Exportadores gritan: APM enseña sus garras

Por: Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP

Hace muchísimo tiempo lo habíamos pronosticado desde la esfera sindical. Particularmente, la persistente lucha patriótica del sindicato de JAPDEVA, SINTRAJAP lo había estado denunciando. Desde la corriente sindical en la cual militamos, ¡también! Las tarifas por utilizar los muelles del Atlántico se triplicarían con relación a lo que estuvo cobrando la empresa estatal portuaria limonense y nacional.

¿Quién lo hubiera imaginado? La misma cúpula empresarial que aplaudió la entrega de ese patrimonio nacional para que fuera operado por un consorcio transnacional, APM-Terminal, ahora se rasga las vestiduras y pega el grito al cielo porque el uso de las terminales portuarias que fueron de JAPDEVA, ahora implican un aumento de costos de hasta el 280 %.

Perdones ustedes nuestra inmodestia: pero, al igual que con la circunstancia de la lucha contra la ahora odiada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, tenemos que decirlo fuertemente: los sindicatos teníamos razón.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), dieron declaraciones al popular periódico DIARIO EXTRA, indicando “…que las tarifas cobradas por APM Terminals son de las más altas afectando así la competitividad, pues han registrado alzas que van del 60 % hasta el 280 % en el manejo de la carga”.

Estamos en presencia de los altos costos políticos que implica la imposición de las más funestas posiciones ideológicas del llamado modelo neoliberal, cual es la satanización de que la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos de alta rentabilidad, es contraria al desarrollo social y económico para el mejor bienestar de la población.

Dichas cámaras empresariales, integradas al núcleo político de la actual hegemonía dominante, constatan ahora el enorme perjuicio que les causa la privatización monopólica, vulnerándose así uno de los postulados más “sagrados” del dogma neoliberal que siempre han defendido estos entes empresariales, que nos habla de la “libre competencia”. ¿Cuál?

Ahora, claman por la intervención de “papá Estado”: para que éste, vía el Consejo Nacional de Concesiones-MOPT, revise las tarifas, pues la “…la competitividad del país podría estar en riesgo, provocando que las empresas navieras prefieran ir a otros muelles de menor costo”.

Implícitamente están reconociendo que con Japdeva sí eran competitivos, por lo cual el grito que pegan deberían darle una pizca de honestidad y de transparencia y reconocerlo abiertamente.

Lo delicado de la situación es que, como dice el refrán popular, es al perro flaco al que se le pegan las pulgas:  el personal obrero piñero y bananero parece que sería la víctima directa. Estas personas trabajadoras asalariadas serán sacrificadas ante el Dios mercado, con sus empleos en riesgo de perderse.

Afortunadamente, existe hoy en día más conciencia obrera de la importancia de la organización sindical en estos sectores laborales, tradicionalmente oprimidos y explotados. Relevantes esfuerzos se vienen haciendo al respecto, desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, por ejemplo.

Por ejemplo, una de las organizaciones integrantes del mismo, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), ha logrado suscribir, recientemente, dos convenciones colectivas de trabajo, algo imposible hasta hace poco tiempo y, en parte, facilitado por la vigencia de la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Pese a las contradicciones inherentes al modelo económico excluyente, ideológicamente contrario a la promoción del bien común y de la inclusión social, esa circunstancia podría ofrecer un espacio de diálogo social inter-partes; a fin de, por un lado, lograr que la competitividad de que habla el indicado empresariado no esté en riesgo; y, por otro, la protección de miles de puestos de trabajo en momentos tan crudos como el actual, dada la inoperancia de un gobierno que no atina por ningún lado en materia de reactivación económico y alto desempleo.

IVA: La magnitud de su injusticia se desnuda ante bancos inundados de plata

Entidades bancarias acumulan 32 mil 819 millones de dólares.

Esta cantidad de dinero representa 55.5 del PIB

Si hay un dato que, con dolorosa crudeza, muestra la profundidad de la injusticia que agobia a la mayoría del pueblo costarricense por un modelo económico fracasado, es la cifra de los depósitos y tenencia de activos que en moneda extranjera tienen, por un lado, los bancos comerciales; y, por otro, los sectores económicamente poderosos de gran influencia política en nuestra sociedad.

Con datos proporcionados a la ANEP por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), y con corte a setiembre del año 2018, se nos muestra la magnitud de la injusticia que representa la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA), próximo a entrar en vigencia este 1 de julio; con gran agobio económico para los sectores empobrecidos, los asalariados altamente endeudados, el micro-pequeño y mediano empresariado y, por supuesto, la cada vez más estrujada y sacrificada clase media.

La tenencia de dinero de los bancos (públicos y privados) a esa fecha era de 20 mil 468 millones de dólares, es decir 12 billones 76 mil 120 millones de colones, lo que representa 34.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Y, con toda la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida popularmente como combo fiscal, incluyendo el IVA, pretenden recaudar 1.40% del PIB, haciéndole daño a la mayoría de la población.

Por otra parte, los sectores de gran poderío económico, el gran empresariado corporativo de los mega-negocios, incluyendo potenciales capitales de procedencia dudosa, tenían depósitos en bancos y a esa misma fecha de setiembre de 2018, de 12 mil 351 millones de dólares ($12.351.000.000). En colones, 7 billones 287.090 millones (7.287.090.000.000). Esto equivale a, prácticamente, 21 puntos del PIB.

¡Es indudable! El Sistema Bancario Nacional pudo, por sí mismo, librar al pueblo costarricense del injusto paquetazo fiscal y del IVA mismo.

Es más, semejante acumulación de capital también serviría, también, para resolver el mismísimo déficit fiscal.

Esa espantosa situación (más allá de lo lógica de la comprensión de la generación de lucro privado producto de la actividad empresarial), se debe a los profundos procesos de exclusión económica, de sistemática desigualdad y de abusiva concentración de la riqueza; procesos cuya responsabilidad política fundamental debe caer sobre los partidos Liberación, Unidad y PAC y los soportes mediáticos, “pone-magistrados”, que les sustentan.

Contra este mega-poder, el de la corrupción y el de la codicia desenfrenada, lucha el pueblo costarricense. En el fondo, esta acumulación tan excesiva y tan desenfrenada de dinero, es lo que reclaman las mayorías, al sentirse excluidas, burladas, en total indefensión económica y social por la desigualdad indetenible; y, por el  con hambre en no pocos casos ya.

Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP se une a jornada de manifestaciones

Desde diferentes partes del país, el Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP, se une a la jornada de manifestaciones en contra de las decisiones del Gobierno y de algunos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa.

Marco Murcía, presidente del Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP, indicó que este martes se unirán al clamor del pueblo contra el Impuesto del Valor Agregado (IVA), además están en contra del proyecto para impedir las huelgas y de disolver sindicatos.

“El gobierno tiene abandonados a los traileros, no nos han tratado con seriedad y con la entrada del IVA vamos a quedar en desventaja con los traileros centroamericanos, la afectación va a ser mayor. A esto se suma el caos económico que ha generado APM Terminals con los transportistas, el cual nos está afectando demasiado”, expresó Murcia.

El dirigente explicó que solicitarán al Ejecutivo un decreto que incluya una moratoria de la entrada en vigencia del impuesto IVA, ya que es necesario una negociación del Gobierno con los sectores sociales y el fraude fiscal no se está atacando desde la raíz.

Murcia también manifestó que están apoyando al grupo del Encuentro Social Multisectorial que incluye a agricultores, pescadores, cooperativistas, sindicatos, entre otros; ya que al igual que ellos se han visto afectados por las decisiones que ha implementado el Gobierno.

El Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP realizará una caravana rumbo a Casa Presidencial, las cuales saldrán desde el sector del peaje de Alajuela en la ruta 1 y del sector de La Lima en Cartago, ruta 2.

A estas caravanas también se unirán manifestaciones y tortuguismo en diversos puntos del país, entre ellos Santa Rosa de Pocosol en San Carlos, sector de la ruta 32 entre Moín y Toro Amarillo, además en la Frontera Sur (Paso Canoas) y Ruta 27. 

Cuerpos policiales demandan más personal

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una de las demandas que generan mayor atención, planteadas con ocasión de la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, ocurrida este lunes 24 de junio, tiene que ver con el delicado debilitamiento que sufren los mismos en cuanto al recurso humano; una circunstancia que no han querido atender las autoridades políticas de los últimos gobiernos, precisamente por los fundamentalismos dogmáticos que dominan las cuestiones relacionadas con la política macroeconómica y fiscal del país.

En tal sentido, resulta dramática la situación que se vive en los parques nacionales y en las áreas protegidas de nuestro país. Se le pregona al mundo que somos un país “verde” y que el 25 % del territorio nacional está ecológicamente destinado a su preservación. Éste es uno de los mejores “ganchos” para la atracción del turismo internacional.

Sin embargo, estamos mostrando una doble moral pues se está perdiendo esta ventaja comparativa que se ha tenido en cuanto al mercadeo turístico, dado que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y la caza furtiva están arrinconando al escaso y desprotegido personal del servicio público de guardaparques; cuyos trabajadores se sienten impotentes y en total estado de indefensión para asumir tantos frentes abiertos a la vez, en materia de seguridad y de preservación de las áreas verdes del país. Mal pagados, precariamente dotados de herramientas y de tecnología y sobre-explotados, exigen más personal.

Otro caso de irresponsabilidad política de la clase hegemónicamente gobernante tiene que ver con la carencia de personal en la policía migratoria del país. Sin caer en xenofobias, la realidad es que a nuestro país entra “Raymundo y todo el mundo” con la mayor facilidad. Las fronteras nacionales están, prácticamente, abiertas y el escaso personal, también mal pagado, extenuado y sobre-explotado, sigue sin reforzamiento estratégico.

Por ejemplo, en los aeropuertos internacionales del país crece la llegada de turistas y con bombos y platillos se anuncia que más líneas aéreas abren rutas de acceso directo desde sus lugares de origen al territorio nacional. Pero la agilidad de la tramitación sufre en cuanto a celeridad por la escasez de personal.

El colmo de esta penosa situación es el fuerte reclamo de que hemos llegado a punto tal de irresponsabilidad, de que está haciendo falta personal de control aéreo, algo que nos hace corre el riesgo de que seamos un país que cae en el ridículo al respecto, por graves problemas de seguridad aérea.

En cuanto a la carencia de personal para la importante labor de la seguridad en las carreteras, la situación es igual de grave. Se ha determinado que, al menos, hacen falta unos 1.000 oficiales de tránsito para atender el fenómeno psicosocial que acontece en las carreteras del país con conductores en alto grado de estrés, de tensión, de agresividad, por la acumulación de una serie de factores que vuelven más peligroso el transitar por las rutas nacionales.

No hay palabras para expresar la realidad que vive el sacrificado y disminuido cuerpo de oficiales fiscales del país, encargado de combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Cuesta creer que un país con una cifra de evasión tributaria superior a los 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), tenga 100 policías en este cuerpo policial.

La magnitud de la irresponsabilidad política de la gente que controla el real poder en este país al respecto, no tiene perdón de Dios. El robo de impuestos es un crimen contra toda la sociedad y debería ser estratégicamente prioritario su combate para una buena fe gubernativa centrada en la promoción del bien común y de la inclusión social. ¡No la hay!

El déficit de personal policial penitenciario es, igualmente, preocupante en grado sumo. Si no fuera por su altísima vocación de servicio público, el país habría presenciado y vivido dolorosos episodios de violencia intramuros carcelarios como se han dado en otros países, con muertes incluidas.

Igualmente, el cuerpo policial más grande del país, la Fuerza Pública, tiene grandes dificultades para atender los crecientes desafíos de seguridad ciudadana en un país que, dolorosamente, está apostando por la desigualdad, por la concentración de la riqueza, por el alto desempleo y la no menos alta informalidad; amén de que la violencia y el crimen organizado muestran un desarrollo criminal muy cualitativo y el Estado no está haciendo lo correspondiente con relación al fortalecimiento, en todos los ámbitos, incluido más personal, con su fuerza pública.

Hay que enfrentar con mucha fuerza, unidad, solidaridad y argumentos, la perversa política neoliberal de satanización del empleo público, especialmente en el campo de la seguridad ciudadana y en todos los cuerpos policiales que sirven a la misma. En eso estamos.

Cuerpos policiales en su tiempo libre se manifestarán el próximo lunes

  • Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego salir hacia la Asamblea Legislativa

Cientos de oficiales de diversos cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”

En dicha marcha que arranca desde las 9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa, se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José, Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de San José.

Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.

Esta sería la segunda marcha de cuerpos policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000 personas. 

Dentro del pliego de peticiones que entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

“Los cuerpos policiales ya se han visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización salarial”, detalló Anchía.

Según estimaciones realizadas por la ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los cuerpos policiales.

Otra de las solicitudes de los cuerpos policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.  

A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.  

Unidos por el ICE

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Por la defensa del ICE y el modelo eléctrico nacional”, es el lema principal que ha llevado a varias estimables personas de mucha notoriedad en nuestra sociedad costarricense actual a conformarse en un grupo civil al que ha denominado como “Unidos por el ICE”.

Creemos nosotros que se trata de un acontecimiento muy relevante, muy necesario y muy significativo, dado el carácter del enfrentamiento de clase que se está dando en estos momentos, sumamente agudo, cuando las fuerzas más reaccionarias del capital neoliberal pujan con muchísima intensidad por apropiarse de lo poco que queda del que fuera el patrimonio más rentable de los servicios públicos estatales; amén de propiciar la instauración de un peligrosísimo autoritarismo en contra de las libertades democráticas.

Estos notables costarricenses nos indican que son “ciudadanas y ciudadanos costarricenses provenientes de distintos lugares sociales y afines de diferentes corrientes de pensamiento económico, político e ideológico; con el denominador común de comprender la importancia que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha albergado y alberga en el desarrollo económico y social de nuestro país y entendiendo la importancia que tienen para los habitantes de la República las bondades del modelo eléctrico nacional”. En su proclama nos comparten que decidieron conjuntarse “para la defensa activa del ICE y del Modelo Eléctrico Nacional”.

Nos dan diez razones para asumir una activa posición ciudadana al respecto. De seguido se las compartimos como han sido formuladas:

  • 1. En los últimos meses, hemos estado dando seguimiento a noticias, de cuyo análisis se desprende que una vez más se ha puesto en marcha una nueva ofensiva contra el ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
  • 2. Desde nuestra perspectiva ciudadana, dicha ofensiva se motiva en intereses económicos sectoriales, que desde hace mucho tiempo esperan el momento oportuno para ejecutar lo que no pudieron hacer en el año 2000: cambiar el modelo histórico del ICE en beneficio de pequeños grupos de poder que manejan la economía y la política del país.
  • 3. Por lo anterior, al igual que a miles de compatriotas, nos genera suma preocupación lo actuado por el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y parte de la Administración Superior del ICE, quienes, a través de múltiples declaraciones, despliegan un discurso mediático que, dibujando el supuesto estado crítico del ICE y sus empresas, crea el clima perfecto para que los competidores y opositores del ICE avancen en su ofensiva contra el Instituto y el Modelo Eléctrico Nacional en busca de la venta y/o la apertura del mercado eléctrico costarricense.
  • 4. Al igual que miles de compatriotas, creemos que la posición de estos jerarcas se debe a que el Gobierno se allanó a la política de esos intereses económicos sectoriales, ajustando sus decisiones a los grupos de presión que desde hace larga data promueven intereses económicos contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
  • 5. Igualmente crea enorme preocupación ciudadana ver a la Alta Administración del ICE, especialmente a su Presidenta Ejecutiva, en la misma sintonía de dar declaraciones que facilitan el camino a los grupos de presión interesados en hacer creer a la ciudadanía que el modelo del ICE está acabado, idea que facilita su ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha desempeñado el ICE en la sociedad costarricense.
  • 6. Con tal actuar, la presente Administración Superior del ICE contribuye al gran daño que al Instituto le han hecho jerarcas de Administraciones pasadas, cuya deslucida gestión afectó gravemente al Grupo ICE.
  • 7. El discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE, omite, no menciona, o esconde, que el estado de resultados lo forzaron negativo producto de pasar la inversión realizada del proyecto Diquís en libros a pérdidas, obviando que el estado de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de la empresa. Tal estado de resultados debe verse dentro de un contexto más amplio, junto a los demás estados financieros de la Institución, incluyendo sobre todo los flujos de efectivo proyectados que pueda tener el Instituto. Se debe recordar también que los estados financieros de una empresa son un síntoma de varios factores internos y externos relacionados con ella y no la causa verdadera de los problemas empresariales.
  • 8. Desde su fundación en los orígenes de la Segunda República, el ICE ha sido motor de desarrollo económico y social, catalizando la política económica, contribuyendo activamente con la movilidad social ascendente de distintas capas de la sociedad costarricense, pero, además, dinamizando el sector productivo nacional. Es el ICE un bien estratégico del Estado Social que quieren desmantelar, y del pueblo de Costa Rica que quieren empobrecer.
  • 9. De la mano del ICE y luego de 70 años de desarrollo eléctrico, nuestro país ha creado un modelo eléctrico nacional que ha proporcionado bienestar al pueblo de Costa Rica sin distingo de clase social, que ha sabido dinamizar la economía a través de distintos encadenamientos productivos y que ha logrado una matriz eléctrica renovable que ha alcanzado reconocimiento de talla mundial y es hoy orgullo de la identidad nacional costarricense. Esto alcanzando cobertura nacional bajo principios de solidaridad sobre todo con los habitantes de las zonas más alejadas y empobrecidas del país.
  • 10. Finalmente planteamos ser seguidores de un modelo de Estado Social y Solidario, conformándonos como grupo que velará por el ICE y cualquier intento de privatizar o desmejorar los servicios que deben seguir estando al servicio de la sociedad. Lo anterior integrando esta iniciativa ciudadana UNIDOS POR EL ICE.

A 100 años: el espíritu cívico del Paseo de los Estudiantes nos convoca

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

“Estudiante dice que hay filibustero gobernando”. Así tituló en su primera página el Diario Extra, el más leído y el de mayor circulación del país, en su edición del pasado sábado 15 de junio, dando cuenta del emotivo acto de conmemoración de los 100 años de la caída de la dictadura de los hermanos Federico y Joaquín Tinoco Granados, quienes habían usurpado el poder de la República dándole un Golpe de Estado, en 1917, al presidente de entonces, don Alfredo González Flores.

Como sabemos, pese a que la historia oficial no calibra bien la relevancia de tal acontecimiento, un movimiento cívico conducido por educadores, estudiantes, intelectuales y otros ciudadanos, se rebeló, se sublevó, en el año 1919, contra el arbitrario gobierno de facto que encabezaba el dictador Federico Tinoco Granados y, mediando una acción cívica militante, vía lo que hoy conocemos como la Democracia de la Calle, lo derrocaron.

Los y las jóvenes estudiantes de aquel entonces, específicamente del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio Seminario, fueron protagonistas de primera línea para el restablecimiento de la Democracia.

Resulta extraordinariamente emocionante, conmovedor y gratificante, que sus pares, 100 años después, nos recuerden ese episodio de nuestra historia Patria; hecho histórico que debería ocupar un sitial de honor anual en las conmemoraciones principales del país y resaltarse por siempre.

Que esa muchachada estudiantil de tan legendarias instituciones educativas, 100 años después, lo conmemore y con su estremecedor mensaje, en verdad que constituye un evento de altísimo calibre cívico. Lo que ocurrió el pasado sábado 15 de junio debe ponernos a pensar. Afortunadamente, gracias a Diario Extra, no pasó desapercibido.

El joven Adriel Delangton Barquero, Presidente del Gobierno Estudiantil del Liceo de Costa Rica, fue contundente al afirmar: “Nosotros debemos ser fiscalizadores y protectores de la República, así como lo fuimos hace 100 años con la caída de los Tinoco”. ¡Qué clase de ejemplo nos da él, en especial en estos tiempos de tanto desaliento cívico!

Pero este otro pensamiento del joven dirigente estudiantil liceísta, es todavía más profundo: “También nos topamos y seguiremos encontrando con filibusteros y Tinocos modernos que buscan desangrar a nuestra Patria, no con látigos ni armas, pero sí con amenazas a nuestros derechos como ciudadanos”.

¡Es impresionante! Según la nota de prensa en comentario, el estudiante Adriel Delangton Barquero estima que “hay proyectos en el Congreso que amenazan el Estado de derecho, las garantías sociales e individuales y los grandes avances que el país ha logrado a lo largo de su historia”.

Estos criterios, con toda seguridad avalados por la dirigencia de los otros dos colegios participantes en el acto cívico del pasado sábado 15, representan una enorme estimulación para la dura lucha popular y social que, en estos momentos, muchas personas y grupos patrióticos libran, para tratar de enfrentar la más fuerte ofensiva de los sectores económicamente poderosos para los cuales, el dinero es lo que importa y no la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, como los y las patriotas de las jornadas de calle del mes de junio de 1919, contra la dictadura de los Tinoco; como la extraordinaria participación de la educadora y luchadora social Carmen Lyra, cuyo legado es eterno.

El mensaje del joven estudiante Delangton Barquero fue más específico en cuanto a la responsabilidad de sus congéneres de edad y de época, al instarlos para que la juventud actual de nuestra Patria sea abanderada del bien común y de la lucha en favor de quienes padecen injusticias: un altísimo porcentaje de la población nacional de hoy día.

El espíritu cívico del Paseo de Los Estudiantes nos convoca, sin duda alguna. Los otros Tinoco vienen, hace ya bastante rato, transformando de manera radical la sociedad por la cual se luchó, hace 100 años, en el Paseo de los Estudiantes; entre otros notables episodios magistrales de nuestra historia republicana, varios de los cuales han sido miserablemente invisibilizados, desvalorizados, ocultados, como éste.

Se requieren altísimas dosis de desprendimientos personalistas, caudillistas, hegemonistas para poder atender, con mejor perspectiva, la naturaleza del llamado de la juventud estudiantil del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio Seminario que formularan el pasado sábado 15. La esperanza no la perdemos.

Déficit fiscal: escandaloso desastre vial multimillonario

¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Una de las tareas cívicas de mayor postergación y que más urgen en materia de transparencia de la gestión institucional y de manejo de los recursos públicos, tiene que ver con la multimillonaria suma de dinero que, anualmente, se destinan vía el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para construcción y manteniendo vial.

La magnitud de este dineral, cerca de 3 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡por año!, no ha emergido con potencia en el marco de la discusión del problema fiscal del país.

Con toda seguridad, debido al mega-poder que representan las cuatro-cinco corporaciones privadas que, actuando como oligopolio, tienen un desproporcionado poder de incidencia política que el pueblo costarricense ni se imagina.

Demasiadas son las situaciones en este campo que, repetimos, en su monumentalidad fiscal, siguen siendo invisibilizadas, con evidente intencionalidad política de por medio.

¡Cómo nos viene a decir ahora que hay que pagar 4 millones de dólares para el mantenimiento y la vigilancia a la parte que ya está construida de la carretera a San Carlos en su tramo central! Parte que, por cierto, estaría mal construida o que no sirvió del todo.

Esa parte es de 30 kilómetros en total. Entonces, atenderlos cuesta 133.333.333 dólares por kilómetro, lo que equivale en colones, a 78 millones 666.666 colones; o, de otra forma, a 78 mil 666 colones por metro. ¿Es esto caro? ¿Qué dicen los especialistas?

Según nos informamos, esos 30 km., median entre los pueblos de La Abundancia de Ciudad Quesada y Sifón de San Ramón, cuya construcción demandó 300 millones de dólares, es decir, 177 mil millones de colones (177.000.000.000). ¡Por Dios Santo!

Prácticamente, estamos hablando de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), 0.50%, en tan sólo 30 kilómetros.

Cada uno de esos 30 kilómetros costó, entonces, 5.900 millones de colones; y, cada metro construido, entonces, costo 5 millones 900 mil colones. ¿No creen ustedes que esto merecería un proceso de auditoraje político-público con urgencia?

¡Aquí no termina todo! Todo ese montón de plata “no alcanzó”. Según el Gobierno apenas se construyó el 80 por ciento de esos 30 kilómetros. O sea, estarían faltando 60 millones de dólares, es decir, unos 35 mil 400 millones de colones más. ¿Hay o no hay razón para pegar el grito al cielo? Algo se habría construido mal, repetimos y según nos cuentan. ¿Y los responsables?…

Ahora resulta que todo esto no es suficiente. Según dice el MOPT, el proyecto es llevar la carretera desde Sifón de San Ramón hasta San Miguel de Naranjo y, ¿adivinen qué? Que se requieren OTROS 300 MILLONES DE DÓLARES. Lo hemos puesto en letras mayúsculas procurando resaltar la magnitud de los dineros públicos en juego. ¡Quedamos, sinceramente, atónitos!

Otros 300 millones de dólares, haría que la inversión en esta obra pública vial ascendiera a un 1% del PIB, adicionándose unos 15 kilómetros más para alcanzar el punto final de destino, San Miguel de Naranjo. Hablamos que, de manera equivalente, esta obra representaría un 0.83% de todos los dineros que pretende recoger el combo-fiscal, ya ley de la República, No. 9635.

¿Quién se opone al progreso? ¡Nadie! Menos nosotros, sabiendo que de por medio en este tipo de construcciones de infraestructura pública media empleo. Sin embargo, somos del criterio de que estos procesos merecen gran auscultación pública.

Los fondos manejados por el Conavi a lo largo de los últimos tiempos, los poderosísimos intereses mega-corporativos relacionados con ellos y la necesaria función auditora real que se requiere, es parte de un todo integral de la discusión nacional del tema del déficit fiscal; misma que no se ha dado y que ocupa de un potenciamiento político del poder popular que sabemos que existe, pero que no está materializado ante la ausencia de conciencia plena de las personas responsables en cada faceta organizativo-política en la cual el mismo está latente.

Este escandaloso desastre vial multimillonario es una pequeña muestra de esa gigantesca parte del problema fiscal del país a la cual no se le quiere entrar pues, precisamente, ha de dejar en evidencia la naturaleza del perverso crimen social que ha significado la intensa y maléfica campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que ha representado el ataque virulento y descomunal contra el empleo público.