Limón: el fracaso más contundente de las políticas neoliberales

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ninguno sale bien librado: ni el Partido Liberación Nacional, ni el Partido Unidad Social Cristiana, ni el Partido Acción Ciudadana pueden mostrar que sus respectivas administraciones han realizado políticas públicas realmente con carácter de integración social en cuanto a la provincia de Limón; si se quiere, la región del país que más contundentemente refleja el fracaso de las políticas neoliberales que estos tres partidos, al renegar de sus principios y valores fundacionales, terminaron adoptando en sus correspondientes administraciones ejecutivas.

La verdad es que, en las tres provincias costeras del país, Limón, Guanacaste y Puntarenas, los indicadores socioeconómicos generalmente aceptados en nuestra sociedad, reflejan con crudo dramatismo los tres más grandes vicios contaminadores de la convivencia democrática que se nos impusieron, cuando los gobernantes y las sucesivas administraciones de esos tres partidos, definieron que la promoción del lucro privado fuera el eje “articulador” de la integración social.

Estos tres flagelos, en Limón (tanto como en Puntarenas y Guanacaste), consisten en: 1) desempleo abierto, subempleo y precarización laboral y salarial; 2) desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso vs. intenso proceso concentrador de riqueza; 3) alto índice de violencia en todas sus manifestaciones: económica, sociofamiliar, delincuencial, crimen organizado y narcotráfico.

Ahora Limón, tal vez como nunca antes se evidenció, muestra la dura realidad de que la entrada en operación de la transnacional de operación portuaria va ir en paralelo con el aumento de los impactos de esos tres flagelos; como si ya no fuese suficiente la cantidad de años que viene viviendo en rezago social integral, pese a que desde el punto de vista económico, todos los datos indican no solamente su potencial sino la enorme cantidad de recursos económico-financieros que se mueven con base en su estratégica ubicación geográfica.

Sin una agresiva política pública impulsada al más alto nivel político del Estado, Limón sucumbirá definitivamente.

Lo desesperanzador es que la actual administración gubernativa Piza-Alvarado, dado su carácter político-ideológico a favor del megacorporativismo de negocios, especialmente el de sesgo transnacional, no va a rectificar esa política de exclusión social y de expolio económico a Limón, si en sus pobladores y fuerzas vivas no media una especie de rebelión ciudadana.

La agresión política que, desde el Estado central, en este caso el MOPT y la Casa Presidencial, se da en contra de la institucionalidad pública representada en Japdeva, no deja lugar a dudas de que a esta entidad han decidido desaparecerla (o reducirla a una mínima expresión simbólica), pues la prioridad de la política pública es ahora, no sólo contundente, sino que profundamente ideológica en el caso del negocio portuario del país: todo mercado-nada Estado.

Creemos que nada bueno puede esperar el pueblo de Limón de parte de sus políticos del ahora tripartidismo hegemónicamente dominante: la tríada gobiernista PLUSC-PAC. Tampoco, aunque habrá excepciones de valor, la “nueva” clase política limonense parece estar a la altura del más grande desafío de inclusión social que tiene la provincia caribeña ante el expolio de los beneficios del negocio portuaria transnacional.

En nuestra modesta percepción de la realidad limonense actual, se debe impulsar la creación de un poderoso polo de poder, cívico-social, con vocación convocante para la movilización activa, para demandar de parte del Estado central (ahora volcado hacia el fomento del desarrollo de los mega-negocios como su prioridad), políticas de reactivación económica realmente efectivas y de promoción de contundentes acciones de inclusión social, mediando un gran papel inversor de parte del Estado que sí puede fomentarlo bajo la presión articulada de ese polo de poder cívico-social.

El sindicalismo nacional con propuesta-país, dentro del cual militan importantes agrupaciones laborales limonenses, cuenta con un amplio abanico de propuestas integradoras y de desarrollo económico-social que pueden ser consideradas por las fuerzas vivas de Limón, pero en articulación estratégica para un fuerte cambio de rumbo en lo que hasta ahora ha sido el ausente papel estatal en el fomento del crecimiento económico con inclusión social en la provincia caribeña.

La gravedad de la coyuntura, con lo poco activo de ese papel estatal que todavía queda en Limón, como lo es Japdeva, requiere la transformación cualitativa de las fuerzas vivas de la localidad (que son dignas de consideración), en un factor de poder desafiante de esa cruel hegemonía del capital, impulsada desde Zapote contra el pueblo caribeño.

Sala Cuarta ordena intervención de siete delegaciones policiales en mal estado

La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará una gestión de desobediencia en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud, por incumplir un fallo previo de la Sala Constitucional, este último ordenaba la inmediata intervención de al menos 7 delegaciones policiales

Se trata de las delegaciones policiales de Guápiles (Pococí), Piedras Blancas, Peñas Blancas, Upala, Jicaral, La Peregrina y Palmar Norte por presentar condiciones insalubres que ponen en riesgo la seguridad de los policías y usuarios.

En esta ocasión, la Sala Constitucional advierte, tanto al MSP como al Ministerio de Salud que de no cumplirse lo estipulado ordenará la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario.

Por tanto de la Sala Constitucional

La Sala ha dado curso a nuestra solicitud y solicita la intervención. Estas delegaciones son totalmente inhabitables e infrahumanas, como es el caso, de la que se ubica en Guápiles, incluso esta tiene orden de clausura desde el año 2014, situación similar a la de Palmar Norte o bien el estado de la delegación de Peñas Blancas”, dijo Mainor Anchía, presidente seccional ANEP-Fuerza Pública

Declaraciones de Mainor Anchía

Trabajadores de Transfeco crean seccional de ANEP pese a represión por sindicalizarse

Con la convicción de defender sus derechos laborales, trabajadores de la compañía Transfeco S.A. (empresa subcontratada por INCOFER) crearon la primera seccional de ANEP , esto pese a la represión que sufrieron algunos trabajadores por sindicalizarse.

 Unos cinco trabajadores fueron despedidos por afiliarse al sindicato, sin embargo la Unidad de Asesoría Jurídica de la  ANEP inició los procesos sumarísimos por discriminación con medida cautelar para que los trabajadores discriminados por su vinculación sindical fueran reinstalados provisionalmente. 

La ANEP agradece la confianza depositada en nuestra organización sindical para reinvindicar sus derechos laborales.

Por su parte la seccional fue conformada por :

Presidencia: Kathya Ballesteros

Vicepresidencia: Yuliana Mora

Secretaría de finanzas: Yendry Díaz

Secretaría de Organización y Conflictos: Yilberth Masís

Secretaría de Divulgación, Actas y Correspondencia: Melissa Méndez

Secretaría de Formación Sindical: Fernando Coto

Secretaría de Juventud: Yorlin Marenco

Solicitan libertad de Carlos Andrés Pérez y la realización de un nuevo juicio

Tribunal no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación

Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.

Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.

«Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental», manifestó el defensor.

Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la sentencia.

«Lo único para poder solventar estos fallos es que se realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario», explicó Loaiza.

Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.

Declaraciones de Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez

Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema aparentemente dañado.

Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.

Audiencia de apelación caso José Andrés Pérez #LibertadParaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Audiencia de Apelación

Desde las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea #LibertadparaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Ambiente en las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea previo a la audiencia

Debacle fiscal: fracaso rotundo de los gobiernos PLUSC-PAC

Por Albino Vargas, Secretario General ANEP

“Juzgados y sentenciados”, fiscal y tributariamente hablando. Así interpretamos nosotros la publicación del documento “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”,elaborado por el ICEFI.

Según su sitio web, www.icefi.org, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, “…es un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el ICEFI promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Tanto tiempo de nuestra parte; tantos comentarios, artículos y declaraciones periodísticas; tanto esfuerzo político-social y sindical (junto otros valiosísimos aportes académicos y partidarios en la línea de la promoción del bien común y de la noble lucha contra la desigualdad y contra la exclusión sociales), se recompensan, mediando con gran autoridad profesional e intelectual en este documento, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”.

Hace tiempo habíamos acuñado la expresión Transformación Tributaria Estructural para denominar la gigantesca tarea cívico-patriótica y sociopolítica con miras a cambiar la profunda naturaleza perversa de la situación impositiva-fiscal del país, misma que está en la base de los graves desequilibrios que vienen amenazando a la Democracia misma; y, que, por otra parte, dejan en contundente evidencia el fracaso de las últimas administraciones gubernativas de la hoy tríada gobiernista PLUSC-PAC.

Efectivamente, los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana nunca quisieron enfrentar el real poder hegemónico político-económico que ha contralado las sucesivas administraciones gubernativas de cada uno (incluida la actual); y, por tanto, en conjunto, son responsables de la actual debacle fiscal del país, por un lado.

Por otro, se han hecho acreedoras al descrédito ciudadano, a la deslegitimación política y al desprestigio total, al punto de que Carlos Alvarado Quesada esté en esto momentos calificado como el peor gobernante presidencial de las últimas cuatro décadas.

La debacle fiscal en la que está el país, por tanto, no es más que los resultados del fracaso total de los gobiernos PLUSC-PAC; debacle y fracaso que el objetivo, profesional y serio documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, sintetiza en estos 10 aspectos:

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. 2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. 3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. 4) La carga tributaria es rígida. 5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). 7) Estructura tributaria regresiva. 8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. 9) El déficit fiscal ha sido creciente. 10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Cada uno de estos diez aspectos que, de manera elegante y diplomáticamente el ICEFI denomina “desafíos fiscales estructurales de Costa Rica”, y que nosotros puntualizamos como los elementos más notables de la debacle-fracaso de los gobiernos Calderón Fournier, Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada (todavía en desarrollo); caracterizan la situación socioeconómica del país con estos comentarios formulados por el estudio del ICEFI y que resultan de obligada atención para todas las personas habitantes de nuestro país:

El ritmo de crecimiento de Costa Rica se desaceleró después de la crisis financiera de 2009; Costa Rica ha ido perdiendo relevancia como destino para la inversión extranjera; la infraestructura vial es inferior en calidad al respecto de Centroamérica; 2 de cada 10 costarricenses continúan viviendo en condiciones de pobreza (ya casi 3, decimos nosotros); Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que la desigualdad ha aumentado durante el siglo XXI; el desempleo afecta la economía y el bienestar (el oficial, indicamos nosotros, ya está superando el 12 %); los indicadores de inseguridad han crecido en los últimos años; persisten desafíos en la cobertura de la educación preescolar y secundaria II; …´

Para los movimientos sociales costarricenses, especialmente los sindicales, el documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, representa una excelente guía de acción para los próximos meses; especialmente para organizaciones sindicales que tenemos en nuestras plataformas de lucha este tipo de temas-país, más allá de la necesaria atención de las tareas cotidianas corporativo-gremiales.

Gobierno Alvarado-Piza incrementa su ataque antisindical al culpar la huelga por alza en el desempleo

Ministro de la Presidencia incentiva la peligrosa orientación gubernativa de criminalización de la protesta social y de fomento del autoritarismo

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, expresamos nuestro más vehemente y enérgico rechazo a las provocadoras y confrontativas declaraciones del Ministro de la Presidencia, a nombre del gobierno Alvarado-Piza, de que el alza en el desempleo ocurrida el año pasado 2018, se debió a la Huelga Patriótica contra el combo fiscal, hoy ley de la República, lamentablemente; lesiva ley antiobrera que ya comenzó a afectar las economías familiares de miles de personas trabajadoras asalariadas de este país.

El crecimiento del desempleo se debe, por un lado, a una gran incapacidad gubernativa de la gestión del sector económico del Poder Ejecutivo, dada su militancia ideológica en objetivos meramente fiscalistas y su visión obsesiva, de corte neoliberal, en cuanto al traído y llevado tema del déficit fiscal.

Tal fundamentalismo fiscalista impide considerar la relevancia del papel del sector Público en la reactivación económica y no conocemos, en nueve meses de gestión que llevan ya, un sólido proyecto en tal sentido.

Por otra parte, tampoco conocemos de una articulada y estrategia de política pública hacia la potenciación del mercado interno, como factor relevante en la imperiosa necesidad de una reactivación económica que, por ejemplo, incluya el relanzamiento estratégico de la producción agropecuaria nacional. El pequeño productor agrícola nacional sigue hoy más abandonado que nunca.

La Huelga Patriótica contra el combo fiscal duró tanto como el gobierno Piza-Alvarado quiso que durase. Deliberadamente dejaron que se prolongara buscando deteriorar el gran apoyo popular que generó la lucha cívica contra el expediente legislativo 20.580, el más detestado proyecto de ley desde el combo del ICE del año 2000.

Somos enfáticos en cuanto a que los sectores hegemónicamente dominantes del binomio gubernativo Alvarado-Piza no creen en el Diálogo Social, son despreciativos de las propuestas de los sectores sociales y productivos que no comulgan con su visión neoliberal en cuanto al dogma del déficit fiscal.

La corriente sindical que representamos ha elaborado sólidas propuestas en cuanto a impulsar políticas para la reactivación económica con inclusión social y productiva que están listas para poner en una real mesa de negociación, si no fuese porque el autoritarismo es el estilo de gestión del equipo neoliberal del gobierno Alvarado-Piza que controla las iniciativas estratégicas del Poder Ejecutivo.

Algunos días antes el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola había emitido este tipo de juicios subjetivos, desafortunados y sesgados en cuanto a que la huelga del año pasado es la responsable del crecimiento del desempleo en el país.

Sinceramente, no le vemos mayor futuro al proceso de Diálogo Social que a insistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), intenta abrirse paso en el país en el marco del diseño de una política de Trabajo Decente para el período 2019-2023.

Rodolfo Piza es muy “eficiente” descalificando los esfuerzos de otros colegas suyos de gabinete que sí parecieran creer en tal proceso.

San José, miércoles 13 de febrero de 2019

Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Carta al Gobierno: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público-Una visión sindical con realidad política

San José, lunes 28 de enero de 2019.

S.G. 17-21-0998-19

Honorable señora

María del Pilar Garrido Gonzalo

Ministra

MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

 

Honorable señor

Steven Núñez Rímola

Ministro

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política

Estimada señora Ministra:

Estimado señor Ministro:

  1. En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
  2. Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).

 

  1. Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
  2. Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).

 

  1. Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.

 

  1. Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.

 

  1. Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.

 

  1. Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.

 

  1. La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.

 

  1. Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.

 

  1. Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismo negociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.

 

  1. Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:

 

  1. Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.

 

  1. Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.

 

  1. Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.

 

  1. Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.

 

  1. Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.

 

  1. Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.

 

  1. Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, tiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.

 

  1. Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.

 

  1. Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.

 

 

  1. Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, esta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.

 

  1. Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!

 

  1. Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.

25. Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.

 

  1. Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.

Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.

  1. Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, podría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.

 

  1. Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.

 

  1. En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.

 

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Presidente CSJMP-ANEP

Wálter Quesada Fernández

Secretario General Adjunto ANEP

Vicepresidente CSJMP-ANEP

Rafael Mora Solano

Directivo Nacional ANEP

Director Ejecutivo

CSJMP-ANEP

Colombia: la matanza de los líderes sociales

Esto no está en la matriz mediática de los emporios corporativos de noticias a favor de la globalización neoliberal: la cotidiana matanza de líderes y lideresas que luchan por la justicia social y por los Derechos Humanos en la hermana república latinoamericana de Colombia.

Las cifras son espeluznantes. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, el pasado año 2018 dejó 164 asesinatos de hombres y mujeres que en sus respectivas comunidades luchaban por mejores condiciones de vida para sus semejantes.

Sin embargo, la entidad independiente Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), afirma que son 266 los asesinatos de personas luchadoras sociales colombianas los que se dieron el año pasado.

En Colombia hubo un rimbombante acuerdo de paz, de altísima controversia interna y que generó una fuerte polarización social. Esto fue en el mes de noviembre del año 2016.

Leímos que los registros de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en Colombia luego de esos acuerdos y desde esa fecha, nos habla de 454 casos de personas luchadoras sociales que perdieron la vida por tal circunstancia.

Para el Indepaz, son 566 los líderes, lideresas y personas luchadoras defensoras de los Derechos Humanos quienes han sido asesinadas en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de enero de 2019.

Según leemos, es de tal gravedad la situación que el propio señor Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha referido a este grave asunto, expresando su “preocupación”. Pero la matanza sigue…

Por su parte, el sitio de noticias por internet denominado NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe), nos dio otro dato no menos cruel e indignante a la vez: en Colombia el año 2019 empezó con un asesinado por día de estos seres humanos que pierden la vida por la lucha por un mejor bienestar de otros seres humanos, específicamente sus semejantes de clase.

La nota de NODAL nos cuenta el caso de la luchadora social Maritza Quiroz Leyva y nos narra, con dramatismo, lo siguiente: “Al observar que unos hombres sospechosos arribaron a su casa ubicada en la vereda San Isidro, del sector de Bonda, de Santa Marta, Maritza Quiroz Leyva emprendió la huida. Corrió lo más rápido que pudo, pero su esfuerzo fue insuficiente, pues sus agresores lograron darle alcance y sin contemplación le dispararon en varias oportunidades con una pistola calibre 9 milímetros. Quiroz no pudo huirle a la muerte y falleció de inmediato la madrugada de este domingo. El asesinato de la líder de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural de Santa Marta y suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, se suma a los crímenes de otros cinco líderes sociales en los primeros seis días del 2019. Quiroz deja cuatro hijos huérfanos y sin hogar, pues su esposo también había sido asesinado y producto de la violencia se vio obligada a desplazarse desde el corregimiento de Palmor”.

¿Sabía usted de esto? Posiblemente no. Vivimos en una intoxicación informativa inducida de parte de los poderes mediático-hegemónicos, para los cuales los Derechos Humanos tienen una connotación muy estrecha, desde el punto de vista de que los mismos no pueden concebirse si a partir de su estudio, defensa y prédica se invocan para proponer un reordenamiento del injusto estado de situación de la perversa desigualdad y su más impacto inmediato: la concentración de la riqueza y la sumisión en la pobreza y en la exclusión a cada vez un mayor número de seres humanos.

Ningún gobierno democrático de la región, ni tampoco ningún diplomático de las entidades del sistema interamericano, tiene en sus agendas de denuncia política el tema del asesinato sistemático de luchadores por los Derechos Humanos colombianos.

Los tiempos de la globalización neoliberal en su fase más cruel y criminal, que es la actual, son los tiempos donde los Derechos Humanos solamente se admiten cuando se trata de la defensa de ese orden global cruel y criminal. Ir más allá de ello, es subversión en contra de la misma Democracia, según ese orden.

En Colombia, el poder real no se anda con rodeos. Se asesina a quienes osan levantar la bandera de los Derechos Humanos, real e integralmente conceptuados.

En otros países, como el nuestro, parece ser que la muerte civil es una opción para quienes se atrevan a plantear la práctica de los Derechos Humanos como un todo integral, y no segmentándolos para una tergiversación ideológica de lo que se esencia significa. Puede ser subversivo si se levanta la bandera de su implementación total.

Respeto profundo y homenaje eterno a Maritza Quiroz Leyva y a sus 565 compatriotas colombianos asesinados por su lucha en defensa de los Derechos Humanos, según directrices emanadas de los agentes del perverso capital criminal-neoliberal.

El Papa Francisco y la tríada del mal

Hoy, miércoles 23 de enero de 2019, da inicio la histórica visita del Papa Francisco a Panamá, hermana república de Costa Rica.

Saludamos con perspectiva obrero-social y sindical su presencia por esta tierra centroamericana, tierra de las desigualdades; tierra latinoamericana que es la zona del planeta más desigual del orbe.

Costa Rica, lastimosamente, no escapa a esta realidad pues ahora estamos en el ranking, el top ten, de la desigualdad a nivel global. ¡Qué vergüenza! ¡Qué injusticia!

Llega el pontífice romano con su mensaje pastoral, inherente a la esencia del humanismo cristiano. Pero llega, también, con su mensaje social de tanta relevancia; mensaje muy ocultado por las matrices mediáticas dominantes, las del capital; y, también, débilmente divulgado y predicado en Costa Rica por sus sacerdotes y obispos.

Según diversas notas de prensa internacional, el mensaje papal a la juventud congregada para escucharle, en Panamá, se centrará en instarles a “cambiar el mundo ante la pobreza, la violencia y el drama de la migración”.

Nosotros esperamos que les aconseje, a la vez, practicar una militancia activa, profundamente solidaria y cuestionadora de este (des-)orden global tan criminalmente perverso por su desigualdad.

¡Exacto! Vivimos en la época del más injusto reparto de la riqueza que registra la historia de la especie humana. El Papa Francisco lo sabe y sus discípulos eclesiásticos deben denunciarlo. Él ha dicho:

“El clamor de los pobres cada día se hace más fuerte, pero se escucha menos, ahogado por el ruido de los pocos ricos, que crecen cada vez menos y más ricos”, ha sentenciado el Papa Francisco.

“Es el grito de todos aquellos que se ven obligados a huir de sus hogares y sus tierras nativas por un futuro incierto. Es el grito de pueblos enteros, privados incluso de los grandes recursos naturales a su disposición… mientras que los pocos ricos se deleitan con lo que, en justicia, pertenece a todos”.

“…los cristianos no pueden quedarse de brazos cruzados ante la indiferencia o con los brazos extendidos ante la indefensión, sino que deben actuar para ayudar”.

Así lo dijo durante la segunda Jornada Mundial de los Pobres, el pasado noviembre, en el Vaticano, en misa en la Basílica de San Pedro.

Llega el máximo jerarca de la Iglesia Católica universal, en momentos en los cuales la más prestigiosa entidad mundial que analiza este tema de la desigualdad y de la concentración de la riqueza nos da a conocer los más actualizados y escalofriantes datos al respecto, como estos:

“26 multimillonarios concentran tanta riqueza como la mitad de la humanidad. La riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó 900.000 millones de dólares el año pasado, a un ritmo de 2.500 millones de dólares por día, mientras los ingresos de la mitad más pobre de la población del planeta cayeron un 11%, reveló el informe anual de la ONG Oxfam Internacional”.

“La concentración de la riqueza se acentuó a tal punto en 2018 en el mundo que 26 multimillonarios poseen más dinero que los 3.800 millones de personas más pobres del planeta, según un informe de la ONG Oxfam Internacional publicado el lunes. ‘El abismo que aumenta entre ricos y pobres penaliza la lucha contra la pobreza, perjudica la economía y alimenta la rabia en el mundo’, afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, citada en un comunicado.

Como creyentes, con militancia social, estos datos que Oxfam International nos da, nos mueve a pensar que la perversidad maléfica del capital concentrado se expresa en una especie de tríada diabólica contra la Humanidad misma: desigualdad-concentración de la riqueza-injusticia fiscal.

Veamos cómo se entrelazan estos tres aspectos de la tríada del mal:

Nos dice Oxfam Internacional que “los ricos se benefician no solo de una fortuna en plena expansión, sino, también, de los niveles impositivos menos elevados desde hace décadas”. “Si la tendencia fuese contraria, la mayoría de los Gobiernos tendrían suficientes recursos para financiar los servicios públicos”… “la riqueza está particularmente infragravada”.

Este otro dato es contundente: Oxfam precisa que, de un dólar de impuestos a los ingresos, solo cuatro céntimos provienen del impuesto a la riqueza.

La tríada del mal: desigualdad, concentración de la riqueza y la defraudación fiscal-tributaria, amenaza con acabar con la especie humana.

En el marco de la visita papal a Panamá, pensamos que, para la realidad actual de nuestro país, organizarnos y articularnos desde todas las formas de agrupamientos sociales y cívico-patrióticos honestos, es la máxima tarea histórica de nuestro tiempo; pues tanto la desigualdad, como la concentración de la riqueza y el inconmensurable fraude fiscal-tributario, constituyen la más dramática tortura civil y económica que miles de compatriotas sufren todos los días.

¡Bienvenido Papa Francisco a la tierra centroamericana!

Comparecencia de ANEP-Patria Justa ante proyecto revanchista para eliminar huelgas


La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Colectivo Sindical Patria Justa comparecieron ante la Comisión Especial Dictaminadora para estudiar el derecho a huelga donde externaron su malestar y rechazo absoluto del proyecto de ley  Expediente N.° 21.049, al considerarlo un revanchismo político, luego del amplio apoyo de la huelga nacional contra el combo fiscal.