Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes/ Secretario General ANEP

Hacemos de su conocimiento que, aparte de lo que ya usted está debiendo, debe agregarle una cantidad más: 4 millones 400 mil colones (¢4.400.000). Es lo que “le corresponde” a usted del total de la deuda pública del país, que ya es de 22 billones de colones (¢22.000.000.000.000).

Como somos 5 millones de habitantes, entonces, ¢4.400.000 es el monto “adeudado” por cada costarricense vivo en estos momentos, ya sea bebé, niño o niña, adolescente, joven, persona adulta y de la tercera edad.

Convertida esa cantidad de 22 billones de colones a dólares y calculando el precio de un dólar a 575 colones, entonces la deuda del país es de 38 mil 261 millones de dólares, aproximadamente. Es decir, cada persona costarricense estaría “debiendo” 7 mil 652 dólares. 

Por supuesto que usted, en lo particular, no está debiendo esa plata. Es la deuda pública-país generada por los gobiernos del tripartidismo (Liberación, Unidad y PAC); aunque, según los entendidos, es el PLN el que más ha endeudado al país (hasta la llegada de la pandemia).

¡Sigamos sacando cuentas! Quien hasta hace poco fue Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles (quien venía de laborar los últimos 25 años de su vida profesional en el Banco Mundial), le dio carácter de información de Estado a un dato que era secreto a voces; y que, en nuestro caso, como corriente sindical nacional, de manera reiterada lo hemos venido denunciando en los últimos años. 

Dijo don Rodrigo que, por lo bajo, la evasión tributaria y la elusión fiscal en nuestro país es del orden de los 3 mil 800 millones de dólares, ¡por año! En colones, serían 2 billones 185 mil millones de colones. Esta cantidad equivale a unos 6,1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), de estos momentos. Sin embargo, según otras fuentes (y también lo admite el señor Robles), el robo de impuestos es hasta del 8-8.5 puntos PIB. ¡Realmente monstruoso!

Entonces, en los últimos diez años fiscales, 2010-2019, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones sería esa cifra de 3 mil 800 millones de dólares, pero multiplicada por 10. Es decir, 38 mil millones de dólares. ¡Prácticamente, es la misma suma de la deuda pública del país en estos momentos: ¡38 mil millones de dólares!

Esa plata de impuestos que se robaron de múltiples maneras ahora nos tienen como país al borde del precipicio. Esa gigantesca deuda, 38 mil 260 millones de dólares, estrangula el presupuesto nacional por el pago de intereses que supone y, por tanto, con la pandemia encima, estamos llegando a situaciones límite como que el país se declare en quiebra y no pueda amortizar ni el principal ni el pago de los intereses.

En esto de sacar cuentas, ¡también hay que pedir cuentas! No puede haber impunidad. En los últimos 10 años fiscales, tres administraciones gubernativas tienen responsabilidad política inobjetable por este desastre: Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. 

Vamos a tener que ponerle rostro a las principales personas de altísima jerarquía política en esas administraciones que están relacionadas, directa o indirectamente, con esos 3 mil 800 millones de dólares de evasión y elusión fiscales en cada uno de esos 10 años. ¿Cómo se llaman las personas que en la última década fiscal estuvieron en estas entidades: Dirección General de Aduanas, Dirección General de Hacienda y Dirección General de Tributación? Aparte de, por supuesto, quienes estuvieron en la cima del Ministerio de Hacienda, como ministros-ministras de Estado. Igual responsabilidad es la de quienes se han sentado en la silla presidencial.

La catástrofe por venir es de tal magnitud y de tantísimo dolor, y dado que el gobierno de Alvarado mantiene una intransigente posición, abiertamente autoritaria y de menosprecio absoluto a escuchar alternativas; lo más conveniente sería que las fuerzas sanas y representativas de la sociedad se juntaran, con urgencia, a hablar por lo menos.

Por la relevancia del tema que se está discutiendo, a golpe de tambor, en la Asamblea Legislativa, consideramos pertinente publicar en este espacio semanal de opinión que nos brinda La Prensa Libre, el artículo escrito por la compañera María Laura Sánchez Rojas, sindicalista y socióloga, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) de ANEP; el cual transcribimos a continuación:

Con mucha emoción nos disponíamos a celebrar la aprobación en segundo debate de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, una herramienta jurídica que nos proporciona un poco más de seguridad a las mujeres, ante quienes solo con estos mecanismos se dan cuenta que las mujeres no somos un objeto sexual, a la cual se le dice una frase insultante, un gesto brusco o pasar a una acción de violencia física, tocando nuestro cuerpo, sin nuestra autorización, que las mujeres somos sujetas de Derechos Humanos y que no somos una “pila de agua bendita para que nos metan las manos”.

Es una pena que, en un país respetuoso de Derechos Humanos, se tenga que llegar a estos extremos; que, por medio de una ley, algunos hombres se “enteren” que a las mujeres se nos debe respeto.

Pero más lamentable es que en un país que se jacta de respetar los Derechos Humanos, y un gobierno que, también se jacta, de promover la defensa de los derechos de las mujeres, promueva un proyecto de ley de flexibilización laboral, el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 21.182, denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los Derechos de las Personas Trabajadoras”

Primero: una garantía social que con mucho esfuerzo lograron nuestros y nuestras antepasadas, una verdadera conquista de la clase trabajadora, siguiendo lo aceptado socialmente en la distribución del tiempo para laborar, para recrearse y para el descanso por medio del sueño. Esta jornada ha permitido a muchas mujeres, distribuir su tiempo para no solo aportar a la sociedad con su trabajo productivo y reproductivo, sino para prepararse académicamente y de esa manera lograr una movilidad social ascendente y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida, la de su familia; así como a la sociedad.  

Segundo: este proyecto de ley violenta nuestra propia Constitución Política, así como la norma jurídica internacional, consignada por medio del Convenio de la OIT C001-Sobre las horas de trabajo-1919. El cual fue ratificado por nuestro país, mediante la ley número 6711 del 8 de enero de 1982, publicada en el diario Oficial La Gaceta no. 23 del 3 de febrero de 1982.

Tercero: afecta seriamente a las mujeres, especialmente a las jefas de familia, quienes deberán de aumentar las horas de cuido de su familia mientras laboran, lo que lleva a pagar más por ese servicio, cuando han podido asumirlo o lo que es peor, cuando recae en un integrante de la familia que sea “más grande” para que cuide a las demás, generalmente le “toca” a las hijas. Esto conlleva a que no solo la madre se afecte de este tipo de jornada, porque estará muchas horas fuera del hogar y sin poder compartir y reforzar los lazos familiares, sino que a la “grande” le tocará “quedarse en la casa” y asumir el trabajo reproductivo, minimizando sus posibilidades de estudio.

Cuarto: coarta alguna posibilidad de que la mujer trabajadora pueda iniciar o continuar estudios para poder en algún momento, aspirar a un mejor empleo. ¿o es que se podrá indicar en el centro de estudio los horarios en que se puede asistir a lecciones, sean presenciales o virtuales?

Quinto: a pesar de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, con este proyecto de ley de flexibilización laboral, expone a las mujeres trabajadoras, a vivir una situación de este tipo de acoso; al tener que salir de sus hogares en horas muy tempranas y regresar a altas horas de la noche, lo que pondría en peligro su integridad física y emocional.  

Si el acoso sexual callejero nos hace sentir que las mujeres estamos a “disponibilidad” de quien quisiera irrespetarnos, con este proyecto de ley, refuerza esa situación. Estamos “disponibles” para que la “clase empresaurial” que a toda costa tiene que mantener y aumentar sus ingresos, sin importar las necesidades y particularidades de muchas mujeres trabajadoras, sin importar los postulados de Trabajo Decente, sin importar los Derechos Laborales, que son parte de los Derechos Humanos, sin importar la relevancia de un equilibrio laboral, social, emocional y económico de las mujeres; son tan “angurrientos” que ni siquiera son capaces de percatarse que los efectos de este proyecto de ley, les afectará en la calidad del trabajo, porque no se estará en un ambiente laboral sano.

Nuestros derechos como mujeres trabajadoras reciben una de cal y otra de arena, otra vez nos violentan, se burlan de nuestra condición y provocan ampliar las ya existentes brechas de género en salario, en acceso a estudio, en acceso a mejores puestos. Refuerza la relación de poder de quienes poseen los medios de producción y la clase trabajadora, particularmente de las mujeres trabajadoras.   

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La gran mayoría de la población trabajadora de nuestro país (con empleo formal, sin él, en la informalidad), ya la estaba pasando mal antes de la llegada de la pandemia. Ésta lo que ha hecho es agravar tal circunstancia y ha vuelto a nuestro país irreconocible.

El rumbo económico de los últimos tiempos ha estado más que equivocado y los partidos responsables de ello, Liberación, Unidad y PAC, se degeneraron, políticamente hablando, a tal nivel que hoy son la “dirección ejecutiva”, la “gerencia política” de un conglomerado de empresaurios.

En materia de la política económica y macroeconómica ejecutada por los indicados partidos, se debe decir que ésta es un soberano fracaso en cuanto a la inclusión social. Ha fomentado la exclusión económica y ha propiciado la obscena concentración de riqueza.

Por tanto, la gran tarea que la gente golpeada, estafada, desilusionada, precarizada y empobrecida tiene por delante es, al menos, cambiar el rumbo de esa política económica que nos lleva al despeñadero. Tenemos que ir por otro rumbo contrario. Cuatro pistas para ese cambio de rumbo son las siguientes.

UNO: Debe establecerse una política pública para enfrentar la circunstancia del dinero sucio, el del narcotráfico, el del crimen organizado como agente activo del sistema económico y bancario-financiero del país. Serían unos 4 mil 200 millones de dólares anuales del total de la plata sucia, lavado de dinero, que transita en Centroamérica, según la entidad Global Finance Integrity. Instaurar en Costa Rica la Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras, es una alternativa.

DOS: La evasión tributaria en el país es, por lo bajo, de 3.800 millones de dólares anuales: 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Curiosamente, un 6.1% es el cálculo de incumplimiento tributario a nivel regional y para el 2018, según datos de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas. El gobierno empresaurial que nos agobia en Costa Rica está proponiendo un recorte presupuestario de un 1% PIB, teniendo 6 puntos a su disposición… si tuviéramos otro sistema tributario. A este respecto las propuestas están formuladas para una transformación tributaria estructural. En la Asamblea Legislativa anterior (2014-2018), quedaron planteadas en las conclusiones de la comisión investigadora de Los Papeles de Panamá.

TRES: “Recortar el gasto público muy pronto descarrilaría la recuperación”. Éste es un planteamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), al mencionar que sin un activo papel del sector Público no será posible que las economías salgan del grave problema socioeconómico que implica la pandemia del covid-19. Aquí se está promoviendo y haciendo todo lo contrario, llegando al punto de rebajar salarios del empleo público. Países europeos que habían mandado al cajón de la basura sus servicios públicos de salud, hoy lo lamentan por los muertos que han tenido. El recortismo fanático-fundamentalista actualmente en desarrollo en el país, representa un suicidio político-colectivo y eso debe ser revertido.

CUATRO: Millonarios por la humanidad es un movimiento global de personas archi-adineradas, poseedoras de fortunas en cantidades inimaginables, acumuladas por sistemas tributarios endebles y por esos nefastos paraísos fiscales. Ellos están pidiendo, paradójicamente, a sus propios gobiernos que les tase (“tax us”,denominación en idioma inglés del movimiento que promueven), a sus propias fortunas, para que haya recursos frescos a fin de potenciar fuertemente la recuperación económica de los países que han sido y que están siendo devastados por la pandemia. Es hora de que, en Costa Rica, los súper-ricos y sus fortunas sean tasados, al menos, con un impuesto solidario para la crisis. Nunca han tributado lo justo, las administraciones tributarias (por decir lo menos), han sido “complacientes” con ellos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18% de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45% de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.

Es decir que antes de la llegada de la pandemia a suelo costarricense, casi la mitad de los ingresos de la Caja era producto de la fuerza laboral estatal. Dicho de otra forma: de cada 100 personas trabajadoras asalariadas con empleo formal y salario fijo que estaban laborando a la llegada del covid-19, 18 de ellas lo hacían para el Estado y, sin embargo, su aporte a la sostenibilidad financiera de la CCSS casi llegaba al 50% de lo que la institución ocupaba para funcionar.

Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero-privada ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.

Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que debemos condenar enérgicamente.

La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos, lo cual parece haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.

Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia; pues sus enemigos los de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.

Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector Público.

Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla.

Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.