Categoría: Acción Sindical

– 80 % de los ingresos lo tiene el 16 % de la población – Formulamos convocatoria pública a acción gremial y laboral unitaria

1- Sin duda alguna, la clase trabajadora asalariada del sector Público se lanzará a las calles para defender su aguinaldo. En la misma línea se actuará para defender el presupuesto de los programas sociales destinados a la población más pobre de nuestro país. Las personas pensionadas cuyo ingreso depende del Estado, en tal condición, harán exactamente lo mismo: en la calle defenderán sus derechos.

2- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), formula un llamado unitario de emergencia, a todos los gremios, sindicatos y entidades laborales de los distintos sectores institucionales de la administración central del Estado y de sus entes adscritos a la misma, para que nos alistemos a las convocatorias de calle necesarias y enfrentemos, decida y contundentemente, de manera unitaria, mayores perjuicios, sufrimientos y congojas para quienes nada debemos con relación a la tan traída y llevada crisis.

3- Rechazamos, tajantemente, que los efectos de la crisis sean pagados por la clase trabajadora asalariada con empleo formal; que sean pagados por la clase trabajadora del mercado informal; que sean pagados por las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Ninguno de estos sectores es responsable del desastre fiscal que vaticina la señora Ministra de Hacienda, doña Jenny Phillips.

4- Por el contrario, se impone, es urgente, no puede postergarse, la imperiosa necesidad de una reforma tributaria estructural por el lado de la renta y que afecte, únicamente a las grandes fortunas, los abultados capitales, la concentración de la riqueza.

5- Es completamente inmoral, antiético, atentatorio de todos los valores sublimes del humanismo cristiano y de la justicia social, que (datos del Estado de la Nación), el 16 % de la población acapare el 80 % del ingreso nacional. Aquí reside la verdadera esencia de la crisis de ingresos fiscales que ya nos anunció la distinguida señora Ministra de Hacienda.

6- Existe un criterio muy fuerte, compartido desde varias visiones sociopolíticas y filosóficas, de que Costa Rica debe aumentar su carga tributaria entre un 2 y un 3 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), si queremos, como país, en verdad y con sentido estratégico, atacar de raíz la pobreza y propiciar condiciones para una recuperación de las sendas de la equidad en combate abierto contra el crecimiento de la desigualdad.

7- Nosotros insistimos en que ese aumento de carga tributaria debe ser por el lado de los grandes capitales acumulados bajo el alero de las políticas macroeconómicas y financieras de sesgo neoliberal, imperantes en los últimos cinco gobiernos.

8- Responsabilizamos desde ya y de manera directa, al señor Presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, de todas las consecuencias derivadas de esta fuerte crisis en las finanzas públicas.

9- A cambio de que se diera la aprobación del TLC con Estados Unidos, él se comprometió a propiciar la necesaria reforma tributaria que ello implicaba, absolutamente imprescindible por el impacto negativo en la recaudación arancelaria de ese tipo de TLC. Aprobado lo primero, “renunció” a lo segundo y hoy, su propia Ministra de Hacienda, nos indica las graves consecuencias en las finanzas públicas de esa “renuncia”.

10- Lo más grave del asunto es que la persona sucesora que don Oscar quiere dejar en el cargo presidencial, la señora doña Laura Chinchilla Miranda, ya anunció que la reforma fiscal no será prioridad en su eventual gobierno.

11- Así se lo prometió a uno de los poquísimos grupos ganadores (quizás, el principal), de las políticas neoliberales de los últimos años: la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Es más, se comprometió a dejar al señor Francisco de Paula Gutiérrez, en la presidencia del Banco Central de Costa Rica. Como sabemos, este ciudadano es uno de los principales ideólogos neoliberales, actor directo del proceso de concentración de la riqueza que sufrimos y que amenaza a la democracia costarricense.

12- En este escenario de cataclismo fiscal, según nos lo da a entender la señora Ministra de Hacienda, muestra toda su inmoralidad la aberrante “mordida” ofrecida al personal de JAPDEVA, a cambio de que acepten la privatización de los muelles de Limón y de Moín. La escandalosa pretensión de repartir casi 80 mil millones de colones entre 1.300 personas trabajadoras, merece la más contundente condena política y social.

13- Por tanto, es más que necesario un replanteamiento estratégico para propiciar un cambio de correlación de fuerzas a favor de los intereses de los sectores sociales, populares y medios, los grandes perdedores de un modelo de desarrollo excluyente, concentrador de riqueza y corrupto.

14- Nos encontramos en un urgente período de análisis con relación a las propuestas del Gobierno de la República para enfrentar, superficialmente, este grave problema, según nuestra perspectiva.

15- Nos referimos, por una parte, al préstamo por 500 millones de dólares que se pretende convenir con el Banco Mundial (expediente legislativo No. 17.452), para cubrir faltantes temporales de liquidez presupuestaria; y, por ende, la conveniencia o no, de que se financie gasto corriente con endeudamiento. En próximos días emitiremos nuestra posición oficial al respecto.

16- También, hemos venido analizando la iniciativa del Gobierno para gravar con un impuesto del 2 %, los ingresos totales de la actividad de los casinos, las apuestas electrónicas y las salas de juegos, con las excepciones de rigor por los fines sociales y benéficos de cierto tipo de estas actividades.

17- Por otra parte, será necesario establecer cuánto de la caída en los ingresos fiscales obedece a la implementación del TLC con los Estados Unidos, pues bien se alertó muchísimo desde el Movimiento Patriótico del NO al TLC que ello ocurriría con las reducciones arancelarias, muchas de ellas descomunales, establecidas en ese tratado impuesto al pueblo.

18- Finalmente, destacamos que sí existen opciones para enfrentar la crisis, sin castigar al pueblo trabajador en sus diversas categorías, sin castigar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

19- La propuesta de diversos sectores sociales sumamente representativos, “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, permite abrir espacios de diálogo social para encontrar salidas compartidas. Lastimosamente, el actual y ya saliente Gobierno, trató con desdén y con prepotencia nuestros llamados en tal sentido.

20- Como indicamos al principio, el escenario de la calle parece que emergerá de nuevo y en época electoral.

San José, sábado 19 de setiembre de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

ALTO A LA PRIVATIZACIÓN DEL A y A
VIERNES 18 DE SETIEMBRE PARO EN AUTOFORES

Las intenciones de los neoliberales en el Gobierno siempre han procurado la privatización del recurso hídrico, privatizar Acueductos y Alcantarillados. El cáncer de la privatización ya invadió A y A y servicios como vigilancia, corta, limpieza ya están privatizados. Ahora le toca el turno a DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS.

Detener el cáncer es de vida o muerte, ¿Quién sigue después de recibos?, ¿será lectura o cuál servicio seguirá? Es imperativo que todos y todas nos solidaricemos.

Juegan con nuestros trabajos, con el sustento de nuestras familias; pero, peor aún, pretenden que el recurso más importante de nuestro país, el agua, pase a manos de los grandes explotadores nacionales e internacionales.

No permitamos que el cáncer continúe. Apliquemos una inyección de patriotismo, de hidalguía y decoro, todos pero todos en A y A debemos solidarizarnos con los compañeros de recibos y el próximo viernes 18 de setiembre, en el mes de la Patria, a sumarnos al paro en defensa de nuestros trabajos y en contra de la privatización del A y A, para así sentar los cimientos que procuren que nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones gocen de agua en cantidad, calidad y distribución con tarifas justas. Las instituciones que tanto nos han costado y que tantos beneficios nos han dado, se defienden. Recordemos:

“Sepamos ser libres no ciervos menguados,
derechos sagrados la Patria nos da”

ANEP SIPAA SITRAA–

Los funcionarios, mal llamados de “jornales ocasionales”, han estado recibiendo su salario hasta con una semana de retraso, anteriormente hasta un mes se les ha atrasado el pago. Pese a que desde la semana pasada se realizaron gestiones para que se les cancelara a tiempo el salario esto no sucedió y no fue sino, con el paro y movilización de hoy, que lograron que les “prometieran” pagar en horas de la tarde.

No es nuevo y tampoco casualidad

Tanto para los trabajadores y trabajadoras de la institución, como para el sindicato, esta situación no es casualidad y más bien responde a un interés por ir privatizando poco a poco la institución.

Odette Carrillo, Trabajador de Jornal Ocasional AyA

Odette Carrillo Fonseca, trabajador de lectura de medidores en Paseo de los Estudiantes, aseguró que el atraso de sus salarios es una situación que tienen que estar afrontando cada vez que se acerca el día de pago, “eso nos pasa a todos los trabajadores de jornales ocasionales, nos atrasan una quincena, y si nos dejáramos nos atrasan un mes, además vivimos en la incertidumbre de si en tres meses más vamos a tener trabajo o no. Tenemos familia, hijos, hijas, esposos y esposas que esperan que llevemos el dinero para la compra de alimentos y pagar la casita, esta situación es realmente deprimente para nosotros.”

Carlos Monterrey, dirigente sindical de ANEP en AyA

Por su parte Carlos Monterrey López, dirigente sindical de ANEP y responsable de la atención de AyA, aseguró que lo vivido por los trabajadores de “jornales ocacionales” no es para nada casualidad. “Es una situación que siempre se da, habíamos previsto esto y realizamos las gestiones necesarias la semana pasada, no se resolvió y entonces nos vemos obligados a tener que realizar un paro y venir hasta las oficinas centrales a exigir el pago salarial atrasado, y con solo una llamada telefónica se resolvió en media hora”, dijo Monterrey y agregó que_ “esto refleja negligencia de parte de algunas autoridades de la institución y la falta de planificación para que esto no suceda, además debemos aclarar que el tema de los “jornales ociasionales” es serio, no se puede tener bajo este concepto servicios que son fundamentales para la institución como lectura de medidores, corte de servicios, entrega de recibos. Como sindicato hemos expuesto, a las autoridades de AyA, la urgente necesidad de resolver la situación jurídica de estos trabajadores pues consideramos que es inconstitucional, es ilegal.”_

Carlos Monterrey aseguró que “estos son los primeros pasos para privatizar, poco a poco, los servicios de AyA, el agua es fundamental para la vida humana, sin embargo se está convirtiendo en un negocio para algunos y ven en AyA la fuente de su riqueza”.

Por lo pronto a los mencionados trabajadores se les cancelará hoy por la tarde el pago atrasado de su salario, ¿qué pasará la próxima quincena o mes?

Rapi-notas 13

Esto dijo el señor Vargas Mejía: “Randall, como siempre…, que alejados de la realidad que se encuentran los sindicalistas, difiero de lo que dijo el respetable ex Ministro de Trabajo recientemente, la verdad el país estaría mejor sin sindicatos, en fin…” (¿?)
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Estimados compañeros y estimadas compañeras

El derecho de las personas trabajadoras a organizarse en sindicatos para defender sus derechos y buscar el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, es un derecho humano fundamental reconocido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano, aquellos que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad humana, y la libertad de sindicalización es uno de ellos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 23 punto 4) que: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses”.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que nuestro país es miembro, en su Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, ha declarado que: “todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:

a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y

d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.”

No obstante lo anterior, Costa Rica ha ratificado los Convenios 87, 98, 135 y la Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan la tutela efectiva del derecho humano a sindicalizarse y dichos convenios, constituyen ley de la República. De hecho, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 2313-95 de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995 indicó lo siguiente: “Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los intrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.

La Constitución Política de Costa Rica Constitución Política consagra en su artículo 60: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.”

Nuestro Código de Trabajo en su artículo 332 dice así: “Declárese de interés público la constitución legal de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense.”

Es claro que el sindicato no es sólo una organización que representa a las personas trabajadoras, sino un actor social, que expresa la identidad social de los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto y que se relaciona con el resto de los actores que interactúan en una sociedad.

La democracia es un elemento consustancial a la propia existencia del sindicato: sin democracia no hay acción sindical y a la inversa, en la esencia de la democracia se inserta la actuación de las personas trabajadoras a través del sindicato: sin libre actuación del sindicalismo no hay democracia.

La expresión del señor Asesor Legal no solo denota un desconocimiento absoluto del marco jurídico nacional e internacional que garantiza la existencia de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, sino también, una actitud absolutamente antidemocrática, puesto que en una sociedad democrática como la costarricense, los sindicatos somos actores imprescindibles en los espacios de negociación y diálogo social.

Además es importante transcribir una parte del párrafo No. 68 de la Constitución GAUDIUM ET SPES, promulgada por el Concilio Vaticano II (DICIEMBRE 1965), desde la perspectiva de los principios cristianos de justicia social.

“Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho de los obreros(trabajadores) a fundar libremente asociaciones que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. Por medio de esta ordenada participación, que está unida al progreso en la formación económica y socia, crecerá más y más entre todo el sentido de responsabilidad propia, el cual les llevará a sentirse colaboradores, según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del desarrollo económico y social y del logro del bien común universal.

“PUES EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO COMO EL VIGENTE EN COSTA RICA, NO PUEDEN VULNERARSE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS”.

¡VIVA EL SINDICALISMO!

Seccional ANEP-IMAS
Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP

PORQUE SIN SINDICATOS NO HAY DEMOCRACIA

Recomendamos su lectura:

Constitución Política de Costa Rica, Artículos 25 y 60
Código de Trabajo de Costa Rica, Artículo 332
Convenios Internacionales de la OIT ratificados por Costa Rica: 87, 98 y 135
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 8
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 16 y 23
Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales (Protocolo de San Salvador) ratificado por ley 7907 del tres de setiembre de 1999, Artículo 8

En el mes de julio se publicó en el diario oficial la Gaceta el Reglamento de disponibilidad laboral de los funcionarios del IMAS, el cual pretende de forma desvergonzada eliminar el pago de horas extras a las personas que firmen el contrato de Disponibilidad Laboral.

Es por ello que la seccional ha estado a la vanguardia de esta lucha, y se encuentra a la espera del criterio legal de la ANEP.

El sector más perjudicado de momento con dicho reglamento son los operadores de equipo móvil. Lo más interesante del proceso es que estos funcionarios conocen cuáles son las verdaderas intenciones de parte de la administración, la cual tiene como principal fin aumentar las cargas de trabajo, sin el pago de ley correspondiente a horas extras. Es por ello que muchos se han negado a firmar el contrato, situación que pone en aprietos a la Administración.

Lo anterior expuesto se fundamenta en el artículo 12, de precitado reglamento, denominado De las compatibilidades e incompatibilidades del régimen de disponibilidad:

“La disponibilidad es compatible con la dedicación exclusiva, prohibición y otros pluses que no están referidos a la materia que se regula o al horario de trabajo, pero sí excluye durante el tiempo en que se reciba el régimen de disponibilidad laboral el pago de jornada extraordinaria.”

Como Seccional nos parece inaceptable que la Administración apruebe un reglamento que violente lo estipulado en el Código de Trabajo debido a que por Ley el pago de disponibilidad laboral, no excluye el pago de horas extras, ya que son incentivos salariales de naturaleza distinta. La primera se paga como compensación a la situación expectante en la que se mantiene el trabajador (a) en su tiempo libre, y en el caso de las horas extras, se debe al trabajo realizado efectivamente por el trabajador (a) una vez finalizada su jornada ordinaria.

Dada esta compleja situación desde la Seccional IMAS ANEP,

exigimos:

! Sí al pago de horas extras,

! Derogación inmediata del artículo 12 del Reglamento de Disponibilidad Laboral!

! No a la intimidación de los trabajadores, para la firma del contrato!

Es criterio sindical, tanto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), que el Consejo Nacional de Salarios (CNS), como nunca antes, debe desarrollar una discusión de fondo, profunda, realmente efectiva, sobre la importancia de los salarios en atención a tres cruciales aspectos:

a) como factor redistribuidor de riqueza;

b) como factor que atenúe la velocidad que en Costa Rica presenta la concentración de la misma; y,

c) como factor, altamente dinamizador, del consumo y del mercado internos como elementos centrales para superar la crisis.

Tanto la ANEP como la CSJMP están trabajando ya en la elaboración de su propuesta para la indicada fijación; propuesta que se basará en las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.

Como se recordará, las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, fueron dadas a conocer al país al 24 de abril anterior y es una propuesta de sectores productivos, sociales y sindicales, sumamente representativos. Esta propuesta establece cinco medidas desde la Oferta de Trabajo Decente: el Fomento Productivo; y otras cinco, desde la Demanda de Trabajo Decente: Poder Adquisitivo y Capacidad de Consumo.

De cara a establecer en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), de cuánto será el aumento salarial en el sector Privado, nos centraremos en una propuesta basada en una política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos.

La ANEP y la CSJMP creemos que resulta imprescindible mantener el poder adquisitivo a partir de una canasta de consumo fundamental, lo cual requiere que los ajustes salariales no respondan a la inflación sufrida, sino que el costo inflacionario se reparta equitativamente entre empleadores y personas trabajadoras asalariadas, a partir de un aumento parcial de la inflación adelantada.

Se debe considerar que la capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial y de seguir ésta con un sesgo restrictivo, profundizará una mayor contracción del mercado interno, reduciéndose así las posibilidades de salida de la crisis.

San José, 16 de setiembre de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)

San José, 14 de setiembre de 2009.
S.G. 09-11-0108-09

Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia
Casa Presidencial
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Le saludamos, en primer término, de la manera más respetuosa.

Nuestros compañeros integrantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), han recurrido a esta organización con el fin de denunciar lo que estiman como un posible tráfico de influencias del Grupo ICE (específicamente, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., CNFL), ante la SETENA; en la figura de su Secretaria General, Ing. Sonia Espinoza Valverde.

La situación denunciada empezó desde los inicios del 2008, cuando la citada funcionaria, actualmente Secretaria General de la SETENA, siendo funcionaria del MINAET, habría buscado un acercamiento con la CNFL con el presunto fin de obtener una plaza de esta institución que hoy en día tiene un salario que ronda los 2.2 millones de colones mensuales.

Mediando un aparente apoyo de las altas autoridades del MINAET y, particularmente, del señor Jorge Woodbrige, Ministro de Competitividad y Mejoras Regulatorias, a través de un “Convenio de Colaboración Institucional” entre el MINAET y la CNFL, se dio una especie de préstamo de la plaza de la señora Espinoza Valverde de la primera entidad para la segunda, con el compromiso de que ella desempeñara sus funciones en la SETENA.

Lo irregular del asunto es que la mencionada servidora podría ocupar cualquier puesto dentro de la SETENA, siendo pagada por la CNFL, pero de ninguna manera en la figura de la Secretaría General de la institución, debido a que se incumple con este procedimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente.

Tal como se indicó, lo más grave del caso es que de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente, una funcionaria pagada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o por el Grupo ICE, no puede ejercer el puesto de Secretaría General de la SETENA.

Para ilustrar la situación, se señala el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ambiente que dice:

Artículo 85. Integración de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental estará integrada por los siguientes miembros: a) Un representante del Ministro del Ambiente y Energía, quien será el Secretario General.

Aquí se reafirma que el Secretario General de la SETENA no puede ser ningún otro funcionario de los demás miembros que componen la Comisión Plenaria de la SETENA. Al tener el Grupo ICE-CNFL un funcionario pagado con fondos de esta última (CNFL), se convierte en juez y parte y pone en peligro de nulidad actos asumidos por la señora Espinoza Valverde al ocupar un puesto ilegal, con visos de peculado eventualmente y bajo los intereses particulares de una institución cuyos proyectos impactan negativamente el ambiente, a juicio de muchos.

Para ser más claros, la CNFL tiene dos funcionarios en puestos clave de la SETENA: Uno en la Comisión Plenaria y otro en la Secretaría General; ambos claves en la toma de decisiones. La indicada comisión tiene, además, representación del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de las universidades estatales y del Grupo ICE.

Se comenta por parte de los compañeros de la SETENA que se habrían dado casos en los cuales el equipo técnico de la SETENA rechaza un estudio de impacto ambiental del ICE (como es el caso del PH Diques y otros); e, inmediatamente, se habrían girado instrucciones por parte de la señora Espinoza Valverde para que se cambie radicalmente y, en su lugar, se nombren otros profesionales que a la larga habrían terminado aprobando los estudios que otros compañeros habían rechazado. Algo parecido habría ocurrido con el proyecto PH Cote y otros. Presuntamente, esta situación también se habría presentado con proyectos piñeros entre Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Si bien es cierto a la ANEP en cuanto tal no le consta lo anterior, decidimos hacernos eco de la denuncia con la finalidad de que se investigue lo correspondiente para ó desestimarla ó certificar que las denuncias de nuestros representados son casos ciertas.

Finalmente, estima la ANEP que el despacho ministerial a su distinguido cargo, debe determinar y/o defina:

– Si el Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ing. Jorge Rodríguez Quirós, está enterado de esta situación.

– Cuáles son las personas integrantes de la Junta Directiva de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. que avalaron el pago del salario, hasta la fecha, de la señora Espinoza Valverde, para ocupar el puesto de Secretaria General de la SETENA, con probable favorecimiento a proyectos de interés de esta institución, la CNFL.

– Se solicite a la Contraloría General de la República estudiar este caso por las presuntas irregularidades que presenta y a la luz de lo que pareciera ser un sesgado convenio institucional.

Con la mayor consideración y respeto, agradeciendo que la respuesta a nuestra inquietud se produzca al amparo del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos despedimos muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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