Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Un formulario “estándar” ha sido diseñado y puesto a circular para ese reclutamiento. En algunos casos, incluso, se pide hasta el dato de parientes de la persona trabajadora, en lo que constituye una verdadera acción totalitaria que pretende castrar cualquier ejercicio autónomo de pensamiento; creando un ambiente de verdadero terrorismo empresarial donde toda disidencia, por más tenue que sea, pone en riesgo el empleo de quien ose pensar en contra el TLC.

Esto estaba anunciado. Con una soberbia impresionante, al mejor estilo hitleriano, el máximo líder de la actual cúpula empresarial oligárquica, ya había anunciado que los votos de toda la clase trabajadora del Sector Privado serían favorables al TLC. Sintiéndose dueños de vidas y haciendas, al mejor estilo feudal, los jerarcas de los más poderosos gremios de negocios del país, de un tirón castran todo debate democrático; instaurando en los recintos fabriles, comerciales, agrícolas, de servicios y otros, verdaderas dictaduras donde la palabra democracia está prohibida, pues solamente se imparten charlas de adoctrinamiento, al mejor estilo totalitario.

Bien haría el cuestionado Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en meter mano en esto. La gente trabajadora del Sector Privado vive en una especie de encierro carcelario y por paradójico que suene, hay más libertad para las personas privadas de libertad internadas en el Sistema Penitenciario Nacional; que la libertad de debate, de opinión libre y de expresión autónoma, a la que tiene acceso una persona trabajadora que labora, por ejemplo, en una fábrica de plástico cuestionada, que los que trabajan para un famoso librero de corte fascista, que quienes trabajan en la industria agrícola piñera de corte transnacional.

La democracia y la libertad que pregonan estos líderes empresariales, no alcanza a sus respectivos trabajadores. Son verdaderos fariseos. Ellos sí pueden tener sus sindicatos, que son las cámaras, pero niegan el ejercicio de este derecho constitucional de Libertad Sindical, a quienes son sus asalariados. Le ocultan a su personal que pueden acogerse al mismo artículo constitucional de organización sindical, el 60, que les permite a ellos tener sus propios gremios empresariales: de industrias, de comercio, de agricultura, de transportes, etc. Efectivamente, ese Artículo 60, de la Constitución Política de Costa Rica, indica lo siguiente: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Como los dictadores, como los autócratas, como los totalitarios, estos líderes empresariales de abundante riqueza, le tienen miedo a las ideas, le tienen miedo al pensamiento libre, le tienen terror a que su personal piense en libertad. Si están tan seguros de que “TLC” es tan bueno, porqué no lo defienden delante de_ “su”_ gente, en debates realmente democráticos, con igualdad de posiciones, para que la clase trabajadora de sus negocios sopese ambas posiciones, cuestione uno u otro planteamiento, presente dudas en ambos sentidos. Pero no lo harán: la única democracia que estos tiranuelos de abultado capital toleran es aquella que puedan controlar. No saben de verdadera democracia porque nunca la han practicado.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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El ciudadano Bolívar Murillo Chacón, profesional en Ciencias Sociales y que hoy se dedica a la actividad comercial, nos llamó para expresarnos su indignación y su enojo por las diversas acciones de despotismo, autoritarismo y prepotencia que ejecuta el régimen de los hermanos Arias Sánchez; a fin de realizar con “éxito” la tarea que les fue encomendada por la oligarquía neoliberal de “los quita y pone presidentes”, cual es la de aprobar el TLC, contra viento y marea, aunque sea pervirtiendo la institucionalidad republicana de la “división” de poderes, en la cual fuimos educados todos._ “División de poderes”_ que hoy es una falacia.

Para el compatriota Bolívar Murillo Chacón estamos viviendo los tiempos de la “dictocracia”, que es el vocablo que él acuñó para definir el sistema de directrices políticas que desde Llorente, Rohrmoser y Zapote se giran a los jerarcas de los otrora “supremos” poderes, para que acomoden directrices, decretos, leyes y fallos que permitan imponerle al pueblo costarricense el nefasto TLC.

Pasando por la reelección presidencial decidida en el más alto tribunal de la República, con la anulación total del parlamento; hasta el más reciente fallo del tribunal electoral que rechazó la iniciativa ciudadana para el referéndum sobre el TLC; la “dictocracia” parece funcionar a la perfección. Se hace “honor” así a la hoy ya famosa expresión del señor Oscar Arias Sánchez cuando era candidato presidencial, de que en Costa Rica se ocupaba una “tiranía en la democracia” (La Prensa Libre, 3 de setiembre de 2005, página 5).

La “dictocracia”, que ya hoy debemos proponer como la definición del concepto de “tiranía en la democracia”, para que se incluya como nuevo vocablo en la terminología de la ciencia política; obliga al más amplio despliegue de la resistencia ciudadana para rescatar la institucionalidad republicana pervertida por el insano interés mezquino de los grandes negocios de unos cuantos, en contra del bien común.

A la “dictocracia” debemos oponerle el Derecho de Rebelión, que no es más ni menos que la movilización cívica para el rescate de la democracia, ejerciendo de manera activa el Referéndum de la Calle.

La oligarquía neoliberal criolla pro TLC, con su prensa de los “quita y pone presidentes”, aliada hoy con lo más sanguinario del capital centroamericano (que se vino al país a reproducirse aceleradamente porque en sus respectivos países ya nada queda por saquear y sus pueblos llevados a la miseria más extrema no tienen ningún poder de compra ni de consumo); se está jugando su última carta para consolidar la imposición de su visión de país a las amplias mayorías del pueblo costarricense. Esa última carta es el referéndum del TLC, para el cual están fraguando todas las condiciones que les permita_ “controlarlo”_.

Es por eso que, entre otros factores, tenemos que ejecutar en las urnas electorales ese sagrado Derecho de Rebelión, para liberar a nuestra querida Patria de consecuencias más perversas todavía, en el gobierno de la “dictocracia”. Y estamos convencidos de que será necesario salir a las calles, a lo largo y a lo ancho del país, antes de la realización del referéndum del TLC, para lograr un marco de condiciones de equidad y de paridad en esta estratégica consulta democrática.

Sigamos adelante. Aunque ellos tengan la plata, tengan su tribunal (ese que permite que una magistrada se vaya para la casa a redactar fallos como el del referéndum), y tengan su propia prensa; del lado de nosotros está la razón, el conocimiento, la verdad, la mística, el compromiso, la sencillez, la militancia y la honorabilidad.

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Como creyentes en la fe, en Nuestro Señor Jesucristo y que damos gracias a Dios por la bendición que nos dio al nacer en esta querida Patria, no podemos estar de acuerdo con la censura ofrecida por la máxima cúpula eclesiástica del país a sus sacerdotes, bajo el concepto de una falsa_ “neutralidad”_.

Uno de los más ilustres dignatarios de la Iglesia Católica costarricense, Monseñor Ignacio Trejos Picado, Obispo Emérito de San Isidro de El General, habló claro en tal sentido; emitiendo un valioso mensaje que, como era lógico suponer, ha sido silenciado por la gran prensa oligárquica al servicio del TLC (esa misma prensa protectora de los intereses del capital sangriento centroamericano hoy afincado en el país).
Dice Monseñor Trejos Picado: “Se pide a nuestra Iglesia manifestarse neutral en esta contienda.
Eso significaría, ni más ni menos, que desfigurarla totalmente: nuestra Iglesia debe estar siempre del lado de la verdad y de la justicia porque lucha por la paz y debe sembrar el amor. Por esta causa luchó y murió Jesucristo”.

Con fuerza y con gran autoridad moral, Monseñor Trejos, critica la norma 9.14 del TLC, que condiciona la protección de la salud o la vida humana, animal y vegetal, a que no afecten el comercio entre las partes (países), integrantes de ese criminal tratado. “Dicen proteger la vida siempre y cuando no afectemos su comercio… No. No podemos ser neutrales”. Así es de contundente Monseñor Trejos.

La lamentable e inoportuna directriz de la actual jerarquía católica, sólo beneficia los intereses de la oligarquía neoliberal pro-TLC y, específicamente, los intereses del régimen de los hermanos Arias Sánchez. La cúpula eclesiástica cedió a las presiones y más de un mal pensado estima que la “lealtad de negocios” debe haber jugado un papel importante en esta actitud inquisitorial contra los curas “rebeldes”.

Recordemos que los “cinquitos” de la Iglesia Católica, sus multimillonarias inversiones, son administradas por poderosos grupos financieros ligados al bando del Sí al TLC; además de que, hasta en los negocios cerveceros de “los quita y pone presidentes”, han llegado a parar los dineros de la Iglesia Católica.

La feligresía católica ha quedado así indefensa, por cuanto a sus pastores les han puesto una mordaza. La ética social de la Iglesia Católica, expresada en el análisis crítico del TLC a la luz de los evangelios, venía representando un gran contrapeso, con respecto a la gigantesca manipulación mediática de algunos de los más_ “grandes”_ medios de prensa, tanto radiada, como televisiva y escrita, abierta y descaradamente matriculados con ese TLC.

En esto debió haber pensado Monseñor Barrantes y sus colegas de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, cuando se decidieron por una medida con tufo inquisitorial. Falto valentía para enfrentar esas presiones, como lo indica en su mensaje Monseñor Trejos: “Nos dice San Pablo que hemos bautizados no en espíritu de cobardía sino de fortaleza. No debemos confundir la prudencia con la pusilanimidad.
Cristo prometió estar siempre del lado de la Iglesia y jamás le será dado defraudarla. No tengamos miedo”.

Sabias palabras del distinguido Obispo Emérito de San Isidro de El General. La verdad se ha de imponer al final.

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Sin duda alguna que será en las urnas, donde se le dará al TLC un entierro de “lujo”.

Para ello, la UCR plantea una serie de elementos o garantías a fin de que tengamos un referéndum transparente, sin manipulación, con equidad y que genere amplia credibilidad. La UCR coincide con las preocupaciones de una enorme cantidad de sectores sociales, productivos, laborales, cívicos y políticos, que emplazaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la semana pasada, en este mismo sentido. La UCR plantea lo siguiente:

“*a.* Que se respete la iniciativa ciudadana en la convocatoria al referéndum. Es decir, que se respete el orden de solicitud (primero en tiempo, primero en derecho), con el fin de que los grupos ciudadanos pueden dedicarse a recolectar las firmas necesarias, a discutir a fondo sobre el TLC y a organizarse para el proceso.

d. Que se elaboren mecanismos y regulaciones para el estricto control sobre las contribuciones privadas o extranjeras durante la campaña”.

A las anteriores cuatro propuestas de la UCR, en procura de un referéndum limpio, transparente, sin manipulación y con equidad, hay que agregar una quinta: El retiro del TLC de la corriente legislativa y de la agenda de implementación (el TLC sin TLC); agenda que incluye, entre otros, los proyectos de ley de privatización del ICE, del INS, el patentamiento de las semillas y el del negocio de los medicamentos registrados que estrangulará a la CCSS.

Estos elementos son vitales para una votación realmente democrática. Si el TSE acepta la tesis de los hermanos Arias Sánchez y se hace el referéndum por el procedimiento del decreto refrendado por el parlamento, se impondría una votación a unos tres meses plazo; con lo cual el régimen imperante apostaría a que “…el aparato de propaganda totalitario, que ha bombardeado durante varios años a la opinión pública a favor de un texto del TLC contrario a los intereses de Costa Rica y en apoyo de los intereses nacionales e internacionales que representan el régimen de los hermanos Arias y el diario “La Nación”, provoquen o el abstencionismo y/o la confusión de los votantes”. Esta opinión la ha emitido, nada más y nada menos que el Expresidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez.

Es más, el Expresidente Monge Álvarez nos indica que “debe solicitarse cuanto antes la presencia de observadores internacionales para el proceso que se quiere precipitar en esta consulta al pueblo sobre el TLC, pero sobre todo para el remate del proceso y el escrutinio final. Porque gruesos sectores de la ciudadanía, siguen con dudas, interrogantes y cuestionamientos sobre el escrutinio final de las elecciones de febrero 2006”. Pongámonos vivos y a trabajar duro. Sellemos en las urnas lo que ya ganamos en el debate y en las calles.

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Por supuesto que la base de ese fracaso ha sido el imponente ejercicio ciudadano del Derecho de Rebelión, vía el Referéndum de la Calle, en irrefrenable desarrollo, como lo demostró la gigantesca manifestación cívica del pasado 26 de febrero.

En este marco de condiciones, es que se abre espacio la oportuna intervención del grupo de costarricenses, encabezado por el Lic. José Miguel Corrales, demandando la realización de un referéndum por el mecanismo de iniciativa ciudadana, según la ley al respecto sin estrenar todavía en el país. Con el referéndum, según sus gestores, se busca evitar una confrontación social de proporciones impensadas, como ya se veía venir. Se emite así, la resolución histórica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizando la recolección de firmas que, en un mínimo del 5 % del padrón electoral, deben reunirse para legitimar la consulta popular por dicha vía. El “fácil” y “ágil” beneplácito de la oligarquía neoliberal a esta resolución, nos obliga a pensar, con profundidad, qué es lo que traman ahora.

Sin embargo, veamos lo siguiente. El Presidente Arias aparece ahora pretendiendo_ “robarse el mandado”_, como dice nuestro pueblo. Menos de veinticuatro horas después de la resolución del TSE, anunció que convocará el referéndum por otra vía, al emitir un decreto que deberá aprobarse en la Asamblea Legislativa por 29 votos. Si bien es cierto, está actuando conforme a esa misma ley del referéndum, no está en lo correcto pues lo que se pretende es ejecutar una burda maniobra política que desnaturalice este proceso de enorme significado democrático.

Se busca así impedir que los sectores sociales, cívicos y de real patriotismo, realicen plenamente el proceso recolector de firmas, a convertirse en una gigantesca operación de esclarecimiento, de alfabetización política sobre el TLC, de elevación de la calidad organizativa y de afinamiento de la movilización para derrotar al neoliberalismo corrupto y excluyente en las urnas, verdadero significado de lo que se estaría decidiendo en ese referéndum.

Los hermanos Arias y la oligarquía neoliberal que los tutela, la de los “quita y pone presidentes”, jamás creyeron en la consulta popular para resolver la controversia del TLC; siempre dijeron que el referéndum se produjo el día de las elecciones presidenciales, jactándose luego de haber logrado los 38 votos necesarios para su aprobación en el parlamento.

Es por eso que no podemos dejar de pensar en que la convocatoria del Presidente Arias, buscando “robarse el show” de convocatoria al referéndum (para efectos de “reconocimiento” internacional); lo que persigue, realmente, es la implementación de una maniobra política para tratar de quitarle la trascendente esencia democrática que tiene el referéndum; pretendiendo de esa manera, una participación disminuida, apresurada y hasta comprada, dado que es muy probable que las necesidades de la pobreza se ofrezcan atender a cambio del voto favorable al TLC.

De nuestra parte, ya habíamos planteado en diferentes foros y por otros medios que el asunto del TLC, dada su gravedad, su perversidad y su impacto negativo a perpetuidad, no podía resolverse en el estrecho marco de la Asamblea Legislativa; sino que era algo que nos competía directamente a todos cuantos tuvimos la bendición de Dios de nacer en esta bella patria. Nuestro artículo del 7 de noviembre de 2006, en esta misma columna, planteó el asunto, cuando hablamos de “TLC: Una decisión de todo el pueblo”. La semana próxima ampliaremos sobre este particular.

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En esas ocasiones la entidad que nos ha abierto sus puertas para el debate realmente democrático, transparente y respetuoso, ha sido la sede de la Región Brunca de la Universidad Nacional (UNA), cuyo Decano, el Msc. Miguel Calderón Fernández, impulsa un proceso de proyección de la universidad a la comunidad, realmente admirable, desarrollando dicho ente regional de estudios superiores, una capacidad convocante de una amplia diversidad que impresiona al visitante foráneo.

La política institucional de la UNA-Región Brunca que se ha venido desarrollando en cuanto a sus relaciones con la comunidad y la ciudadanía organizada de los sectores sociales y productivos generaleños, constituye para nosotros un extraordinario ejemplo de proyección cívica de una entidad de alto nivel académico. Los fondos públicos que recibe para su sostenimiento, se honran con creces por el alimento intelectual que recibe la comunidad circundante y el conocimiento profundo de su realidad.

El pueblo del cantón de Pérez Zeledón y, muy particularmente, la comunidad de San Isidro de El General, han encontrado en el recinto académico de la UNA-Región Brunca, un verdadero espacio de libre expresión, donde la más variada gama de pensamiento social, económico y político, se debate con responsabilidad, profesionalismo, rigurosidad y sin demagogias.

Esto es sumamente importante, en circunstancias en las cuales el debate nacional exige la más amplia participación ciudadana en la definición del rumbo nacional de nuestro querido país, amenazado hoy en día por la voracidad egoísta de una minoría inmensamente rica que desde el poder político vigente, intenta acallar toda disidencia.

La gran sensación de profunda libertad que hemos sentido cada vez que hemos acudido a debates y exposiciones en la sede de la UNA-Región Brunca, muestra la perfecta coherencia de una práctica universitaria altamente responsable en la formación de los nuevos sectores profesionales de una región tan estratégica para el desarrollo democrático costarricense, como lo es la zona sur de nuestro querido país.

El actual decanato de la UNA Región Brunca, es abanderado de una práctica que viene vinculando armoniosamente las rigurosidades de una excelencia académica en el proceso pedagógico universitario, con una política de puertas abiertas a la comunidad organizada y a sus diferentes expresiones vivas, sin restricciones o exclusiones político-ideológicas, lejos de revanchismos politiqueros localistas tan nefastos cuando se trata de crear conciencias cívicas de responsabilidad cívica y propositiva, como es lo que se pretende en dicho recinto universitario.

Hoy expresamos nuestro reconocimiento público al Decano de la UNA-Región Brunca, el MSc. Miguel Calderón Fernández, por esa extraordinaria condición ética y cívica que exhibe con honor este centro académico de enseñanza superior al servicio de toda la Región Brunca de nuestro país. Igualmente, expresamos nuestra felicitación a todo el personal académico y administrativo por la construcción colectiva de ese espacio de expresión libre del pensamiento costarricense en que se ha convertido esta entidad, parte esencial de la prestigiosa Universidad Nacional (UNA). Exhortamos a las máximas autoridades de esta institución nacional educativa tan respetada en el país, para que refuercen y potencien al máximo la política de proyección cívica que hoy en día se desarrolla en su centro de la Región Brunca.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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El Presidente Arias expresa así una especie de repudio por el sentimiento nacionalista tico, base esencial de una gigantesca y creciente resistencia ciudadana, a que nos “homogenicen”, a que nos “centroamericanicen”; por medio de un TLC que ya está mostrando resultados negativos para los hermanos países de la región, embarcados en una aprobación precipitada de carácter antidemocrático y criminal.

Al Presidente Arias le molesta que miles y miles de costarricenses, de todas las edades, de todos los sectores, de las más diversas posiciones políticas, sociales, humanistas, filosóficas, ocupacionales, culturales, religiosas, etc.; defendamos con vehemencia una particular forma de ser costarricense.

A él le molesta el férreo deseo de mantener nuestra diferencia y nuestra particularidad sociohistórica, en medio de una vorágine neoliberal que arrasa con toda diversidad, que elimina toda creatividad, que castra todo proyecto de desarrollo autónomo, que irrespeta toda forma de originalidad; que aplana conciencias, corrompe mentes y vulgariza la coexistencia en sociedad.

Claro que nos creemos “la mamá de Tarzán” (y confesamos que no entendemos bien que quiso decir el frustrado mandatario con que nos creemos “el ombligo de Buda”, pues ésta no es una expresión típica del habla popular). ¡Cómo no vamos a estar orgullosos de ser costarricenses, si las generaciones anteriores, sin mirar procedencias político-ideológicas, tuvieron la virtud de pensar en el bien común de las generaciones venideras como la nuestra de hoy en día!

Supimos ser creativos para encontrar las fórmulas de convivencia social con equidad, con posibilidades de movilidad social, con solidaridad. Es cierto que todo esto ha venido a menos desde que la ideología neoliberal domina en los sucesivos gobiernos; sin embargo, las bases institucionales principales de esas fórmulas de inclusión social no han sido barridas del todo, gracias a la persistente, plural, creativa y pacífica resistencia social y popular de todos estos años.

Lo que quiere el Presidente Arias es que renunciemos a la diferencia de ser costarricense; lo que él quiere es que nos “homologuemos” a las necesidades del sangriento capital centroamericano que se vino a nuestro país a tratar de reproducirse más rápido y con más rentabilidad, pues el saqueo histórico y sistemático de sus pueblos de origen, no dejó poder adquisitivo atractivo en sus países de procedencia.

Lo que quiere el Presidente Arias es que renunciemos a nuestra particular idiosincrasia. El no siente el orgullo de ser costarricense. Probablemente le hubiera gustado ser el Presidente de Francia o de otro país parecido. Por el contrario, quienes resistimos fuertemente el TLC de Arias y sus amigos, sí estamos orgullosos de ser ticos y, por supuesto, nos sentimos “la mamá de Tarzán”. Presidente Arias, usted ya lo sabe: Su TLC no pasará.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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A dicho grupo y a dicho medio periodístico, hoy órgano oficial del régimen de los hermanos Arias Sánchez, se le ha acusado de ejercer, presuntamente, un poderoso tráfico de influencias en las más altas esferas de los poderes del Estado; al punto de que se habrían venido jactando de ser quienes quitan y ponen presidentes en Costa Rica. Estamos esperando que respondan a semejantes acusaciones, pero La Nación calla.

No menos graves son los cargos que han sido lanzados contra dicho grupo empresarial y periodístico, de que habrían pretendido defraudar al fisco con la compra de una rotativa; de que habrían realizado un negociazo con las humildes casas de los obreros agrícolas de una de las actividades cañeras a cargo de tal grupo; de eludir el pago de una inmensa cantidad de millones de colones en impuestos sobre bebidas, producto del negocio cervecero del grupo y que debieron haber llegado a las arcas fiscales para llevar justicia al campesinado costarricense, a fin de posibilitar un mejor reparto de la tierra, a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). A todo esto, La Nación calla.

Sin duda alguna que La Nación, a quien se concibe como vocero oficial de los negocios de y asociados con el Grupo Nación S. A., está en deuda con el país. Este medio, que se ha arrogado la “_representación_” de la opinión pública, que pretende sentar cátedra en materia de transparencia y ética (cuando le interesa) y que se autoproclama como el defensor militante de los mejores valores patrios, hoy se ha quedado completamente callado.

Este silencio se podría interpretar como una aceptación tácita de las responsabilidades directas que tendrían en todo lo que se ha venido denunciando en estos días, por parte de otro grupo empresarial que, presuntamente, habría ingresado en terrenos de negocios “_sagrados_” para el poder tradicional que se expresa a través de La Nación.

Afortunadamente para el desarrollo de la democracia, La Nación ha venido perdiendo terreno, de manera acelerada, en el campo de la credibilidad y de la influencia en la política pública. Por ejemplo, en el abordaje de la situación de la lucha cívica del pueblo costarricense en contra del TLC, La Nación se ha desenmascarado completamente, pues su grosera y ofensiva manipulación de la información, parcializada al filo del dogmatismo y del fundamentalismo a este respecto, ha generado un rechazo cívico cada vez más potente.

Nosotros, como organización social denigrada y vilipendiada por dicho periódico, a través de sus escribanos, amanuenses y gacetilleros; a través de la sistemática negativa a darnos el legítimo Derecho de Respuesta cada vez que hemos sido atacados desde sus páginas; expresamos por este medio un fuerte clamor que, seguros estamos, tiene un amplísimo respaldo ciudadano, para que La Nación explique y rinda cuentas. Los “_quita y pone presidentes_” están en evidencia. ¿Será por eso que se vieron obligados a construir una doble tapia, un doble muro, en su sede de Llorente?…

Secuestro de funcionaria en cárcel de San Sebastián

Urge un Congreso Nacional Penitenciario

Este nuevo hecho de violencia contra el personal de las cárceles costarricenses obliga a la sociedad a reflexionar con seriedad, acerca de las condiciones socioambientales y de riesgo laboral que sufren hoy los hombres y las mujeres que laboran para Adaptación Social. Este personal, día con día, se juega la vida dentro de los diferentes centros penales, inmersos éstos en un entorno de deterioro social y económico que produce un aumento sustantivo, tanto en calidad como en cantidad, del fenómeno de la criminalidad en Costa Rica.

Los trabajadores y las trabajadoras de las cárceles costarricenses son vistos como personal público de tercera y de cuarta categoría: Hacinamiento y sobrecargo de casos para abordar; escasez de personal técnico, profesional y de seguridad; bajos salarios y carencia total de estímulos y reconocimientos; pésimas condiciones de salud ocupacional, tecnología precaria e insuficiente; equipo de todo tipo viejo y disfuncional; etc.; son factores que se han unido para volver el trabajo de servicio público con las personas privadas de libertad, un verdadero vía crucis, en medio de un ejemplo de compromiso, abnegación y solidaridad con el prójimo en desgracia.

El proceso de deterioro de las condiciones laborales en las cárceles de Costa Rica y el creciente aumento del riesgo de perder la vida por trabajar en ellas, tiene una profunda raíz política.

Estamos hablando de la política neoliberal de restricción presupuestaria y salarial, aunada a un veloz proceso de concentración de la riqueza, en medio de un entorno de creciente corrupción pública y privada que; por un lado, ha incrementado la necesidad de delinquir en amplios sectores sociales excluidos de los beneficios del crecimiento económico; y, por otro, una creciente calidad del delito que se comete en el país, con altas dosis de violencia y deshumanización que ha impregnado el ambiente carcelario.

ANEP propone la realización de un congreso nacional penitenciario que diseñe las políticas necesarias para enfrentar la nueva fisonomía del delito en Costa Rica derivado de la implantación de políticas neoliberales.

A la vez, para definir una serie de medidas y de mecanismos por medio de los cuales la sociedad revindique al personal de las cárceles costarricenses, les brinde mejores condiciones de trabajo, les aumente sus vergonzosos y miserables salarios, incremente las condiciones de preservación de sus vidas dentro de la cárcel y posibilite un verdadero proceso de recuperación social, profesionalmente articulado, de las personas que por infringir la ley son privadas de libertad.

Es doloroso reconocerlo. Pero la persona trabajadora asalariada de las cárceles de Costa Rica sabe que ingresa a laborar al penal por la mañana, pero no sabe si podrá retornar a su hogar por la tarde. Dos vidas perdidas y cinco secuestros en los últimos años así lo atestiguan. Exhortamos al Gobierno a actuar en consecuencia.

San José, 20 de marzo de 2007.

Héctor Prado Monge
Presidente
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

Jorge Luis Álvarez Araya
Presidente
Sectorial ANEP-Adaptación Social

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

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Don Álvaro convocaba a su espacio a costarricenses de todas las ideologías políticas, sin discriminación, con quienes dialogaba sobre la Costa Rica de la actualidad.

La orden política del cierre de este programa de opinión la ejecutó, cual sicaria de la libre expresión, la Licda. Alicia Fournier Vargas, Presidenta Ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural –SINART-, hija de uno de los grandes maestros del periodismo costarricense (según los entendidos), don Rodrigo Fournier Guevara, de grata memoria. Poco favor le hizo la Licda. Fournier Vargas a la honra de su señor padre.

Nos unimos hoy a la condena pública por el cierre del programa “Diagnóstico”, verdadera ventana de la libre expresión del pensamiento y, particularmente, condenamos la decisión de los hermanos Arias Sánchez y de la Licda. Fournier Vargas. Esta medida autoritaria, típica de gobiernos totalitarios, merece el más amplio repudio ciudadano. Cada vez queda más claro que es lo que el Presidente Oscar Arias Sánchez entiende como “tiranía en la democracia”, que fue el concepto que empleó para definir lo que sería su estilo de gobierno. El cierre de “Diagnóstico” no deja duda alguna de cómo entienden ellos el debate libre en la democracia: cerrando los espacios de opinión que no pueden controlar.

Es más, el último programa que se grabó de “Diagnóstico” y que no salió al aire por la censura-cierre que sufrió, fue una entrevista que don Álvaro le hizo al padre Ronald Vargas Araya, quien fue llevado a juicio y luego absuelto, por denunciar el negociazo que los hermanos Arias Sánchez hicieron con la compra de parcelas del IDA en una zona costera, pagando, presuntamente, 900 mil colones por la compra de ese terreno paradisíaco que hoy valdría unos 15 millones de dólares.

Pero además, este es el momento para examinar el carácter de la gestión que se le ha impuesto al SINART y, particularmente a los espacios de “noticias” que se transmiten por Radio Nacional y por Canal 13.

Efectivamente, los espacios “noticiosos”, así entre comillas, del SINART, hoy en día son boletines de la propaganda oficialista del régimen de los hermanos Arias Sánchez. Toda opinión disidente, crítica, cuestionadora de lo que plantea el gobierno, ha desaparecido de la agenda de los y de las periodistas del SINART.

Esto es repudiable y vergonzoso, porque el SINART se sostiene con el aporte de los impuestos que paga toda la ciudadanía, tanto la que mayoritariamente no votó por los hermanos Arias Sánchez, como por la que minoritariamente les llevó al gobierno.

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CIERRAN OTRO PROGRAMA DE CANAL 13 POR OPONERSE AL TLC
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Carta enviada por Alvaro Montero Mejía a Oscar Arias