LAS PERSONAS, ORGANIZACIONES Y SECTORES ABAJO FIRMANTES, HACEMOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICO
CONSIDERANDO:
PRIMERO. En el año de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la Patria, el 2021, la institucionalidad democrática costarricense está más vulnerable que nunca:
Cada vez más, miles de compatriotas sufren las consecuencias del desempleo, del aumento del costo de vida, de la reducción o congelamiento salarial, de la falta de oportunidades, de la exclusión de la economía, de la pobreza y de a desigualdad social.
Esta situación, que desde inicios del año anterior (2020), alcanzaba números preocupantes, se ha visto agravada llegando a cifras record alarmantes, ante la situación generada por “la llegada” del COVID-19 al país, por una parte; y por otra, la inoportuna respuesta del equipo económico del Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, a la situación antes descrita.
SEGUNDO. Quienes deciden las políticas públicas, han visto en el doloroso momento nacional actual, una oportunidad para profundizar un modelo económico concentrador y excluyente:
Cada vez más, cientos de miles de compatriotas vemos con preocupación, indignación e impotencia, cómo a pesar de experiencias que vivió la sociedad costarricense el año anterior; el 2021 inicia con la insistencia desde Gobierno y desde la Asamblea Legislativa, en impulsar como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, decisiones cuyo rumbo y consecuencias no hacen sino convertir el difícil momento que atraviesa el país, en una oportunidad para profundizar la receta económica que concentra riqueza en pocas manos, la cual viene en marcha en nuestro país desde los últimos 30 años, descartando cada vez más compatriotas de la economía.
Ante la exclusión social y económica en ascenso, las decisiones económicas que se impulsan nos colocan, nuevamente, a la sociedad costarricense en un punto delicado de polarización relacionada con la distribución del ingreso. Un gobierno, cuya gestión genera el mayor rechazo ciudadano de la última década y cuya imagen continúa en caída libre; y un grupo de diputados que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital; ni unos ni otros tienen la autoridad moral para seguir polarizando al país que requiere soluciones equilibradas.
TERCERO. Las medidas económicas que impulsan el Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa golpean a sectores claves para dinamizar la economía:
Es de suma preocupación, considerando el actual mega-período de sesiones extraordinarias que le otorga al Gobierno ocho meses para “mover sus hilos” en la Asamblea Legislativa, que lo inicie con iniciativas que afectan a sectores que dinamizan el mercado interno, el comercio, la producción, y a la sociedad costarricense en su conjunto; pero sin respuesta efectiva a problemáticas sectoriales reiteradamente señaladas. A saber:
- Negociaciones de Gobierno de cara a convenio con el FMI: Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas! Como sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional.
Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior. Particularmente, la naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal.
- Impuestos regresivos: Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo, el que a duras penas subiste con emprendimientos micro-pequeños y/o de economía social); recargándole el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto. Lo anterior no sólo aumenta la desigualdad social sin atender la evasión fiscal y las exenciones tributarias; sino que, además, encarece el costo de la vida al pueblo trabajador; a la vez que pone en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.
- Venta de activos del Estado: Integrantes del equipo económico del Gobierno han insistido en días anteriores que no han renunciado a la venta de FANAL. Desde las distintas expresiones organizadas de los sectores sociales hoy reunidas expresamos un NO rotundo a la venta de FANAL. Así mismo rechazamos con contundencia, las intenciones anunciadas en diferentes oportunidades por la fracción legislativa del PUSC y otros grupos políticos, sobre sus intenciones de impulsar venta de activos en Instituciones como activos como el Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE.
- El proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de Capital (expediente 22.369) que pretende elevar la renta, generar impuestos al trabajo y gravar los intereses sobre rendimientos del FCL y rentas de capital en cooperativas.Lo anterior afecta especialmente al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista con nuevos impuestos. Tal iniciativa debe desecharse, radicalmente,
- El proyecto de ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) que concentra en manos del Poder Ejecutivo potestades excesivas, que perjudican los derechos de las personas trabajadoras estatales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense. Iniciativa contraria a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales. Este proyecto junto a dos legislaciones ya aprobadas (conocidas como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019), forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República.
- Incumplimiento Gubernamental del artículo 19 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859). Por ley el Estado incluya en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, para girar las asociaciones de desarrollo de la comunidad debidamente constituidas. Lo anterior no se ha cumplido dada la reducción unilateral e inconsulta de recursos para el desarrollo comunal. Situación que atenta contra la reactivación económica en las barriadas, contra la seguridad de las comunidades y hasta contra la lucha en la atención de la pandemia, ya que estas organizaciones están involucradas en todo lo que tiene que ver con su comunidad.
- Desinterés del Gobierno en dar solución a la condonación de deudas del sector agropecuario. En nuestro país un sector significativo de la producción agropecuaria nacional, prácticamente se encuentra en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de productores, a quienes la contracción adicional del mercado interno producto del Coronavirus-19 terminará de llevar a la banca rota, con su impacto negativo consecuente en la soberanía alimentaria nacional. Ante esta situación, el Gobierno no ha mostrado interés alguno, en impulsar el avance legislativo para aprobar el expediente No. 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario, y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria.
- Falta de política integral para atender el comercio de la micro-pequeña empresa del mercado interno: El Gobierno sigue debiendo una estrategia de acompañamiento real al comercio, especialmente a la micro y pequeña empresa orientada al mercado interno; que garantice la no extinción de su actividad económica, que no le contraiga aún más el consumo afectando la capacidad adquisitiva de sectores que dinamizan su flujo de caja, o bien a través de disposiciones no dialogadas o arbitrarias sobre su actividad económica.
- Inexistente control político sobre el abuso en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado: A pesar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene en estudio 1047 casos de empresas por supuesto abuso en reducción de jornadas y suspensión de contratos durante la pandemia del Covid-19; la Asamblea Legislativa aprobó en recientes días el expediente 22.265, que permite una ampliación de tres meses más al mecanismo que permite que a trabajadores del sector privado se les suspenda o reduzca jornada y salario. Lo anterior sin que exista control político alguno ni atención expedita a este tipo de irregularidades, por parte de quienes impulsan este tipo de iniciativas en el Congreso.
POR TANTO: Anunciamos al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo:
- Nuestra decisión de unir esfuerzos, para hacer frente de forma conjunta, a las recién mencionadas iniciativas de ley y problemáticas irresueltas orientadas a golpear aún más el ya afectado ingreso del pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); de la población productiva (micro y pequeña empresa y agricultura campesina), y de sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, que a través de diversos encadenamientos productivos dan su aporte al consumo del mercado interno y la activación de la economía.
- Nuestra férrea oposición a: las negociaciones y el convenio que impulsa el Gobierno con el FMI, los impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado.
- Nuestra exhortación urgente al Gobierno y a los diputados y diputadas de la República: aprueben el expediente 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. aprovechando además el sistema bancario nacional para el refinanciamiento de la agricultura campesina, trasladen al movimiento comunal los recursos que por ley le corresponde, necesarios para desarrollar proyectos en sus comunidades, implemente una política integral para atender el comercio de la micro y pequeña empresa del mercado interno, y atienda y regule abusos en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado
- Nuestra convicción profunda que el país requiere que la clase gobernante implemente soluciones orientadas a la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés que la misma ha venido demandando; así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo.
