ANEP – Página 176 – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Uccaep: una propuesta totalitaria y esclavista (Parte 1)

Publicada el 10/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes/ Secretario General ANEP

“Un pacto por el empleo” es el demagógico nombre escogido por el sindicato patronal Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado) en su más reciente planteamiento (al menos, a nivel público, pues los que no lo son jamás llegan a ser del conocimiento ciudadano), dirigido al Gobierno de la República; pretendiendo un “reordenamiento” de las relaciones económico-sociales para la Costa Rica de los tiempos de la desigualdad y, ahora, los de la pandemia.

Se impone, necesariamente, la formulación de posiciones alternativas, mismas que han de surgir desde la acera opuesta en la cual se encuentra ubicado dicho gremio corporativo de los meganegocios del país; alternativas que ya han venido siendo formuladas desde las vivencias de los sectores obrero-sociales, cívico-patrióticos, así como los agrupamientos micro-pequeños y medianos del empresariado; tanto como desde sectores de la academia y de la intelectualidad inspirados en la promoción del bien común y de la inclusión social.

Es en este último caso que queremos comentar con las personas lectoras los primeros aportes que sobre la propuesta de la Uccaep nos brinda el grupo Economía Pluralista, integrado por “25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado”. Así se presentan ellos ante la comunidad nacional. Por demás, personas extraordinariamente serias y profesionales.

El grupo Economía Pluralista expresa su preocupación por el “tono político y moral de las propuestas económicas de la Uccaep”. Desde nuestra perspectiva obrero-social, tal conjunto de propuestas expresa una peligrosa tendencia totalitaria y esclavista.

Bien hace el grupo Economía Pluralista cuando nos enseña que “…en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la Uccaep agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Precisamente es por tal razón que a nosotros nos movió calificar esta propuesta empresarial como totalitaria.

O sea, lo distinto, lo diferente, lo razonablemente diverso para que un ordenamiento de las relaciones económico-sociales costarricenses, en época de desigualdad y de pandemia sea lo más incluyente posible, no cuenta para Uccaep.

La connotación totalitaria que nosotros decimos tiene la propuesta “Un pacto por el empleo” dada a conocer el sindicato patronal Uccaep se explica muy bien por parte de estas 25 personas académicas integrantes del grupo Economía Pluralista cuando nos hacen ver lo siguiente: “…Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la Uccaep. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas”.

Al continuar el análisis efectuado por el grupo Economía Pluralista sobre la propuesta de Uccaep, el carácter totalitario de la misma se refuerza pues presenta una invisibilización histórica de los aportes multifacéticos del desarrollo socioeconómico costarricense a lo largo de la vida republicana del país, aportes que no solamente han sido dados por el empresariado. Uccaep “…ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la Uccaep y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio”. Para fortuna de la democracia, el grupo Economía Pluralista se ha encargado de cerrarle el paso a esta visión totalitaria de lo que ha sido la construcción social en Costa Rica… Volveremos sobre el tema la semana próxima.

El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

Publicada el 09/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Grupo Economía Pluralista

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.

La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las

micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.

Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.

En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.

Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista

económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.

Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.

Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.

Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).

Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente

opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.

Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

Nota: El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Neoliberalismo: el suicidio de un agricultor nacional

Publicada el 09/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Muy temprano en la mañana de este lunes 8 de junio, mediante mensaje colocado en su cuenta de “feisbuc” e inmediatamente compartido, el ciudadano don Mario Redondo Poveda, Alcalde de Cartago nos comunicó este conmovedor acontecimiento: “Una madre de un joven agricultor de Tierra Blanca de Cartago me despierta hoy con el triste mensaje de que su hijo se quitó la vida. Llevaba meses luchando ante entidades financieras por deudas adquiridas en su labor agrícola. Nuestros agricultores merecen mejor trato”.

Aparte de expresar un sentimiento de solidaridad para con la familia de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez, costarricense dedicado a la noble actividad de productor agrícola y quien decidió quitarse la vida, el comentario del señor alcalde de Cartago, “Nuestros agricultores merecen mejor trato”, resume lo que ha venido siendo una fuerte lucha en los últimos meses, especialmente a partir de los acontecimientos de calle del año 2019, con ocasión de las movilizaciones que se dieron a raíz de la aparición en la escena sociopolítica del país del Encuentro Social Multisectorial del cual, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), es integrante.

La muerte de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez dramatiza el fracaso radical de políticas económicas para el campo agropecuario nacional, inspiradas en doctrinas económicas y en valores políticos ajenos a lo que ha sido la particular forma del ser costarricense; la peculiar idiosincrasia tica que, como un pilar fundamental incluyó el amor por los productos de la tierra generados por el cultivo de los suelos nacionales, por hombres y mujeres compatriotas, como don Andrés Gilberto, como sus conterráneos de Tierra Blanca.

La transformación estructural de la sociedad costarricense que se viene impulsando por los sucesivos gobiernos de los partidos Liberación, Unidad y PAC (transformación que sigue sin terminar habida cuenta de poderosas acciones multifacéticas de resistencia popular a lo largo de tales administraciones), ha tenido en el agro nacional uno de los campos de mayor dolor, exclusión y sacrificio.

La desnaturalización de los principios fundacionales de la nacionalización bancaria, impuesta en 1949 por el líder político del siglo XX, José Figueres Ferrer (don Pepe), tiene consecuencia directa en el suicidio de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez; dado que la lógica de acumulación desenfrenada y de intereses de usura extorsionantes y expoliadores, consustanciales a la práctica crediticia de una banca privada, contaminó a los bancos del Estado… los que quedan.

Don Andrés Gilberto Ramírez Víquez se suicidó agobiado por las deudas contraídas y, seguramente, acosado por los personeros de la entidad financiera acreedora. Lo más injusto de esta dolorosa circunstancia es saber que al momento de la llegada oficial al país de la pandemia del coronavirus covid-19, los depósitos del público en moneda extranjera en las entidades y bancos del sistema financiero nacional, estarían llegando a la inmensísima cantidad de 35 mil millones de dólares, unos 20 billones de colones (20.000.000.000.000).

Al respecto, nos preguntamos: ¿de cuántos colones eran las deudas de don Andrés Gilberto?; ¿cuánto porcentaje representaría dentro de un universo monetario de 35 mil millones de dólares?; ¿cuál es el público que tiene esa enorme cantidad de depósitos en moneda extranjera en las entidades financieras del país?… De seguro don Andrés Gilberto no era parte de ese público.

Paralela y colateralmente, casos como el del fallecido don Andrés Gilberto, indican la gravedad del deterior de las políticas públicas de cuido, protección, estímulo y apoyo a los productores agropecuarios nacionales, destacándose la paulatina liquidación del papel del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entidad ésta despreciada por los indicados partidos y sus respectivos gobiernos.

Cada día queda más claro que el modelo económico todavía hegemónico en nuestro país, el inspirado en el neoliberalismo, es un soberano fracaso: es un modelo que comprende en sí mismo el suicido y la muerte. Don Andrés Gilberto Ramírez Víquez se quita la vida mientras que sus acreedores tenían en sus arcas bancario-financieras 35 mil millones de dólares.

El dolor de su trágico fallecimiento y las circunstancias que lo produjeron ha de servir de abono para continuar la lucha por la liberación de sus deudas a los agricultores y a las agricultoras costarricenses: con su vida don Andrés Gilberto, en el plano moral, ya los liberó.

Pronunciamiento de la seccional Anep-Minae ante la salida del ministro de Ambiente y Energia

Publicada el 08/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

La Seccional ANEP/MINAE, felicita al señor ministro, Carlos Manuel Rodriguez Echandi por su ultimo operativo en el mes de mayo en el Parque Nacional Corcovado, con el grupo denominado GOA (Grupo Operativo Ambiental), pero será este un grupo permanente para la conservación y cuido de los recursos naturales? ¿o se crearan más grupos como este? eso sí, sin dejar al descubierto y sin personal a las demás áreas silvestres del país, pues como se sabe por el momento este GOA se consolida con funcionarios de diferentes sitios naturales del país, lo que quiere decir que cuando se sacan guarda parques de uno de sus sitios de trabajo para reforzar labores en otro lugar del territorio nacional, se provoca dejar sin protección por varios días otras áreas naturales; o lo que popularmente llamamos, “desvestir un santo, para vestir a otro”.

Pero aparte de felicitar también criticamos con mucho malestar muchas de sus acciones y le preguntamos además, si ya le fueron canceladas las horas extraordinarias en su totalidad, a los muchachos que le acompañaron en tal operativo, y recalcamos “en su totalidad”, pues se tiene conocimiento que la entidad bajo su jerarquía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, no acepta pagar más de cuatro horas extraordinarias, pues estos y muy de la mano con la legislación laboral solo contempla pago de un máximo de cuatro horas extraordinarias, a pesar de saber que muchas y muchos guarda parques del sistema laboran extenuantes jornadas extraordinarias que van más allá de 4hrs extraordinarias, en el cuido de tortugas marinas, atención de incendios forestales, patrullajes marinos y terrestres, pero sin pago alguno de dicho tiempo extra; pero aquí les comprendemos, pues la frase “El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado” que se arraiga de nuestra Constitución Política en su artículo 58, no es de conocimiento en SINAC-MINAE, a pesar de que la historia de Costa Rica en el cuido y conservación de los recursos naturales y sus áreas silvestres, data ya de más de cuarenta años, y mal pagado, a sus verdaderos vigilantes, a pesar de los sacrificios de familia y demás vida social para quienes su trabajo les obliga a permanecer 24 horas en sus centros operativos, y con prolongadas jornadas mensuales acumulativas.

Don Carlos, le deseamos muchos logros desde su nueva jerarquía en el GEF (Global Environmental Facility), y no olvide ni deje atrás a sus amigas(os) guarda parques, que prácticamente lo pusieron en esa silla, esperamos que desde allí les recuerde, y no vaya a ser que solo les utilizo para su publicidad; pues de ser así, no quedará más que enlistarlo entre aquellas personas que solo han utilizado el tema ambiental para satisfacer intereses propios.

Aprovechando su nueva y valiosa posición internacional, deseamos que lleve en su agenda varios temas pendientes a mencionar desde su jerarquía y antecesores del SINAC-MINAE, mismos que aun y queriéndose indicar que son heredados de otras administraciones; lo cierto es que su persona lleva hoy el mismo compromiso a tales deudas a sus funcionarios y “al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica”, a saber:

CASO DE CRUCITAS:

Como representante de la Seccional ANEP/MINAE, considero que le quedo debiendo muchísimo al país respecto a los daños causados al Medio Ambiente.

RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES

1) Exp: 16-010216-0007-CO

Res. Nº 2017014907

Por tanto:

“Se declara parcialmente con lugar el recurso en contra del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena a Edgar Gutiérrez Espeleta, Helio Fallas Venegas y Mario Coto Hidalgo, por su orden Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del SINAC, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que coordinen lo pertinente a fin de que se evalúe la situación actual de las áreas de conservación y se tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, de tal forma que se atiendan de manera efectiva y razonable las áreas silvestres protegidas del país. Para lo anterior deberán elaborar y ejecutar, en el plazo de SESENTA MESES, un plan de control y protección de las áreas silvestres protegidas que garantice su vigilancia efectiva a fin de prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento. Asimismo, se ordena a Marta Eugenia Acosta Zúñiga, en su condición de Contralora General de la República, o a quien ocupe su cargo, girar las órdenes que estime pertinentes para que se actualice el estado de cumplimiento del informe DFOE-AE-IF-16-2014 y, de acuerdo con los medios que le otorga el ordenamiento jurídico, requiera al SINAC la efectiva atención a las recomendaciones brindadas, ante lo cual, Mario Coto Hidalgo, como Director Ejecutivo del SINAC, o quien ocupe su cargo, deberá gestionar su cumplimiento en los términos y plazos que disponga el requerimiento del órgano contralor. Finalmente se ordena al Director Ejecutivo del SINAC, o a quien ocupe su cargo, realizar un estudio sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable en las áreas de conservación contenidas en el oficio SITRA-0023-16 de 9 de febrero de 2016 dirigido al Director del SINAC presentado por SITRAMINAE el 11 febrero de 2016, a efectos de que se evalúe si las personas que se encuentran o visitan esas áreas de conservación requieren o no el servicio de agua potable, y si resulta procedente, gestione ante las autoridades competentes lo necesario a fin de que se determine si desde el punto de vista técnico y material es posible proveer el servicio” (…).(subrayado no obedece al original)

2) Exp: 15-011930-0007-CO

Res. Nº 2017000641

Por tanto:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a JULIO JURADO FERNÁNDEZ, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, a ÓLGER MÉNDEZ FALLAS, en su condición de Director del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a ÉDGAR E. GUTIÉRREZ ESPELETA, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, a HELIO FALLAS, en su condición de Ministro de Hacienda y a LUIS GUSTAVO MATA VEGA, en su condición de Ministro de Seguridad Pública; o a quienes ocupen sus cargos, que dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera” (…). (subrayado no obedece al original)

3) EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las nueve horas y cincuenta y dos minutos de diez de mayo de dos mil

dieciocho.

(…) “que consta en el expediente electrónico número 15-011930-0007-CO, en

el que se acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución

No.2017000641 de las 09:05 horas del 20 de enero de 2017” (…)

(*) Como puede observarse, este punto alude al punto 2) anterior, Recurso de Amparo con Resolución Nº 2017000641, para el cual ya se apunta desobediencia desde año 2018.

OTROS PENDIENTES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-15-2015 / 15 de diciembre, 2015 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio que deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo cual, su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.8 Elaborar y aprobar el procedimiento para el control y registro contable de las transacciones relativas a la adquisición de terrenos Patrimonio Natural del Estado. Dicho procedimiento debe considerar al menos:

a) Que estos terrenos no se registren como activos del SINAC.

b) Se resguarde apropiadamente la documentación que respalda los registros respectivos.

c) Se efectúen conciliaciones mensuales de la cuenta de Terrenos.

Remitir al Órgano Contralor copia del documento que evidencie la aprobación de este procedimiento, a más tardar el 29 de abril de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

LIC. MARCO TULIO CASTRO CHINCHILLA EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.9 Determinar la composición del saldo contable de la cuenta Terrenos y conciliar dicha cuenta con el respectivo auxiliar SIBINET. Este proceso debe dar de baja los terrenos que permanecen en el SIBINET y en la contabilidad, que son Patrimonio Natural del Estado, pues, son propiedad del MINAE. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite la conciliación y ajustes solicitados, a más tardar el 29 de julio de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

4.10 Analizar las causas por las cuales se presenta una diferencia entre el registro contable del gasto por salario escolar y el cálculo efectuado por la Contraloría General; con base en ello efectuar los ajustes pertinentes. Comunicar a la Contraloría General los ajustes realizados, a más tardar el 31 de marzo de 2016. Ver párrafos del 2.55 al 2.58 de este informe.

4.11 Revelar en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, el registro contable erróneo efectuado en el periodo 2014 en la cuenta de terrenos, relativo a la compra de la propiedad del INBIO. Además, registrar la porción circulante de deuda adquirida para realizar dicha compra. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 29 de febrero de 2016. Ver párrafos del 2.59 al 2.65 de este informe.

2) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-16-2014 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL SINAC EN LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DENTRO DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS CONTINENTALES

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4.3 Resolver acerca de la propuesta que le remita el Director Ejecutivo del SINAC relativa a los mecanismos de financiamiento, los criterios y ajustes de distribución de personal, el plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas, el mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y acciones de integración al Patrimonio Natural del Estado, el mecanismo de control y protección, y el de asignación y ejecución de recursos en la atención de desastres y emergencias ambientales. Remitir a la Contraloría General, en el transcurso de los dos meses calendario siguientes a recibir la propuesta de la Dirección Ejecutiva, copia de los acuerdos que resuelvan sobre cada asunto. Ver párrafos del 2.1 al 2.80 de este informe.

AL DR. JULIO JURADO FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL SINAC O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4 Establecer e implementar los mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad de la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir copia del oficio mediante el cual se someten tales mecanismos a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 31 de agosto de 2015, un primer informe de avance de la implementación de los mecanismos al 29 de enero de 2016 y un segundo informe al 30 de junio de 2016. Ver párrafos del 2.4 al 2.12 de este informe.

4.5 Establecer los criterios de asignación de personal en las Áreas Silvestres Protegidas, y con base en dichos criterios ajustar su distribución en lo procedente. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se someten los criterios de distribución y los ajustes a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un informe de avance en la implementación de los ajustes, a más tardar el 29 de febrero de 2016 y un segundo informe a más tardar el 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.13 al 2.18 de este informe.

4.6 Establecer e implementar un plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas prioritarias de las Áreas Silvestres Protegidas, considerando entre las variables técnicas al menos las necesidades de control y protección, investigación y monitoreo. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete el plan a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un primer informe de implementación al 27 de abril de 2016 y un segundo informe al 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.19 al 2.21 de este informe.

4.7 Priorizar las Áreas Silvestres Protegidas que requieren la elaboración o actualización del Plan General de Manejo. Remitir a la Contraloría General, un oficio en el cual conste esta priorización, a más tardar el 30 de junio de 2015. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe.

4.8 Establecer e implementar el mecanismo de seguimiento a la implementación de los planes generales de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir a la Contraloría General, copia del documento que evidencie la instauración del mecanismo, a más tardar el 31 de agosto de 2015; además, un primer informe de seguimiento al 30 de noviembre de 2015 y un segundo informe al 30 de junio de 2016. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe.

4.9 Establecer e implementar un mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos ubicados dentro de los límites de cada Área Silvestre Protegida y priorizar las acciones para su integración al Patrimonio Natural del Estado, su demarcación y señalización, según proceda. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete esa estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de noviembre de 2015; además, un primer informe de implementación a más tardar el 30 de junio de 2016, y un segundo informe a más tardar el 30 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.28 al 2.37 de este informe.

4.10 Establecer e implementar un mecanismo de control y protección aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país, la cual, deberá establecer al menos los objetivos y metas en la materia, la capacitación de los funcionarios destacados en esas labores, los mecanismos formales de coordinación con actores relevantes involucrados, de conformidad con las amenazas y presiones a la biodiversidad identificadas dentro de estos territorios. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete esta estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de octubre de 2015, un primer informe de implementación a más tardar el 31 de marzo de 2016, y un segundo informe a más tardar el 31 de octubre de 2016. Ver párrafos del 2.38 al 2.42 de este informe.

4.11 Establecer un mecanismo para asignar y ejecutar recursos con la oportunidad requerida en la prevención y atención de desastres y emergencias ambientales, aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete el mecanismo a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2016. Ver párrafos del 2.43 al 2.45 de este informe.

4.12 Establecer los ámbitos de la gestión del SINAC en los que se deba fomentar la cooperación interinstitucional, con organizaciones no gubernamentales y con las comunidades locales y los pueblos indígenas; ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas continentales. Remitir a la Contraloría General, una certificación que haga constar lo actuado, a más tardar el 31 de julio de 2015. Ver párrafos del 2.46 al 2.53 de este informe.

4.13 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso público que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras. Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.70 al 2.75 de este informe.

4.14 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso sostenible de la biodiversidad que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras. Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.76 al 2.80 de este informe.

LEGISLACION NO ATENDIDA COMO CORRESPONDE

1) *LEY DE BIODIVERSIDAD 7788

ARTÍCULO 11.-Criterios para aplicar esta ley

Son criterios para aplicar esta ley:

1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

(*) Una ley de la cual la institucionalidad SINAC-MINAE, a cargo del señor Carlos Manuel Rodríguez nos queda en una amplísima deuda, pues es notorio a nivel país, que el faltante de funcionarios que atienden la conservación y uso racional de los recursos naturales, se encuentra en números rojos, provocando una altísima suma de delitos contra el ambiente: lo que refleja que no existe la debida prevención ante tales delitos.

2) *LEY ORGANICA DEL AMBIENTE 7554

ARTÍCULO 36.- Requisitos para crear nuevas áreas.

Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:

a) Estudios preliminares físico geográficos, de diversidad biológica y socioeconómica, que la justifiquen.

b) Definición de objetivos y ubicación del área.

c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra.

d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla.

e) Confección de planos.

f) Emisión de la ley o el decreto respectivo.

(*) Para resaltar este artículo de ley, haremos recordatorio de la creación del Parque Nacional Miravalles Jorge Manuel Dengo, el 5 junio 2019, mismo que con tanta alegría y bullicio nos anunciara el señor ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez y la Presidencia de la República. Pero ¿está cumpliendo este parque nacional con todo lo que establece la ley y articulo de cita? O fue otra reacción emocional y ambiental de este jerarca y presidencia.

Se estima que la deuda de tierras privadas que fueron afectadas por la ampliación o creación de algún área silvestre en Costa Rica supera los 100.000 millones de colones, e imaginamos que, con este nuevo parque nacional, que igualmente ha afectado tierras privadas, dicha deuda económica se ha ampliado. Además de la afectación que ha cientos de personas de escasos recursos en zonas rurales han causado tales iniciativas, pues se realizan al margen de lo que la legislación para la creación de áreas silvestre establece, sin economía para adquirirlas, funcionarios para su cuido, estudios científicos actualizados, tenencia de la tierra y demás, que no afecte a los más vulnerables.

Entonces ¿Podría determinarse estas creaciones de áreas silvestres o parques nacionales tipo exprés, como un prevaricato?

Aunado a todas estas anomalías tenemos que agregar en su mala administración, toda la cantidad de órganos directores interpuestos en puestos políticos y de confianza como lo son los casos de Alberto Bravo exdirector de Hidrocarburos, Alfonso Pérez exgerente de Comcure, Juan Carlos Fallas exdirector del IMN, Ileana Boschini Directora de Geología y Minas.

Solo esperamos señor Ministro Carlos Manuel Rodríguez, que desde su nueva trinchera, no olvide los pendientes que ha dejado en este país, y sus promesas a los funcionarios, pues ahora posee el insumo económico para dar un respiro a nuestra materia ambiental, si es que desde su nuevo puesto, se acordara de aquellos que aun caminaron entre charcos, ríos y bajo la lluvia cuidando el Patrimonio Natural del Estado, igualmente del humilde campesino y sus familias, que hace años esperan se resuelva el que si la tierra que heredaron es aún suya o de algún parque nacional estilo exprés.

Atentamente:

William Arias Soto

Presidente Seccional ANEP-MINAE

La detención de Albino Vargas

Publicada el 08/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud, ANEP

La detención de Albino Vargas Barrantes, reconocido sindicalista a nivel nacional y quizá, como menciona el constitucionalista Pablo Barahona, la cara más visible de los movimientos sociales, no toma por sorpresa a ningún auténtico defensor de derechos humanos. La expresión “auténtico” no busca generar roces con aquellas personas que tienen un solo tema de defensa y que genuinamente dan la lucha por ello. Más bien, está dirigida a esos engreídos intelectuales que cegados por el pseudo-progresismo creen tener la decencia suficiente para relativizar los derechos humanos, para decirnos “cuáles sí y cuáles no”.

Las personas que ejercen una función auténtica en la defensa de estos derechos saben que hay una realidad que supera la politiquería, una que nos advierte la regresividad de ciertos derechos humanos y lo que esto implica para la continuidad efectiva de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Las reformas al Código de Trabajo y las constantes amenaza a las justas conquistas de las personas trabajadoras, no les es suficiente. La criminalización de la protesta ya no les da resultado, con la detención del señor Vargas Barrantes se aclaran algunas dudas: el siguiente paso, al parecer, es acallar las voces disidentes, silenciar la real oposición.

La detención de Albino Vargas, en las condiciones en las que se dio, no le puede generar alegría a ningún ser humano decente y civilizado. Las serias discrepancias que con él podamos tener por su forma de expresarse, o por el contenido de sus argumentos, deben llevarse al plano del debate, ahí donde somos fuertes contra las ideas con ideas, pero sin desprendernos del carácter humano. Se debe comprender que el tiempo en el que las actividades sindicales eran tratadas con barbarie y con la complicidad de funcionarios de Estado pasó, que las llamaditas telefónicas para arreglar la detención de líderes de oposición debe quedar en la faceta más oscura de nuestra historia.

Lo anterior no quiere decir que los dirigentes sindicales estén exentos de enfrentar procedimientos judiciales cuando actúen de manera ilegal. Lo que no se puede admitir es que en el ejercicio legítimo de sus funciones sean agredidos o estigmatizados, como hasta hoy ha sucedido con el reconocido sindicalista, cuyo nombre evitan mencionar quienes carecen de liderazgo.

Creo que como país tenemos que plantearnos algunos asuntos relativos al honor de las personas, los líderes sindicales y Albino Vargas en concreto, siempre han tenido que lidiar con una serie de amenazas, de ofensas y de ataques a su honor. Una forma reiterativa de violencia por parte de quienes se esconden en perfiles falsos o se escudan detrás de algunas redes sociales. Y de forma más directa, por el mensaje de odio construido de manera permanente y maliciosa por un sector de la prensa.

Concluyo indicando que, pese a las adversidades mencionadas, tanto en la Fuerza Pública como en el Poder Judicial hay un enorme grupo de personas -la mayoría- honestas que no responden a las presiones externas. Eso nos da la confianza suficiente para saber que este asunto en contra del sindicalista Albino Vargas no prosperará.

Fraude fiscal: “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”

Publicada el 05/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Rodrigo Chaves Robles, el ya “renunciado” Ministro de Hacienda indicó en su carta de abandono del puesto lo siguiente: “Mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

Sostenemos que no fue consecuente con esta prédica; sin embargo, lo que nos interesa resaltar porque vale mucho para nuestra causa por la justicia social real en la maltrecha democracia costarricense, es que él apuntó que “se tocan intereses y sensibilidades profundas” cuando se debe emprender “la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal”. Lo dejó por escrito quien por 25 años ha sido funcionario del Banco Mundial y, por tanto, buen conocimiento tiene de los temas tributario-fiscales en países como el nuestro.

Y es que aquí está el punto central y medular de la grave crisis fiscal que vive el país: un sistema tributario perversamente regresivo y espantosamente corrupto al punto de que, anualmente, entre 15 y 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), se les van de las manos al fisco por la maraña del relacionamiento ilegal, de esa podrida colusión entre lo público y lo privado de la situación tributaria del país, que son “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

El señor Chaves Robles dijo la mitad de lo que debió indicarle al país. Le faltó indicar, explícitamente, que esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”, son hoy en día un fuerte factor de poder real que tienen enorme peso político tanto en el seno de la Asamblea Legislativa como en la propia Casa Presidencial.

Es más, creemos que más allá de los “errores” políticos del hoy exministro de Hacienda, esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” son comandadas por el empresauriado evasor de impuestos mediando las más diversas y creativas maneras, legales e ilegales; además de que importantes segmentos de ese empresauriado fraudulento ubicado en el sector bancario-financiero del país, gestiona dinero sucio proveniente del crimen organizado y del narcotráfico. Por algo será que, al momento de la llegada de la pandemia al país, los bancos tenían cerca de 35 mil millones de dólares en depósitos del público; ¿cuál público?

Esta circunstancia, descaradamente tolerada y tutelada por los últimos gobiernos, incluido el actual, es la que mueve nuestra feroz resistencia a que se siga sacrificando a la clase trabajadora, tanto la pública como la privada, así como a la micro-pequeña y mediana empresa, obligándola a pagar los efectos de la crisis fiscal en desarrollo.

El congelamiento salarial para el sector público anunciado por el sucesor de don Rodrigo Chaves Robles, don Elián Villegas Valverde, este pasado día lunes 1 de junio, que le será impuesto a toda la clase trabajadora estatal, ha sido rechazado fuertemente por parte de la corriente sindical en la cual militamos, precisamente por su profunda injusticia; misma que queda en evidencia al contrastar la maléfica realidad del fraude tributario que hay en el país, el cual incluye el comercio ilícito y la corrupción, tal y como explícitamente fue mencionado por el ahora exjerarca hacendario en su carta de renuncia.

Si esos 15 o 16 puntos PIB anuales que, en los últimos años, han venido faltando en la hacienda pública y que, por tanto, fueron reemplazados por diversos tipos de endeudamiento tanto a nivel nacional (colocación de bonos en la Bolsa Nacional de Valores), como internacional; ahora están generando una profunda crisis fiscal agravada por la pandemia; entonces las verdaderas responsabilidades políticas deben señalarse con el dedo acusador de una ciudadanía en proceso de empobrecimiento, estafada políticamente hablando una y otra vez, agobiada por altos impuestos y la no menos alta carestía de vida; y, ahora, extorsionada en lo social, lo económico, lo psicosocial y lo emocional por la grave crisis derivada del covid-19.

Continuaremos por esta senda de combate frontal a esta criminal política neoliberal del fraude fiscal y en contra del abusivo poder del empresauriado corrupto. Es la misma democracia lo que ya están poniendo en juego cuando han decidido jugar con el hambre de la gente.

Agradecimiento del Secretario General por el apoyo recibido durante su detención arbitraria e ilegal

Publicada el 04/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Fraude fiscal: “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”

Publicada el 04/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Acogen recurso de Habeas Corpus presentado por la ANEP ante la detención ilegal y arbitraria de Albino Vargas Barrantes

Publicada el 03/06/2020 | por ANEP | 1 comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó esta tarde ante la Sala Constitucional un recurso de Habeas Corpus (No. 20-9861-007-CO) contra la Fiscalía de Bribri de Talamanca, luego de la detención del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes y cinco personas en la zona de Talamanca al considerarla arbitraria e ilegal.

En el documento, que ya fue acogido para su estudio, la ANEP solicita la liberación del Secretario General de la ANEP, así como de los tres trabajadores de la ANEP que le acompañaban. Además, de dos trabajadores de la municipalidad de Talamanca afiliados a la ANEP.

“El Fiscal de Bribri detuvo a nuestros compañeros por una orden verbal, sin mediar una orden judicial o auto que ordene la privación de libertad de los sujetos detenidos. Por esto estamos solicitando se ordene a la Fiscalía de Bribri, la liberación inmediata de los señores Vargas Barrantes, Cascante Amador, Ortiz Fiorabanti, Valverde Granados, Cascante Torres y Rivera González”, detalló Rafael Mora, Asesor político de la ANEP.

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y las personas que le acompañaban se da luego de que estos se presentarán a en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo. D

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP. Ha esto se une la negativa del alcalde de Talamanca a recibir el documento.

En declaraciones en vivo a Noticias Repretel, previó a su detención, el Secretario General de la ANEP denunció que los despidos obedecen “a una ejecución del Alcalde contra los trabajadores que no le dieron su apoyo durante las elecciones municipales, por lo que los trabajadores solicitaron la ayuda de la ANEP”.

“Como parte del proceso de defensa, habíamos acordado desplazarnos a esta localidad para explicar el manejo de este proceso con base a la Ley de la Reforma Procesal Laboral. Dentro de la gestión presentamos el documento (Conflicto de Carácter Económico y Social) a la Alcaldía, el espacio es muy pequeño y nos encontrábamos haciendo fila y de un pronto a otro irrumpen los personeros del sindicato local, nos empiezan a decir improperios; solicito que nos reciban el documento y en ese momento me sacaron a empujones, me tiran al suelo y me patearon; mis compañeros también fueron agredidos. El propio alcalde sale de su despacho y empieza a instigar de que saquen a la gente, por lo que la agresión adquiere un tono más dramático e intenso, afortunadamente se presenta la Fuerza Pública”, detalló Albino Vargas a Noticias Repretel.

Ante esta situación la ANEP estará presentando las denuncias respectivas ante los tribunales judiciales correspondientes, por lo que el Secretario General de la ANEP solicitó ser trasladado a medicatura forense o una clínica para su valoración.

Sobre la detención arbitraria e ilegal de Albino Vargas en Talamanca

Publicada el 03/06/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Hace unos minutos desmentimos la información de la detención de Albino Vargas Barrantes mediante un audio grabado con el mismo Secretario General de la ANEP, en ese momento estaba siendo resguardado en la Delegación de la Fuerza Pública de Talamanca, después de ser agredido en la municipalidad de la localidad, en este último recinto, se presentó a denunciar el despido injustificado de trabajadores por afiliarse a la ANEP y otra serie de irregularidades.

Dentro de los cuestionamientos es que el alcalde ha despedido a 6 trabajadores que no lo apoyaron en las pasadas elecciones municipales. Además, despidió al Presidente y Secretario de la recién conformada Seccional ANEP Municipalidad de Talamanca.

Posteriormente a todo lo sucedido, el Secretario General de la ANEP fue detenido, mientras brindaba una entrevista vía telefónica a Noticias Repretel, contando lo sucedido en la Municipalidad de Talamanca, durante la entrevista se escucha donde un oficial de la Fuerza Pública indica que queda detenido por orden de la fiscalía de la zona. Esto de una forma arbitraria, pareciendo ser un abuso de autoridad por parte del fiscal de la localidad; situación que ya se encuentran resolviendo los abogados de la ANEP.

La ANEP interpondrá las denuncias correspondientes