Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cada hora que pasa, el repudio del pueblo costarricense contra las intenciones de Alvarado Quesada y su equipo económico, de imponer una cascada de nuevos impuestos en contra de los golpeados bolsillos obreros, micro-pequeño y mediano empresariado, la alicaída clase media, el cooperativismo, el sistema municipal, la calumniada y vilipendiada fuerza laboral del sector Público, etc.; aumenta su potencia, al evidenciarse vergonzosas triquiñuelas como la del financiamiento de 1.500 millones dólares, vía convenio FMI, para satisfacer la obsesión presidencial del tren eléctrico.

Efectivamente, en el documento oficial del pretendido pacto con el FMI, Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, se tiene al tren eléctrico presidencial dentro del grupo de proyectos de infraestructura, 2021-2023, por ese monto de 1.500 millones de dólares (pág. 56). Alvarado Quesada pretende, con esta jugada-triquiñuela, ya no solamente dejar al país en total quiebra, sino con esa deuda del tren eléctrico, la cual parece haberse convertido en una especie de obsesión presidencial que da demasiado en qué pensar.

Por otra parte, sin pizca de credibilidad alguna y según su decir, el ministro de Hacienda, don Elián Villegas Valverde, estaría indicando que eso fue un “error” al haberse incluido en ese documento, cometido por alguien que él no sabe quién fue. Una explicación, aparte de ridícula, cínica. Se burla de la inteligencia del pueblo costarricense. La inclusión del financiamiento para el tren eléctrico en el documento Propuesta para negociar con el FMI, es un acto consciente y de soberbia política de Alvarado Quesada y de su equipo económico.

Por otra parte, dice el refrán popular que, “al que no quiere caldo, dos tazas”. La obsesión presidencial por el tren eléctrico, al parecer, también es respaldada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual pretende llevar el punto a la “negociación” prevista para noviembre, sobre el tema de las finanzas presentes y futuras del régimen de pensiones más importante del país, Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

La tecnocracia política de la Caja, de gran poder supra-gobiernos, ahora auto-identificada como “Grupo Interno Especializado”, pretende que esa “negociación” arroje como acuerdo el siguiente punto: “(f) Inversión de recursos para el financiamiento de Obra Pública de alto impacto y gran necesidad de recursos, como el tren eléctrico…”.

Así se consigna en el documento que le presentaron a las corrientes sindicales que participarían en esa “negociación”; documento titulado Informe de Planes de Fortalecimiento al Seguro de IVM (pág. 24).

Repudiable actitud gubernamental y del “Grupo Interno especializado” de la CCSS que denunciamos y condenamos, de manera enérgica.

He aquí un segundo intento para darle financiamiento a la desesperada iniciativa del tren eléctrico; y que sean fondos obrero-sociales, de estratégica naturaleza para la paz del país, que se arriesguen en un negocio aventurero que ya ha sido sumamente descalificado por voces de amplio conocimiento en estas cuestiones del transporte ferroviario.

Es más, como ya se ha explicado, si ese nefasto negocio del tren eléctrico se le impone al país, y si se va a sacar plata de IVM-CCSS para financiarlo, será la clase trabajadora cotizante y el propio empresariado honesto que da su aporte patronal a este fondo de pensiones, los encargados de sostener el multimillonario subsidio que habría que darle a la empresa ganadora de la concesión, con altísimo riesgo de fracaso pronosticado.

Como ya lo indicamos, esto del tren eléctrico suena a una obsesión presidencial que, dado el elevado deterioro de la credibilidad del gobernante Alvarado Quesada, puede dar pie a una serie de interpretaciones de dudosa transparencia; habida cuenta del gran peso político que tienen en Casa Presidencial intereses mega-corporativos de “alto vuelo”, los cuales han venido determinando el rumbo estratégico de la actual gestión político-ejecutiva del país. Es hora de que se engavete tan inoportuna iniciativa y que se deje para “mejores tiempos”, eso sí, fomentada bajo otros parámetros de real vocación por el bien común y por la integración social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

40 personas integrantes de la actual Asamblea Legislativa, con curul legislativa, votaron el pasado jueves 27 de agosto de 2020, el primer tramo o tracto de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto total de 508 millones de dólares; antesala de otro crédito de mayor cantidad en esa moneda, por 1.750 millones.

En total será un préstamo conocido en la jerga de ese ente financiero global, como “convenio Stand-by”, el cual compromete seriamente el futuro de la actual generación y de las venideras. Llamaremos a esas señoras legisladoras y a esos señores legisladores como diputaciones fondomonetaristas.

Con base en este actuar de estas diputaciones fondomonetaristas, al comprometer la vida de miles de costarricenses todavía en vida y otros miles más por nacer, es que nos estamos preguntando cuánta legitimidad política real tienen esas 40 personas, por más rango diputadil que tengan, de asumir tan gigantesca responsabilidad, rayana según nuestra visión de mundo, en un acto de traición a la Patria.

Cada una de esas 40 personas representan, individualmente, el 0,00002 por ciento de la actual población del país, misma que es de unos 5 millones de costarricenses. Juntas las 40, apenas alcanzan a significar 0, 0008 del total nacional de ticos y de ticas vivientes en estos momentos. Ni siquiera llegan al 1% de la población nacional y se aprestan a hipotecar el futuro del país más allá de cuando alguna de ellas, ya no estén en esta tierra.

Al igual que está sucediendo con el señor Carlos Alvarado Quesada, cuya presidencia de la República tiene una altísima deslegitimación política en estos momentos; debemos elevar nuestra voz y denunciar que esas 40 personas diputadiles no tienen en la actualidad, una legitimidad política real como para actuar como una asamblea constituyente de facto, cambiando la concepción político-ideológica de carácter estratégico y estructural que fue plasmada por las personas constituyentes, que sí eran realmente legítimas, las que aprobaron la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.

El significado de esos créditos con el FMI que están votando esas diputaciones fondomonetaristas, va más allá de las cantidades de millones de dólares que han de aumentar la impagable deuda pública del país.

Es más, parece conveniente impulsar un ejercicio de cívica rendición de cuentas para determinar cuántas de esas 40 personas diputadas fondomonetaristas, que están dispuestas a entregar el país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían en estos momentos convocar a reuniones a quienes le eligieron, darles la cara y explicarles su actual comportamiento político-legislativo.

Apostamos a que ni uno solo de ellos o de ellas, asumirá un reto de semejante calibre; especialmente si activos grupos de ciudadanía activa se apersonaran frente a las casas donde habitan a solicitarles, con respeto y vehemencia, que den la cara.

Creemos, a la vez, que dar un voto legislativo a convenios fondomonetaristas de préstamos condicionados que implican, por ejemplo, dar viabilidad política a la venta de instituciones públicas exitosísimas como el Instituto Nacional de Seguros (INS), en su ramo la empresa comercial de seguros más importante y rentable de toda la región mesoamericana; supone un monumento a la ignorancia para con nuestra historia y lo que significó su fundación hace ya casi un siglo, en 1924; como también suponemos que se desconoce el pensamiento de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell, cuando tomaron la visionaria decisión política de impulsar la fundación del INS.

Es una verdadera conmoción política imaginar que un 0,0008% de la población costarricense actual (las 40 diputaciones fondomonetaristas), se dispongan a viabilizar la venta del Instituto Nacional de Seguros (INS), un emporio en su campo que ni siquiera la competencia de las transnacionales de actividad homóloga instaladas en el país, han podido desplazarle del mercado.

Las 40 diputaciones fondomonetaristas deben ser exhibidas, una y otra vez, con sus nombres y con sus apellidos, para indicarles por todos los medios a nuestro alcance, su real estado de deslegitimación política plena como para tomar semejantes decisiones de; por un lado, darle un golpe de Estado de facto a la Constitución Política de 1949; por otro, facilitar la entrega de parte de las más grandes riquezas de propiedad pública que todavía quedan en manos del pueblo costarricense. En el caso del INS y desde nuestras propias trincheras, siempre hemos honrado y lo seguiremos haciendo, el legado de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell.