ANEP presentó accion de inconstitucionalidad contra la ley 9635

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó el pasado viernes 22 de marzo, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra de la ley 9635 conocida como Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas.

En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.

Desde el momento en que esta nueva Ley otorga al Poder Ejecutivo poderes de dirección y control sobre todas las instituciones de la Administración Pública, eso es, a nuestro juicio, violatorio de una serie de principios y normas constitucionales, como lo es por ejemplo, el principio de autonomía municipal establecido en los artículos 169 y 170 de la Carta Magna.

Recibido de la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP

De modo que el primer punto impugnado de la acción de inconstitucionalidad de referencia es el artículo 26 de la Ley 9635, en la medida que incluye dentro del ámbito de aplicación de esta Ley a las municipalidades y otras instituciones autónomas y entes descentralizados, sin tener en cuenta su nivel de autonomía política, administrativa y financiera.

A nuestro criterio la Ley 9635, contiene una serie de contradicciones con los principios constitucionales de autonomía de la voluntad, seguridad jurídica, progresividad de los derechos fundamentales, justicia tributaria, no confiscatoriedad de los salarios, derecho a la negociación colectiva, etc.

Se impugna el método de calificación, el cual es incierto para todos los funcionarios de la institucionalidad pública por ser el mismo arbitrario; y, además, al ordenar que el mismo será aplicado para todas las instituciones (incluso para las municipalidades), por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el cual será el ente competente para dictar las metas y planes de acción; buscando darle al Poder Ejecutivo, poder de dirección a las municipalidades y entes autónomos en materia de empleo público.

Es importante señalar que, incluso, la Ley indica frases como “con las salvedades correspondientes”, ambigüedad que –eventualmente-, le permitiría a la Administración desaplicar las reglas en el caso que quisieran, violentando la inderogabilidad singular de la norma, pudiendo fundamentar cualquier caso de excepción con dicha “salvedad”.

Se acusa, además, la inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad, al crear dos regímenes diferentes de prohibición: uno remunerado con el 65 % para algunos funcionarios de la Administración Central (que incluye a los del Ministerio de Hacienda), mientras que a aquellos que se regulen por leyes especiales les remunerará un 30 % solamente.

También se cuestiona la constitucionalidad de las normas de metodología por evaluación y designación de anualidades nominales en los funcionarios, en la medida que, mientras el Estado se asegura de captar recursos porcentuales basados en el consumo, el aumento por anualidad permanece invariable en el tiempo, causando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente a los gastos; además de vincularse el mismo a la también inconstitucional decisión de obligar a denunciar convenciones colectivas, en las que se pudiera disponer cualquier otro acuerdo.

Otro punto impugnado es el tema de la prohibición que hace la ley 9635, de que se pacten mejores condiciones de trabajo por medio de la negociación colectiva.

Son muchas las normas dentro de la Ley 9635 que consideramos violentan el derecho de la constitución, su articulado y principios contenidos. Por ello es importante la actuación en contra de dichas normas, no solamente pensando en el perjuicio gravísimo contra los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, y la desidia ante el Derecho Internacional Laboral; sino que, también, por el menoscabo al Estado de Derecho, en que se le otorga al Poder Ejecutivo poderes irrestrictos sobre entes descentralizados en materia de empleo público, fomentando el deterioro de la institucionalidad democrática costarricense.

San José viernes 22 de marzo de 2019. Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.

25 conclusiones: Análisis del deterioro de las condiciones laborales a partir de la ley del combo fiscal

Luego del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, el pasado viernes 22 de marzo; la organización sindical elaboró 25 conclusiones sociopolíticas
del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica

25 Concluciones:Análisis del deterioro de las condiciones laborales a partir de la ley del combo fiscal by Yariela Novo on Scribd

Deuda pública: el obsceno pago de interese desbordante de toda lógica

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Hace unos meses la actual Ministra de Hacienda, señora Rocío Aguilar Montoya, empleó el concepto “obsceno” para referirse a la cuantía del costo de las tasas de interés que los inversionistas exigen a la hora de que el Gobierno les plantee que le presten plata.

Al considerar la monstruosa cifra del monto de la deuda pública que nosotros sostenemos es estrangulante de la economía nacional y, además, que no se puede pagar, el pago de intereses de la misma es, a la vez, obsceno también.

El pasado viernes 22 de marzo, con ocasión de la realización del Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), don Ernani Goelzer, integrante del Grupo Transparencia Nacional (GTN), abordó -aunque brevemente, por razones de tiempo-, el impactante tema del endeudamiento público y de su pago de intereses, haciendo énfasis en la tesis de la necesidad de una auditoría ciudadana al respecto.

En ANEP, que hemos estado abordando el tema hace ya bastantes meses, tratando de posicionarlo como uno de los ejes fundamentales de la lucha social y del proceso de sindicalismo sociopolítico que practicamos, los datos que nos da el GTN son realmente impactantes; casi al punto de hacer indescriptible la reacción que pudiera generar su conocimiento, en cualquier costarricense con un mínimo de sensibilidad social en estos momentos.

Que cada día del año pasado 2018, los intereses de la deuda que hubo que pagar ascendieran a los 3 mil 891 millones, 666 mil 666 colones (3.891.666.666), tiene una connotación obscena innegable para un país que está sufriendo los problemas sociales más graves desde la proclamación de la Constitución Política de 1949.

Prácticamente, son 4 mil millones de colones, ¡cada 24 horas!, el pago de intereses de la deuda pública, si nos dedicamos a leer con cuidado los datos del Grupo Transparencia Nacional, que nos indican de la cuantía de 3 billones de colones, como servicio de la deuda pública en el año pasado; de los cuales, un 46.7 % fue por pago de intereses; es decir, un billón 401 mil millones de colones (1.401.000.000.000).

Evidentemente, si tuviésemos una clase gobernante que hegemonizara todo su accionar en la promoción del bien común y de la integración social real, un paso trascendental a dar tiene que ser el de auditar la monstruosa deuda pública del país, misma que anda por alrededor de los 34 mil millones de dólares.

Los casi 21 billones de colones de colones de deuda pública, gran parte de la cual fue generada en los gobiernos de los partidos Liberación y Unidad (y ahora el PAC, que quiere aumentar esa deuda en 6 mil millones de dólares más); merece que la ciudadanía pueda tener la más real y transparente información de toda una acción política continuada desde la esfera gobernante de los últimos tiempos, para haber llegado a la trágica realidad de que se tenga que sacar casi 4 mil millones de colones diarios para pago de esos intereses, más que obscenos, que implica el monto actual de la deuda pública nacional.

Bien harían las universidades públicas que poseen el más elevado conocimiento académico-profesional del país, impulsar un proceso cívico-auditor de la deuda pública, involucrando en el mismo a las agrupaciones sociales más militantes en el tema.

Prácticamente es imposible que el estamento político-tradicional decida entrarle al tema, pues sería auditarse a sí mismo, desde el punto de vista de que es causante, en grado sumo, de esa erogación diaria de intereses; suma tan enorme por sí misma que podría estar supliendo cualquier cantidad de necesidades sociales cruelmente postergadas en cuanto a su atención integral y efectiva.

No menos crítica es la situación de tener la ciudadanía noción clara de los beneficiarios diarios de esos casi 4 mil millones de colones diarios de pago de intereses de la deuda pública; tanto del ámbito público como del privado y de las entidades de correduría financiera y jurídico-legales que intermedian ganando con ese pago de intereses tan obsceno. ¡Qué clase de tarea cívica tenemos por delante!

Así se vivió el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP

El pasado viernes 22 de marzo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró un exitoso Consejo Consultivo Nacional (CCN), con la presencia de más de 500 personas, en su mayoría dirigentes anepistas, así como invitados especiales, expositores, entre otros.

Auditorio de la Conferencia Episcopal a toda su capacidad

La actividad que se desarrolló en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica lució con un lleno total, abordando como tema central “El análisis sociopolítico del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica”.

Acciones Jurídicas contra Ley 9635

La ANEP ya inició con los mecanismos legales, para combatir la afectación que ya viven muchos trabajadores de diversas instituciones autónomas y municipales, así como las mismas instituciones, por lo que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.

En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.

Firma de la acción de inconstitucionalidad contra Ley 9635
ANEP presentó acción de inconstitucionalidad

Ley 9635: Impacto en el régimen municipal

Poco a poco va creciendo un sentimiento en el seno del conglomerado institucional municipal costarricense, de que su autonomía constitucional ya no lo es tanto. Es más, de que la misma ha sido eliminada al aprobarse la ahora Ley de la República No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas, aunque durante su confrontativa  tramitación político- parlamentaria, mediando una huelga de tres meses de duración, se le conoció popularmente como combo fiscal.

Aquí se evidencia la productiva campaña que las organizaciones sindicales desplegaron para tratar de que se comprendiera bien en el mundo municipal nacional, que la legislación del combo fiscal sería contraproducente para el devenir cualitativo de la figura de gobierno de la institucionalidad republicana que es más cercana a la gente: la municipalidad. Para la corriente sindical en la cual militamos resulta muy satisfactorio tener como resultado de la campaña cívica contraria al combo fiscal, que casi 60 concejos municipales del país se pronunciaran contra esta ley durante el tiempo de su tormentosa, tramposa y acelerada tramitación parlamentaria.

En este escenario, se presentó el libro “Ley 9635: Impacto del régimen municipal”, escrito por Edward Cortés García, abogado especialista en Derecho Constitucional quien se dirigió al Consejo Consultivo Nacional.

Consejo Consultivo Nacional de ANEP: Presentación de Edward Cortés García, especialista en Derecho Constitucional sobre la afectación de La Ley 9635 en el régimen municipal y las comunidades

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019

Presentación Edward Cortés García

Ataque sindical en sede parlamentaria

Otro de los temas analizados durante el CCN, fue el ataque antisindical que se desarrolla en la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical, esto luego de la huelga desarrollada contra el combo fiscal. En este punto el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo Rodríguez analizó el contenido de dichos proyectos de ley.

Esteban Calvo especialista en derecho laboral, analiza los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Estaban Calvo Rodríguez.

Aportes para una agenda fiscal patriótica

La preocupación por la actual situación fiscal del país es uno de los puntos principales en los que la ANEP ha puesto principal atención en los últimos años con propuestas concretas y claras, dando la voz de alerta de lo que se avecina si el país no implementa una verdadera justicia tributaria y un análisis a fondo de la deuda pública que mantiene el país. Esta última llegó a 34 mil millones de dólares, lo que significa el 40% del gasto anual del Gobierno Central (presupuesto público).

Ante eses escenario destaca la propuesta “Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica”. Además del acercamiento con el movimiento ciudadano denominado Grupo Transparencia Nacional (GTN), que busca impulsar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.

Para analizar el tema del déficit fiscal, el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP contó con la exposición del doctor en Economía, Luis Paulino Vargas Solís quien además funge como Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).

El economista Luis Paulino Vargas en el Consejo Consultivo Nacional de ANEP con la presentación "Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica"

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Luis Paulino Vargas Solís

También se contó con la destacada presencia de Ernani Goelzer, Director de ante proyecto del GTN quien detalló a la concurrida audiencia la necesidad de implementar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.

Presentación Auditoría ciudadana de trazabilidad de la deuda pública de Costa Rica en el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP a cargo de Ernani Goelzer, Director Anteproyecto.

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Ernani Goelzer

Aportes a la ANEP en la actual circunstancia

El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez fue otro de los invitados a este Consejo Consultivo Nacional donde tuvo la oportunidad de dirigirse a los anepistas para presentar una perspectiva constructiva sobre la actual situación de los derechos laborales en nuestro país y la necesidad de su defensa.

Consejo Consultivo Nacional: Mauricio Castro Méndez, Especialista en Derecho Laboral sobre la situación sindical en la coyuntura nacional

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Mauricio Castro Méndez

60 Aniversario ANEP

Como parte de las actividades de celebración de los 60 años de la organización se dio la presentación de la memoria histórica de la ANEP a cargo del historiador Adalberto Fonseca Esquivel, quién también presentó la portada de lo que será el libro “ANEP: 60 Aniversario”. Este podrá adquirirse dentro de poco.

Historia de la ANEP

Uno de los momentos emotivos de la actividad se dio al final del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, cuando los presentes celebraron los 60 años de nuestra querida organización.

Celebración 60 años

Compartimos el documento completo del Consejo Consultivo Nacional, el cual puede descargar en el siguiente enlace

Documento Consejo Consultiv… by on Scribd

Galería de imágenes

Representantes sindicales de Bomberos, Cruz Roja y Cuerpos policiales de ANEP crean alianza en busca de mejores condiciones laborales

La intención de los trabajadores en emergencias de primera respuesta, es decir; bomberos, cruzrojistas y cuerpos policiales es que se les mejoren las condiciones laborales debido al desgaste que sufren con la atención de cada emergencia.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP explica más detalles de la reunión.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP

¿Cuáles son algunas de las iniciativas que se discutieron durante este encuentro?

Eduardo Soto, Comisión Consultiva de Bomberos

ANEP reunirá a su dirigencia de base de los sectores público y privado mañana viernes

Al menos, 500 dirigentes sindicales de los actualmente 151 gremios aglutinados bajo la bandera de ANEP estarán mañana en el Auditorio de la Conferencia Episcopal

•El Combo Fiscal- Ley 9635: eje central del debate

Una cantidad de 500, o más, líderes y liderezas de los 151 gremios sindicales (seccionales), que hoy día se aglutinan bajo la bandera de la ANEP, estarán congregados este viernes, a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), para deliberar sobre las consecuencias negativas que tiene para la población trabajadora de este país la aplicación de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como Combo Fiscal.

Aspectos como rebajas salariales, reversión de derechos laborales, impuestos a la canasta básica, ausencia de reajustes salariales reales por costo de vida, deterioro del poder de compra del salario a partir de la entrada en vigencia del IVA, déficit fiscal, eurobonos, deuda pública y sus intereses fuera de control, la necesidad de una auditoria ciudadana de la deuda pública; estarán considerándose durante esta magna reunión, la primera de su nivel luego de la huelga del año pasado.

Se contará con relevantes intervenciones de prestigiosos especialistas, amigos de la ANEP, quienes darán valiosos insumos para la toma de decisiones sobre el accionar inmediato y mediato debe tener nuestra organización y sus aliados en las próximas semanas.

Se destacará la presentación de la acción de inconstitucionalidad elaborada por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, contra la indicada legislación, en sus más diversos aspectos de reversión de derechos laborales, así como la derogatoria que hubo de la autonomía constitucional del régimen municipal.

ANEP solicita separación de funcionarios de la CCSS investigados por la Fiscalía

•  ANEP respaldó y apoyó denuncia presentada en el 2012

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado a las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que separe de sus cargos a los funcionarios de la institución acusados por parte de la Fiscalía por influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

La solicitud de la ANEP nace del apoyo y respaldo brindado a la denuncia presentada en el 2012 por el ciudadano Daniel Muñoz Corea, economista y trabajador de la CCSS, la cual se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.

Incluso el 23 de diciembre del 2017, la ANEP envió una carta a la entonces Fiscal General a.í. Emilia Navas, solicitando  que se investigara con prioridad los graves hechos de presunta corrupción interpuestos contra altas autoridades de la CCSS.

En la carta enviada a la ahora Fiscal General le indicamos que “…la crisis de liquidez del Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y el estado de salud de un significativo número de asegurados”.

En otro párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la rentabilidad de este régimen de pensiones”.

Las personas imputadas son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.

Declaraciones brindadas por Daniel Muñoz Corea a la ANEP, en febrero de 2016, luego de comparecencia ante la Asamblea Legislativa por la misma denuncia.

ANEP responsabiliza el accionar de estas personas con la crisis financiera de la CCSS, así como el aumento del 1% en el aporte del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que impactó el bolsillo de los trabajadores.

En junio 7 del 2017, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó ante la opinión pública que 6 de esos 18 funcionarios denunciados aún ostentaban altos cargos en la institución.

1) López Vargas estaba en ese puesto y que sigue siendo, el director actuarial de la Caja.

2) Acuña Ulate: era el gerente administrativo de la Caja al momento de la crisis y ahora está a cargo de la Dirección Administrativo-Financiera de esa Gerencia de Pensiones.

3) Picado Chacón: Era el director de Gestión y Administración de Personal de la Caja y actualmente, se desempeña como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial.

4) Ugarte Brenes: Era el gerente financiero al momento de los hechos y hoy está pensionado.

5) Balmaceda Arias: era la presidenta ejecutiva de la Caja cuando se tomaron esas decisiones financieras sobre IVM y hoy está a cargo de la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios.

6) Garro Herrera: gerente de Pensiones en aquel momento y hoy se desempeña en un puesto administrativo en el Hospital San Juan de Dios.

El 12 de febrero del 2016 el denunciante Daniel Muñoz Corea, brindó una entrevista a la ANEP, luego de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa donde detalló todo lo sucedido en la institución.

“Esto es un espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso de defender la institucionalidad. Es una forma de que el Estado escuche a los que defienden al Estado; los trabajadores públicos que denuncian actos irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Desde la ANEP hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que este caso no quede impune y los responsables asuman las consecuencias del daño realizado a la seguridad social de nuestro país.

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A lo AMLO y a lo Corbyn

Estaremos ya en los albores de la caída del neoliberalismo? ¡No lo creemos! Sin embargo, hay que resaltar acontecimientos sociopolíticos relevantes que están ocurriendo en ciertos países que, de una manera u otra, marcan pautas y abren senderos. Comentamos ahora los casos de México y de Reino Unido.

Para el caso latinoamericano, lo que acaba de ocurrir en México, con el ascenso al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debe obligarnos a seguirle la pista en sus actuaciones y en sus decisiones, para quienes durante tanto tiempo hemos luchado contra el perverso, criminal y suicida-homicida “sistema” neoliberal.

Tan importante es lo que está pasando ahorita en el México de AMLO que la propia cadena de noticias CNN, vocería mediática oficial global del sistema neoliberal, ya ha empezado a poner a sus comentaristas a criticarle, descalificarle e, incluso, insultarle.

En nuestro país, el latifundio mediático del capital, la expresión más connotada del periodismo de odio en Costa Rica, también está publicando artículos siguiendo la matriz CNN. Los movimientos sindicales y sociales de nuestra amada América Latina tenemos que reaccionar al respecto.

Según varios reportes de la prensa alternativa que, muy eficientemente, se expresa por la internet, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pronunció un crucial mensaje a su país: “…Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada con una política económica de pillaje, antipopular y entreguista”. ¡Sencillamente impresionante!

El Presidente López Obrador propuso un plan alternativo post-neoliberal basado en ocho conceptos sobre economía, honradez y honestidad. Veamos (transcripción literal del documento al cual tuvimos acceso):

1. Honradez y honestidad.

2. La economía para el bienestar. “Pensemos que hay crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y el ingreso, que siempre pensemos en el desarrollo”, dijo.

3. El mercado no sustituye al Estado. “Esa fue una patraña para imponer la política neoliberal, el Estado tiene la finalidad de que mejoren las condiciones de vida de todos los mexicanos”.

4. No hay paz sin justicia. “Tenemos que crear políticas que atiendan a los jóvenes, adultos mayores y todos los ciudadanos”.

5. Regresar a conceptos como el respeto al derecho ajeno es la paz y el principio de autodeterminación de los pueblos.

6. No más migración por hambre o por violencia. “Que la migración sea opcional, no forzada, no por falta de oportunidades”, dijo.

7. La democracia que significa el poder del pueblo. “El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, por eso también es importante el que podamos dejar el principio de la revocación del mandato”, indicó el Presidente.

8. Ética, libertad y confianza. “Vamos al renacimiento de México, a la búsqueda del bienestar material y del alma, haciendo uso de la gran reserva de valores que tenemos en el país”.

Sin duda alguna y con semejante anuncio y con el planteamiento de esos ocho puntos antineoliberales, el mandatario mexicano va a ser excomulgado y echado de la iglesia del dios mercado.

Será catalogado como renegado y como hereje por creer, por ejemplo, que el crecimiento económico sin distribución real y justa de la riqueza ofende uno de los dogmas más sagrados de los adoradores del dinero y de la fácil acumulación de capital sin piza de moral alguna.

El otro caso que nos llama la atención y donde el neoliberalismo enfrenta cuestionamientos fuertes es el Reino Unido. La conocida y problemática del “Brexit” tiene que ver mucho con ello. Eso del “Brexit” parece de nunca acabar y la actual clase gobernante británica está como el dicho de esa canción ranchera que indica “porque estás, que te vas, que te vas y no te has ido”; dado que un día dice que se van de la Unión Europea, otro día que tal vez y todas las veces rechazan el plan de salida-divorcio de sus hasta ahora pares países de la UE.

Sin embargo, para efectos de lo que centralmente comentamos aquí, lo que podríamos llamar (y pidiendo respeto a ambos), el “AMLO del Reino Unido”, el señor Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista (y el cual podría estar a las puertas del gobierno en próxima fecha), anda por la misma senda del desafío al dogma neoliberal.

En la prestigiosísima publicación Le Monde Diplomatique (en español), de la edición del pasado mes de febrero, nos encontramos un artículo de primera página titulado “‘Brexit’ de izquierdas: una vía estrecha”; y leemos lo siguiente:

“Desde que Jeremy Corbyn asumiera las riendas del Partido Laborista en 2015, la formación ha retomado los combates que durante mucho tiempo había abandonado: renacionalizar los servicios públicos deteriorados tras su privatización, rehabilitar la inversión pública, en particular dentro del sector industrial para generar empleo; controlar las finanzas para que dejen de dictar su ley a la ciudadanía…”.

En nuestro país, el fracaso estrepitoso de los gobiernos sucesivos de la ahora tríada gobiernista PLUSC-PAC, bien matriculada con la ideología neoliberal, abre espacio para que “a lo AMLO y a lo Corbyn”, el pueblo costarricense se decida a una sustitución político-estratégica de quienes renegaron de los ideales nacionalistas ticos, de la real socialdemocracia y del verdadero humanismo cristiano para convertirse en adoradores del templo del dios mercado.

El Plusc-PAC hunde la economía y la deuda nos lleva al precipicio

El Ministerio de Hacienda, ideológicamente matriculado con el fundamentalismo macrofiscalista de sesgo neoliberal, según la hegemonía que ejerce en él su máxima jerarca, doña Rocío Aguilar Montoya, en representación de la tríada gobiernista Plusc-PAC y su máximo aliado político-sostén, el alto corporativismo de los “empresaurios”; nos da cuenta que durante los meses de enero y de febrero del presenta año 2019 el pago de intereses de la deuda pública consumió 122 mil 471 millones de colones (122.471.000.000).

Nosotros no confiamos de las cifras fiscales que dan los neoliberales. Creemos que puede ser mucho más la cantidad de plata que se le quita al pueblo costarricense para que este pague una deuda que, por un lado, nunca generó; y, por otro, una deuda que es impagable.

Esos 122 mil 471 millones es solamente por pago de intereses de la deuda impagable. Faltan los datos de amortización al principal, si es que los hubo en estos primeros 60 días del año.

Por eso tenemos que recalcar, una vez, que es urgente una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública y que todo el pueblo trabajador y sus diversas modalidades de organización, deben apoyar el esfuerzo que en tal sentido se promueve por agrupaciones de la sociedad civil y por algunos señores diputados, destacando nosotros el interés mostrado por el señor legislador don Wálter Muñoz Céspedes.

122 mil 471 mil millones de colones erogados únicamente para pago de intereses de la deuda pública en estos primeros 60 días del 2019, significa que cada día (cada 24 horas), se pagó 2 mil 41 millones 183 mil 333 colones (2.041.471.000.000).

Y, cada hora de estos 60 días de pago de intereses, hubo que entregar a los acreedores del país, 85 millones 49 mil 305 colones (85.049.305); acreedores que, por cierto, no sabemos quiénes son ni cuáles bufetes y/o corredurías de bolsa les representan.

Tal y como lo expuso en su más reciente estudio el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Costa Rica está en la más delicada encrucijada en cuanto a su situación fiscal-tributaria.

Lamentablemente, tal estudio que recibió la necesaria difusión mediática que se requería. Desde nuestra propia interpretación de este, muestra el fracaso estrepitoso de la política fiscal y macroeconómica de los sucesivos gobiernos de los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana; hoy coludidos-coaligados en una tríada gobiernista favorecedora del alto corporativismo gremial-empresarial, nacional y transnacional, como ha venido quedando demostrado en los últimos tiempos.

Lo peor de todo esto es que pretenden llevarnos por la ruta del suicido colectivo del endeudamiento público impagable.

Están chantajeando, otra vez, a la sociedad con la “necesidad” del proyecto de los eurobonos, para un nuevo endeudamiento de 6 mil millones de dólares más.

Rehúyen, de manera perversa y por motivos del interés corporativo que representan y defienden (amén su doctrina económica fundamentalista), enfrentar el grave problema del endeudamiento público por la única vía razonable que encontramos en función de la gente y no del negocio.

Es decir, entrarle duro (repetimos) a esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, por un lado; y, por otro, a impulsar todas las medidas político-legislativas para una corrección estructural del problema del déficit fiscal, mediando la aprobación parlamentaria de las diversas iniciativas de ley que han siendo venido formuladas para efectuar correcciones estratégicas en el sistema tributario, sin necesidad de nuevos impuestos, prácticamente.

Esa gente, la del PLUSC-PAC que nos ha hundido económicamente y que lleva al país al precipicio de la deuda pública, es la que sede ser desplazada del gobierno y del poder.

Esta es la tarea histórica pendiente por parte del pueblo trabajador. No queda mucho tiempo. Pensamos que, si logran patear la bola para adelante y se salen con la suya de ese nuevo endeudamiento de los 6 mil millones de dólares, para el 2021 la situación sería tan catastrófica que quedamos listos para un “rescate” por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), y/o del Banco Mundial. En tal sentido, ¡ya no habría más que hacer!

Violencia en contra de líderes sociales en América Latina: una perspectiva desde las juventudes trabajadoras

Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

Se está desarrollando en América Latina un fenómeno altamente preocupante, la violencia en contra de líderes sociales y la muerte de dirigentes con capacidad de incidencia es cada vez mayor. Costa Rica recientemente es testigo de uno de los crímenes más escandalosos de los últimos tiempos. La muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo Bribri y defensor de los derechos humanos de esta población.

La defensa del territorio indígena de Salitre y su enfática actividad en favor de sus derechos, parece ser la razón principal por la que se silenció la voz de un respetable activista en Costa Rica. La tierra de gente pacífica y del “pura vida” está siendo opacada por acciones repudiables, porque sus autoridades no son capaces de tomar medidas de prevención adecuadas; porque están más interesados en criminalizar la protesta social que en resolver el desarrollo de la criminalidad con políticas de prevención adecuadas. Se interesan más en aprobar proyectos de ley que cercenen derechos de las personas trabajadoras que en promocionar una buena política de seguridad.

Pero también, los elevados niveles de violencia en contra de líderes sociales en América Latina son una alarma objetiva que nos vienen advirtiendo, desde hace algunos años, el grado de descomposición social y el poco o nulo interés de los gobiernos por atender con acciones efectivas el problema.

La corrupción y la impunidad en sus distintos matices, a veces descaradamente expresa en otras, con extrema diplomacia, son una clara señal de que algo no anda bien. El silencio cómplice de los gobiernos nos lleva a sospechar si se trata de una problemática incluida en sus políticas de seguridad o si, por el contrario, la indiferencia responde a los intereses de ciertos grupos de poder.

La defensa de los derechos humanos de algunas poblaciones históricamente excluidas se ha vuelto una alternativa estratégica para que los gobiernos ganen popularidad, para que reciban ensordecedores aplausos en el escenario de las Naciones Unidas. Sin embargo, el salir a defender los derechos de ciertas poblaciones les debería obligar, por autenticidad o por decencia, velar también por los derechos de otros grupos que siguen siendo víctimas de injusticia.

Las personas jóvenes, aquellas que creemos que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos como lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos cuestionamos los motivos por los que las políticas de los gobiernos se enfocan en los derechos de unas personas e ignoran los derechos de otras, olvidando en la práctica la universalidad de los derechos humanos. La indiferencia, por ejemplo, con la que tratan la violencia en contra de lideresas o líderes sindicales es vergonzosa e injustificada.

El temor que tenemos las personas jóvenes, por hechos concretos que se han dado en la región, es que se llegue al extremo de averiguar si una persona agredida, una persona procesada judicialmente, o a cualquiera que defienda un derecho, es sindicalista o no. Pues de su respuesta dependerá si merece que se le haga justicia o si, por el contrario, la mora, la denegación y la impunidad serán la receta.

Resulta extraño que los gobiernos levanten la voz para condenar a otros gobiernos amparados en una supuesta defensa de derechos humanos, cuando las verdaderas razones son discrepancias ideológicas. Lo cual no niega que puedan existir violaciones de derechos elementales, pero la censura obedece a cualquier otro interés, menos al de velar por el bienestar de las personas.

Todos coincidimos en la necesidad de promocionar y defender los derechos humanos, la pregunta es: ¿Cuáles derechos humanos y para quiénes? Nos alegramos cuando a un grupo de personas a quienes históricamente se les ha negado el disfrute de ciertos derechos logran su reivindicación. Pero, nos preocupa el desarrollo de un pseudo-progresismo, que únicamente reconoce unos derechos y ataca a mansalva el derecho de otras personas.

El asesinato de 113 sindicalistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia durante el 2018 y 29 nuevos casos en lo que va del año; la muerte de Berta Cáceres en Honduras; el asesinato de más de 20 personas en Guatemala durante el 2018, entre ellas el secretario de conflictos del Sindicato de Embutidos Bremen, Tomás Francisco Ochoa y el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Villa Canales, Domingo Nach; el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda Ubau en Nicaragua y así, una serie de represalias y procesos judiciales en contra de personas que participaron de la reciente huelga en Costa Rica, es preocupante.

Todos estos casos y aquellos que, por una u otra razón no se logran citar, pero que también tienen el mismo valor y por los que se demanda igual justicia, constituyen un motivo suficiente para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se pronuncien y llamen a cuentas a los gobiernos.

Las personas jóvenes que tenemos un particular compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la búsqueda permanente del bien común y con el fortalecimiento de los principios democráticos, exigimos justicia y el fin de la impunidad.