Temas de los nombramientos, pago de reajustes, sanciones disciplinarias, entre otros fueron abordados por la seccional y el Ministro de Justicia y Paz.
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Gobierno destina más dinero para los intereses de la deuda pública que para educación.
Por esto es que el narco está ganando
¡Por favor! Ponga cuidado a este dato: Para la deuda y sus intereses, 667 millones de colones por hora; para Educación, 296 millones de colones por hora; para Seguridad, 34.5 millones de colones por hora. Seguidamente, le explicamos:
En la Asamblea Legislativa actual y en noviembre pasado, se aprobó destinar a la partida presupuestaria 2024 de la deuda pública, esta gigantesca cantidad: (₡5.814.000.000.000).
Es esta la gran prioridad de la inversión de los dineros públicos del Estado central. Ni la educación, ni la seguridad son prioridad. Mucho menos, lo que tiene que ver con inversión en programas sociales de diverso orden diseñados, otrora, para atender la exclusión social y económica; ésta, como bien se sabe, es la que nutre, en buen parte, la actividad delincuencial común, así como la del crimen organizado y del negocio sucio del narcotráfico.
Esos 5 billones 814 mil millones de colones destinados, sobre todo, al pago de los intereses obscenos, recontra-usureros y socialmente criminales, significan para este 2024 (año con 366 días), un pago diario de, prácticamente, 16 mil millones de colones (₡16.000.000.000).
Veámoslo más dramáticamente: por cada hora ese pago es de, prácticamente, 667 millones de colones (₡667.000.000).
Por el contrario, fíjese usted, que en el mismo presupuesto 2024 aprobado en el parlamento en noviembre del año pasado, se incluyeron las partidas globales para Educación y para Seguridad. Y es aquí donde resalta la perversidad de un modelo económico centrado en lo meramente fiscal y no en las personas.
Para Educación, de los 2 billones 600 mil millones presupuestados para 2024 (₡2.600.000.000.000), se tiene una inversión diaria de unos 7 mil 104 millones de colones (₡7.104.000.000); lo cual, nos da un promedio diario, cada 24 horas, de 296 millones de colones).
Ahora vemos lo que dispusieron en la Asamblea Legislativa para este 2024 en materia de presupuesto para la cartera ministerial de Seguridad: 303 mil millones de colones, en términos redondeados (₡303.000.000.000).
Esto quiere decir que, para atender la perversa y maligna ola de violencia criminal organizada en auge incontenible, solamente se dispone de 827 millones de colones diarios (₡827.000.000). Y, por hora, promedialmente hablando, ¡tan solo unos 34.5 millones de colones! (₡34.500.000).
Repitiendo: Para la deuda y sus intereses, 667 millones de colones por hora; para Educación, 296 millones de colones por hora; para Seguridad, 34.5 millones de colones por hora. Sin duda, el narco va ganando…
¡Cómo no va ir ganando el narcotráfico su guerra contra la sociedad costarricense si nuestra clase política, sin excepción, se arrodilla ante los dictados del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y le aprueba a éste, a ojos cerrados, sus partidas para la deuda pública y, especialmente, para el obsceno pago diario de intereses!
¿Cómo pueden todos los cuerpos policiales bajo el presupuesto de la cartera ministerial de Seguridad enfrentar con éxito esa guerra, promedialmente hablando, con 34 millones de colones por hora?
¿Adónde hemos de terminar, si a nuestros gobernantes, del oficialismo y de la “oposición” les importa un bledo que esa deuda y su más que obsceno pago de intereses le saquen al pueblo unos 31 millones de dólares diarios, ¡cada 24 horas!?, en detrimento de la Educación, de la Seguridad, de otros programas de inversión social. Lo mínimo que deberían hacer es crear una comisión especial mixta legislativa, con participación ciudadana, para empezar a hablar de este tema con carácter de política de Estado. Aquí les dejamos la propuesta
Seccional de ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional recopila preocupaciones del personal
Manifiesto policial: Homenaje Póstumo de Carácter Obrero Sindical a Bryan Josué Rivera Oviedo
- Nos congregamos el día de hoy, miércoles 31 de enero del 2024, en esta explanada del denominado Primer Poder de la República, la Asamblea Legislativa, oficiales de los distintos Cuerpos Policiales, acompañados y acompañadas, solidariamente, de personas trabajadoras, familiares y ciudadanía, para rendir homenaje póstumo a BRYAN JOSUÉ RIVERA OVIEDO, un héroe moderno, que fue asesinado en el cumplimiento de su deber.
- Atendemos esta convocatoria, ayunos de intenciones de hacer un show político, eso lo dejamos a otros personajes, pero sí cargados de una mezcla de emociones, pues, vivimos en carne propia la labor policial, y los riesgos que implica.
- Y es que, el servicio que un hombre o una mujer policía brinda a la Patria es colosalmente noble, pero aplastantemente ingrato. Una persona policía sale de su hogar dispuesta a cumplir con la extenuante jornada asignada, sin tener certeza de que volverá con vida. Eso fue lo que le sucedió a Bryan Josué. Porque así es la labor policial: insalubre y peligrosa; y no parafraseamos criterios científicos que así lo aseveran, lo aseguramos desde nuestra experiencia.
- Ser policía no es un simple trabajo, es un estilo de vida que no cualquier persona posee la capacidad para cumplir, y mucho menos ejecutar con efectividad, como sí lo hizo nuestro compañero Bryan Josué Rivera Oviedo.
- Quien acepta portar la casaca policial renuncia al derecho de ser elegido en puestos de elección popular, a Derechos Humanos como la posibilidad de hacer huelga, o de solucionar sus conflictos a través de la negociación colectiva. Se somete a jornadas de 12 horas, y a estar ausente del núcleo familiar por 6, 8, 10 y hasta 12 días consecutivos. A que el simple gesto disconforme de una jefatura le reubique en una zona que desmiembra su arraigo familiar, que le impide estar presente en los cumpleaños de sus seres queridos, en las fiestas de fin y principio de año, las graduaciones de sus descendientes y a estar disponible para su pareja.
- Una persona trabajadora de un cuerpo policial expone su integridad física, psicológica y su equilibrio emocional, porque su deber le exige intervenir en situaciones de riesgo, a proteger a gente desamparada, a interponerse frente a seres iracundos de actitudes violentas, muchas veces, hasta con armas de por medio. Se debe estar atento a la patrulla, a la moto, al arma, al radio, al equipo, a las y los compañeros, al entorno, al mundo entero. Y ante tan demandante responsabilidad, las consecuencias del error pueden ser la pérdida del trabajo, la cárcel o la muerte.
- Todo esto, el sometimiento a este régimen de excepción, por una prestación salarial insuficiente para hacer justicia a todo lo que engloba ser una valiente persona policía.
- A pesar de todo esto, durante décadas, la clase política ha observado hacia otro lado, ha ignorado las condiciones de las y los policías, nos mantienen en delegaciones que dan asco, manejando patrullas en malas condiciones, con alimentación restringida, se han negado los presupuestos necesarios, se nos han incluido en leyes agresoras y somos disminuidos a simples números, parte de una estadística manipulada que busca endulzar los oídos de la población.
- Es realmente incomprensible, no lo entendemos, cómo en esta sede parlamentaria deciden quitarle a nuestra fuerza policial 2 mil 500 millones de colones de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas para dárselo a otra fuerza policial, tan precarizada como las del Gobierno Central: “desvestir a un santo para vestir otro”, dice el refrán popular.
- Es lamentable, sí, es una deshonra para Costa Rica que nuestras calles se tiñan con sangre de personas honestas, valientes y repletas de vocación por el prójimo, y, aun así, no se vean acciones tangibles que busquen cambios reales para prevenir que estos escenarios se vuelvan a repetir.
- El asesinato de oficiales de policía es una etapa de las que llevan a un país a convertirse en un narco-estado. Desde ANEP, bajo la muy honrosa representación de personas de todos los Cuerpos Policiales del país, elevamos la voz y exigimos un alto en este peligroso camino; y, demandamos actuaciones políticas conforme a los intereses de la población honrada de este pedacito de mundo del que aún nos enorgullecemos.
- Costa Rica, la región, el mundo entero, requiere de acciones ¡YA! Las y los policías necesitan apoyo institucional, no puede ser posible que al presentar a un aprehendido/detenido al Ministerio Público, le pregunten a la persona sospechosa si el oficial le golpeó, cuando debería ser a la inversa, y se le consulte primero a la o, el oficial si ese elemento atentó contra su integridad.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos leyes que nos apoyen, que nos brinden certeza jurídica.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos actualización y mejora continua de la capacitación y de la carrera policial.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos el descongelamiento del Manual de Puestos.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos que las instituciones policiales cuenten con el presupuesto idóneo, excluido de la regla fiscal, que les garantice recursos y equipamiento de calidad.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos justicia salarial, ser excluidos de la Ley Marco de Empleo Público y la no aplicación del congelamiento salarial perenne. Y que salden, inmediatamente, un reajuste pendiente de hace 5 años.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos un régimen de pensión diferenciado.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales les recordamos que somos seres humanos, y merecemos ser tratados como tales.
- Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales comprendemos ya, perfectamente, que la delincuencia organizada y el desarrollo del narcotráfico son producto de profundas desigualdades sociales que ya están afectando a la propia Democracia: no hay gente mala per se; hay exclusión social, exclusión económica, ausencia de oportunidades, debilitamiento de la inversión social integral, abusiva concentración de la riqueza, un sistema tributario corrupto e inequitativo y un endemoniado endeudamiento público que está estrangulando la propia institucionalidad como lo está haciendo con la nuestra, en todos los cuerpos policiales del Gobierno Central y del Poder Judicial.
- En nombre de nuestros héroes caídos, en nombre del joven BRYAN JOSUÉ RIVERA OVIEDO, le pedimos a la ciudadanía su apoyo, les imploramos, empatía y unión, con las y los policías para elevar un aplauso que llegue hasta el cielo y que cale nuestro mensaje en las conciencias de nuestra clase política.
ANEP denuncia penalmente al Director General del Centro Nacional de la Música por presunta falsedad ideológica
Los hechos por los que se denuncia a Chaves Cordero, ante el Ministerio Público, se deben al incumplimiento de un acuerdo firmado, el 1 de noviembre del 2023, por el ahora imputado y el Secretario General de ANEP y representantes de la Seccional de ANEP de la Orquesta Sinfónica Nacional; así como con representantes del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.
Hablemos de salario mínimo
El salario mínimo es de aplicación en el sector privado de la economía, como lo sabemos. Su monto lo define el Consejo Nacional de Salarios (CNS), ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El CNS, aunque tiene representación obrera-sindical, esta es muy «desteñida» y no expresa una vinculación fuerte con los grandes segmentos de la clase obrera del país.
Este 2024 estamos conmemorando el aniversario 75 de la todavía vigente Constitución Política, misma que entró a regir el 7 de noviembre de 1949.
La misma incluye un artículo del cual poco se habla; sin embargo, en la Costa Rica de la desigualdad (la de hoy día), tal artículo adquiere enorme relevancia.
Es el artículo 57 que nos plantea, en su primera parte, lo siguiente: «Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna».
Exhortamos a las personas trabajadoras que laboran para la empresa privada a que se pregunten si en este momento el salario mínimo que le pagan les garantiza, por una parte, bienestar; por otra, existencia digna. Creemos que no, en términos generales.
Han estado circulando en redes sociales diversas informaciones indicándonos que el monto actual del salario mínimo costarricense es el «más alto» de Latinoamérica.
Sin duda se trata de publicidad manipuladora que proviene de las esferas del gran capital, ideológicamente interesado en el incrementar la ganancia con la menor inversión posible, incluida la de la mano de obra.
La comparación entre el monto del salario mínimo que se paga en Costa Rica y el vigente en otros países latinoamericanos, es completamente impropia pues no considera el altísimo costo de la vida que agobia a los miles de hogares de la clase trabajadora que impera en nuestro país; al punto de que se nos considera el país más caro para vivir en esta región geográfica del planeta.
Y es que estos niveles de salario mínimo no permiten ascenso ni movilidad social. Por el contrario, se deteriora su poder de compra.
La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su más reciente informe Panorama Laboral 2023, indicó que hasta en un 10% se ha deteriorado el poder adquisitivo del salario mínimo en el período post-pandemia; según estudio a 17 países latinoamericanos, incluido el nuestro.
De manera tal que el asunto del salario mínimo es de prioridad altísima para una acción sindical con perspectiva de integración social y de lucha en contra de la creciente desigualdad.
En lo particular, tres ámbitos laborales asalariados merecen altísimo interés para cuestionar el actual nivel de salario mínimo: la producción agrícola bananero-pinera, la vigilancia y seguridad privada y la de los conductores-choferes de autobús.
En las tres, el corporativismo empresarial obtiene jugosísimas ganancias; y, razones nos sobran para pensar que las tres muestran «endebles» responsabilidades tributarias.
El salario mínimo es factor estratégico de una política pública en materia salarial que pretenda ser humanista y que, por tanto, vaya en la línea de la reducción de la desigualdad y a favor de la integración social.
La conspiración para destruir la Caja continúa…
Reiteramos, y de la manera más enfática y vehemente, lo que venimos afirmando en otros espacios y mediante diferentes vías y formas de comunicación: la institución más querida del pueblo costarricense, la más emblemática y la más imprescindible para la clase trabajadora, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está viviendo la etapa más dura y difícil de sus ocho décadas de existencia.
La Caja sufre un asedio sistemático desde hace varios años y gobiernos. Pero el actual, encabezado por Rodrigo Chaves Robles, está mostrándose como el más agresivo en contra de la propia institucionalidad jurídico-constitucional de la CCSS.
Destaca el golpe de Estado presidencial a la autonomía constitucional de la Caja, cuando destituyeron a integrantes de la actual junta directiva institucional de una manera tan groseramente ilegal que fue la propia Sala Cuarta la que intervino para poner orden y devolver los escaños directivos a sus legítimos propietarios, electos con los mecanismos legales ya establecidos.
Sin embargo, el poder es el poder y aunque están en sus sillas directivas de nuevo, la Junta Directiva CCSS que no es del agrado del Gobierno como consta a todo el mundo, está pintada en la pared. Chaves Robles y su gente en la Caja tienen a esa directiva ninguneada.
En 18 meses que lleva de gestión el actual Gobierno son varios los episodios de conflicto que están caracterizando la vida institucional de la Caja. Por ejemplo, la temeraria afirmación presidencial de que la institución estaba quebrada.
El más reciente conflicto acaba de surgir: la imposición del sistema denominado “copago”, dizque para atender el prolongado problema de las “listas de espera”; asunto éste que tiene raíces que conviene exhibir ante la ciudadanía y que muestran una especie de perfidia gremial que se generó, se debe reconocer, antes de que Chaves Robles se hiciera presidente.
Un destacado intelectual costarricense, Leonardo Garnier Rímolo, indicó lo siguiente: “El copago destruye a la Caja. El copago es una trampa que transforma el derecho a la salud en un millonario negocio privado en el que los mejores servicios serían solo para quien los puede pagar. Medicina para pobres y medicina subsidiada para ricos: el opuesto a la solidaridad”.
Impresionante resulta conocer el pensamiento y la preocupación que el sistema del copago en asociaciones civiles que defienden la salud de pacientes con enfermedades delicadas.
Por ejemplo, la Asociación Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), externó en entrevista de prensa reciente este categórico comentario: “¿De dónde una paciente va a tomar el 40% para una cirugía de mama con el cuento de que le van a cubrir el 60%?”. De la misma manera, para la Fundación Nefrología, que apoya a pacientes con problemas renales, indicó que el sistema de copago conducirá gran inequidad en el tratamiento de esta delicada enfermedad, pues será la capacidad económica y no la urgencia el elemento central para una atención médico-renal.
Un tema mayúsculo en la conspiración contra la Caja tiene que ver la magnitud de la deuda que el Estado tiene con ella: nada más y nada menos que la gigantesca cantidad de 3 billones 300 mil millones de colones (₡3.300.000.000.000), según la propia auditoría institucional y con corte al pasado mes de agosto.
A esta enorme cantidad, hay otra deuda del Estado con la Caja y es la que está pendiente de reconocer al denominado sistema de pensiones IVM: 600 mil millones de colones cuando termine 2023 (cifras controversiales). ¡Impresionante! Hablamos de 4 billones de colones de esa deuda y no se quiere reconocer-pagar. ¿Cómo no hablar de conspiración contra la Caja?
Si nos quitan la Caja, ¡Nos quitan la vida!
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está viviendo la situación más delicada, más crítica, más peligrosa desde que fuera fundada, establecida por la Ley de la República No. 17, el 1 de noviembre de 1941. Acaba de cumplir 82 años de existencia.
Esto quiere decir que todas las personas costarricenses que están vivas en este momento y que son menores de 82 años, cuando nacieron ya estaba fundada la Caja, la institución más emblemática y más querida del pueblo costarricense. Es decir, la abrumadora mayoría de la población del país en la actualidad.
A nivel obrero-laboral, podemos decir que el 100% de la clase trabajadora costarricense de estos momentos, ya sea que tenga empleo formal con salario fijo, que esté desempleada o sumida en el subempleo, que esté en el cuentapropismo y en el trabajo independiente; e, incluso, que tenga una micro-pequeña y mediana empresa, nació y ya había Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Lo podemos decir de esta manera: el pueblo trabajador costarricense no sabe lo que es vivir sin la Caja. Es más, las personas trabajadoras migrantes ocupan, vitalmente, de la Caja, también. Si nos quitan la Caja, ¡nos quitan la vida!
Desde la corriente sindical en la cual militamos todos los días y desde hace ya bastante tiempo, la Caja ocupa un lugar estratégicamente prioritario en nuestra lucha cotidiana.
Hemos tenido una visión crítica de la realidad sociolaboral e institucional de la Caja, al punto de que somos “non gratos” a cierto sindicalismo corporativo-gremial interno.
Hoy, ante la más grave situación de su historia que enfrenta la Caja, reiteramos e indicamos lo siguiente:
La abrumadora mayoría del personal trabajador de la Caja es un funcionariado de gran mística, consciente de su responsabilidad al ser integrante de su fuerza laboral y de la confianza que el pueblo les ha entregado para gestionar, mantener y fortalecer la institución.
La Caja tiene poderosos enemigos internos que, asociados a agentes del exterior, se han venido enriqueciendo con la gestión de salud pública que desde ella se provee a la población.
La Caja es del pueblo trabajador, total y exclusivamente. No es de los sindicatos ni de los gremios profesionales internos. Los sindicatos internos no hemos sido capaces de construir un polo obrero-social consistente que se convirtiera en bastión inexpugnable del carácter público de la institución. Las pugnas personales de los dirigentes, por ejemplo, han impedido, a hoy, la construcción del músculo social interno que es base para una alianza popular fuerte en su defensa.
La Caja ha venido sufriendo un proceso paulatino de “desestitucionalización”, pasando muchos de sus servicios a ser suministrados por terceros, lo que se llama tercerización. Esta es una forma de privatización que está en pleno desarrollo, que no es de ahora, sino que tiene un desarrollo sistemático a lo largo de los últimos gobiernos. La expansión de los servicios de salud privados, incluso a nivel de internamiento hospitalario, se gestó a partir de las posibilidades de negocios con la salud pública que, “malvivientes inteligentes” ligados a la clase política tradicional, superior aprovechar.
Las famosas “listas de espera” se han desarrollado bajo un sistema interno, casi “secreto”, conocido como “jornadas de producción”. Esta situación necesita ser ventilada, públicamente, pues la gente no sabe cómo algunos han logrado hacer millones para sus bolsillos personales con los dineros de la Caja.
Colateralmente, el tema de la formación de especialistas es otro tema “tabú” que hay que destapar, a pesar de la resistencia gremial que no quiere que de eso se hable de manera pública.
Ahora, la situación se ha agravado con la llegada de la Administración Chaves Robles y su estilo autoritario de gestión presidencial-gubernativa; “síndrome de poder” que llegó a la Caja: una intentona golpista a su directiva falló, por ahora, gracias a la intervención constitucional; sin embargo, hay una presidencia ejecutiva “imperial” que ha ninguneado a esa directiva, dejándola pintada en la pared. Parece ser que otra intentona presidencial de carácter golpista está en desarrollo.
Lo que llaman “gobernanza” de la Caja es un ejercicio vertical-autoritario, desconociendo la multisectorialidad que hasta la fecha había tenido esa gobernanza.
Ahora resulta que la Caja no está quebrada. El Presidente Chaves mintió. Con la pompa usual de sus rutas que a ningún lado conducen, dijeron que tienen 200 mil millones de colones para seguir privatizando-tercerizando servicios de especialistas para las “listas de espera”. Y, dos mil millones para pagarle al Banco Mundial un estudio sobre las finanzas de la institución. La cúpula política que controla la Caja parece querer pagar para lo que necesita escuchar.
La Caja está llena de cosas buenas y extraordinarias, realmente extraordinarias. Pero, malos costarricenses, internos y externos, se dedican a sabotearla; ahora, desde la máxima cúpula ejecutiva de turno.
Finalmente, de parte de la clase política, la “vieja” y la “nueva”, nada bueno puede venir para la Caja. Será el pueblo trabajador el que deberá tomar la iniciativa para salvarla. Si nos quitan la Caja, ¡nos quitan la vida!
