Por: Mainor Anchía Angulo, Seccional ANEP Fuerza Pública, abogado y ex policía.
Hace poco más de un año, fuimos sorprendidos por la noticia que daba cuenta de la muerte de tres integrantes de la Policía de Fronteras, en el sector conocido como el Concho de Pocosol. En aquel momento, no salíamos del asombro, cuando en medios de comunicación electrónica se hacía mención de un audio presuntamente del Ministro de Seguridad, en el cual aseveraba que uno de los uniformados sería el autor responsable de dos homicidios y que posteriormente se habría quitado la vida (no es el mismo que ahora es señalado por el Ministerio Público).
En dicho audio se pudo escuchar lo siguiente:
“De acuerdo al análisis uno de ellos tiene un, el que muere en el Hospital tiene un disparo de contacto en la cabeza al lado derecho, parece que este se auto elimina, porque el arma de él, en apariencia, la utilizaba, ya que los otros dos tienen las armas en el cinto, entonces parece que esta es la que se utiliza, le dispara a los otros dos en la cabeza y el posteriormente se auto elimina, no hay disparos externos todo ocurre dentro de la cabina en apariencia y eso es lo que OIJ nos está dando de momento (…)”.
Sigue llamando poderosamente la atención, que se describiera que “dos de los efectivos tenían sus armas en el cinturón”, porque según se supo uno de ellos no portaba su arma de reglamento, aunque era al que en principio estaban señalando como el homicida, aunado a ello, no conocemos antecedentes de agresión entre uniformados. Todos recordamos el caso de la embajada de Chile, aquella vez la egresión fue dirigida contra personas que en apariencia venían lesionando la dignidad del oficial, el cual luego terminaría por perder el control y cometer los homicidios.
Sobre lo sucedido en el Concho de Pocosol, también se hizo mención de una aparente situación de violencia doméstica, y la atención psicológica que habría recibido uno de los funcionarios, lo cual, al parecer habría sido determinante en los lamentables hechos acaecidos aquel domingo 26 de mayo del 2019.
Le seguiré llamando “el misterio de Crucitas”. La unidad que reporta el incidente, según lo consignado en el libro de novedades indicó lo siguiente: “Se observa una móvil de esa unidad código 2662 volcada en la vía pública, así mismo tres oficiales de la policía de fronteras tirados sobre la vía pública (…), se observa sangre en cantidad considerable”. ¡Nos habían dicho que la agresión se dio en la cabina, y las imágenes de prensa mostraron que uno de los compañeros estaba con medio cuerpo dentro de la cabina!
Sobre el particular, al haber desempeñado la función policial, concatenado con nuestra labor en ANEP, tengo constancia de que nuestros uniformados tienen una gran fortaleza para soportar los gritos de algunos mandos, que en algunos casos reciben tratos altaneros y traslados abusivos. Sumado a lo anterior, tienen capacidad para manejar la presión y el estrés propios de la función policial; que incluye la mayoría de las veces, trabajar en condiciones adversas, en delegaciones insalubres.
Finalmente, siendo que se resuelve sobreseimiento definitivo contra el supuesto autor responsable de dos homicidios (por estar fallecido), toda la responsabilidad vendría a recaer sobre el Estado, así como eventualmente de manera solidaria sobre los funcionarios con poder de decisión, que teniendo conocimiento del riesgo no lo atendieron (lo cual no es nuevo), porque habrían faltado al principio “in vigilando”, así como al deber de buen padre de familia, claramente sigue obviándose que nuestros uniformados son seres humanos con necesidades.
Que difícil resulta decirle al que manda, que está haciendo las cosas mal, pero peor aún, que lo sepa y que no quiera rectificar.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso ante la Sala Constitucional un Recurso de Amparo contra la Junta de Protección Social (JPS) por el cierre del correo electrónico institucional de la Seccional ANEP-JPS.
Para la ANEP esta acción se suscribe en lo que se conoce como prácticas antisindicales por parte del patrono, ya que el correo electrónico era utilizado por la Seccional ANEP-JPS para enviar diversas comunicaciones a sus afiliados en la Junta de Protección Social y viceversa. Además, donde se daban a conocer denuncias realizadas por la seccional.
Rafael Mora, Asesor de la ANEP indicó que este tema ha sido conocido en el pasado por la Sala Constitucional, que en reiterada jurisprudencia ha ordenado a las instituciones estatales el facilitar a la representación sindical de las herramientas electrónicas necesarias para ejercer la actividad sindical. Una de las más recientes es la sentencia 12778 – 2019.
Mora indicó, que también se estaría por violentando los artículos 60 de la Constitución Política, y al artículo 2 del Convenio 135 de la Organización Internacional de Trabajo, así como las recomendaciones de la OIT sobre la libertad sindical.
Cierre de correo bloquea la comunicación
Desde hace muchos años, la Junta de Protección Social había asignado dentro de su plataforma de comunicaciones electrónicas, el correo seccional@jps.go.cr, con el fin que la seccional ANEP-JPS pudiera realizar las comunicaciones necesarias y ejercer la representación de forma efectiva y eficiente, trasladar información a los afiliados y trabajadores sobre las actividades del sindicato, recibir denuncias de los trabajadores entre muchas otras actividades.
No obstante, en fecha 26 de mayo de 2020, por orden de la Presidente Ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton González, dicha institución decidió de forma unilateral eliminar la cuenta y la dirección electrónica que por años había sido asignada a la Seccional ANEP-Junta de Protección Social.
Mora explicó, que al cuestionar por parte de la seccional la razón por la cual no funcionaba la dirección electrónica, un funcionario del departamento de tecnologías de información de la Junta de Protección Social, de apellidos Collado Jiménez respondió que “La cuenta correo fue eliminada a solicitud de Doña Esmeralda por una cuestión de seguridad y por un posible mal uso de la misma. Si tienen alguna duda o solicitud hacérsela llegar a ella.”
Sin embargo, para Mora no existe una justificación clara, ya que no indican o detallan cuales son los problemas de seguridad o mal uso a los que hacen referencia. Y caso contrario, el cierre de la cuenta afecta al sindicato y sus afiliados en la Junta de Protección Social
«La afectación es para el sindicato y sus afiliados esa cuenta de correo electrónico contenía información sensible de los trabajadores, denuncias que realizaban, solicitudes de ayuda, información de afiliaciones y desafiliaciones, información del sindicato, archivos adjuntos, y diversos tipos de comunicaciones esenciales para el desempeño de la representación de los trabajadores», finalizó Mora.
El recurso de amparo presentado por la ANEP fue acogido por la Sala Constitucional para su estudio.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Notarán lo curioso del título del presente artículo. Son dos cantidades: 9000 y 2250. Lo pusimos así tratando de que esto pudiera llamar más la atención de quienes, semana a semana y en este prestigioso diario de negocios, La República, nos honran con su lectura de los artículos que estamos publicando por este medio, todos los viernes.
El número 9000 hace referencia a la cantidad de millones de dólares que están al resguardo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), bajo la categoría de reservas internacionales, en dólares, esencialmente. Esos 9 mil millones de dólares son propiedad del Estado costarricense, es decir, de toda la población habitantes de nuestro país nacida en él o nacionalizada. En realidad, es un poco menos de esos 9 mil millones, por ahí de los 8.700 millones; pero, para efectos de mejor comprensión del mensaje que le queremos dejar a usted, hemos redondeado la cifra.
El número 2250 nos habla de los 2 mil 250 millones de dólares que el país recibiría a cambio de firmarle, prácticamente, un cheque en blanco al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que este organismo multilateral de crédito de dudosa reputación en cuanto a las consideraciones sociales y humanitarias de su política de préstamos; le otorgue a Costa Rica un crédito (¡otro más!), bajo la modalidad de convenio de estabilización, conocido por su vocablo en idioma inglés como “stand by”.
Y esos 2250 millones de dólares se lo darían a Costa Rica en tres tractos, a razón de 750 millones de dólares cada uno. A cambio, el país debe asumir una serie de compromisos macroeconómicos y fiscales con el fin de ordenar sus finanzas públicas, las cuales presentan (entre otros problemas), dificultades enormes como el alto déficit, las obligaciones diarias del pago de intereses de la deuda pública y los abonos a la deuda misma; así como el tamaño de la misma con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
Como es lógico suponer, dada la supremacía ideológica dominante en lo fiscal, nada se plantea dentro de tales compromisos, con relación a la urgente y siempre postergada, transformación tributaria estructural que la misma preservación de la Democracia está exigiendo hace tiempo.
De lo que públicamente se ha estado divulgando (pues el secretismo y la opacidad han caracterizado el proceso “negociador” del gobierno de Alvarado Quesada con el FMI), es que tales compromisos incluyen, por ejemplo: a) subir el impuesto al valor agregado (IVA), hasta el 15% o más; b) empezar el proceso de rebajas salariales para quienes laboran en el sector Público (que no es lo mismo que congelamiento salarial pues éste ya está operando, en la práctica); c) impuestos a la propiedad; y d) venta de activos: lo que queda de las empresas públicas patrimonio estatal que presentan atractivo rentable para el capital privado. Por ejemplo, las ya anunciadas Bicsa y Fanal; y ahora, muy probablemente, el Banco de Costa Rica, el ICE, el INS… para empezar.
Cada uno de los tópicos anteriores, cada uno por sí mismo, da para un abordaje extenso, profundo, diverso, multifacético. Por supuesto que esto no es posible en una única columna de opinión. Tampoco lo pretendemos en este momento.
Sin embargo, sí queremos ser enfáticos en lo siguiente. Los 2.250 millones de dólares que al país le prestaría el Fondo Monetario Internacional (FMI), apenas representan un 25% del total de las reservas monetarias que tiene en resguardo el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que no son “propiedad particular” de éste (al que, ideológicamente, le han venido dado el concepto de “república independiente”), sino de toda la sociedad; reservas monetarias que estarían ya llegando a los 9 mil millones de dólares.
Por tanto, cabe preguntarse: ¿serán capaces los extremistas ideológicos que hegemonizan el control de la política económico-fiscal del país, dentro y fuera del presente gobierno, de someternos a un altísimo estrés social, a una confrontación social abierta, dada la necesaria y obligada respuesta civil organizada que habrá que darle a las condiciones del crédito “stand by” con el FMI; préstamos que apenas representa un 25% del total de las reservas monetarias internacionales propiedad del país y que custodia el BCCR?
¿Valdrá la pena confrontarse con una sociedad en camino tormentoso hacia una gran precariedad, altamente enojada y molesta; brava por el impacto negativo del combo fiscal (sobre todo la aplicación del IVA); y, para peores, con las graves consecuencias negativas sociales y económicas de la pandemia? ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? ¿Serán capaces de fomentar el caos social que podría ser superior a los eventos de calle de los años 2018 y 2019, con tanto ingrediente “explosivo” que se ha estado adhiriendo desde entonces a la caldera del descontento popular?…
Tema fue declarado confidencial por parte del Consejo Ejecutivo del SINART
Este jueves 25 de junio el Consejo Ejecutivo del Sistema de Radio y Televisión (SINART), en su sesión ordinaria, decidió aprobar un plan de restructuración que conllevaría despido de personal a lo interno de la organización, el cual incluso fue declarado como confidencial.
Así se desprende del punto cinco del resumen de la sesión ordinaria de este jueves, bajo la orden del día No 21-2020, en poder de la Seccional ANEP-SINART, donde se indica que el plan de restructuración fue aprobado por 6 de los 7 miembros que conforman el Consejo.
“Presentación Plan de Restructuración (tema declarado confidencial). Incluye criterio sobre dedicación exclusiva e Informe de Auditoría: Ante la incorporación de nuevos miembros y el regreso de otros, se vuelve a exponer el tema de Plan de Restructuración. Se realizan los ajustes a plan solicitados por los miembros de Consejo Ejecutivo. Se aprueba el plan de reestructuración. De los 7 miembros, 6 votaron a favor y 1 en contra (Adalberto Fonseca). Esta Representación deja manifiesta su oposición a la decisión tomada por este Consejo Ejecutivo.” indica el documento.
La seccional ANEP -SINART, denunció en reiteradas ocasiones las intenciones del Consejo Ejecutivo del SINART y de su Presidente Ejecutiva, Lorna Chacón, de llevar a cabo dicha restructuración de índole secreta, la cual el día de hoy fue aprobada.
Todo lo atinente al proceso fue declarado confidencial, violentando flagrantemente la Convención Colectiva vigente, que cobija a los trabajadores del SINART, dicho proceso contempla despidos según lo manifestado por el director general del SINART, Federico Amador Arias, en reunión sostenida con un grupo de agremiados de la seccional ANEP SINART, donde de manera sarcástica aseveró que correrían lágrimas en la institución”, indicó la Seccional.
La ANEP como sindicato que cobija a todos los trabajadores del Sinart realizará todas las acciones de hecho y de derecho en el campo de la protesta y en el marco jurídico, para defender a los trabajadores y denunciar las irregularidades que ya se avisan en dicha institución.
Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.
La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.
“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.
Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.
“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.
La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.
-Posición oficial de la ANEP ante las seis medidas adoptadas por la alcaldía como forma de asegurar estabilidad laboral y financiera institucional.
–No aceptamos que la factura la paguen los trabajadores.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió a la Municipalidad de San José su oposición a las seis medidas que pretende adoptar el municipio josefino para asegurar estabilidad laboral y financiera institucional, lo que significaría despido de personal.
Como organización socio-laboral y practicante del Sindicalismo Sociopolítico, reconocemos dos fuerte impactos de orden financiero que han vivido nuestros gobiernos locales. Nos referimos, en primera instancia, al sometimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la cual el Poder Legislativo entregó la autonomía constitucional, política, administrativa y financiera del régimen municipal costarricense y, particularmente, la perversa regla fiscal; misma de la cual finalmente logramos excluirnos y recobrar en el mediano plazo, la necesaria estabilidad financiera y, por ende, la estabilidad laboral institucional.
En este mismo contexto, las sabidas consecuencias en el ámbito local, nacional y global del COVID-19, con lo cual sufrimos un grave deterioro de orden económico y social en las ya deterioradas finanzas públicas centrales y las del nivel municipal; factura que hemos tenido que pagar la clase trabajadora, con despidos, reducción de jornadas laborales y, por ende, los mas golpeados, los sectores sociales históricamente mas excluidos de la sociedad
En este contexto de situación, no es de recibo que todas las medidas para asegurar la estabilidad financiera institucional, la mayor estabilidad laboral y financiera institucional, tenga que recaer sobre las espaldas de las trabajadoras y de los trabadores municipales, que han mostrado sobrado compromiso en los momentos de mayor adversidad institucional.
Ante las seis medidas restrictivas de la Alcaldía, factura que no debemos pagar los trabajadores y trabajadoras institucionales y que son rechazadas por la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, argumentamos seguidamente la implementación institucional de tres medidas estratégicas, para la recuperación de los ingresos municipales, que exponemos a continuación.
1)-EQUIPO GERENCIAL INSTITUCIONAL DEBERA REALIZAR UNA REINGENIERIA FINANCIERA EN ALQUILERES Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
ANEP y nuestra seccional ANEP-Municipalidad de San José consideran oportuno y de extrema urgencia, un profundo y auscultado diagnóstico de situación institucional de mayor calado, que nos permita visualizar y enfocar la toma de decisiones más estratégicas a través de una reorganización financiera; priorizando actividades sustanciales de orden operativo y administrativo, así como toma de decisiones, que generen sobrados réditos financieros; contrarrestando así las proyecciones negativas aproximadas a los quince mil millones de colones menos en ingresos, según lo estima esa honorable alcaldía.
Se requiere un profundo análisis de orden financiero que determine lo estrictamente necesario para la operación institucional , en contratación admirativa, alquileres de edificios, alquiler de camiones recolectores privados, alquiler de camiones, vehículos y maquinaria pesada, en las distinta áreas institucionales; venta de algunos activos o bienes muebles e inmuebles que generan poco o ningún redito financiero, cero contratación de servicios que no sean indispensables o fundamentales, así como el aplazamiento a mediano plazo en compra de equipos y maquinaria, tanto como la posposición de inversiones en infraestructura que sea considerada como no fundamental en el corto plazo.
En este contexto de situación, no justificamos bajo ninguna circunstancia que se continúe pagando sumas millonarias a la empresa privada que brinda los servicios de recolección; y, reconocemos la atinada decisión de comenzar a invertir en la recuperación de, al menos, cuatro camiones recolectores institucionales que todavía puedan mantener o alargar su vida útil. En esta misma dirección, es propicio que esta municipalidad despliegue una considerable inversión en el fortalecimiento del taller mecánico, tanto en equipo, en capacitación como en recurso humano.
De igual manera hacemos hincapié para efectuar una estricta revisión de bienes muebles alquilados, pues esta municipalidad cancela sumas millonarias en activos que nunca serán propiedad institucional; adicionándole una serie de activos inmuebles que son patrimonio institucional. Ejemplo de ello, el terreno que recientemente adquirió esta municipalidad en Pavas, por la suma de dos millones de dólares.
2)-URGENTE INICIO DE ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DE UN MEGA RELLENO SANIARIO, MEDIANTE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DE MUNICIPALIDADES.
Uno de los temas sensibles para la toma de decisiones de esta honorable Alcaldía, tiene que ver con la interrogante siguiente: ¿Continuamos cancelando más de mil millones al año a la Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A, por la disposición y manejo integral de residuos sólidos; o, emprendemos el ambicioso proyecto de un relleno sanitario de primera generación, mediante alianzas estratégicas con otros gobiernos locales? En ANEP consideramos como de orden estratégico el inicio de estudios de pre y factibilidad de lo que estamos seguros sería un rentable negocio empresarial municipal.
Si bien esta última interrogante sobre la decisión estratégica del relleno sanitario, es un proyecto de mediano plazo y largo plazo, que no impactaría de manera positiva las actuales finanzas intencionales; sí podría representar un negocio rentable que aliviaría de manera considerable las golpeadas finanzas institucionales, permitiendo realizar grandes inversiones infraestructurales y servicios; un enorme desafío, una gran oportunidad.
Así las cosas, estamos convencidos de que si el equipo gerencial institucional se de a la tarea de realizar el diagnóstico respetuosamente sugerido por ANEP y su Seccional ANEP-Municipalidad de San José, lo cual implicaría revisar cada renglón presupuestario para lograr visualizar si es estrictamente sustancial la inversión, o contrario sensu, destinar dichos recursos en otros renglones o modificaciones presupuestarios, harían innecesaria la adopción de las seis medidas anunciadas por la alcaldía y que ANEP considera medidas inaceptables, no por mero populismo sino porque hay otras alternativas institucionales para contrarrestar las proyecciones de los quince mil millones menos en ingresos.
igual manera, se contaría con los recursos necesarios para la disposición de tiempo extraordinario, indumentaria, no requiriéndose la implantación de horarios alternos y rotativos y estaríamos garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Seguridad Interna y Consejería, sin necesidad de tercerizar servicios o privatizar estas dependencias institucionales.
3-) RENEGOCIACIONES CREDITICIAS CON ENTES BANCARIOS, ORGANISMOS ESTATALES Y FINANCIEROS, PARA REAUDECUACUÓN DE CRÉDITOS Y PAGOS DE INTERESES.
Desde nuestra visión, consideramos como de primer orden que se direcciones todas las gestiones posibles con la finalidad de buscar formas negociadas con las instancias financieras con las que este municipio ha contraído créditos para la inversión social.
4-) ALCALDÍA DEBE DE RECONONOCER EL AJUSTE SALARIAL CORRESPODIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE, JULIO A DICEIMBRE DEL 2020 Y 2021.
Con respecto al ajuste salarial del segundo semestre del 2020, la alcaldía pactó con los sindicatos que firmaron el Acuerdo Simple, reconocer el porcentaje del 1 %, siempre y cuando las municipalidades fueran excluidas de la regla fiscal, cometido que logramos; en consecuencia, deberá ser reconocido dicho porcentaje. De igual manera ya existen dos importantes pronunciamientos: MIDEPLAN-DM-OF-0616-2020 DG-OF-357-200 y el C-202-2020 de la Procuraduría General de la Republica(PGR), dando sustento jurídico para que las trabajadoras y los trabajadores tienen el derecho de percibir los ajustes salariales semestrales.
Documento con selleos de recibido
En conclusión, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José consideramos que la solución para el saneamiento y fortalecimiento financiero de la Municipalidad de San José, como consecuencia de la regla fiscal y del COVID-19, radica en una rigurosa reingeniería financiera de orden estratratégico, que determine la estricta y necesariamente cuáles inversiones sociales deben de seguir manteniéndose
operados por la municipalidad; disminuyendo a la mínima expresión los alquileres de equipos, camiones, vehículos edificios y maquinaria, contemplando la venta de activos en desuso.
Así las cosas, de la manera mas respetuosa instamos a que esta Alcaldía instruya a su equipo gerencial al respectivo análisis financiero en cada uno de los renglones presupuestarios, direccionando los recursos a fortalecer cada una de las seis áreas a las cuales se les aplicaría medidas restrictivas anunciadas por la alcaldía, las cuales respetuosamente deben de quedar sin efecto y ser archivadas.
Finalmente nos permitimos solicitar ser atendidos por su autoridad y el equipo gerencial institucional, incluyendo al Lic. Marco Vinicio Corrales Xatrux, Gerente de Servicios y Provisión; al Lic. Edgar Sandoval Montero, Gerente Financiero; a don Rodolfo Fonseca Pérez, Director Financiero; al Lic. Allan Vásquez Salazar, Director de Talento Humano; así como jefaturas de área y departamentos operativos; lo anterior con el propósito de discutir las argumentaciones institucionales sobre nuestra perspectiva sociolaboral, conjuntamente con las organizaciones que conforman la Junta de Relaciones Laborales.
Quedaremos a la espera de vernos complacidos en nuestra respetuosa solitud.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Bolívar Sánchez Alvarado, Presidente Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de San José
La doble moral de Costa Rica en materia de Derechos Humanos ha quedado completamente al desnudo con las revelaciones públicas de las precarias y pésimas condiciones de trabajo a que son sometidas cientos de personas trabajadoras, básicamente nicaragüenses en situación migratoria irregular dentro de nuestras fronteras, en algunas plantaciones de producción piñera en la Zona Norte del país, especialmente en los cantones de San Carlos y de Los Chiles.
Y ha tenido que ser a propósito de la explosión de casos sanitarios de contagio del Covid-19 para que las máximas autoridades políticas del país tomaran nota y dejaran de hacerse de la vista gorda (aunque fuera por apariencia), de que esas condiciones de trabajo esclavo han estado por mucho tiempo en la Zona Norte del país; contándose con la complicidad de algunas autoridades de las diversas entidades públicas que, de un modo u otro y en función de sus respectivas responsabilidades legales, debieron de haber sido tajantes, desde un inicio, en cuanto a fiscalizar las regulaciones de seguridad social, obrero-laborales, de salud de las personas y de protección ambiental.
Nada de eso venía ocurriendo y no se puede descartar de que, en no pocos casos, la compra de conciencias y el pago de sobornos haya mediado para que el Estado estuviese mirando para otro lado, mientras la explotación laboral piñera de carácter esclavo producía ganancias excesivas a cierto empresariado inescrupuloso que venía haciendo clavos de oro con ello, perjudicando a aquella actividad productiva que sí se ha venido haciendo de manera legal.
Efectivamente, sabemos de la existencia de un importante grupo de empresarios honestos que en esa misma región han venido sufriendo las consecuencias de una competencia desleal debido a que sí han venido observando las estipulaciones jurídico-legales del propio Código de Trabajo y de responsabilidad patronal para con la Seguridad Social del país (particularmente, lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS-); conciencias productivas limpias que, hoy, sienten que sus propias actividades podrían desaparecer, es decir, arruinarles, si la producción piñera con base en el trabajo esclavo no se extermina.
No creemos en que deba darse ningún tipo de amnistía, de perdón, de tregua, de borrón y cuenta nueva, a esos empresaurios (concepto este acuñado para distinguir del empresario que juega limpio), que, sorprendidos en la ilegalidad y en la inmoralidad de la explotación piñera en condiciones de trabajo, prácticamente, esclavo, ahora están derramando lágrimas de cocodrilo, planteándole al Gobierno y a las autoridades locales (algunas de ellas con su transparencia en todo esto bastante cuestionada), “bola al centro”.
Gente de la comunidad todavía no contaminada, fuerzas vivas productivas y cívicas sanas de esa región, se muestran sumamente desconfiadas del veredicto gubernamental emitido con ocasión de la gira de inspección de representantes institucionales que se efectuó en estos días, acerca de que el 80% de la producción piñera y agrícola de estas regiones “observan” las condiciones sanitarias obligadas en materia de combate al Covid-19.
Y es que, según tenemos entendido, las cantidades de dinero que se juegan en todo esto pesan muchísimo a la hora de imponer una fuerte política pública de saneamiento total para que el ciento por ciento de la producción piñera en la Zona Norte del país sea laboral, social y ambientalmente sostenible; condiciones estas que parecen observar algunas conciencias empresariales limpias que, precisamente, saben que el país requiere de que en los mercados estadounidense y europeo se tenga plena certeza de que la piña costarricense es generada por una producción también limpia.
No menos preocupante es empezar a tomar conciencia de que en ciertos ámbitos de esa producción piñera que ha venido empleando trabajo esclavo, podría haber capitales productivos de dudosa procedencia; secreto a voces en los ámbitos político-económicos de la zona (en los que todavía están limpios y en los que ya no lo están); de suerte que ante las debilidades de inspección y control estatales (algunas muy sospechosas), pudiéramos estar presenciando la entronización de un Estado fallido en el plano regional; estado fallido que, poco a poco, pareciera que también empieza a tomar fuerte cuerpo y poder en la zona portuaria atlántica de nuestro país desde la cual salen hacia Europa, cada vez con más frecuencia, cargamentos ilegales de drogas no menos ilegales, potenciando un comercio ilícito casi imposible de controlar por el Estado.
Nuevamente emerge con fuerza el tema de la perversidad del sistema tributario costarricense, su profunda injusticia e inequidad, a propósito de la gestión emprendida por el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, quien emplazó al Ministerio de Hacienda para conocer la lista de las empresas catalogadas como Grandes Contribuyentes Nacionales y como Grandes Empresas Territoriales, las cuales declararon CERO IMPUESTOS en sus correspondientes Declaración de Utilidades, para los períodos fiscales 2018 y 2019. Solamente caben dos palabras para calificar la respuesta de dicha entidad ministerial: Escándalo e indignación.
Y, nuevamente, resalta la gran vitalidad política del concepto que hemos acuñado desde este lado de la acera, EMPRESAURIO (así, en mayúscula para resaltarle), y su relación profunda con la naturaleza regresiva del perverso sistema tributario nacional.
Recordemos parte de la definición nuestra de EMPRESAURIO: “Dícese de una persona empresaria (por lo general, del sexo masculino), sumamente adinerada, de negocios multimillonarios, con conexiones políticas al más alto nivel (a veces, son co-gobernantes, de facto), de dudosa reputación tributaria, declarante de “cero” ganancias y/o “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal…”(https://anep.cr/empresaurios/)
Ahora que se nos está amenazando, como sociedad trabajadora, con la eventual suscripción de un convenio draconiano, “stand by”, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), centrado en elevar el impuesto al valor agregado (IVA) y en congelamiento total (preludio de las rebajas salariales, crudas y duras), de los salarios públicos; se impone la imperiosa necesidad de una fuerte resistencia cívica de amplia base, misma que tendría abundantes argumentos para potenciar-obligar a que la clase política gobernante se vaya por otros caminos a fin de enfrentar la crisis fiscal del país que, por más grave que sea, no puede responsabilizarse de la misma al pueblo trabajador.
Al respecto, debemos confesar que las esperanzas son pocas. Sin embargo, ciudadanías activas y en fuerte movilización han puesto en jaque a gobiernos que, descaradamente como los nuestros de las últimas administraciones, ejecutan accionar estratégico en favor del alto corporativismo empresarial, mucho del cual tienen comportamientos de corte empresaurial ya, abiertamente, cínicos y descarados.
La más profunda indignación se apodera de nuestras conciencias al revisar la lista de los Grandes Contribuyentes Nacionales que, en su Declaración de Utilidades reportaron CERO IMPUESTOS en el período fiscal 2018, y encontrar en ella nombres de firmas corporativas de renombre, conocidas ampliamente en sus correspondientes mercados de negocios; e, imposibles de la menor pizca de credibilidad en cuanto a que no tuvieron ganancias como para declarar CERO IMPUESTOS.
Tanto tiempo abordando esta temática de la inenarrable perversidad de un sistema tributario, nos lleva a la contundente conclusión de que su naturaleza regresiva y fraudulenta, es la principal explicación de la profundidad del déficit fiscal que está ahogando al país en estos momentos y que lo tiene al borde de la quiebra y del default (imposibilidad de atender las obligaciones de la deuda pública); esto, por un lado.
Por el otro, una sofisticada red de corrupción, con base legal y/o sin ella, mediante la más vergonzosa colusión de los intereses privados con los públicos, permite que la defraudación fiscal-tributaria llegue a cinismos políticos tan descarados que ni la menor pizca de sonrojo asoma por los máximos niveles del Ministerio de Hacienda, del presente y de los anteriores gobiernos, como para decirle el país este es el abc del adecentamiento tributario que urge la maltrecha Democracia costarricense, en estos momentos históricos en que, pandemia incluida, la desigualdad y la exclusión socioeconómica hace daños de tal magnitud que podrían ser irreparables.
En el entretanto, el empresauriado anidado en los segmentos de Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales, pueden seguir su “fiesta”.
–Asamblea Legislativa debe reconocer su error y eximirla del IVA completamente.
ANEP lanza idea de manifestación en carros.
Es sumamente urgente que las personas diputadas de la actual Asamblea Legislativa corrijan el grave error político de haber gravado con el injusto impuesto al valor agregado (IVA), los artículos de la canasta básica; tal y como se castigó al pueblo trabajador mediante la detestada ley del combo fiscal, No. 9635.
Tal corrección no puede ser otra más que los 195 artículos de la canasta básica, de manera definitiva e indefinida, sean eximidos de la aplicación del IVA; por demás, el más injusto de todos los impuestos de un sistema tributario como el costarricense que es profundamente inequitativo.
Además, se debe rechazar, radicalmente, la manipuladora pretensión del gobierno de Alvarado de que se posponga la aplicación de la entrada del IVA para la canasta básica, sustituyendo los recursos que tal impuesto le generaría al fisco, gravando el salario escolar con tributo de renta.
Esto no tiene ni pies ni cabeza, pues solamente busca incrementar el odio de clase en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, aumentando el escenario de confrontación social que, de por sí, está en desarrollo.
Mantener el impuesto a los artículos de la canasta básica representa una burla grotesca para miles de personas trabajadoras en severa angustia económica en estos momentos, dado que acaba de conocerse el listado de las grandes empresas que, cínicamente, volvieron a declarar CERO IMPUESTOS alegando no haber tenido utilidades en los pasados períodos fiscales 2018-2019.
La continua agresión socioeconómica al pueblo trabajador costarricense y, en lo especifico, mostrar un apoyo fuerte a que los artículos de la canasta básica queden completamente libres de ser gravados con el IVA, motiva a la ANEP a proponer y a fomentar la realización de una manifestación en carros, en fecha próxima, a convenir entre los sectores que estemos dispuestos a mostrar gran repudio por las continuadas políticas de exclusión social y de empobrecimiento generalizado.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
