Autor: ANEP

Si alguien tenía alguna duda de la orientación ideológica fundamental de la política económica del actual gobierno del tripartidismo PLUSC-PAC, nada mejor que ponerle mucha atención a las declaraciones de prensa que dio el señor André Garnier Kruse, quien ahora ostenta el cargo oficialmente denominado como Ministro de Coordinación Económica; pero que y según nuestra perspectiva, desde el punto de vista de la actual hegemonía predominante en el seno del actual gobierno Alvarado-Piza, representa un función de comisario político del alto corporativismo empresarial designado por la UCCAEP con tal propósito.

Para el señor André Garnier Kruse, un verdadero superministro, “Costa Rica tiene un salario mínimo muy alto”, lo cual -según él-, se le resta competitividad al país, por lo menos en algunos productos como los de la actividad del agro nacional. Además, aseguró que se deben hacer “algunos cambios en cuanto a las cargas sociales”; y, que nuestro país está entre las naciones “que tienen las cargas impositivas más altas del mundo”. (Entrevista para el Semanario Universidad, 10 de julio de 2019).

Estos tres criterios nos notifican la ruta de carácter estratégico que piensan seguir esos grandes sectores hegemónicamente dominantes, los del poder real en la sociedad costarricense actual. Para quienes hace tiempo venimos denunciando el perverso camino que se le ha impuesto a nuestra Patria de más empobrecimiento, más desigualdad y más concentración de la riqueza, lo que don André Garnier Kruse está indicando, no es nada nuevo.

Lo que sí nos llama la atención, ahora, es ya no únicamente el cinismo político, descarnado y deshumanizado de cómo se plantea; sino que, nos facilita la comprensión cabal de que, efectivamente, el escenario actual es de lucha de clases en el país: ricos contra pobres; los y las de arriba contra los y las de abajo.

La pretensión de los ricos, hegemónicamente controladores del poder real, de que se baje el salario mínimo en un país que, si no es el más caro de la región latinoamericano, está en los primeros lugares al respecto, es algo espeluznante; especialmente porque no solamente ese salario mínimo ha decaído en cuanto a poder adquisitivo, sino que en un alto porcentaje se violenta, no se cumple y no hay forma de que la política pública ataje esta barbaridad, con eficiencia.

Plantear la disminución del salario mínimo no es más que una pretensión macabra de desvalorizar al máximo el valor de la fuerza de trabajo, considerando que, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), está en la informalidad, en el empleo precario. “Bajemos el salario mínimo, de por sí, sobra gente para contratar que está dispuesta hasta laborar por un plato de comida”: éste podría ser el pensamiento de fondo que podríamos derivar del criterio de don André Garnier Kruse.

Por otra parte, él lanza un ataque al corazón de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al hablar de bajar “cargas sociales”. En las mentes desalmadas atiborradas de plata, la inversión en salud y en seguridad social es una “carga”; es una concepción reaccionaria en materia de explotación de la mano de obra de manera inmisericorde, que hay que rechazar tajantemente.

En lo que sí se podría pensar con seriedad, en materia de responsabilidades de Seguridad Social y de orden tributario, es en las que son en competerle al micro-pequeño y mediano empresariado del país; de forma tal que la política pública les coadyuve a su observación plena; dándoseles un trato diferenciado pero transfiriéndole a la Caja, por ejemplo, los dineros correspondientemente suplementarios, producto de la captación de esa mega-cantidad de recursos que andan, por la libre,  en la economía, dado que el país no ha procedido a la implementación de una transformación tributaria estructural.

Otra de las afirmaciones formuladas por don André Garnier Kruse (esclarecedoras acerca del proyecto estratégico en desarrollo que se le está imponiendo a la sociedad para, por una parte, acrecentar la acumulación de riqueza en los grupos político-económicos que él representa y para los cuales se gobierna; y, por otra, aumentar la explotación de la clase trabajadora al máximo y arruinar a la arrinconada clase media); es esa de que en nuestro país tiene “una de las cargas impositivas más altas del mundo”. ¡Tremendamente discutible es esta afirmación!

En la publicación electrónica BBC Mundo (https://www.bbc.com/mundo/noticias-47572413), nos encontramos que según datos de la OCDE, para el 2016, Costa Rica estaba colocado en el sétimo lugar de la tabla de países de América Latina en materia de impuestos con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Los primeros seis países de la región al respecto y en su orden, eran Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.

Por otra parte, Costa Rica no aparece entre los diez primeros lugares del planeta en cuanto a tasas impositivas (http://diarioretailsudamericabusiness.com/usa/4927/); pero sí, ¡vergonzoso!, aparecemos en el top ten de los países más desiguales del mundo: en el lugar número 8 (https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2018/07/04/latinoamerica-tiene-8-de-los-10-paises-mas-desiguales-del-mundo/).

Como ustedes habrán visto, por la boca muere el pez. Don André Garnier Kruse habló sin pelos en la lengua. La lucha social de estos tiempos es más que justificada, es ética y moralmente correcta. ¡Los y las de abajo tenemos la razón!

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

En una reciente entrevista periodística, don André Garnier Kruse, el nuevo “zar” de la reactivación económica del país, le dijo al empresariado que él representa que “tengan confianza porque la situación de inestabilidad económica del país ya superó su etapa más crítica”…; agregando que “yo no diría que la economía está deprimida, pero sí ha bajado el crecimiento. Es un tema muy crítico, tenemos muchos meses ya donde el IMAE viene con una tendencia de decrecimiento…” (Semanario Universidad, 10 de julio de 2019). ¿Entonces?… ¿Qué es esto?

Parece que don André se está contradiciendo él mismo. Si la inestabilidad económica del país ya superó su etapa más crítica y el IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica) tiene ya muchos meses con una tendencia de decrecimiento, ¿no está siendo congruente don André con relación a la situación económica del país, si el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR) ya está hablando de que la recesión económica está a la vista?

Efectivamente, ha trascendido que la producción en la agricultura tiene ya nueve meses de cifras en rojo; que la construcción ajusta tres meses en reversa; y que la actividad de extracción minera y de canteras lleva ya ocho meses de decrecimiento. Datos revelados por estas fechas provenientes del indicador IMAE que maneja el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La realidad es más cruda. Más allá de los casos concretos mencionados de estancamiento y de retroceso económico indicados, la perspectiva global no es la mejor. La apuesta única que ha hecho el presente gobierno por una reforma fiscal muy ideologizada parece que, en vez de generar confianza, produce gran incertidumbre y como es más que notorio, el rechazo social de amplias mayorías no va a mermar por más diálogo y buena voluntad que las partes quieran demostrar al respecto.

Entonces, estamos en presencia de una mezcla muy peligrosa: inestabilidad económica e inestabilidad social, a la vez.

La reforma fiscal impuesta ha fracasado y solamente ha servido para hacer daño a quienes menos responsabilidad tienen por el desastre nacional de las cuentas públicas del país. Sin corregir los altísimos niveles de fraude fiscal (especialmente, la evasión y la elusión); y, manteniendo un sistema tributario regresivo con una baja carga impositiva, los especialistas afirman que la economía, ya de por sí poco dinámica, va hacia la recesión. Es esto lo que no parece y no quiere comprender el mandamás ideológico de la economía del país en estos momentos, don André Garnier Kruse.

Por el contrario, a juicio de este señor, el dinamismo de la economía solamente se recuperaría bajando el salario mínimo, reduciendo “cargas sociales” y aumentando la jornada laboral, flexibilizándola. Es decir, centroamericanizar el sistema productivo costarricense.

Además, ideológicamente hablando, sus “seguidores” dentro del propio gobierno del cual él forma parte y quienes le sirven en la Asamblea Legislativa, tramitan iniciativas de ley antidemocráticas como la anulación de libertades sindicales y del derecho constitucional de huelga; amén de las medidas para flexibilizar las normas de despido del empleo público, impulsando la desinstitucionalización total de la prestación de los servicios públicos.

Piensan los especialistas que centran en la promoción de bien común y en el retorno de las políticas públicas para la integración social, el mejor freno al riesgo de recesión económica; ayudaría mucho impulsar iniciativas de ley como el combate a la usura, darle al Banco Central la responsabilidad de promoción del empleo como parte de su actividad estratégica; destinar muchos recursos (que los hay y de sobra), para emprendimientos productivos en zonas rurales, adicionando iniciativas en este marco del desarrollo enfocadas en mujeres y en personas jóvenes.

Definitivamente, parece que una recesión económica de consecuencias sociales graves, encontrará a don André Garnier Kruse mirando para otro lado.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es nuestro respetuoso criterio de que todas las fuerzas vivas de Limón, de la provincia de Limón; así como todas las conciencias patrióticas y organizaciones cívicas de toda naturaleza, debemos demandar, por múltiples formas y de manera activa, la rescisión-anulación del abusivo contrato que le entregó los muelles del Atlántico a la firma transnacional holandesa APM Terminals, en condiciones totalmente perjudiciales para la economía nacional, para la estabilidad social y para las golpeadas finanzas públicas.

Resulta impactante que desde el propio sector empresarial de los macro-negocios, ese mismo que en su momento aplaudió al “exterminio” institucional de Japdeva para que se instaurase el monopolio privado en la actividad portuaria de los muelles del Atlántico; ahora salga un potente clamor de que APM está, a su vez, prácticamente propiciando el “exterminio” de la estratégica actividad exportadora del país; al menos, la que sale del país por la provincia de Limón que, como es bien sabido, es el lugar del movimiento del 80% del comercio internacional de Costa Rica.

En una especie de acción desesperada y sin el apoyo de la máxima central sindical-empresarial del país, la UCCAEP, 17 cámaras del sector productivo nacional emplazan al mandatario costarricense, Carlos Alvarado Quesada, solicitando que se renegocie el contrato (más que leonino, como demostrado está ya), con APM-Terminals.

Alegan los empresarios reclamantes que las altísimas tarifas que les están cobrando por usar las terminales portuarias, les resta competitividad.

En tal sentido resulta necesario mencionarlo una y muchas veces más, aunque caigamos mal: ¡Lo dijimos! Con mucha argumentación en su momento, desde el movimiento sindical ligado a la actividad portuaria de Limón, se indicó que las tarifas de operación, en caso de concesión a una transnacional la operación de los muelles del Atlántico, subirían hasta en un 300%. “Para justicias el tiempo”: prácticamente así es hoy en día.

Lo que corresponde ahora es encontrar la solución a tan grave problema denunciado por esas 17 cámaras empresariales, mismas que están resentidas por el abandono que les hace en esta lucha, su casa-madre en cuanto agrupaciones del sector productivo. ¡La UCCAEP les dio la espalda!

Según nuestra visión del problema no hay más camino que el de la rescisión-anulación del contrato con APM-Terminals y, a la vez, rehabilitar a Japdeva para que reasuma la operación de los muelles de Limón.

El reclamo de las 17 cámaras empresariales es un reconocimiento tácito a que Japdeva lo hacía mejor y lo hacía más barato. Sabemos que jamás lo dirán de manera explícita, pero es lo que interpretamos cuando le piden al Gobierno “renegociar” el contrato con APM-Terminals, situación que esta transnacional jamás aceptaría.

Esos 17 sindicatos patronales (cámaras en el lenguaje empresarial), proveen los argumentos para fundamentar un proceso de rescisión pues, según las deficiencias que muestra APM-Terminals, el problema es más profundo y grave; como grave es, de por sí ya, las altísimas tarifas de operación.

Las deficiencias de APM son éstas, según reporte de prensa que da cuenta del reclamo empresarial:

1. Demoras por congestión en la entrada al puerto genera impactan la cadena de frío y calidad para la carga refrigerada perecedera.
2. Atrasos en el reporte de fallas de las unidades reefer, que se deriva en pérdidas de fruta.
3. Fallas en los procesos crean demoras en la rotación de los buques e incumplimiento de las ventanas de atraque acordadas.
4. Restricción recurrente de recepción anticipada de carga refrigerada no existe en otros puertos y ocasiona costos adicionales.
5. Contenedores extraviados o dejados de embarcar por problemas en el sistema o fallas en la información.
6. Software de manejo de la terminal falla con frecuencia.
7. Incremento en daños físicos a los contenedores (cargados y vacíos).
8. Proceso para efectuar reclamos por daños a los contenedores es complejo y lento, diseñado para desalentar los reclamos.
9. Demora de dos horas desde piloto a bordo (POB) al buque all fast.
10. Tiempo desde buque all fast hasta inicio de la operación “free pratique” tarda hora y media más de lo común.
11. Lo último además ocurre con el espacio entre la operación de carga y la orden de zarpe.
12. Grúas pórticas mantienen baja productividad.
13. Atrasos impactan logística de transporte.

Adicionalmente, el factor social es de igual naturaleza peligrosa: la enorme cantidad, miles se dice, de empleos en riesgo y hasta se ha mencionado la cifra de 5 mil en el sector piñero, solamente. Es impensable que la irresponsabilidad de un gobierno pueda llegar a tales niveles de deterioro como para poner oídos sordos al potente reclamo empresarial; así como al que, con seguridad, habrá que complementar con un fuerte reclamo obrero. Japdeva lo hacía mejor y más barato.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El más reciente anuncio público de parte de la señora Rocío Aguilar Montoya, ministra de Hacienda, es muy revelador del fracaso de su gestión. Nosotros pensamos que debe irse. Creemos que ella está matriculada, ideológicamente, con una visión del desarrollo de la sociedad que ha fracasado; y, por el contrario, se impone otro enfoque del problema fiscal del país.

Nos dice esta señora que el déficit fiscal no baja y que vamos hacia los 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), al finalizar este año 2019, considerando que a la mitad del mismo se llegó al 3%.

Prácticamente está indicándonos que se avecina otro paquetazo de impuestos en el corto plazo; mismo que, una vez más, recaerá sobre las espaldas de las mayorías populares y ciudadanas, habida cuenta de que, por su posición ideológica, dicha jerarca no está dispuesta a impulsar transformaciones tributarias estructurales, sin las cuales, nos seguiremos hundiendo en el precipicio del pago de la deuda y sus más que abusivos intereses.

Según nuestro entender, escuchando y leyendo a personas y entidades especializadas, se requiere, al menos, una sólida intervención política para entrarle fuerte al problema fiscal del país que, como lo hemos dicho muchas veces, es sumamente grave; pero tal gravedad no es imputable ni a la clase trabajadora (en todas sus clasificaciones), ni al micro, pequeño y mediano empresariado.

Dice la Ministra de Hacienda que dos factores siguen jugando para que estemos en la ruta perversa del alto déficit fiscal: la desaceleración económica y el alto pago de intereses de la deuda.

Entonces, por un lado, hay que potenciar la necesidad de efectuar una auditoria ciudadana de la deuda, tal y como fue practicada en otros países. El nuevo espacio de confluencia de fuerzas sociales que se ha coaligado en el Encuentro Social Multisectorial (ESM) ya está avalando nuestro planteamiento al respecto; planteamiento que viene también respaldado por un notable grupo de empresarios que estiman que la deuda pública del país es un barril de pólvora cuyo estallido sería de inenarrables consecuencias. 

Por otra parte, expertos indican que Costa Rica tiene desafíos fiscales estructurales que, a nuestro juicio, ni siquiera se mencionaron con ocasión de la tramitación de la traumática ley del combo fiscal, mal llamada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esos desafíos fiscales estructurales plantean aspectos como que el gasto público es insuficiente y sumamente rígido; hay poca transparencia en la ejecución del gasto; los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos; la carga tributaria es rígida; los resultados del combate a la evasión son muy pobres; la estructura tributaria no permite el combate a los FIC (flujos ilegales de capital, léase dinero sucio, dinero del narcotráfico); la estructura tributaria es regresiva; gastos tributarios como estrategia de competitividad; y, la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad, es decir, que no se puede pagar.