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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Estamos en una de las fases más crudas de una persistente lucha en los más diversos planos, lucha que podríamos decir tiene ya casi cuatro décadas, acerca de cómo los y las costarricenses organizamos nuestra convivencia civilizada como nación, como Estado, como República, como país.

Uno que ha tenido la oportunidad histórica de tener parte activa en uno de los dos bandos en pugna constante, en una buena parte de ese período confrontativo; para efectos de mayor comprensión con relación a qué es lo que deseo comunicar, me permito hacer una simplificación conceptual (solicitando disculpas anticipadas por cualquier imprecisión científico-metodológica), a todo este planteamiento, con la siguiente expresión dicotómica: todo mercado – nada Estado.

Con el todo mercado hago alusión a las personas, grupos y sectores costarricenses seguidores de los principales planteamientos de lo que conocimos como el Consenso de Washington, entendido éste como el “… conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos”.

(https://omal.info/spip.php?article4820).

Con base en la misma cita indicada en el párrafo anterior (extraída del Diccionario crítico de empresas transnacionales, del Observatorio de Multinacionales en América Latina -OMAL-), agregamos, complementariamente ésta: “El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington —mayormente el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva Federal de EE.UU.— parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, el entonces nuevo ideario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la PRIVATIZACIÓN de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los MERCADOS de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras”.

Noten ustedes, estimadas y respetadas personas lectoras, cómo la hegemonía ideológico-política, económico-social y cultural imperante en el país (a pesar de los diferentes gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC de los últimos tiempos), a través de sus matrices mediáticas dominantes, de los latifundios del negocio de las noticias con su práctica incesante del periodismo de odio, difunden de mil maneras, a diario, los postulados fundamentales del Consenso de Washington. En síntesis, es el fomento constante, durante ya bastante tiempo, de la consigna, profundamente ideológica que da título a este comentario.

Con el nada Estado, hago alusión a los postulados fundamentales de nuestra carta magna, la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, surgida en el marco sociohistórico y económico de los acontecimientos de la década de los años 40 del pasado siglo XX; los cuales terminaron con el conflicto bélico-Guerra Civil entre costarricenses (marzo-abril de 1948), y, precisamente, con el establecimiento de esa constitución. Desde el surgimiento del Consenso de Washington, nuestro modelo de organización social, establecido en esa constitución, ha estado bajo ataque, ideológico-político.

Ya antes de la Constitución de 1949, la preocupación por el bien común y por la inclusión social anidada en grandes patriotas costarricenses, hombres y mujeres; de la política, de la economía, del campo judicial, de la educación, de la cultura. Aunque tuvieran distintas fuentes filosófico-políticas, lograron dejarnos en el ADN del ser costarricense, tales preocupaciones. Estas preocupaciones ya no lo son de la gente partidaria del todo mercado.

La corrupción generada por la colusión de lo público con lo privado de los últimos tiempos; la degeneración de los valores inherentes a la búsqueda y a la promoción del bien, sustituidos por el afán de lucro desmedido y rápido; un sistema tributario perversamente injusto y corrupto; un endeudamiento público gigante para “reponer” lo que la corrupción fiscal se ha robado durante tanto tiempo; entre otros factores, le han dado “alimento político” a los adoradores del becerro de oro, la gente que nos quiere imponer, mediando la dictadura en Democracia (ya en desarrollo); o la aplicación draconiana de las garantías económicas, conocida como regla fiscal en la ley del combo fiscal, el totalitarismo dogmático del Consenso de Washington.

Luchas sociales de los últimos tiempos como el combo ICE, contra la revisión técnica vehicular monopólica, el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el NO al TLC con Estados Unidos, la lucha patriótica contra el combo Fiscal, las manifestaciones fuertes en carreteras del año 2019; así como el surgimiento del Movimiento Rescate Nacional, así como la batalla del empleo público, debemos verlas con el prisma confrontacional todo mercado – nada Estado. Hay muchos más episodios de lucha social que se pueden analizar bajo tal prisma.

Por supuesto, usted comprenderá que he realizado una, si me lo permiten, abusiva simplificación histórica que, podría ser, a ojos y mentes rigurosas de las ciencias sociales, una herejía. Pido disculpas por ello. Solamente quise ejemplificar la actual naturaleza del conflicto social que, en vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la independencia de Costa Rica con respecto a España, está teniendo lugar en el escenario de lo político que también, incluye el de la calle.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Dentro del conjunto de iniciativas diseñadas para un radical re-ordenamiento estructural de la sociedad costarricense, por parte de los sectores más adinerados, los ultra-ricos de nuestro país, la que tiene que ver con el empleo público, está dentro del conjunto de las fundamentales.

Tenemos absoluta convicción de que este grupúsculo, aunque poseedor de fortunas de dimensiones cuantitativas que escapan a nuestro entendimiento común y corriente, no pasa de ser o ligeramente supera el 1% de la población costarricense de la actual. Sin embargo, han logrado poner a su disposición la mayoría de las personas integrantes de la clase política tradicional; en especial, la conformante de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana. No perdamos de vista que los tres partidos son co-gobierno, con la “ayuda” de los elementos diputadiles funcionales a este co-gobierno.

Aunque usted los vea “peleando” por la prensa (gobierno-“oposición”), se ponen de acuerdo por debajo de la mesa, a oscuras; o bien, rápidamente los alinean para que no pierdan el camino del diseño estratégico del reordenamiento estructural de la sociedad costarricense: es cuando reciben órdenes extra-parlamentarias emitidas por los editoriales y por las informaciones intencionadamente sesgadas, subjetivizadas, por parte del periodismo de odio.

Volviendo al tema del proyecto-expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, le compartimos de seguido, diez perversidades políticas que a nuestro juicio contiene, basándonos en diversos análisis y criterios emitidos por gente pensante, profesionales especializados, juristas de renombre internacional y experimentados costarricenses sabedores de las herencias que hemos recibido de los padres y de las madres de la Patria costarricense, en diversos momentos y épocas. Estas 10 perversidades políticas son (hay más, por supuesto):

01) Proyecto que sienta las bases para un Estado totalitario-autoritario, devolviéndonos en el tiempo. Vamos hacia el tipo de Estado anterior a 1948. Fue ese tipo de estado, antidemocrático y clientelar, por esencia, una de las motivaciones de lo que conocemos como la Guerra Civil de 1948.

02) Proyecto cargado de inconstitucionalidades “por los cuatro costados, avergonzándonos como país “protector” de Derechos Humanos. Sin duda alguna, este proyecto será llevado a juicio en los sistemas internacionales de Derechos Humanos.

03) Proyecto que no puede exhibir base social de legítimo respaldo. Es ampliamente repudiado dentro del sector Público y fuera de él. Podría contar con la firma de algún dirigente sindical alineado-progobiernista; sin embargo, están muy desprestigiados.

04) Proyecto que complementa la “tríada del mal” contra las mayorías populares. Los otros dos son el combo fiscal y la ley anti-huelgas.

05) Proyecto potenciado por el periodismo de odio y su campaña insana de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.

06) Proyecto que expresa un contenido de odio de clase, jamás visto en la historia moderna del país, contra grupo laboral alguno. En este caso, a la persona empleada pública se le ha satanizado, criminalizado, humillado, descalificado, insultado. Desde 1949 no se había visto algo similar.

07) Proyecto que no pudo fundamentar la falsa consigna de que el déficit fiscal se debía al salario devengado por el personal estatal; pero sí ideológicamente concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit.

08) Proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la otrora clase media, altamente endeudada, lanzándole a la pobreza, a la exclusión social y económica.

09) Proyecto precarizador laboral-salarial, afectando los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada. Los deja “listos” para su tercerización, privatización, desaparición o eliminación total.

10) Proyecto “gancho” para que el FMI acepte un “convenio” de préstamo al país; alimentando potenciales estallidos sociales, por incluir (entre otras razones), un congelamiento salarial durante doce años, golpeando durante la reactivación económica del mercado interno.

Como participantes activos y militantes de la corriente sindical no alineada, consideramos que el tema del empleo público requiere otra vía para abordarlo.  Debe ser parte de un todo integral acerca del futuro del Estado, de la sociedad y de la Democracia misma. Para todo ello, se ocupa gigantesca fuerza civil. En eso estamos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La ahora exministra de Estado, ya expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), doña Patricia Mora Castellanos, participante activa de la gestión gubernativa que encabeza Alvarado Quesada durante los 32 meses que ésta lleva transcurridos; argumentó renunciar a esos cargos por sentirse engañada (estafada, decimos nosotros), en el proceso del cual ella fue partícipe activa, del diálogo multisectorial convocado por el gobierno y que, en términos generales, finaliza en fiasco, en ridículo, en una engañifa.

Doña Patricia dramatiza su “enojo” y “decepción”, destacando la circunstancia de que mientras ella y otras personas participantes del indicado proceso se encontraban en la Asamblea Legislativa, en la “ceremonia” de fanfarria político-pantomímica, en la cual Alvarado Quesada entregaba en el parlamento los famosos 58 acuerdos de su diálogo; ya él, Alvarado, había tomado la decisión política de entregarnos al Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un “préstamo” de 1.750 millones de dólares, para lo cual hizo un teatro de entrevista periodística con el medio emblema del periodismo de odio, con el cual procura siempre quedar bien.

Doña Patricia, a su manera, nos da la razón de que la mesa del diálogo social promovida por el gobierno de Alvarado Quesada fue tan solo una acción política “controlada”, de cara, precisamente, a ese proceso con el FMI; para lo cual los y las participantes, procedentes de diversos sectores de la sociedad, actuando de buena fe (en su mayoría), quedaron como “tontos útiles” de la estrategia de Alvarado de tratar de venderle la idea a este organismo financiero internacional de que la relación del país con el mismo tenía una base social representativa. Nada más falso. Alvarado cometió, nuevamente, una estafa política y su accionar descredita los importantes procesos de diálogo social en democracias de sólidas bases. Al menos queda la enseñanza de que, estos procesos de diálogo social “controlado”, terminan en total descrédito.

Igual parece ser la suerte que terminará corriendo el otro proceso de diálogo social que, según vamos recibiendo información fehaciente de sus interioridades, también quedará desacreditado. Hablamos del foro “competidor” del de Alvarado, promovido por la entidad conocida como Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBD), de la cual el cooperativismo es un componente muy fuerte.

Pues bien, la máxima cúpula política de este movimiento, conocida como el Conacoop (Consejo Nacional de Cooperativas), ha salido a la luz pública a decir que no está de acuerdo con el acuerdo (del foro de la asamblea), de que éste (el cooperativismo), debe dar un aporte tributario “extraordinario” para la crisis fiscal en desarrollo; como tampoco avala aumentar la carga impositiva sobre el cuerpo asalariado del país, como se acordó en ese foro en contra de la población laboral del país cotizante del Banco Popular (impuesto al salario escolar).

Este dato, por sí mismo, nos da pie para plantear que estamos, también, frente a un proceso de diálogo social “controlado” que, sin duda alguna, lo deja desacreditado. Y, ¿por qué decidimos que el foro del Banco Popular también representa un proceso de diálogo social “controlado”? Para solamente citar un elemento que lo certifica es lo que pasó con la corriente sindical que representamos: ésta fue excluida por quienes tenían (tienen) ese diálogo social “controlado”.

El descrédito de este tipo de diálogo social “controlado” llega a afectar hasta otro movimiento social que, en otros contextos, resultó relevante en el desarrollo de la Democracia, pero que presenta un potencial enorme en momento en los cuales ésta sigue viajando (o más bien, la están conduciendo), hacia el autoritarismo. Hablamos del Comunalismo, el Movimiento de Desarrollo Comunal, cuyo su interlocutor político al máximo nivel, el propio Alvarado Quesada (porque estaba en la mesa de diálogo convocada por éste), le acaba de clavar un puñal en la espalda, recortándole todo su presupuesto, condenándole a su total cierre-desaparición, prácticamente.

Las perturbaciones sociopolíticas arrojadas por este tipo de diálogo social “controlado”, nos hablan de una línea estratégica de profundo calado ya pre-establecida que se “legitima” con la participación de los sectores sociales convocados al banquete, a fin de que tales sectores socialessientan/perciban que son “tomados en cuenta”; que “son participantes activos”, que la Democracia les “incluye”; sin percatarse (en verdad, ¿es que no se dan cuenta?), de que el posicionamiento de la sociedad de la exclusión es lo que avanza.

Es ésta, la sociedad de la exclusión, la que ocupa de esos diálogos sociales “controlados”, pues es tal la brutalidad de su diseño de ingeniería social retrógrada, que necesita la oxigenación política que ese tipo de diálogo social le proporciona, pues siempre habrá quién esté dispuesto a alfombrarse a sí mismo para que le pasen por encima, aunque “no se dé cuenta de ello”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Ayer, martes 1 de diciembre, se recordó el aniversario 72 de lo que conocemos como la abolición del ejército, uno de los acontecimientos políticos más notables del siglo XX, derivado del conflicto armado entre costarricenses, registrado en la historia como la Guerra Civil de 1948; triste episodio de nuestra vida republicana que dejó unas 2 mil personas compatriotas, de ambos bandos, muertas en los enfrentamientos en los meses de marzo y de abril de ese año.

El bando triunfador, al mando de don José Figueres Ferrer, Don Pepe, estableció un gobierno de facto, una dictadura a la cual se le denominó Junta Fundadora de la Segunda República, la cual se dedicó a gobernar por decreto (se había cerrado la Asamblea Legislativa), durante 18 meses. Precisamente, uno de esos decretos fue el de la abolición del ejército.

Don Pepe, posteriormente, entrega el poder para dar paso al retorno de la institucionalidad democrática mediante la entrada en vigencia, el 7 de noviembre de 1949, de la Constitución Política, la carta magna que todavía rige nuestros destinos como nación.

Y, precisamente, aquí viene otro notable acontecimiento de similar envergadura al de la abolición del ejército: se determina una organización político-administrativa del aparato del Estado, de forma tal que éste opere en forma totalmente distinta a como lo venía haciendo hasta el momento de la llegada de ese polémico y fatídico año 1948.

El Estado costarricense venía siendo hasta entonces, prácticamente, el Estado del partido ganador de las elecciones. El partido ganador de los correspondientes comicios, nombra a cientos de sus adherentes, despidiendo a quienes no le fueron fieles en la campaña y/o eran reconocidos como simpatizantes de otros partidos. Precisamente, se suele considerar que las polémicas elecciones presidenciales de 1948, en las cuales hubo robo o fraude, fue uno de los desencadenantes del conflicto armado pues el partido en el poder no quería entregarlo al partido ganador; considerando que, nuevamente, habría una “despedidera” o “cortada de rabos a mansalva”, amén de los innumerables conflictos pueblerinos y nacionales por revanchismo politiquero.

Con la Constitución del 7 de noviembre de 1949, nace otro tipo de Estado. Las personas constituyentes redactoras de esa carta magna, deciden que ese Estado esté expresado en diversas modalidades de organización institucional, aparte de las divisiones de poderes clásicas del Estado moderno. Se establecen las autonomías constitucionales como las de la educación superior universitaria pública (en ese momento, la Universidad de Costa Rica); y la de los seguros sociales (la Caja Costarricense de Seguro Social). Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones y se reafirma la independencia de poderes como férrea piedra de la Democracia, algo ya muy vulnerado hoy en día.

Más luego, por los años 70’s, se consolida la autonomía municipal, con la eliminación de la figura del “jefe político” que hasta entonces, dependía del presidente de turno. Pero es, sin duda, la carta magna del 49 la que posibilita que el régimen municipal empieza a recorrer el camino de un verdadero gobierno local independiente.

Así las cosas y con esta simplificación histórica al cubo, queremos llegar a este punto: 1) El actual empleo público está asociado a un esquema filosófico-ideológico y político de un modelo de organización del Estado, surgido de un conflicto armado entre costarricenses con sangre derramada, de por medio. 2) Si bien el contenido de clase de este nuevo Estado se mantuvo en su esencia hegemónica, lo real es que desde 1949 y durante varias décadas, gracias a este nuevo Estado, hubo importante desarrollo económico-social que nadie puede negar. 3) La tradicional clase gobernante surgido de ese nuevo Estado, en sus diversos matices y con sus excepciones, mediando una multiplicidad de circunstancias, externas e internas, con sus políticas económicas (TLC’s incluidos), abrió un escenario de desigualdad y de retroceso social que fue agudizado por la pandemia. 4) Como elemento destacado de ese escenario, surgió el déficit fiscal, cuya responsabilidad no es del empleo público, pese a la más despiadada campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico (aún se sigue desarrollando); misma que pretende culpabilizar a todas las personas trabajadoras asalariadas estatales del desastre económico y social en desarrollo. 5) De manera responsable, debemos ser críticos porque las cosas en el Estado no están del todo bien pero susceptibles de correcciones hasta estratégicas; sin embargo, hay demasiadas realidades exitosas en los servicios públicos a cargo del mismo que hacen que nosotros, particularmente, no comulguemos con ruedas de carreta, decidiendo enfrentar los procesos autoritarios-totalitarios que están vulnerando la Democracia, pues sus ideológicos promotores son del criterio absolutista-esclavista del Todo Mercado-Nada Estado. Así las cosas, jamás podríamos avalar el proyecto de empleo público, expediente legislativo No. 21.336. ¡Cambien la Constitución primero!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Los últimos procesos electorales nacionales, particularmente el del 2018, demostró, con suma contundencia, que los y las costarricenses votamos, pero no elegimos.

La espantosa uniformidad político-partidista que venimos observando, especialmente al interior de la Asamblea Legislativa (las honrosas excepciones parlamentarias no hacen más que certificar esta aseveración nuestra), en cuanto a las líneas macro-políticas y supra-estructurales que están impulsando (más bien, imponiendo), un reordenamiento de la sociedad costarricense sin necesidad de reformas constitucionales; no solamente nos confirma esa apreciación de votar pero no elegir; sino que, de una manera más que impresionante, nos ha venido mostrando que hay una especie de parlamento extramuros, que brinda las líneas ideológico-políticas matrices de una nueva reconfiguración del Estado y su relación con la sociedad, desdichadamente no para el bien común. Se está legislando en el plenario desde afuera hacia adentro, de la manera más vergonzosa.

Ese parlamento-extramuros, a su vez,se expresa, fundamentalmente, por medio de vocerías mediáticas asalariadas de los grupos económicos que impulsan esa uniformidad político-partidista, las cuales dictan esas líneas macro-políticas o super-estructurales de la reconfiguración del nuevo orden social costarricense, sin espacio para las mayorías desde el punto de vista económico-social, aunque sí incluidas éstas para que sigan votando, mas no eligiendo.

Nos están imponiendo una de las versiones más perversas de la globalización neoliberal, la democracia autoritaria. Este tipo de globalización no puede garantizar la paz en el planeta, ni la preservación del planeta mismo. Se viene acudiendo al autoritarismo en democracia para sostener esa fracasada globalización.

En el caso de nuestro país, esto, del autoritarismo en democracia, ya es de fácil constatación si notamos la uniformidad político-partidista que se nota en la actual Asamblea Legislativa y en sus relaciones con el Poder Ejecutivo el cual, con intensidades o velocidades distintas, es parte estratégica de esa uniformidad político-partidista. Y, ni qué decir de otras entidades institucionales relacionadas con el accionar cotidiano del Estado.

Y es aquí, según nuestra visión de la realidad político-económica actual (pandemia incluida), así como con base en nuestra experiencia de lucha social que, se agiganta con cada vez más fuerza multidimensional, el papel de la prensa independiente; gran parte de la cual sigue manteniendo visiones macro-políticas centradas en la búsqueda y en la promoción del bien común y de la justicia social real; amén de estar en vigilancia constante contra toda forma de corrupción.

En tal estado de cosas, uno entiende el papel de la prensa independiente con base en estas tres premisas básicas, sustentadas en el impresionante desarrollo de las redes sociales y de las incesantes tecnologías de la información y de la comunicación:

1) Hay conciencia de que las vocerías mediáticas clásicas optaron por “ideologizarse”, adoptando los valores del mercado absoluto con el número menor posible de contrapesos; por tanto, se rompió el “equilibrio” en el seno de la sociedad y la prensa independiente puede ayudar a restablecerlo.

2) La comunicación mediática clásica, al “ideologizarse”, tiene en el periodismo independiente un desafío que nunca esperó que se diese: éste puede estar más cercano a la gente, a lo local; con mayor afinidad a la preocupación de la vivencia cotidiana, pero resaltando la necesidad de que haya una nueva construcción social de amplia base, para permitir la mayor inclusión posible de las personas en el desarrollo de la democracia, integralmente conceptuada.

3) Le corresponde a la prensa independiente un papel de democracia activa en materia de Libertad de Expresión, al convertirse en la voz de los que no tiene voz. La rica diversidad de la organización social en las bases de la comunidad costarricense, a lo largo y a lo ancho del país; cuyas acciones, opiniones, propuestas y luchas son, por lo general, invisibilizadas o desprestigiadas por la uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediáticas asalariadas, encontrarán en la prensa independiente espacio de respeto pleno, sin censura y sin condiciones.

4) La democracia representativa ha perdido credibilidad y legitimidad, al haber sido capturada por esa uniformidad político-partidista que tiene, todavía, fuerte asidero en la población gracias a los servicios pagados de las vocerías mediáticas asalariadas de los grupos de poder económico. Por tanto, el periodismo independiente está llamado a ser punta de lanza del tránsito de la democracia hacia el nuevo nivel que exige la cohesión social de una nación: la Democracia Participativa, promoviendo el debate acerca de y fomentando el conocimiento de todas aquellas disposiciones de política pública, a todo nivel, que será necesario adoptar para que logremos, como sociedad, la plena restauración del imperio del bien común con potenciación fuerte de la inclusión y de la movilidad sociales, en un nuevo espacio de convivencia democrática, superador del que ya sido degenerado por esa uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediático-asalariadas.

En el décimo aniversario de El Guardián, expresamos nuestra felicitación a su gestor y director don Richard Molina, agradeciéndole el honor inmenso que nos da de publicar nuestras opiniones en su prestigioso medio de comunicación; pilar éste de ese periodismo independiente que se ha vuelto totalmente estratégico para que la democracia misma subsista.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“Siento vergüenza que hoy aquí una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza del proyecto. Daniel, tus propios compañeros te han traicionado y eso es vergonzoso y hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”

Esta histórica frase fue pronunciada en el seno del recinto más significativo, políticamente hablando, de la sede del parlamento de Costa Rica, el plenario; y se emitió en una sesión formal del denominado primer poder de la República, nuestra Asamblea Legislativa.

Quien dijo tan “memorables” palabras, las cuales muchos quisieran olvidar, ¡pero nosotros no!, fue el diputado Luis Ramón Carranza Cascante, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Ciudadana (PAC). Él quiso destacar que todo el mercado de producción de la cerveza queda fuera de las intenciones del proyecto de Ley 20.961, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico; exclusión que habría sido producto de las presiones ejercidas por la empresa productora de las cervezas, la Florida Ice & Farm Co., entidad ésta del mega-corporativismo empresarial del país a la cual suele atribuírsele una enorme poder de incidencia en el seno de los y de las integrantes de lo que conocemos como la clase política tradicional.

Con dicha legislación, según sus defensores, el Ministerio de Hacienda podría contar con una herramienta de control fiscal más poderosa sobre lo que se conoce como la “trazabilidad” de bebidas alcohólicas; palabra “elegante” usada por los políticos para hablar de contrabando, puro y simple, descarado, de todo tipo de licores. Al respecto, el legislador Carranza Cascante comentó que, al sacar la cerveza de la aplicación de esa ley, ésta quedó convertida en un cascarón. En nuestro país, la cerveza se vende en cantidades sumamente superiores a las de cualquier otro licor.

El principal promotor del proyecto de ley es el diputado integrante de la también co-gobernante fracción parlamentaria liberacionista, don Daniel Ulate Valenciano, quien ya había formulado una denuncia similar a la de su colega Carranza Cascante.  Ulate Valenciano, en setiembre de 2019, indicó: “En los últimos días hemos sentido gran presencia y presión de lobistas de la Cervecería, a mí en lo personal me han presionado por todos los medios”. Así la consignó Diario Extra, en su edición del pasado viernes 20 de noviembre, página 2.

“…hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”:de manera ineludible, la ciudadanía honesta y patriótica de este país debe formular un vehemente emplazamiento al diputado Luis Ramón Carranza Cascante para que puntualice su pluralización, es decir, que hay más de una empresa tuerce-brazos. ¿Cuáles son?, ¿en qué circunstancias?, ¿con relación a cuáles proyectos de ley?; ¿a la del combo fiscal, 9635 y sus abusivas amnistías tributarias?… ¿Qué “recompensas” reciben los diputados y las diputadas a quienes se les torció los brazos?: ¿dinero en efectivo?, ¿depósitos en cuentas bancarias dentro del país o fuera de él?, ¿propiedades?…

Es un secreto a voces que siempre ha existido compra-venta de votos legislativos para impulsar o frenar iniciativas de ley que afecten o que puedan afectar grandes intereses económico-corporativos y mediático-ideológicos; lo grave de lo que venimos comentando, es que eso esté pasando en medio de las difíciles circunstancias socio-políticas y económicas que vive el país, con emisión de legislación de graves repercusiones para las generaciones futuras de costarricenses.  

Sinceramente, huele a cerveza podrida en el plenario legislativo costarricense. Son pocas las personas diputadas actuales sobre las cuales no hay sospecha alguna, desde una perspectiva de ciudadanía crítica, de que sus actuaciones son totalmente apegadas a su visión de mundo y con base en una sana inspiración por restaurar como eje central de toda política pública, el bien común y la integración sociales, con fuertes leyes que atajan y/o revierten el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión económica.

La política sucia “tuerce-brazos” terminará pulverizando la endeble credibilidad de la gente en su institucionalidad democrática. Con la denuncia del diputado Luis Ramón Carranza Cascante podemos, cívicamente decretar, que la venta de conciencias legislativas ya no es un secreto a voces; que es una cruda y espeluznante realidad político-parlamentaria la cual se ha tornado más peligrosa en el actual período constitucional; sin considerar lo que es el nuevo secreto a voces: la penetración del dinero sucio producto de la ilegal actividad del crimen organizado y del narcotráfico en la política nacional (“por arriba”) y en el mismo tejido social (“por abajo”).

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Sr. Fernando Faith Bonilla, Presidente, Directorio Nacional, Foro Multisectorial de Diálogo Nacional Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC).

Nos referimos a su nota DAT-607-2020, fechada 13 de noviembre de 2020, en la cual su representada le indica a la nuestra que en la sesión número 683-2020, ese Directorio Nacional por usted presidido “… acordó exaltar el interés de la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP de participar en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional -ATTBPDC-; sin embargo, no es posible su incorporación dado que el proceso de inscripción de organizaciones concluyó el pasado 26 de octubre 2020”.

Al respecto, destacando el respeto que siempre hemos tenido para con su persona y para con el Directorio Nacional de la ATTBPDC, indicamos lo siguiente:

PRIMERO: Hemos optado porque la presente tenga el carácter de Carta Abierta, de manera tal que todas las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP, así como una serie de organizaciones de diversa naturaleza con interés en el proceso del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la ATTBPDC, tengan clara noción del desenlace final que para la ANEP representa el mismo.

SEGUNDO: Es importante recalcar que somos la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (siglas ANEP), pues en su nota usted habla de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, lo cual invisibiliza (pensamos que sin mala fe), la circunstancia de que cubrimos en nuestras filas sindicales a una importante cantidad de personas trabajadoras del sector privado de la economía, por cuyos derechos abogamos de manera constante; personas asalariadas que, junto a sus homólogas del sector público asociadas a la ANEP, son también como éstas, integrantes-socias cotizantes, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

TERCERO: Tal parece ser que “el destino” habría de determinar la no participación de la ANEP en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la ATTPBDC, puesto de que a pesar de que nos inscribimos en tiempo y forma para participar en el mismo, un error político de su parte, don Fernando, en nuestro respetuoso criterio, provocó un retiro abrupto de la ANEP en el mismo acto de la apertura-ceremonia inaugural del Foro; dado que fuimos sorprendidos con una moción suya para que el mismo fuera “corriendo” a participar del evento que de similar naturaleza promovía el desprestigiado Gobierno de la República, pese a que éste, según nuestras fuentes confidenciales, habría intentado boicotear el foro de la ATTBPDC.

CUARTO: Nos conectamos con el punto anterior para señalar que, aunque fuera un instante no más, el de la participación de la ANEP en el acto de apertura del Foro ATTBPDC, ello indicaba que habíamos cumplido su requisito de inscripción en tiempo y en forma. Por lo tanto, no es de recibo para la ANEP que en la nota suya del pasado 13 de noviembre de 2020, se hable de que ya había concluido el proceso de inscripción para no readmitirnos.

QUINTO: El retiro abrupto de la ANEP en el mismo instante de la apertura del Foro ATTPBDC, reiteramos, generado a partir de un error político de su parte con la moción indicada que nos provocó, de entrada, una duda de transparencia sobre su propio proceder; ocasionó la preocupación de personas de buena fe ligadas al proceso que usted preside, de forma tal que se nos pidió, pese a nuestro retiro, la entrega de las propuestas de la ANEP, con las formalidades establecidas, lo cual hicimos, también de buena fe; considerándose que la eventual y posterior reinserción de nuestra representada contribuiría, de manera muy cualitativa, a alcanzar los nobles propósitos que animan el Foro, según lo planteado en los documentos promocionales y los compromisos que el mismo estableció y que la ANEP suscribió, de manera transparente, formal y políticamente.

SEXTO: Adicionalmente, hubo una especie de rectificaciones políticas apropiadas. Por una parte, el Foro ATTBPDC se hizo presente a la mesa gubernativa y así constató su propia persona, que tal proceso no le era conveniente. Por su lado, ANEP, mostró su interés político decidido en el retorno al foro dignamente presidido por su persona, entregando nuestras propuestas.

SÉTIMO: Ahora bien, finalmente, es obvio que esas distinguidas personas de buena fe, interesadas en la participación de la ANEP en el Foro ATTBPDC, fracasaron en cuanto a la interposición de sus buenos oficios al respecto. No existe interés político en que la ANEP participe en el Foro ATBPDC.

OCTAVO: Así las cosas, don Fernando, por una cuestión de ética y de decencia política la ANEP retira, en este acto, del conocimiento de los y de las participantes en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, el documento que pusiéramos a su disposición, especialmente preparado con tal fin; documento denominado por ANEP como Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera-Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, 2000-2020”; desautorizando su utilización en todo o en parte.

NOVENO: Tales aportes representan una propiedad intelectual compartida entre la ANEP y las diversas personas y entidades que, a lo largo del período indicado, 2000-2020, los generaron; de tal suerte que, en casa caso, sin la debida y explícita aquiescencia de todas las partes involucradas, no se podrán utilizar. Como es lógico suponer, la ANEP, como parte, no está autorizando uso, según se deriva de nuestra no-participación en el Foro ATTBPDC; aparte de que, como se reconoce, esos aportes se generaron por y desde la ANEP misma.

DÉCIMO: Por tanto, públicamente declaramos que, a partir de este momento, la ANEP no tiene relación alguna con cualquier documento, resolución, acuerdo, propuesta, metodología, similares, etc., que emita el Foro Multisectorial de Diálogo Social de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC). Por otra, que retiramos a la actual delegación de la ANEP que ya estaba acreditada ante la ATTBPCD, antes del proceso del foro y, por tanto, la Asamblea en cuanto tal, no cuenta a partir de este momento con representación alguna de la ANEP.

Sin otro particular,

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Debemos cerrarle el paso a las peligrosas y extremistas posiciones legislativas, así como a sus soportes externos (especialmente, los de carácter mediático), en materia de los recortes presupuestarios que se están planteando en estos momentos en la actual Asamblea Legislativa; cuando, sin ton ni son, se manejan, “a lo loco”, cifras antojadizas cambiantes, minuto a minuto, tocando ámbitos sensibles de la política pública como la Salud, la Educación, la Seguridad y la Cultura.

No se trata de hacer defensa del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), pues bien conocidas son nuestras posiciones político-sindicales con relación a la gestión que encabeza Alvarado Quesada, al frente del Poder Ejecutivo.

Se trata de llamar a la sensatez, a la racionalidad y a la prudencia, dado que los recortes presupuestarios extremistas que se están planteando, afectarán tanto a las personas asalariadas prestadoras de los servicios públicos que serán duramente afectadas, como a quienes son receptoras de los mismos.

Esta es la parte más peligrosa del drama del fundamentalismo recortista: agravará más la situación socioeconómica de compatriotas y de personas extranjeras que conviven con nosotros, ya de por sí deteriorada tanto por el desempleo y la informalidad, como por la precariedad salarial, la calidad de sus viviendas, la delincuencia, la problemática de la convivencia intrafamiliar que la pobreza conlleva, entre otras calamidades.

Bien ha hecho el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, reclamando de manera airada lo que está sucediendo en esto de los recortes presupuestarios de corte fundamentalista, propios del extremismo neoliberal que ya ha contaminado, de manera lamentable, esferas institucionales del sistema democrático, imprescindibles para una convivencia civilizada, sana y en paz. Es más, el indicado legislador ha dicho sentirse “estafado”, al darle su confianza al Gobierno y su fracción parlamentaria cuando, al parecer, le habrían indicado que no serían compartidos por el oficialismo tales recortes presupuestarios.

Recortar en programas sociales significa, prácticamente, caer en la perversa esfera de la violación de Derechos Humanos fundamentales, algo inaceptable desde cualquier punto de vista. Las personas diputadas que están abanderando estos extremismos recortistas deberían visitar un centro de cuido del programa CEN-CINAI, por ejemplo. Estamos seguros que ni siquiera por enfrente de uno han pasado.

¿Cómo se puede concebir recorte presupuestario al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), en una sociedad que tendrá, o que ya está teniendo, un alto porcentaje de su población en la fase de “tercera” edad? Otra cosa muy distinta es plantear si toda la política pública en tal sentido, merece una reestructuración de fondo; sin embargo, el recortismo extremista no puede actuar en esta línea, simplemente “macheteando” partidas, como indicamos, “a lo loco”.

Lo que sucede con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y, específicamente, con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en este sentido de la “moda” del recortismo presupuestario fundamentalista, no se puede tolerar bajo circunstancia alguna. Algunos entendidos estiman que la última ley de impacto social estructural que se emitió en el país fue, precisamente, la de Asignaciones Familiares, en la administración Oduber Quirós (1974-1978), creando uno de los programas sociales más sonados en la América Latina. ¿Sabrán las diputaciones actuales del PLN que tal legislación es “obra liberacionista”?

¿Cómo comprender que se atente contra el presupuesto de los programas sociales en momentos en los cuales estamos viviendo, en puertas del bicentenario de la independencia, la más cruda situación socioeconómica del país desde la fundación de lo que la historia oficial ha denominado como “¿Segunda República”, en 1949?

Tan dramático e increíble como los casos anteriores, es el recorte presupuestario para la Cultura, incluyendo lo que se pretende hacer con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), que es “cerrarlo de un porrazo”. Es cierto que la televisión y la radio públicas merecen mejor suerte y que su papel estratégico para la democracia informativa y para la inclusión comunicacional están pendientes de un redireccionamiento estratégico. Pero aplicarle al SINART un cierre abrupto y abusivo, presupuestariamente hablando; o quitarle el presupuesto a la Orquesta Sinfónica Nacional y a la cultura, en general; no queda más que compararlo con el grito fascista de “Muera la Inteligencia”. Y sobre los recortes presupuestarios en Seguridad, ¿no sería conveniente preguntarle qué piensa al respecto el crimen organizado?…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Sin temor a equivocarnos, sin falsas modestias, sin arrogancia ni petulancia algunas; luego de varios años de esfuerzos individuales y colectivos, de personas y de agrupaciones civiles de diversa naturaleza; ciudadanía activa de distinta procedencia político-partidaria o sin ninguna, pero con visiones de mundo compartidas en medio de la diversidad de pensamiento filosófico e ideológico; la corriente sindical en la cual militamos pone a disposición del público y, especialmente, en manos de la ciudadanía patriótica costarricense, de la clase trabajadora del país y de sus sectores empresariales más honestos, conscientes y responsables, el mejor documento de pensamiento obrero-social generado en las últimas dos décadas; tanto por su contenido como por las riquísimas aportaciones político-intelectuales que contempla, generadas en el clima de constante dinámica cotidiana de lucha social de los últimos años y desde una organización sindical de incansable militancia.

Hablamos de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha publicado el documento denominado Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, con ocasión de la realización del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollándose, promovido por la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC).

Según el subtítulo de este documento, Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, se logró juntar en una única publicación, los esfuerzos más notables de producción de pensamiento alternativo al más que fracasado modelo neoliberal y su doctrina hegemónica del Consenso de Washington, cuyos resultados perversos para la sociedad costarricense ya no se pueden negar.

Este conjunto de experiencias de análisis y de propuesta sobre la organización alternativa de la sociedad, empezó a impulsarse luego de la histórica lucha cívico-patriótica del combo ICE, en el año 2000; año emblemático que derivó, entre otras consecuencias, en el rompimiento del hasta entonces bipartidismo histórico, Liberación-Unidad, en momentos en los cuales, el impulso por ambos de ese intento de privatización del ICE, marcaba el derrumbamiento ideológico de los valores que ambos partidos pregonaban sustentar como “eternos”: por un lado la Socialdemocracia original; y, por otro, el Humanismo Cristiano, respectivamente.

El documento Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, junta experiencias en la generación de encuentros multisectoriales que, de un modo u otro, en sus diferentes espacios y ámbitos de quehacer social, ya intuían que la histórica convivencia civilizada de la sociedad costarricense se iba resquebrajando; y que, por tanto, era necesario analizar y plantear, en blanco y negro, nuevos retos, por ejemplo, en cuanto a movilizad e integración sociales, restauración del bien común en toda política pública, real justicia tributaria redistributiva; restauración de la importancia estratégica de la producción agropecuaria nacional; fomento, potenciación y relanzamiento de la producción para el mercado interno; como complemento, en este caso, del excesivo protagonismo que los sectores dominantes le venían dando (y hasta la fecha), al mercado externo, para propiciar una producción laboral, social y ambientalmente justa; entre otros principios y valores que ya habían sido descartados por los abanderados del Consenso de Washington y sus versiones “a la tica”.

Evidentemente, en estas dos décadas, 2000-2020, una intensa y rica serie de esfuerzos en la dirección contraria a la del orden autoritario que se nos está imponiendo, se han producido; de manera tal que, Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, no es, ni pretende ser, el único esfuerzo de generación de pensamiento alternativo. Hay otros de igual o de mayor relevancia, especialmente, en el orden sectorial.

Lo que sí destacamos es que en Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, las entidades y las personas que tomaron parte en sus diversas fases de ejercicio propositivo, siguen acariciando la materialización de tantos anhelos expresados en este documento, en aras de la llegada de ese sujeto histórico que lo posibilite; considerando que la actualidad de todos (o casi todos), los aportes incluidos en este documento son, prácticamente, irrefutables, contrastados con la sociedad de la exclusión económica y social que ya estamos, de manera dolorosa, padeciendo.

Para desafiar el orden autoritario que se nos está imponiendo, hay material de sobra en Hacia una Costa Rica de justicia social real y efectiva como democracia verdadera.