estado.

Reconocemos que dentro de las máximas figuras gubernamentales del Poder Ejecutivo, hay personas de gran solvencia moral y ética; sin embargo, la tónica que va quedando conforme se acerca el fin de la presente administración es esa: un gobierno ética y moralmente manchado.

Porque hay más cosas que deberían investigarse a profundidad. Por el lado de la gestión de transportes y de obra pública, hay mucha tela que cortar. ¿Cuál fue el “errorcillo” ese que dejó en las arcas de empresas constructoras privadas, por concepto de limpieza de cunetas, la nada despreciable cantidad de 5 mil 653 millones de colones, que el CONAVI pagó de más. No conocemos de una fuerte reacción al respecto de la jerarca del sector, la Ministra del MOPT, la señora Karla González, cuyas presuntas conexiones con la actividad empresarial del ramo sería bueno que se hicieran totalmente públicas. Parece ser que el proyecto de “limpieza de cunetas revestidas” quedó en eso, revestidas de billetes que alguien recogió rápidamente y sigilosamente… por “error”. Ojalá la prensa decente ahonde en ello, profundamente. Del relajo de Alterra ni hablar. Crucitas y Sardinal compiten con éste en descaro y cinismo.

Por otra parte, en el asunto de las consultorías no todo está totalmente dicho. Por el lado del sector social hay mucha tela que cortar también. Una multimillonaria consultoría de presunto lazo afectivo entre una jerarca y un consultor, se impuso a rajatabla.

La diligente acción política de los partidos FA y PAC, junto a la sagaz acción investigativa de aquella prensa decente que todavía está comprometida con la ciudadanía, puede aportar muchísimo al saneamiento de una democracia enferma, por la codicia obsesiva de la facilitación de negocios privados con la cosa pública que hemos visto en los últimos gobiernos del desprestigiado bipartidismo tradicional.

Por supuesto que no vamos a hablar aquí de todo lo que pasó con el “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos y con el trámite parlamentario de las leyes de implementación. Éticamente y moralmente este proceso está profundamente manchado por la acción directa de los hermanos Arias Sánchez. Desde el juez que fungió simultáneamente como magistrado constitucional y asesor presidencial, pasando por un tribunal electoral adjunto a la Casa Presidencial, hasta el “gemeleo” mismo de la propia Sala IV, para complacer lo más rápidamente posible el mandato de la presidencia bicéfala con relación a la aprobación de las leyes de implementación de “su” TLC. ¿Qué más nos faltará por ver y/o por descubrir en los 14 meses que restan de la presente administración?…

¡Qué bonito!… Ahora todos son “keynesianos”

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Como estamos notando, las precandidaturas presidenciales están emergiendo y buscando intensamente nuestros votos; primeramente, a lo interno de los partidos para luego, en la propia votación nacional de febrero próximo.

Serán unas elecciones cruciales, dado que el escenario que tendrán será el de la profunda crisis del capitalismo neoliberal de libre mercado; ese capitalismo anticristiano y antihumano que tiene en estos momentos, a millones de personas de la clase trabajadora en la calle, sin empleo… y en Costa Rica también, dolorosamente.

Pero resulta que, varias de esas personas candidatas a la Presidencia ahora andan renegando, en unos casos abiertamente y en otros de manera disimulada, del neoliberalismo bajo el cual estuvieron todos estos años; apoyándolo de manera descarada en unos casos; en otros, hablándonos de que no había otra opción; pero todos indicándonos que nuestros sueños por una Costa Rica inclusiva y solidaria, eran producto de ideologías trasnochadas y de planteamientos obsoletos.

¡Qué ironía!… Ahora, han tenido que correr a buscar quién les salve del descalabro ideológico en que quedaron sumidos, luego de la caída del muro de Wall Street. Ahora, todos son “keynesianos”.

Han desempolvado el pensamiento del ilustre economista británico John Maynard Keynes, (1883-1946), quien pregonó la necesidad de un fuerte papel del Estado en la economía, como mecanismo dinamizador del mercado para ampliar la demanda y, por ende, reactivar la producción salvándola de períodos de recesión. Es decir, activar el gasto público para evitar el colapso total. El Presidente Obama está dando el ejemplo.

Por eso es que queremos insistir en la imperiosa necesidad de desenmascar a los neoliberales presidenciables que están apareciendo, quienes ahora esconden su rostro político neoliberal con un disfraz keynesiano; tratando de distinguirlos de aquellas otras personas presidenciables que están planteando la necesidad de revitalizar el papel del Estado en la economía, pero desde una posición de convicción plena, como mecanismo primordial para que en un país como el nuestro y en materia de desarrollo, impere de nuevo la búsqueda del bien común y no el lucro privado a partir de los servicios públicos.

Pero hay algo más. A todas esas personas presidenciables, de uno y de otro partido, hay que rastrearlas hacia el pasado mediato; por ejemplo, para investigar cómo fue su comportamiento sociopolítico en los duros años de la resistencia al modelo neoliberal, luego de la caída del otro muro, el de Berlín; cuando en esos años de dura lucha, como la década de los años noventa, esa resistencia era, básicamente, ejercida por el Movimiento Sindical y, particularmente, por los sindicatos más consecuentes dentro del mismo. Todos esos presidenciables que ahora son “keynesianos”: ¿adónde estaban?, ¿qué hacían?, ¿a quién servían?, cuando la gente del pueblo y sus más leales organizaciones peleaban en las calles contra el neoliberalismo reinante y generaban propuestas de desarrollo alternativo al mismo. ¡Qué bonito!… Ahora todos son ““keynesianos”:/article/el-regreso-triunfante-de-john-maynard-keynes/”.