La clase política tradicional, hoy tripartidista (PLN-PUSC-PAC), nos tiene con un nivel de endeudamiento, como país, que no podremos pagar nunca, según nuestro criterio. Hemos llegado a una peligrosa ruta de, prácticamente, un no retorno, sobresaliendo el dato de que, para el año entrante, 2020, el servicio de esa deuda (entre pago de intereses y abonos-amortización al principal) implicará 11 mil millones de colones diarios, cada 24 horas; con gran impacto en las condiciones de vida de la gente del pueblo, “los y las de abajo”, las capas medias y el micro, pequeño y mediano empresariado. O sea, el bienestar general será golpeado todavía más.
Esa clase política hoy totalmente desprestigiada, envalentonada por contar (como nunca antes) con la militancia activa, política e ideológicamente hablando del periodismo de odio, no solamente tiene claro que esa deuda pública es impagable, sino que planteará, próximamente, más “reformas estructurales” para hacerle frente.
La monstruosidad del tamaño de esa impagable deuda pública es de tal calibre que se pronostica que llegará al 65% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año entrante 2020. El pernicioso camino que escogieron para hacerle frente es seguirse endeudando para pagar esa deuda, por una parte; por otra, más “reformas estructurales” como gusta llamarles la jerarca hacendaria Rocío Aguilar Montoya.
Tales “reformas estructurales” no son ni más ni menos que, por una parte, la venta de aquellos activos de propiedad pública que todavía quedan en manos del Estado y que son sumamente valiosos; por otra, el abaratamiento de la mano de obra, precarizando los salarios al máximo. Además, es previsible nuevos paquetes tributarios por el lado de la regresividad, como la tentación de subir el impuesto al valor agregado (IVA), al 15-16%.
Esta clase política hoy totalmente desprestigiada sabe que en los últimos tiempos se ha dado una feroz resistencia cívica, por múltiples formas y en diversas circunstancias de oposición al empobrecimiento generalizado que va en crecimiento, especialmente con la aprobación-imposición del combo fiscal el año pasado 2018.
Por tanto, enfrentar el desafío de una deuda pública en crecimiento desbocado y un pago de intereses que es como una bola de nieve, exige un disciplinamiento social de corte autoritario, cercano a la dictadura, manteniendo una especie de democracia de fachada para la gestión pública, aunque acuartelada, como las acciones legislativas de próximas fechas que se darán en el seno del búnker parlamentario que se mandaron a construir.
Ese disciplinamiento autoritario, la eliminación del derecho de huelga y de toda protesta-manifestación pública, se expresa en el Expediente Legislativo 21.049, denominado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. El nombre políticamente real y correcto debe ser: “Ley de prohibición de la huelga, de toda manifestación y de la proscripción sindical y sus procedimientos”.
Si para hacerle frente a lo que nosotros consideramos como impagable deuda pública y su escandaloso pago de intereses, se deben vender activos como el INS, como Recope, como los dos bancos estatales que quedan; entonces, procédase (dicen ellos), con las leyes respectivas, a ejecutarlo sin oposición civil alguna y, mucho menos, la que se ha venido manifestando bajo el concepto político de Democracia de la Calle. Para eso ocupan la ley mordaza, la ley antihuelgas y contra toda acción pública de calle que están tramitando, acelerada y atropelladamente, en este momento.
Si para hacerle frente a lo que nosotros consideramos como impagable deuda pública y su escandaloso pago de intereses se debe subastar el modelo eléctrico nacional que todavía sigue en propiedad del ICE, pues qué mejor circunstancia que garantizarse que no habrá una resistencia cívica como la del año 2000, cuando la ciudadanía, opuesta al combo ICE, estrenó, con lujo cívico, la Democracia de la Calle y se detuvo, en aquel momento, esa privatización abiertamente descarada. Para eso ocupan la ley mordaza, la ley antihuelgas, y contra toda acción pública de calle que están tramitando, acelerada y atropelladamente, en este momento.
Si para cerrar instituciones públicas, bajo el cuento chino de fusionar, por tanto, ejecutar despidos masivos, es mejor no tener resistencia ni cuestionamiento, pues es mejor tener asegurado el control, castrando de antemano de cualquier protesta o amago de resistencia. De ahí la importancia de garantizarse, mediando la ley mordaza, que nadie alzará la cabeza.
Es muy grave lo que está ocurriendo. Nos llevan al retroceso social, a la involución en el desarrollo de derechos, a la instauración de un sistema de gestión democrática de fachada, cargado de autoritarismo y verticalidad de gestión.
Ahogada por una deuda pública que no se puede pagar, la clase política tradicional, totalmente desprestigiada, solamente puede acudir a la instauración de mecanismos institucionales de represión, bajo la modalidad de leyes, para mantener un control social, llegando al extremo de legislar para criminalizar la protesta social. El ascenso de la Democracia de la Calle amerita una acción represiva como la que están tramitando en el parlamento en estos momentos. Nos preguntamos: ¿en verdad se creen eso, que legislando para reprimir se garantizarán el control social…? ¡Ilusos!
