Categoría: Incidencia

Estimado señor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Señor Ministro: Nuestra organización sindical ha estado recibiendo de parte de nuestros afiliados y algunos mandos superiores en los diferentes Deltas (Policías de Proximidad), así como de las regiones del país, informes en el sentido de que a partir del mes en curso se giró una directriz de Intendencia General, en el sentido de que se va a restringir, aún más, la cuota por alimentación y combustible en toda la Fuerza Pública.

Nos preocupa tal disposición, no solamente porque afecta la condición laboral de nuestros representados, sino que, además, se puede ver afectada la calidad del servicio de seguridad ciudadana, en momentos que el país reclama contar con una mayor vigilancia policial.

Consideremos que la alimentación es parte indiscutible del salario que perciben quienes laboran en la Fuerza Pública y, con mucho más razón, en momentos en que el Gobierno decreta ajustes salariales ridículos e insuficientes para la manutención de una familia.

Es obligación apuntar que antes de tal directriz, ya en una buena cantidad de delegaciones policiales, lo poco que se enviaba de alimentación, apenas medio alcanzaba para terminar la quincena; teniendo los policías que poner de sus escuálidos bolsillos para sufragar el costo adicional.

Deseamos que su autoridad nos aclare, además, si tales políticas tienen que ver algo con la directriz gubernamental de recorte del gasto público del 5.9% para las instituciones públicas.

De ser así, le rogamos indicarnos qué monto significa este recorte para el ministerio a su digno cargo, qué programas y en cuanto están siendo afectados y cómo repercutirá tal recorte en la ya alicaída seguridad ciudadana.

Además, le rogamos se nos informe si la restricción presupuestaria afectará los presupuestos destinados al pago de la deuda adquirida a raíz del ajuste del Riesgo Policial, en la Ley de Policía Civilista. Se debe a todos los policías un retroactivo de marzo del 2001 a la presente fecha.

El pago de este compromiso, impulsado por su autoridad como un medio para mejorar la condición laboral de los policías, es esperado con ansias por todo el personal de la Fuerza Pública.

Es de nuestro interés, poder dialogar directamente con su respetable autoridad, sobre los temas aquí planteados, por lo que le solicitamos con toda consideración se nos atienda lo más pronto posible en audiencia.

Sin más y agradecidos por su amable atención, se suscriben de usted cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Julio Soto Vargas
Responsable ANEP-Seguridad Pública

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensoría de los Habitantes de la República.
c.:Trabajadores y trabajadoras, Ministerio de Seguridad Pública.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Nos dirigimos a su autoridad con el objetivo de plantearle la necesidad de que esa Presidencia Ejecutiva atienda, a la brevedad posible, el siguiente planteamiento. La Junta Directiva de la CCSS recibió un oficio de nuestra organización, fechado 20 de setiembre del 2000, relativo a lo que consideramos son obligaciones establecidas en la Ley de Protección al Trabajador (LPT), para la CCSS y para otros entes públicos. Particularmente, en dicha misiva expresábamos algunas consideraciones político-jurídicas que recaen en la institución a su digno cargo.

En aquel momento nos resultó oportuno formular tal planteamiento, no sólo porque la ley señaló plazos de seis meses para tomar acciones concretas; sino, también, porque se estaban mostrando a la opinión pública las listas de patronos morosos.

Advertimos que nos parecía obligatorio para la institución una nueva estrategia para el abordaje de esta severa problemática, de inobjetables repercusiones sociales; además de lo peligroso que resultaría potenciar corrientes o tendencias que tiendan a relativizar, minimizar, descalificar, obviar u objetar las nuevas responsabilidades jurídicas que tal legislación otorgó a la CCSS para combatir la morosidad patronal.

Al recibir la Junta Directiva nuestro planteamiento, decidió dar acuse de recibo y se ordenó su traslado al ingeniero René Escalante, Gerente de División Administrativa, para que coordinara con los demás Gerentes de División y presentaran el respectivo informe a la Junta Directiva.

De lo anterior, durante los últimos dos años y lo que va del presente, no hemos siquiera recibido una comunicación formal de la institución sobre el asunto indicado. Nos preocupa que la CCSS esté hablando de la necesidad de realizar reformas al Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), sin haber implementado, de manera sistemática, los señalamientos que se concretaron en la LPT y que señalamos de seguido.

• AFILIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES: Los transitorios XII y XVIII de la LPT, establecen que los trabajadores independientes se afiliarán en forma gradual durante los primeros cinco años de vigencia la ley, para lo cual LA CAJA FORMULARÁ DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA LEY (el 18 de febrero del año 2000 entró en vigencia) UN PLAN DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO SOCIAL, EN EL QUE DEBERÁ ESTABLECER UN CRONOGRAMA CON OBJETIVOS ANUALES CUANTIFICABLES QUE DEBERÁN SER VERIFICADOS Y EVALUADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. Tal cronograma no ha sido elaborado, o bien no se ha dado a conocer a la opinión pública.

• COMITÉS DE VIGILANCIA: El artículo 39 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, crea los Comités de Vigilancia, integrado por representantes democráticamente electos por los trabajadores y los patronos, siguiendo el procedimiento del reglamento respectivo, ante el cual, la Caja y la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), deben rendir un informe anual sobre la situación actual y proyectada del régimen. A la fecha, que sepamos, LA CAJA no ha promulgado dicho reglamento y el Comité no se ha constituido.

• REGLAMENTO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS: De acuerdo al artículo 48 de la Ley Constitutiva de la caja, reformado por la LPT, LA CAJA debe emitir el reglamento para el cierre de establecimientos, sin que a la fecha lo haya hecho.

• CONTRIBUCIÓN A IVM DE EMPRESAS PÚBLICAS: El artículo 78 de la LPT establece una contribución de las empresas públicas del Estado de hasta el 15% de sus utilidades al régimen de IVM de la Caja. El monto de la contribución será establecido por EL PODER EJECUTIVO según recomendación que realizará LA CAJA CONFORME A ESTUDIOS ACTUARIALES. ¿Qué gestiones ha hecho la institución sobre este particular?

• ACCESO A INFORMACIÓN DE LA CAJA: El artículo 54 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que semestralmente LA CAJA debe poner a disposición del público en general de las organizaciones de patronos, trabajadores y asegurados, información sobre evolución general de la situación económica, financiera y contable, su programa de inversiones y proyecciones acerca de la evolución probable de la situación económica-financiera de la Caja y los niveles de cotización, subdeclaración, cobertura y morosidad. También la información sobre las medidas implementadas para el saneamiento y mejoramiento económico-financiero de la Institución, así como las medidas concretas y sus efectos en materia de cotización, subdeclaración, cobertura y morosidad. Finalmente, también la información estadística que fundamente la información antes indicada.

• ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA: Así mismo, la LPT reformó el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja, estableciendo nuevos mecanismos para la elección de los representantes del Movimiento Sindical en la Junta Directiva de la Caja, incluyendo la elección directa con criterios de representatividad de las organizaciones. Sin embargo, dejó la reglamentación de dicha elección AL PODER EJECUTIVO, no habiendo sido emitida a la fecha dicha reglamentación.

• CONTRATACIÓN PÚBLICA: El artículo 74 inciso 3 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que para participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública, se debe estar al día en los pagos de la seguridad social. De igual forma, los contratos respectivos deben incluir una cláusula que establezca como incumplimiento contractual el no pago de las obligaciones con la seguridad social. Al efecto, deberían solicitarse a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que aplique, si es que no lo está haciendo, dicha disposición legal, en su función contralora de la contratación administrativa.

• EXONERACIONES E INCENTIVOS FISCALES: El artículo 74 inciso 5 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que para el disfrute de exoneraciones e incentivos fiscales, se debe estar al día en los pagos a la seguridad social. De igual forma, es causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social. Al efecto, se debería solicitar a la DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, información sobre los procedimientos establecidos al efecto.

• MOROSIDAD ESTATAL: El artículo 76 de la LPT, establece que se debe incluir en el Presupuesto General de la República, recientemente presentado por el MINISTRO DE HACIENDA a la Asamblea Legislativa, la transferencia a la Caja de lo que resulte ser la diferencia entre 3 mil millones de colones y lo que en efecto gire la JPSSJ en acatamiento de los dispuesto en la Ley de Loterías, reformada también por la LPT. De igual forma, el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja, reformado por la LPT, establece que es obligación del MINISTRO DE HACIENDA, presupuestar anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado como tal y como patrono. El incumplimiento de tales obligaciones está penada con prisión.

• FORTALECIMIENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO: El artículo 80 de la LPT, establece una contribución del 10% de las utilidades del INS para financiar el régimen de riesgos del trabajo.

Dos circunstancias nos obligan a pedir a su persona gestionar ante la Junta Directiva de la CCSS una oportuna atención a esta gestión.

• La primera es que consideramos de vital importancia la implementación de las medidas que apunta la LPT.

• La segunda, que nos parece necesario que si se desea realizar reformas al Sistema de IVM, de previo deberá establecerse los mecanismos necesarios de información (rendición de cuentas) sobre el particular, que ofrezcan datos concretos de las acciones emprendidas de lo que la ley le ordena; que conlleven a relacionar, fuertemente, la ampliación de derechos con la cobertura contributiva y la sostenibilidad financiera del Sistema de Pensiones de la CCSS, especialmente de su Régimen Solidario Equitativo y Universal.

La anterior permeará la participación de las organizaciones de la sociedad civil y en el caso particular de la que representamos, reiteramos nuestro interés de participar; considerando que nos asiste la debida legitimidad para ello. Nuestra organización se encuentra trabajando seriamente en la elaboración de propuestas que vengan a ofrecer una posición que, eventualmente, puedan compartir las demás organizaciones sociales del contexto nacional y las autoridades del ámbito institucional.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensoría de los Habitantes de la República.
c.:Señores Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.

Nuestras opiniones se expresan con el mayor de los respetos y con la debida consideración para la investidura de los señores diputados y de las señoras diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC). Tanto en el bando que permanecerá dentro de ese partido, como en el separatista, existen personas de gran valía, de probada honorabilidad y de enorme sentido patriótico. Con todas ellas hemos mantenido una buena relación, de respeto mutuo, la cual queremos mantener.

Nos sentimos consternados por cuanto la división parlamentaria del PAC, en nuestro criterio, fortalecerá las posiciones políticas de la derecha política de este país; la cual, habiendo logrado el control, desde hace ya bastante tiempo, del bipartidismo histórico; se había venido mostrando temerosa con respecto al surgimiento de terceras fuerzas políticas; las que, de una u otra manera, pudieran poner en peligro el avance en la profundización del proyecto neoliberal para Costa Rica. La división que presenciamos es un duro golpe para la instauración, estable e institucionalizada, de lo que parecía ser la más real posibilidad de una verdadera tercera fuerza política en el país.

Los acontecimientos de las últimas horas en el seno del PAC, nos recuerdan la triste historia del hoy extinguido Partido Fuerza Democrática (FD); víctima de personalismos, oportunismos y ausencia de proyecto político claro. Quienes promovieron su colapso, hoy son, en su gran mayoría, verdaderos cadáveres políticos, pero arrastraron al abismo de la decepción política y el desencanto cívico, a no pocos ciudadanos y ciudadanas de gran honestidad.

Es opinión general de muchos analistas que el voto que recibió el PAC en las elecciones de primera vuelta del año 2002, fue el más crítico y calificado. Amplios segmentos de capas medias, por lo general de buena educación, le dieron su confianza, como juicio crítico contra el abandono de los ideales socialdemócratas y socialcristianos, por parte de los dos partidos tradicionales. Indudablemente, tales segmentos deben sentirse hoy, confundidos y decepcionados.

Ojalá nos equivoquemos y tengamos de rectificar; pero creemos que la fragmentación parlamentaria del PAC abre espacios para el avance de iniciativas peligrosas para el país; como por ejemplo, la práctica anexión de Costa Rica a los Estados Unidos de América, vía el Tratado de “Libre Comercio” (así, entre comillas), entre esta gigantesca potencia y los diminutos países centroamericanos.

Expresamos nuestra preocupación por el futuro del país. La división parlamentaria del PAC refuerza la sensación que muchos tenemos de que Costa Rica carece, en los actuales momentos, de liderazgos políticos orientadores; que estamos en presencia de un gran vacío político; que no tenemos proyecto de país y que es totalmente incierto, el rumbo futuro de nuestra nación.

La razón del uso de los carros de la Asamblea Legislativa, como base para semejante decisión política, no nos convence. Debe haber razones profundas que por ahora no se conocen. Si bien es cierto no compartimos los “fundamentalismos de la galleta”, la realidad es que lo firmado, firmado está. Pareciera ser que se va institucionalizando una especia de cultura política, dentro de nuestra clase dirigente, de no hacer honor a lo que se firma.

Ya vimos como el propio Presidente de la República es capaz de deshonrar su rúbrica y por eso el grave conflicto que vivimos en torno al futuro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Somos testigos de los reiterados compromisos, firmas de por medio, de nuestros sucesivos gobiernos para ponerse al día con respecto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); compromisos siempre deshonrados.

Para algunos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa está de por medio en esta trifulca. Como sabemos, el emperador francés Napoleón Bonaparte dijo alguna vez que “París bien vale una misa”. En ese caso, nos preguntamos: ¿Estará este factor pesando para lo que estamos presenciando?

El PAC llegó a la escena política nacional cuando la mesa estaba servida: el gigantesco descontento ciudadano con el bipartidismo tradicional, había mostrado toda su potencia con ocasión de los eventos de la gran gesta cívica del combo del ICE, en el año 2000. El PAC abonó este terreno fértil del descontento y, súbitamente, conquistó 400 mil votos y 14 diputaciones. La gran visión estratégica de país apenas quedó perfilada y de esta suerte, su consolidación en el escenario político nacional, ha sido frágil, al punto de darse los acontecimientos de las últimas horas.

Finalmente, más allá de esta fragmentación parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), esperamos que el más profundo sentido patriótico impere en los dos bandos; de suerte que, aunque separados, hagan honor al contundente mandato de las amplias mayorías ciudadanas de este país: no más neoliberalismo para Costa Rica.

San José, 25 de febrero del 2002.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos

Rafael Moral Solano
Coordinador Nacional Adjunto

Estimado señor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Conforme al Artículo 27 de nuestra Constitución Política y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le rogamos nos brinde la siguiente información:

En la página 4 del diario La Prensa Libre, del martes 18 de febrero del presente año, se informa que en la CCSS no se aplicó la directriz gubernamental de reducir en un 5.9% los gastos del Estado. De seguido se apunta que por el cumplimiento de requerimientos de la Contraloría General de la República, se tuvo que ajustar el presupuesto en 17 mil millones de colones.

Nos alegra que esta importantísima institución haya quedado fuera de esa nefasta directriz gubernamental; no obstante, consideramos de la mayor relevancia que su autoridad nos indique con toda claridad y razonamiento, ¿porqué se tuvo que readecuar el presupuesto en 17 mil millones de colones y cuál será el efecto sobre los programas, proyectos o servicios que fueron recortados para hacerle frente a este requerimiento de la Contraloría?

También en dicha nota periodística se informa que la CCSS, para colaborar con la reducción de gasto propuesto por el Gobierno, procedió a recortar gastos superfluos. Le rogamos se nos indique, en detalle, qué tipo de gastos superfluos se recortaron y a cuánto asciende el recorte, según el tipo de gasto.

Por otra parte, favor indicarnos, del presupuesto o recursos financieros que la CCSS tiene previsto gastar para este año en consultorías y asesorías, así como el objeto de éstas.

Creemos oportuno hacer de su conocimiento que nuestra organización respalda todo recorte de gastos superfluos, tales como: comilonas, gastos de representación, viajes al exterior, uso abusivo de vehículos, asesorías y consultorías que bien pueden ser realizadas por personal institucional o con el apoyo y colaboración de otras instituciones del Sector Público.

Nos oponemos, resueltamente, al recorte del gasto publico irracional que afecte los planes de inversión institucional y, por tanto, la calidad y oportunidad de los servicios públicos.

Agradeciendo su gentil atención se suscriben de usted, cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Sres y sras Junta Directiva CCSS.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-CCSS.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras, CCSS.

Sr. Miguel Huezo Arias, Partido Unidad Social Cristiana, PUSC – Puntarenas
Sr. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Partido Liberación Nacional, PLN – Puntarenas
Sr. Peter Guevara Guth, Movimiento Libertario-Puntarenas

Señores diputados, con su venia y la de 28 diputados y diputadas más del Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, se aprobó en primer debate, el martes 29 de julio, el traslado de fondos del CONAVI, para cerrar el trato de la privatización del INCOP, negocio que se fraguó en la administración Rodríguez Echeverría.

No vamos a plantearnos aquí el asunto de la constitucionalidad o no de tal decisión. Esperamos y estamos seguros que un grupo muy importante de legisladores y legisladoras del PAC, Bloque Patriótico, Independiente Herediano y un grupo muy distinguido de legisladores y legisladoras socialdemócratas del Partido Liberación Nacional, harán la consulta constitucional respectiva.

Lo que si nos interesa, es que ustedes, señores diputados y sobre todo, considerando su condición de diputados de la provincia de Puntarenas, nos den respuesta satisfactoria a las siguientes preguntas:

Ya que con su venia y voto se ha fraguado el trato de este negociado, les rogamos nos indiquen que tienen ustedes previsto hacer, ahora como responsables directos de la privatización del INCOP, con los más de 500 trabajadores interinos ( los mal llamados ocasionales por la administración) que ya no tendrán ninguna oportunidad de empleo en Puntarenas. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar el hambre que el desempleo generará en estas familias, sobre todo considerando que estos no tendrán prestaciones ni mucho menos indemnización o paga por privatización?

¿Cómo tienen previsto sus autoridades, como responsables con su voto de la privatización del INCOP, resolver el problema de desempleo y frustración y pobreza que enfrentarán estas 500 familias?

Si estos trabajadores no tienen la condición de tales, según las autoridades del INCOP, y por tanto no recibirán prestaciones, ¿qué solución tienen ustedes para garantizar estos pagos a este grupo de humildes trabajadores porteños que por años han mantenido a sus familias con lo que ganan en el INCOP?

¿Dónde tienen ustedes previsto emplear a estos 500 trabajadores, para que sus familias no sufran el flagelo del hambre?

¿Dónde tienen previsto emplear a los más de 600 desempleados que generará la privatización de este puerto?

¿Porqué no se previó en esa reforma presupuestaria, tal y como la ANEP lo indicara, la paga de todos los años de servicio que debe pagársele a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que serán despedidos por el INCOP? Tengan claro que en los procesos de reestructuración o modernización se pagan todos los años de servicio y no hasta trece como se pretende en el INCOP. No entendemos porque sus sabias personas no resolvieron este asunto, presupuestando de una vez los recursos necesarios para atender este derecho de los trabajadores. En todo caso la suma que falta para cubrir, conforme a derecho, las prestaciones de los trabajadores son unos dos mil millones de colones más.

Ustedes señores diputados, deberán responder ante estas familias puntarenenses, que se quedan sin prestaciones, sin indemnización y sin empleo, todo para asegurar el cierre de un negocio fraguado en la administración Rodríguez Echeverría.

No obstante, acudimos e interpretamos el discurso que diera el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, para justificar su voto, donde dijo que su voto era un voto responsable. Le tomamos la palabra y ahora, esperamos que este diputado, que votó tan responsablemente, asuma la responsabilidad con estas familias puntarenenses; les resuelva, responsablemente sus prestaciones, indemnización y lo más importante, les ubique lo más pronto y urgentemente posible en un puesto de trabajo, donde puedan seguir llevando sustento digno a sus familias.

En todo caso, señor diputado, estas familias le estarán esperando en su casa en Puntarenas, ansiosos de escuchar de sus labios, las respuestas satisfactorias y responsables a estas preguntas, ya que para estas familias por se en su totalidad de escasos recursos, no tienen la oportunidad de pagar el traslado de sus familias hasta la Asamblea Legislativa.

No podemos concluir esta nota sin felicitar a los 22 diputados y diputadas que apostaron con su voto a defender la institucionalidad y el derecho al trabajo de cientos de familias puntarenenses.

Puede parecer evidente, pero debemos decirlo una vez más, las privatizaciones, han traído desempleo, hambre, pobreza y altas tarifas, en toda parte donde se han dado. RITEVE, no ha pasado un año y está pidiendo aumento de tarifa.

¿Cuándo aprenderán nuestros “políticos” de esta triste realidad? ¿Cuándo entenderán que antes de velar por un negocio, es inherente a los políticos y a la gente de gobierno, velar por la protección del patrimonio y el interés público?

JUNTA DIRECTIVA
Seccional ANEP-INCOP

Estimados señores diputados
Estimados señores diputadas

Nos ha tomado por sorpresa que el día e ayer, por la noche, se aprobara en la Comisión de Asuntos Hacendarios la iniciativa de la bancada oficialista para que mediante una norma presupuestaria, se trasladen fondos del CONAVI al INCOP para culminar la entrega a manos privadas de esta institución.

No nos sorprende la posición de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, puesto que fue en una administración de su partido, que se fraguó este leonino negociado. Lo que si nos causa sorpresa, es el voto favorable de los dos diputados y la diputada del Partido Liberación Nacional, puesto que en el primer debate la Comisión de Hacendarios estos tres diputados, manifestaron su oposición a la misma moción que ayer votaron favorablemente.

Nos preocupa que en una discusión de tanta trascendencia para el pueblo costarricense, como resulta ser la entrega a manos privadas del puerto por el que ingresa casi el 100% de la dieta alimentaria de todos y todas los y las costarricenses, quienes se dicen socialdemócratas, diputados y diputadas de oposición, se aparten de la ideología que predica su partido y sean cómplices de un negocio que sólo traerá mayor desempleo a la ya de por sí empobrecida provincia de Puntarenas.

También nos causa desazón la actitud de los liberacionistas, porque suponemos que un cambio de posición tan drástica, solo puede explicarse si han existido componendas politiqueras, tratos por debajo de la mesa, actitud reprochable que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que los dejaría en deuda con todos y todas los y las costarricenses que con su voto los llevaron a ocupar una curul en el Primer Poder de la República.

Por otra parte, nos llena de orgullo y de esperanza la actitud valiente y patriótica de los diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana y del diputado independiente Auténtico Herediano, que con su posición consecuente, de clara oposición a la venta del patrimonio nacional y a la corrupción, nos brindan una luz de esperanza y de oportunidad para esta patria.

Asimismo, sabemos que aún existen en el Partido Liberación Nacional, socialdemócratas de corazón y por convicción, y diputados y diputadas patriotas en le Bloque Patriótico, en Partido Acción Ciudadana, el Auténtico Herediano y el Renovación Costarricense, que aún luchan por preservar el Estado de bienestar que nos heredaron nuestros ancestros.

No podemos concluir sin increpar a los diputados y a las diputadas que en la Comisión de Asuntos Hacendarios consintieron su voto, que un bien público se privatice por la vía presupuestaria, quienes serán los únicos responsables de caos social que provocará la mal llamada “modernización del INCOP”. Limón es el ejemplo más claro de lo que decimos.

Junta Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Estimado señor:

Primeramente, le expresamos el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

En la sección “Nacionales” del Diario Extra, correspondiente a la edición del día miércoles 23 de julio en curso, en nota periodística titulada “RITEVE MANDA MÁS PAPELES PARA JUSTIFICAR EL AUMENTO”, se plantea la contratación de una consultoría para estudiar los papeles de RITEVE ya que el Departamento de Tarifas del MOPT fue cerrado.

Señor Ministro: Si bien es cierto que tal departamento tarifario del MOPT fue cerrado; también lo es, según lo tenemos entendido, que los profesionales y técnicos de ese departamento continúan laborando en la institución. De ser así, estos funcionarios bien pueden realizar los estudios requeridos y evitarle una erogación más al Estado, mediante la contratación de una consultoría externa privada.

En todo caso señor Ministro, de no haber personal idóneo en el MOPT para realizar ese estudio tarifario, el Estado cuenta con una institución especializada para realizar tales estudios, nos referimos a la ARESEP. Nuestro bloque de legalidad y, en especial, la Ley General de Administración Pública prevé el apoyo entre instituciones del Estado a fin de garantizar el bien común.

Tratándose de que las tarifas de RITEVE afectarán los intereses de cientos de nuestros afiliados y afiliadas que tienen vehículo automotor, nos parece correcto y oportuno que tal estudio tarifario lo realice un órgano del Estado, por la función y responsabilidad que éstos tienen en función de garantizar la protección del interés común.

No dudamos de la profesionalidad y ética de una empresa privada, pero si existen entidades públicas especializadas en la materia, porqué no recurrir a ellas.

Dado lo anterior solicitamos, respetuosamente, a su autoridad interponer sus buenos oficios a fin de evitarle esta erogación económica al Estado.

Si no es posible atender nuestra demanda le rogamos, conforme al Artículo 27 de la Constitución Política y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, responder las siguientes consultas:

Si en el MOPT no se dan las condiciones o no se cuenta con personal idóneo para hacer dicho estudio tarifario, ¿porqué no se le pide colaboración o apoyo a la ARESEP?

¿Cuánto le costará al MOP la contratación de una consultoría o asesoría externa?

Se nos facilite una copia del contrato mediante el cual se materializó la contratación de la empresa que se adjudique, así como la experiencia de ésta en asuntos tarifarios de servicios públicos.
Sin más y agradeciendo su atención se suscribe de usted, cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presiente de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Renán Murillo Pizarro, Director Ejecutivo, Transporte Público, MOPT.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial

Ingeniero
Alberto Dent Zeledón
Ministro de Hacienda
Su Despacho

Estimados señores. En el Diario Extra del jueves 24 de julio, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), señora Marta Zamora, denuncia que en documentos sobre consultorías de FUCE, aparece el actual Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (NCOP), señor Enrique Montealegre, percibiendo un pago de 20 mil dólares, suponemos que por una consultoría o asesoría, a fin de finiquitar la negociación laboral realizada en el proceso de modernización de ese puerto.

Sabiendo que el señor Montealegre, antes de ingresar a laborar en el INCOP, se desempeñaba como Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), nos permitimos, conforme al Art. 27 Constitucional y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitar la siguiente información :

Si conforme lo denuncia la diputada Marta Zamora, el señor Montealegre recibió pago de FUCE por consultoría o asesoría en función del proceso de privatización del INCOP, se nos notifique en qué fecha se dio este contrato y copia certificada del mismo.

Si el contrato se formalizó, tal y como lo plantea la diputada Zamora, se nos indique si a la hora de ejecutarse el mismo, el señor Enrique Montealegre ocupaba algún cargo público.

Si es compatible o no que quien ostenta un cargo público de jerarquía relevante en una institución o empresa del Estado, sea contratado o reciba paga de una fundación privada ó del Estado.

Copia del documento del trabajo realizado por la consultoría o asesoría del señor Montealegre al INCOP, si es que hubo tal contrato.

Lo anterior lo formulamos con el interés legítimo que tenemos como ciudadanos y como representantes de un grupo importante de trabajadores del INCOP afiliados a nuestra organización; además con el afán de que todo lo tratado en este engorroso proceso de privatización sea manejado transparentemente de cara a la ciudadanía y a la opinión pública.

Reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

c.:Sr. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo, INCOP.
c.:Jefa y Jefes de Fracción Parlamentaria Asamblea Legislativa.
c.:Sres Diputados, Sras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras INCOP.
c.:Archivo.

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE
ANTE EL PROBLEMA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO

Estimado señor:

Dejamos constancia por este medio de nuestro profundo repudio y rechazo a la unilateral y errónea decisión política impulsada por usted en el seno del Gobierno de la República, de proceder a una fijación de incremento salarial para el Sector Público en el presente semestre; desconociendo, completamente, a las distintas representaciones sindicales, profesionales y gremiales de la Administración Pública, organizaciones que son parte de la institucionalidad democrática costarricense.

En ninguna de las últimas cinco administraciones gubernamentales, pese a estar impregnadas de políticas económicas neoliberales como las que usted defiende, se había procedido a actuar de semejante forma. Se ha actuado peligrosamente, mostrando una intolerancia perversa, que, a la postre, representará una factura política que será cobrada muy caro.

La negativa a discutir el tema, negándose a convocar, de manera oficial, a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, aparte de su carácter intolerante y prepotente, nos incrementa la sensación de desconfianza sobre las cifras hacendarias y económicas que difunde la cartera a su cargo. Recordamos cómo, en la gestión de su antecesor en el cargo, se caía en constantes contradicciones e inexactitudes, cuando se debatía el tema de la denominada Ley de Contingencia Fiscal.

Particularmente resulta altamente sospechoso la circunstancia de que usted ordenara el incumplimiento de uno de los principales puntos de dicha legislación, que obligaba a un reforzamiento presupuestario de la Administración Tributaria por el orden de los cinco mil millones de colones.

Para nuestras entidades, representativas de importantes sectores laborales del Estado costarricense, la política salarial de signo neoliberal va en contra de la estabilidad socioeconómica de las familias de la clase trabajadora costarricense. Particularmente, en el Sector Público, se pretende profundizar el desestímulo en el empleo, potenciar la sensación de indignidad laboral; y, con mayor énfasis, impulsar el nefasto postulado neoliberal de concentración de la riqueza, vía empobrecimiento salarial.

Algunas firmas privadas de análisis económico de gran credibilidad para usted y los que piensan como usted, sitúan el índice inflacionario al finalizar el presente año 2003, entre un 11-12 %. Esto quiere decir que los empleados públicos llegarán al año 2004 con una reducción salarial del orden del 4.5 – 5. 5 %; sin considerar el porcentaje de 2.12 que se acumuló en la presente administración, antes de la imposición última del decreto del 3.5 %.

Vistas así las cosas, es inadmisible permanecer callados ante semejante situación y desde ya dejamos claro ante su autoridad, ante el propio Gobierno de la República, ante los trabajadores y ante las trabajadoras del Sector Público y ante la opinión pública nacional, que no descansaremos e impulsaremos todos los esfuerzos a nuestro alcance, por todas las vías sin excluir ninguna, para que tal situación se tenga que discutir profundamente y se implante la verdadera justicia salarial que tanta hace falta para garantizar un clima de paz social.

Las organizaciones gremiales y sindicales del Sector Público demandamos la convocatoria de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, llamamiento que es compartido por el sentimiento de miles y miles de servidores públicos, altamente agredidos y difamados en los últimos años; ofendidos en su dignidad, máxime al comprobar cómo la política regresiva salarial de corte neoliberal, ha sido burlada por las contrataciones multimillonarias de las famosas consultorías; empleando agentes externos, vía lo que ya se conoce como el “Estado paralelo”, cuando en el Sector Público hay acumulado un alto conocimiento administrativo técnico y profesional, semejante e incluso muchas veces superior, al representado por el que exhiben los tan mentados consultores.

Reiteramos nuestro compromiso con la paz social, base esencial de nuestra convivencia democrática. No obstante, sus alteraciones presentes y futuras serán responsabilidad de la prepotencia, de la arrogancia y del autoritarismo; valores éstos que no son consustanciales con nuestro modo de ser costarricense y; como es obvio, de todo ello no seremos responsables ni los trabajadores ni sus legítimas organizaciones.

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de Costa Rica.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y trabajadoras del Sector Público.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial

Ingeniero
Alberto Dent Zeledón
Ministro de Hacienda
Su Despacho

Estimados señores:

Primeramente, les saludamos de la manera más atenta y respetuosa.

Con la facultad que nos brinda el Artículo 27 Constitucional y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, acudimos a sus respetables autoridades a fin se nos brinde la siguiente información:

Número y nombre de las firmas de las consultoras u asesorías que han sido contratadas y pagadas con fondos de las fundaciones CRUSA y FUCE.

Monto a que asciende el pago de cada una de esas consultorías y el propósito para lo que fueron contratadas.

Personeros de gobierno, asesores y/o funcionarios públicos que son pagados con fondos de estas fundaciones, tiempo de contratación y el costo o paga que se ha hecho a cada asesor o funcionario por los servicios prestados

Montos, recursos económicos o de otro tipo, que ha trasladado el Estado costarricense a estas fundaciones y en qué proyectos han sido invertidos esos recursos.

De qué organismos internacionales reciben fondos económicos estas fundaciones, a cuánto asciende esta ayuda y en qué proyectos se han utilizado dichos fondos.

Qué control tiene el Estado costarricense sobre el manejo de los fondos estas fundaciones.

Qué productos tangibles se han obtenido de la inversión de estos fondos y a qué sectores sociales y productivos se ha beneficiado.

Por qué el Gobierno no ha manejado o administrado directamente estos recursos; por qué se han entregado estos fondos públicos para que los manejen terceros.

Sin más y agradeciendo su gentil atención, se suscriben con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.