Categoría: Incidencia

¡Solamente en la calle seremos respetados!

Desplegando la fuerza de la dignidad que nos caracteriza, uniéndonos con firmeza y demandando respeto para con nuestra condición humana, echaremos abajo ese injusto decretazo salarial.

Un decreto se cambia con otro decreto. Ya ha ocurrido. En 1999, durante la administración anterior, de ingrato recuerdo, en una sola ocasión se emitieron ¡tres decretos!.

La fuerza la tiene usted. El poder lo tenemos todos juntos. Lo demostró la gente del ICE. Lo demostró el Magisterio Nacional. Nosotros mismos lo hemos demostrado en el pasado.

¡Sí hay plata!. Los miles de miles de millones en consultorías así lo demuestra. El salario del “cerebro” económico del actual Gobierno, de 1 millón 800 mensuales, así lo demuestra.

El peligro de nuestro empobrecimiento salarial está más claro hoy que nunca. Si nos dejamos ahora (incremento por debajo del índice de inflación), lo que sigue, en el corto plazo, es el congelamiento de los salarios; y luego, en el mediano plazo (el año entrante), el rebajo salarial. Así empezó Argentina y ya todos sabemos cómo quedó ese pueblo, particularmente, sus empleados públicos.

¡Alístese!. Salga a la calle en cuanto le convoquemos. Tenemos que ser miles para irnos frente al antiguo Banco Anglo (de donde se robaron millones que hoy, nosotros, el pueblo, todavía estamos pagando). Se ha demostrado: en la calle sí se nos respeta.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

Afortunadamente para el desarrollo de la democracia costarricense y pese a las lógicas y a veces conflictivas discrepancias que hemos tenido y que tendremos con su Gobierno, debemos reconocer que el actual Presidente de la República de Costa Rica, ha brindado respeto a las organizaciones de los trabajadores costarricenses, sean éstas de naturaleza sindical, cooperativista ó solidarista. Particularmente, en ANEP hemos sentido ese respeto y creemos necesario reconocerlo por esta vía.

Por eso le solicitamos que usted siga en esa dirección, apegado a la filosofía socialcristiana y, particularmente, a las enseñanzas del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia. Esta actitud suya servirá para que los infundios de ciertos líderes oligarcas de este país (difundidos por ciertos medios de comunicación colectiva que controlan y que siempre han expresado una aversión patológica para todo lo que huelga a organización social y, particularmente sindical), no encuentren eco en la abrumadora población costarricense expresada en la clase trabajadora; la cual mira como estos oligarcas y los lacayos asalariados que hoy le critican a usted, se han venido enriqueciendo aceleradamente, empobreciendo a las grandes mayorías de este país.

Le respaldamos totalmente en su actuación en el caso del destituido Ministro de Ciencia y Tecnología y ante usted dejamos constancia de que rechazamos, tajantemente, la peligrosa e insidiosa afirmación del hoy destituido jerarca, de que los sindicatos gobiernan este país; aseveración que expresa una injuriosa y peligrosísima provocación para alimentar las voces del odio de los oligarcas y sus amanuenses en los medios de comunicación que controlan.

Nosotros pensamos que todavía quedan dentro de su gobierno importantes jerarcas que responden a esos intereses oligarcas contrarios a la filosofía socialcristiana que usted profesa, Sr. Presidente. Esperamos que por el bien del país y de la necesaria restauración de los supremos valores de la idiosincrasia costarricense (el diálogo, la solidaridad, la equidad y la tolerancia), de una forma u otra, terminarán yéndose de su Gobierno como usted así lo ha indicado.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos.
c.:Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE).
c.:Movimiento Sindical Costarricense.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Licenciada
Patricia Vega Herrera
Ministra
Ministerio de Justicia y Gracia
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Luego de saludarla de la manera más atenta y respetuosa, enérgicamente protestamos ante su digna autoridad por la abierta actitud antisindical que están asumiendo vigilantes de la empresa privada que presta servicios de seguridad al Registro Nacional; quienes nos han indicado tener órdenes expresas de las autoridades de esta institución, de impedir el ingreso de representantes sindicales de la ANEP a dichas instalaciones, para efectos de distribuir material informativo al personal en los momentos en que éste ingresa a laborar; pese a que nuestros representantes se han identificado debidamente.

Los vigilantes indican que solamente pueden permitir el acceso al Registro Nacional en las condiciones apuntadas a los personeros del sindicato interno, situación ésta totalmente inaceptable para la ANEP, razón por la cual, respetuosamente, solicitamos a su digno despacho, como máximo jerarca institucional definirnos lo siguiente:

a- Cuáles han sido las supuestas nuevas directrices que habrían sido emitidas por las altas autoridades del Registro Nacional que impiden en acceso de la ANEP para la actividad sindical que promovemos.
b- Cuál es la posición oficial del despacho ministerial a su digno cargo, si es verdad lo que se nos ha indicado para entorpecer nuestra labor.

Como le consta a usted, señora Ministra, la ANEP desarrolla una labor sindical de alta responsabilidad, de gran seriedad y sobre todo, respetuosa; usted sabe que promovemos el diálogo y la negociación en todo momento y que nos caracteriza una fuerte actitud propositiva de evitar el conflicto hasta donde resulte posible. Usted es consciente de que esta es una actitud que nos caracteriza en todos los ambientes institucionales y así es reconocida por el propio Gobierno de la República en su ámbito global.

Lamentamos indicar que de ser cierta la disposición de impedir el acceso y el desarrollo del trabajo sindical de la ANEP en el Registro Nacional, tendríamos que defendernos en todas las instancias necesarias, administrativas, políticas y judiciales correspondientes, tanto nacionales como internacionales, pues estaríamos al frente de lo que la ley tipifica como PRACTICAS LABORALES DESLEALES.

No obstante, como hemos tenido el honor de conocerla a usted, tanto en sus posiciones políticas como éticas y de respeto profundo a la ley, tenemos la certeza de que usted no tolerará semejante atropello y no pondrá en riesgo las excelentes relaciones que hasta ahora se desarrollan entre el Ministerio de Justicia y Gracia y la ANEP.

Esperando una pronta atención a nuestro reclamo, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guido Fallas Monge
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

—-
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Dagoberto Sibaja Morales, Director General del Registro Nacional.
c.:Empresa privada prestataria del servicio de seguridad al Registro Nacional.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimados señores y estimadas señoras:

Reciban, en primer término, un respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Con suma preocupación nos hemos enterado que esa honorable Junta Directiva, integrada por sus estimables personas, habría contratado los servicios profesionales del Lic. Federico Brealey Echeverría, a fin de obtener de él asesoría en sus funciones como directivos de la empresa.

Según tenemos entendido a dicho señor se le cancelaría la suma de 250.000 colones mensuales por sus servicios y que en próximos días ustedes estarían valorando aumentar dicho monto por encima de los 300.000 mil colones

La ANEP considera esta situación desde todo punto de vista sumamente preocupante, toda vez que sabemos la institución cuenta con nueve abogados, por lo que la contratación de dicho licenciado parece no ajustarse a la política de reducción del gasto promovida por el Gobierno de la República. Con todo respeto, consideramos que más bien pareciera ser parte de los gastos superfluos que se denunciaron en los últimos días por parte de la ya hoy desaparecida “Comisión del Gasto Público”. Los integrantes de ésta han señalado, correctamente, que empresas e instituciones del Estado gastan millones de colones al año en consultorías, pese a que se cuenta con los profesionales pertinentes para que realicen funciones como en este caso; más aún si estimamos que es menos justificable cuando sabemos que dicho señor se estaría presentando a Junta Directiva sólo cuando es necesario y por breves espacios de tiempo.

Así las cosas les solicitamos, respetuosamente, dejar sin efecto dicha contratación. Nuestra solicitud la hacemos con el único fin de que los recursos públicos que con tanto esfuerzo ha logrado generar la empresa, a través del sacrificio y entrega de parte de los trabajadores y de las trabajadoras de la institución, sean empleados directamente en el mejoramiento de la calidad del servicio que se brinda al público. Bien es sabido que la gente que trabaja para Correos de Costa Rica, S. A., ha sufrido el cercenamiento de varios derechos laborales cuya eliminación es bastante cuestionable y contrataciones como la descrita, contando la institución con el suficiente personal profesional en el mismo ramo, representa un desestímulo y una fuente de gran desmotivación.

Esperamos una respuesta a nuestra solicitud, misma que solicitamos con base en el Artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Les reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guido Fallas Monge
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

—-
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Señores Gerencia General de Correos de Costa Rica, S. A.
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.
c.:Trabajadores y Trabajadoras de Correos de Costa Rica, S. A.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor Ministro:

Reciba un respetuoso saludo de la organización sindical que representamos. A la vez aprovechamos para manifestarle lo siguiente:

En el seno de la Asamblea Legislativa se ha estado discutiendo una modificación a la Ley 8341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2003, para autorizar transferencia de fondos del orden de ¢3.280.000.000 del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con la finalidad de que esta última institución atienda el proceso de “reestructuración institucional”, sea la privatización de los puertos a cargo de la misma.

Entendemos que con este dinero se cancelará a los trabajadores y a las trabajadoras del INCOP, una indemnización adicional a las prestaciones legales, por concepto de “desarraigo”; indemnización que, en un principio, se indicó que se cancelaría con el depósito inicial exigido a las empresas concesionarias de los carteles de las diferentes licitaciones.

La solicitud de transferencia incluida en la modificación en trámite no especifica que dichos fondos serán reembolsados al CONAVI por el INCOP, lo cual nos permite presumir que dicho monto podría no ingresar nuevamente a las arcas del Estado costarricense.

Además de este desembolso, el Estado como tal, deberá realizar mayores aportes económicos para que concluya el proceso de concesión de las terminales de los puertos puntarenenses. Lo anterior según los datos que exponemos a continuación:

Según una publicación del periódico La Nación, del 22 de octubre de 2002 (hace casi un año), el monto que recibiría el INCOP por parte de los consorcios que operarán tres de las terminales sacadas a concesión serían los siguientes:

El CONSORCIO CALDERA II – Operación de la actual terminal de Caldera – US$ 5.081.000 – Equipo actual del puerto – US$ 789.100

El CONSORCIO CALDERA I – Por construcción y operación de la terminal de granos
(¢3.280.000.000 transferencia CONAVI-INCOP) – US$ 8.201.000

SAAM – Concesión de los remolcadores US$ 4.000.000 – Costo de los remolcadores actuales de INCOP – US $ 2.006.584

TOTAL US$ 20.077.648

El costo total de la indemnización (“desarraigo”) de los trabajadores, según la misa publicación sería de $23.432.000

Los números anteriores evidencian que a octubre de 2002, el dinero que ingresaría al INCOP por concepto de pago de las empresas concesionarias, ni siquiera alcanza para cancelar el desarraigo; eso sin tomar en cuenta que al día de hoy los cálculos aumentan, puesto que si la indemnización se cancelará teniendo como parámetro la antigüedad de cada uno de los trabajadores, al día de hoy el monto es mayor, dado que hay un aumento de la antigüedad de los trabajadores.

En ese sentido tenemos que el Estado tiene que desembolsar, para completar las indemnizaciones complementarias por desarraigo, un total de US$ 3.364.352.

Además:

Prestaciones legales calculadas hace aproximadamente 1 año – US $ 8.000.000
Monto cancelado a la consultoría del proceso (Hamburg Port Consulting) US$ 1.141.893
*TOTAL: * US$ 12.512.245

Como vemos, el total de aporte del Estado a octubre de 2002, al proceso de modernización de INCOP ascendía a $12.512.245, o sea, aproximadamente ¢5.004.898.000.

Lo anterior sin tomar en cuenta que en el monto presupuestado para prestaciones legales se está calculando el pago con un tope de 13 años, pero resulta que en el caso de reestructuraciones en el Sector Público se debe cancelar todos los años laborados. Esto hará que se deberá atender esta diferencia en el monto de las prestaciones legales, generándole al Estado una erogación adicional de dinero que por la antigüedad de la gente que labora en la institución, implicará, al menos, unos ¢1.200.000.000 más.

Además, no se está incluyendo en ese presupuesto a los trabajadores interinos (denominados erróneamente “ocasionales” por las autoridades del INCOP) que al día de hoy ascienden a 550 personas, quienes también tienen derecho al pago del famoso desarraigo y de las prestaciones legales.

Además, señor Ministro, debe saber usted que en el Puerto de Caldera funcionan o prestan servicio una serie importante de empresas privadas, mismas que una vez entregado el puerto a los concesionarios deberán desalojar esas instalaciones. Nos preguntamos: ¿Se calculó ya por parte de su despacho y/o de las autoridades del INCOP, A CUANTO ASCIENDE LA INDEMNIZACIÓN QUE DEBERÁ PAGAR EL ESTADO A ESTAS EMPRESAS, ya que los servicios prestados por estas también fueron adjudicados en la concesión?; ¿cuánto más tendremos que pagar los y las costarricenses por este negocio?.

Evidentemente señor Ministro, esta es la realidad del gran negocio de la privatización del INCOP. Con cálculos modestos a octubre de 2002, el Estado debía desembolsar más de ¢5.004.898.000 para entregarle un bien público a un grupo privado, habiendo pagado prestaciones, indemnizaciones, sin trabajadores, sin sindicatos y sin obligaciones de inversión en modernización.

Consideramos señor Ministro, que las cifras expuestas evidencian que la privatización de INCOP no constituye más que un negocio leonino para el Estado costarricense, que lejos de dejar ganancia a todos y todas los costarricenses, nos deja pérdidas, puesto que pareciera que estamos pagando para deshacernos de una institución pública que bien administrada, produciría riqueza a la provincia de Puntarenas y al país en general.

Lo anterior resulta una contradicción ante el anuncio que hiciera su autoridad respecto al recorte de ¢30.000.000.000 en proyectos de inversión social, mismo al que manifestamos nuestra más enérgica oposición.

Respetuosamente le cuestionamos señor Ministro: ¿Por qué recortar en inversión social, deteriorando más los servicios públicos y las condiciones de quienes laboran en el Sector Público; y, por el contrario, destinar fondos públicos para favorecer negocios privados, como el que representa la privatización del INCOP?

Señor Ministro, instamos respetuosamente a retirar este presupuesto de la corriente legislativa, no sólo por su carácter inconstitucional, sino además por los vicios que mucha gente conocedora de la materia ha denunciado que contiene el proceso licitatorio, mediante el cual se pretende entregar esta institución al Sector Privado; además de lo leonino que resulta este negocio para el Estado a la luz de los altos costos económicos y sociales en que se deberá incurrir para concluir este “negocio”.

Le aseguramos, además, que nuestra organización sindical esta consciente y segura de que esta institución requiere con urgencia de un verdadero plan de modernización que debe ir a la par de un plan de contingencias, para permitirle invertir los recursos que produce en el mejoramiento de los servicios que presta.

En honor a la verdad, el Gobierno de la República debería intervenir, inmediatamente, esta institución a fin de facilitar un proceso real de modernización, con la participación efectiva de todos los sectores interesados en sacar ese puerto del atolladero en que, irresponsablemente, lo han metido las últimas administraciones. Un puerto sana e intencionadamente bien administrado, en manos del Estado, hará que la riqueza que produce no se la lleven las transnacionales y pueda ser el motor que con políticas públicas claras, empuje el desarrollo de la provincia de Puntarenas y el bienestar en general para todos y todas las costarricenses.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella. Presidente de la República.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Señoras Jefas y señores Jefes de Fracción Asamblea Legislativa.
c.:Señoras diputadas y señores diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Luís Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Organizaciones Sociales de Puntarenas.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

Asunto: Información sobre construcción de nueva torre
del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
(omisión de fuente)

Estimada señora Directora:

En primer término, un respetuoso saludo de la ANEP para usted y todo su grupo de colaboradores en tan prestigioso medio de comunicación.

En segundo término, le solicitamos nos indique las razones que tuvo la dirección de dicho medio televisivo de comunicación colectiva, para omitir la fuente de donde recogió la información referente a la construcción de la nueva torre médica de emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y de los serios problemas detectados en dicha edificación.

Debe usted saber que, inicialmente, en ANEP decidimos ofrecerle en exclusiva a ese medio noticioso el cual consideramos serio y responsable, dicha información. Por tanto tomamos contacto con el señor Jerry Alfaro, periodista de su grupo de colaboradores, quien se apersonó a nuestras oficinas, posterior que a solicitud de él mismo tuviéramos una conversación previa con la estudiante de periodismo Ana Victoria Montoya.

Consideramos prudente, dada la seriedad que pretendemos caracterice a nuestra representada, documentar a ambos de manera tal que no quedara la menor duda de las irregularidades que deseábamos denunciar. Nuestro único fin fue que se evitase inconvenientes posteriores a la población asegurada que hace uso de los servicios de ese importante centro médico; y, complementariamente, porque al ser construida con fondos públicos cancelados a una empresa privada que debe responder por un año por concepto de garantía. Nos pareció inaceptable que la CCSS deba correr con los gastos para subsanar los eventuales problemas que presenta la construcción indicada y que ustedes conocen perfectamente, gracias a la información que nosotros les suministramos.

Debe tenerse presente que, a pesar de que a algunos les moleste, consideramos nuestra actividad sindical más allá de lo meramente reivindicativo y procuramos ejercer una labor de fiscalización y de proyección social que nos lleva a involucrarnos en temas como el que nos ocupa en la presente situación.

Comprenderá que al no observar interés en editar una noticia de impacto nacional cuya información se la dimos en exclusiva a Noticias REPRETEL, nos ocupamos de averiguar el porqué no se pasaba al público. Esto nos hizo comunicarnos, nuevamente, con el periodista Jerry Alfaro, quien nos manifestó que él no observaba interés de la dirección para su difusión.

Ante la situación anterior decidimos tomar contacto con otro medio televisivo que si accedió a publicar la noticia, en fecha coincidente, con el inicio de la serie de reportajes que editó la señora periodista Carmen Navarro en las ediciones de Noticias Repretel, de fechas recientes, con quien en honor a la verdad nunca conversamos.

Llama la atención el hecho de que Noticias REPRETEL no advirtiera que fue la ANEP el medio por el cuál llegó a ese medio inicialmente, en forma exclusiva y de manera rápida esta información. Causa extrañeza la negativa que recibió el periodista Jerry Alfaro inicialmente y la amplia cobertura de la que tuvo posibilidad la periodista Carmen Navarro, por ser ambos del mismo medio. Conste que ambos profesionales nos generan un profundo respeto y sabemos que su ética periodística es incuestionable.

Esperamos que dicha circunstancia sea producto de la casualidad, lo cuál dudamos, por considerar que ambos periodistas se dirigen a esa dirección para recibir autorización en sus trabajos periodísticos.

Esperamos que no sea ésta una posición obstruccionista a nuestra representada, situación que de ser así, resultaría una actividad poco transparente y antitética. No quisiéramos interpretar que por los comentarios de su columna en un medio escrito, pudiéramos derivar el desarrollo de una especie de aversión a la noticia proveniente de la fuente sindical, especialmente si la fuente original es la ANEP. Todavía recordamos que hace cierto tiempo, por convocatoria suya, fuimos recibidos en su despacho y usted nos indicó la intencionalidad de su labor periodística dirigida a la denuncia pública, para lo cual usted consideraba que nuestra intermediación era fundamental. De ello pueda dar fe el otro compañero sindicalista presente en esa cita, don Rafael Angel Mora Solano.

En todo caso le enviamos nuevamente el disquete que inicialmente ofrecimos en exclusiva que contiene un trabajo muy serio de los trabajadores de mantenimiento y remodelación del Hospital Calderón Guardia; además de un compendió de notas que se han cruzado en la esfera administrativa de ese hospital.

Finalmente le manifestamos que a futuro esperaríamos mayor consideración cuando les ofrezcamos información, especialmente si lo hacemos en forma exclusiva al medio que usted dirige.

Sin más por el momento, suscribimos de su persona,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Geovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

—-
c.:Sr. Jerry Alfaro, Periodista de NOTICIAS REPRETEL.
c.:Sra. Carmen Navarro, Periodista de NOTICIAS REPRETEL.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Honorables integrantes
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)
Presente

Asunto: Acuerdo de Junta Directiva del A y A, sobre pago de peligrosidad.

Estimados señores y estimadas señoras:

Reciban, en primera instancia, un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Sobre el particular, nos permitimos formular de la manera más respetuosa nuestras observaciones de fondo, mismas que consideramos deben ser del conocimiento, tanto por las autoridades institucionales, como ese respetado cuerpo colegiado de carácter directivo que dio la aprobación.

Observaciones de fondo:

Primero: Deben de saber sus dignas autoridades que el documento referido a la peligrosidad solicitado por esta organización sindical para su debido análisis de contenido, estipulaba el pago por concepto de peligrosidad de un 5%; así como también un rango o grado de peligrosidad para las distintas ocupaciones; Es en estos términos que nuestra organización sindical respaldó decididamente, la propuesta de las autoridades institucionales, como lo hiciéramos saber en su momento tanto a la Gerencia General como a esa honorable Junta Directiva.

Segundo: La propuesta aprobada por la honorable Junta Directiva consta de dos novedades que no estaban en el documento que nos facilitaron para nuestro análisis; por consiguiente, expresamos de manera categórica nuestro desacuerdo en la aprobación de la peligrosidad por contemplar las dos siguientes variables:

a) La peligrosidad aprobada es, en la práctica, de un 4% y no un 5%. Valga decir que el 5% contemplado en la iniciativa, lo han vendo disfrutando por varios años los trabajadores del grupo ocupacional denominado personal de Alcantarillado Sanitario y que la propuesta lo que hace es incluirlos como parte de la lista de grupos ocupacionales analizado.
b) Además de ser del 4%, es aplicada de forma escalonada, hacia abajo, hasta llegar al 1%, según grupo ocupacional determinado por los autores del proyecto.

Igual ocurre con los trabajadores que manipulan y dosifican reactivos y sustancias tóxicas (trabajadores de plantas), a los cuales se les asigna un 2% de peligrosidad, agregando además lo omiso del estudio en cuanto a la exposición de estos trabajadores a las llamadas aguas crudas o aguas contaminadas.

Así las cosas, nuestra organización manifiesta su inconformidad por los términos en que fue aprobada la peligrosidad por la honorable Junta Directiva. No obstante, no caeremos en el error de inflexibilizarnos, solicitando que se mantenga el 5% fijo para todos los grupos ocupacionales. Por tal razón proponemos, respetuosamente, la siguiente propuesta:

Primero: Se aprobará el 5% para el personal de bodegas de reactivos químicos o sustancias tóxicas, así como el personal que manipula y transporta gas cloro y otros.

Segundo: se aprobará un 4% para personal expuesto a alto voltaje (mantenimiento), así como el personal que manipula y dosifica (operadores de plantas) y personal de laboratorio.

Tercero: Se aprobará un 3% para personal que realiza aforos y personal expuesto a alto voltaje (operadores).

Lo anterior tomado en cuenta que un 2% representa la suma de 2.000 mensuales en un salario base de 100.000 colones; y por consiguiente, un 1% representa la suma de 1.000 colones en igual salario base. Estos cifras, a todas luces no compensan en absoluto el riesgo de peligrosidad y el deterioro progresivo en la salud de las trabajadores y de los trabajadores de esta estratégica institución.

Finalmente le adjuntamos la propuesta aprobada, de tal amera que puedan establecer las diferencias en los rangos porcentuales, quedando a la espera de que esa honorable Junta Directiva acoja nuestra respetuosa propuesta.

De la manera más atenta y respetuosa,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Directivo Nacional
Responsable ANEP A y A

—-
c.:Lic. Everardo Rodríguez Bastos, Presidente Ejecutivo de A y A.
c.:MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General A y A.
c.:Lic. Manuel Molina Álvarez, Director de Recursos Humanos, A y A.
c.:Licda. Yolanda Salas Hernández, Jefa de Salud Ocupacional, A y A.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras de A y A.
c.:Archivo.

Estimado señor Defensor:

Primeramente, le expresamos el mayor de nuestros respetos.

Respetuosamente le solicitamos que, en uso de sus facultades, ejecute una intervención directa de su despacho sobre la Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a fin de rescatar esta importante Institución de lo que podría ser un profundo desorden administrativo que la estaría desangrando, según nuestra percepción.

Esta situación, señor Defensor de los Habitantes de la República, es producto de un ambiente de profunda irresponsabilidad que hemos venido denunciando, como es nuestro deber, desde hace muchos años, a través de los canales que establece la legislación vigente; y que ha dado como resultado investigaciones reveladoras por parte de la Auditoría General interna, de la Contraloría General de la República y hasta del Ministerio Publico, muchas de cuyas recomendaciones o actos finales no han sido acatados por las autoridades del ICT.

Uno de los factores que propician el clima de desorden es la frecuente ausencia de uno de los más importantes jerarcas administrativos. El señor Gerente de la institución, a contrapelo de lo que establece la Ley Orgánica del ICT (la cual determina sus funciones y labores específicas), ha dedicado buena parte de su tiempo a viajar, delegando, inconvenientemente, su autoridad y responsabilidad en la conducción administrativa.

Si se revisan los datos correspondientes a gastos de viajes en el ICT, podremos darnos cuenta de que el señor Gerente, cuya obligación fundamental debe ser la atención administrativa, ha participado en eventos y reuniones nacionales e internacionales que, presuntamente, no competen a sus funciones; y que más bien están relacionados con el nivel técnico y político, para lo cual existen personas encargadas y capacitadas, como los jefes de dirección y el mismo presidente ejecutivo.

Países como Guatemala, Cuba, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Belice, Puerto Rico, Canadá, Japón, son algunos de los destinos que ha visitado este funcionario, quien entre el 2002 y 2003 habría realizado, al menos, catorce viajes fuera del país, que habrían significado un gasto de más de doce mil setecientos dólares, o sea, más de cinco millones de colones, sin contar el consumo de la cuota de tiquetes aéreos del ICT y el costo de los viajes internos.

Ni aún con autorización de la Junta Directiva, creemos nosotros, se justifica que el señor Gerente dé prioridad a otras labores por sobre los deberes establecidos en la ley; menos en circunstancias tan difíciles y caóticas para la institución y para el sector turístico como las actuales. Desde hace casi siete años, la institución se ha visto inmersa en lo que el gerente ha llamado un proceso de “modernización” (que bien podría calificar como el más largo del mundo), caracterizado por múltiples desaciertos en su elaboración y altísimos costos de consultoría que ya alcanzan, en suma, casi treinta millones de colones.

Este proceso, que pareciera presentar una profunda incapacidad en las altas esferas administrativas en la Institución, ha tenido en vilo a los trabajadores de todos los departamentos, al punto de convertirse en uno de los factores más groseros de presión y desmoralización laboral que se han conocido en la institución; sumado esto al hecho de que desde hace siete años no se hace una verdadera recalificación de puestos, que es un derecho inapelable de los trabajadores, con el argumento de que se encuentra congelada por estar el ICT en proceso de reestructuración.

Además, por si lo anterior fuera poco, en este momento existen una serie de departamentos y áreas que no cuentan con presupuesto para el año 2003, al no estar incorporadas dentro del nuevo esquema institucional, aplicado ilegalmente pues no está aprobado por la Autoridad Presupuestaria. Durante seis meses la Dirección de Microempresas, el Area de Recursos Naturales (Análisis Administrativo), el Area de Coordinación, la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre (Trámites Legales) y el Departamento de Concesiones, han estado sin presupuesto propio, al no habérseles realizado su correspondiente Plan Anual Operativo, lo cual es inaudito en la administración pública. Esta situación viene afectando, profundamente, la moral y el rendimiento de los trabajadores, al no contar con los fondos expeditos para realizar sus tareas.

Urge por lo anterior que la Defensoría de los Habitantes de la República intervenga directamente según sus facultades, en la Gerencia del ICT y se realice un proceso de investigación rápido, profundo y objetivo sobre sus actuaciones, que por este medio estamos solicitando considerándonos tener el interés legítimo para ello y para lo cual, desde ya, nos ponemos a sus órdenes.

Agradeciendo su amable atención a nuestra solicitud, le saludan, respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Marco Tulio Picado Méndez
Miembro Junta Directiva Nacional

Rodrigo Herrera Rodríguez
Seccional ANEP-ICT

—-
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Junta Directiva ANEP-ICT.
c.:Trabajadores y trabajadoras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
c.:Archivo.

Asunto: EL INCOP NO DEBE PRIVATIZARSE

Estimados señores diputados y estimadas señoras diputadas:

Mediante una campaña a través de algunos medios de difusión masiva, entre ellos el periódico “El Heraldo”, las autoridades del INCOP han presentado a esta institución como una enorme carga para las finanzas públicas, que representa muchos gastos y que no genera ganancias. Este ha sido el argumento utilizado para justificar su venta.

Lo que no dicen quienes promueven la entrega del INCOP a manos privadas, es que en la Memoria Anual 2002, publicada por la Contraloría General de la República, se han difundido datos que demuestran todo lo contrario a esas manifestaciones; y que ponen en evidencia el estrangulamiento financiero al que ha sido sometida esta institución en los últimos dos años.

Procedemos a citar textualmente, parte del documento mencionado:

“El presupuesto aprobado al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), para el año 2002 ascendió a ¢6.012.9 millones. Los ingresos recaudados ascendieron a ¢10.678.3 millones, lo que representa un superávit de ingresos de ¢4.665.4 millones. Ahora bien, si se compara los ingresos recaudados con los egresos efectivos, que sumaron ¢4.892.5 millones, se generó un superávit adicional, vía subejecución de ingresos, de ¢1.120.4 millones. Lo anterior demuestra una clara tendencia a subestimar ingresos y subejecutar egresos, originando un superávit presupuestario de ¢5.785.8 millones, el cual es relativamente alto, y sigue mostrando una tendencia creciente si se compara con el obtenido en los años 2000 y 2001 de ¢1.845.8 millones y ¢3.037.7 millones respectivamente.

Si bien no existe una explicación clara para dicha situación, podría pensarse que se trata de una estrategia de ese Instituto para obtener recursos destinados a financiar la fase última del Proceso de Modernización y de Transformación Portuaria, lo cual no estaría mal, a menos que vaya en detrimento de los servicios que por ley le corresponde brindar a esa entidad, principalmente a importadores y a exportadores. Además, no sólo se debería satisfacer esa demanda sino que se deben de mantener los estándares internacionales de calidad del servicio y de las instalaciones, con el fin de sostener costos o disminuirlos, o simplemente para conservar un servicio con un nivel mínimo aceptable”.

Los datos anteriores nos permiten manifestar que el INCOP es una institución rentable para el país, que bien administrada podría generar y distribuir riqueza en toda la zona del Pacífico y sobretodo contribuir, sustancialmente, a resolver el seriesísimo y triste problema de desempleo que azota a Puntarenas.

No obstante, queda claro que con la finalidad de justificar el negocio que implica su traslado a manos privadas, se le ha impedido invertir y se han ocultado datos como los que fueron publicados por la Contraloría General de la República.

Señoras diputadas, señores diputados: Como es evidente, pareciera que no se pretende privatizar el INCOP porque sea una institución deficitaria e ineficiente, sino que la misma constituye, bien administrada, un lucrativo negocio. ¿Por qué entregarla, entonces, a manos extranjeras, a manos privadas?

Señores diputados, señoras diputadas: Respetuosamente les instamos a no prestarse al juego de los sectores neoliberales del Gobierno; a no prestarse al juego de las autoridades del INCOP; a no prestar su voto para trasladar a manos privadas un lucrativo negocio que, por mandato constitucional, debe estar en manos del Estado. Honorable legislador y legisladora: No preste su voto para regalar esta gallina de huevos de oro a los intereses privados.

Puntarenas se merece una oportunidad y este puerto, bien administrado, debe ser un generador de riqueza para todos los costarricenses, en general y para la gente de Puntarenas, en particular.

A los señores diputados y a las señoras diputadas de la provincia de Puntarenas, en especial, los llamamos a sumar esfuerzos para devolverle a la gente de esta comunidad porteña, la riqueza que produce y genera este importante puerto.

SECCIONAL ANEP-INCOP

Estimados señores:

Con base en el ordenamiento jurídico vigente, esperamos que este derecho de respuesta se nos publique íntegramente.

Dadas nuestras múltiples ocupaciones, es muy difícil para nosotros leer todas las publicaciones en que se nos alude, directa o indirectamente, para bien o para mal, así que hemos optado por revisar, únicamente, las más importantes. Un amigo común nos habló de la publicación del boletín electrónico “CyberPrensa” (“¿Qué…?”, La revista de opinión), en cuyo número 47 (semana del 30 de junio al 6 de julio del 2003), se habló de que “el ICE y ANEP fundarán partido político”. Sinceramente, nada más irrisorio, ridículo e irresponsable habíamos oído en los últimos meses, a raíz de la serie de movimientos sociales que han ocurrido en el país, dentro de los cuales, orgullosamente, algo hemos tenido que ver como representantes de nuestras respectivas organizaciones.

Para nosotros es comprensible la furia que en ciertos segmentos de la desgastada clase política tradicional ha causo el auge de la lucha social en Costa Rica, en los últimos años. Para fortuna de la democracia esta tendencia no solamente no retrocederá, sino que se incrementará, sensiblemente, como se verá en próximas semanas y meses. Dentro de tal auge, la mayor parte de los movimientos tiene y tendrá un carácter sindical y como es lógico suponer, los sectores económicamente poderosos y sus correspondientes servidores políticos tenían que reaccionar. Esto lo aceptamos porque es parte esencial del juego de poder en una sociedad democrática donde los intereses en pugna son cada vez más evidentes.

Lo que jamás aceptaremos es la mentira, la especulación irresponsable, la calumnia y la desinformación como arma de combate político. Mucho menos cuando tales actitudes en el sagrado ejercicio de la profesión periodística, se fundamentan en la más vulgar ignorancia, base esencial para la más peligrosa intolerancia.

Vistas así las cosas, la tendencia y pérfida afirmación de que el “ICE y ANEP fundarán partido político”, que se llamaría “La Tercera República”, es absolutamente falsa. En primer lugar, el “ICE” es una institución del Estado y, por tanto, no puede convertirse en partido político. “ANEP” es un sindicato cuyos límites de acción no alcanzan para incursionar en política electoral. Es obvio que esto ustedes lo entienden muy bien, como también es obvio la intencionalidad manipuladora del titular empleado para llamar la atención de su público lector.

Sabemos muy bien que el proceso de la “Tercera República” tiene muy molesto a los sectores de la derecha política reaccionaria del país y a algunos segmentos de la clase política tradicional que han convertido lo que debería ser el sabio y honesto ejercicio de la política, en trampolín recurrente para lucrar con la hacienda pública y con el tráfico de influencias que se puede generar en los puestos públicos de relevancia. La degeneración del sistema bipartidista tradicional no es nuestra culpa.

Si se hubiesen tomado la molestia de tan solo hojear qué es el proceso de la “Tercera República”, probablemente no hubieran caído tan bajo para descalificar un esfuerzo noble de muchos costarricenses de verdadera vocación patriótica, provenientes todos de diversas tiendas filosóficas, políticas y partidarias; incluso, del otrora socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), hoy trinchera electoral de grupos económicos tan fuertes como los que se sienten reflejados en “La Nación”, por ejemplo.

Si “Tercera República” ha generado tanta gritería, tanto desgarramiento de vestiduras, tanto insulto y descalificación, eso quiere decir que nos hemos apuntado bien, en cuanto organizaciones sindicales. Ustedes, con su vulgar manipulación informativa, nos dan un aliento inmenso para seguir adelante.

Atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Cédula No. 1-457-390

Fabio Chaves Castro
Presidente ASDEICE
Cédula No. 9-036-148

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c.:Junta Directiva ASDEICE.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.