Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Furia, enojo y amenaza de parte del Gobierno es lo que ha generado la avalancha de pronunciamientos de la casi totalidad de los concejos municipales, con relación a cerrarle el paso a la intromisión política e ideológica en el seno de los gobiernos locales de nuestro país, de varios de los más perversos contenidos de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159, la cual entró en vigencia el pasado viernes 10 de marzo de este año 2023.

Con base en lo que esa misma ley indica en su artículo 6, una a una, las municipalidades del país, a partir de la gestión directa de sus correspondientes organizaciones sindicales de base, han votado que para que la institucionalidad democrática representada en la autonomía constitucional del régimen municipal se mantenga; conforme a la historia republicana costarricense que tiene en la municipalidad, el gobierno más cercano a la gente, a la ciudadanía.

Dice ese artículo 6 de la perversa LMEP lo siguiente: “Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.

¡Y es que fue eso, precisamente, lo que pasó! Con una fuerte fundamentación jurídico-legal y constitucional, cada concejo municipal, en su carácter de ente público con autonomía de gobierno y organizativa, determinó que todo su respectivo personal trabajador, realiza funciones exclusivas y excluyentes: sus sectores operativo, administrativo, técnico y profesional. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella.

Ahora, haciendo gala de una prepotencia y una arrogancia repudiable, la jerarca política máxima del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), doña Laura Fernández Delgado, amenaza a toda la comunidad municipal de cada cantón de la República en doble vía: ir a tribunales (seguro, en sede contencioso-administrativa), para cuestionar cada votación concejal soberana adoptada en lo indicado en el artículo 6 de la perversa LMEP; y, lo que es más grave, aún, anuncia que bloqueará la aprobación de los correspondientes presupuestos municipales para el 2024, ante la Contraloría General de la República (CGR).

Doña Laura, apadrinada como es lógico suponer por el propio Presidente de la República, quiera saltarse la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, para así profundizar lo que en su momento significó la aprobación de la perversa LMEP, en el cuatrienio legislativo anterior, 2018-2022, cuando ocurrió, según nuestra visión, un Golpe de Estado parlamentario a nuestra Carta Magna.

Desde esta columna de plena Libertad Expresión que nos permite DIARIO EXTRA, alertamos a toda la comunidad municipal costarricense: a su personal trabajador y a las organizaciones obrero-sindicales que les representan; a sus autoridades políticas: alcaldía y concejos, regidores y regidoras, síndicos y síndicas; a las fuerzas vivas de cada cantón y, por supuesto, a sus partidos políticos aspirantes para las elecciones municipales venideras. Hay que cerrarle el paso a esas tendencias autoritario-totalitarias que pretenden hacer de la democracia en los gobiernos locales, una caricatura.

Hay algo más grave aún. Denunciamos que se va a entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI), la autonomía histórico-constitucional de los presupuestos municipales. Este Gobierno pretende comprometer el sometimiento de los presupuestos municipales a la lógica perversa de la Regla Fiscal, a un 15%, sino más. Una nueva delegación del FMI vendrá al país en próximas semanas y hay que estar en guardia. En realidad, esto es sumamente grave pues hemos notado como esa Regla Fiscal tiene en precariedad total a la Fuerza Pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado lunes 6 de marzo de 2023, en el seno de la Asamblea Legislativa imperó la dictadura del mercado total, esa que tiene un profundo desprecio por todo lo que huela a sector Público y, en especial, con fuerte carga de odio en contra de las personas trabajadoras asalariadas estatales. 

Únicamente doce personas legisladoras comprendieron la insensatez de exponer al país a diversos riesgos en momento en los cuales es bien sabida la fragilidad del propio sistema democrático-institucional, el cual muestra su deterioro por varios factores de gran peligrosidad; dentro de los cuales hay que destacar el avance del crimen organizado y del negocio sucio del narcotráfico penetrando, como ya es reconocido, los tres poderes clásicos de las democracias: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, dejamos expresa gratitud al señor legislador don Gilbert Jiménez Siles quien, con gran arrojo y valentía, osó desafiar el orden totalitario del periodismo de odio que pesa mucho en las decisiones parlamentarias costarricenses; tal y como lo vimos en el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando impusieron las nefatas leyes combo fiscal (No. 9635) y anti-huelgas (9808). Por cierto, ambas con fuertes acciones de inconstitucionalidad en proceso presentadas por la ANEP.

Don Gilbert presentó el proyecto de ley para extender por dos años más la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, legislación cuestionada por los cuatro costados y totalmente desprestigiada: solo creen en la misma en el seno del mercado total y sus adoradores por convicción y por salario.

A don Gilbert, del PLN, le acompañaron sus colegas de bancada parlamentaria, Dinorah Barquero Barquero, Francisco Nicolás Alvarado, Katherine Moreira Brown, Rosaura Méndez Gamboa, Sonia Rojas Méndez, en lo que nosotros interpretamos como un voto de ética socialdemócrata, misma en extinción en ese partido. La mayoría de la actual bancada parlamentaria liberacionista siguió la senda marcada en el período legislativo anterior por sus colegas de partido Carlos Ricardo Benavides Jiménez y Yorleny León Marchena, envenenados contra el empleo público a más no poder. 

Las otras seis diputaciones que optaron por la sensatez, la prudencia, la razón y la lógica en aras de la tranquilidad pública, la paz social y la seguridad jurídica del país fueron las del Partido Frente Amplio: Jonathan Acuña Soto, Rocío Alfaro Molina, Sofía Guillén Pérez, Priscila Vindas Salazar, Ariel Robles Barrantes, Antonio Ortega Gutiérrez.

Lo que sí queda muy claro para nuestra visión del desarrollo de la lucha social y sindical, cívico-patriótica, en el marco de las actuales condiciones político-económicas y sociales de la maltrecha democracia costarricense de la actualidad, es que la Democracia de la Calle ¡volverá!

Con mucho entusiasmo, estamos solicitando una audiencia a la señora Angie Cruickshank Lambert, a quien, recientemente, la Asamblea Legislativa le dio la gran responsabilidad de conducir la importante institución de nuestra nación conocida como la Defensoría de los Habitantes de la República.

Desde la corriente sindical en la cual militamos. y mediando una enorme cantidad de años de lucha por la justicia social, constatamos que Costa Rica está en abierto retroceso, está involucionando, está desvirtuando los nobles valores de los y de las patriotas que forjaron nuestra nacionalidad, teniendo como eje central de su diverso quehacer, la promoción del bien común y de la inclusión social y económica.

Al analizar el impresionante currículo de la señora Defensora, notamos, con mucho agrado, que tiene en el campo de los Derechos Humanos mucha formación y experiencia. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es nuestro criterio que la peligrosa ruta de la desigualdad que le han impuesto al país con políticas económico-fiscales que no priorizan en la persona, nos obligan a apelar a la doctrina y a los instrumentos de los Derechos Humanos, en especial, a los tratados que en la materia ha firmado el país y que tienen naturaleza supra-constitucional, para combatir, estructural e integralmente, con perspectiva de lucha social-sindical, el fenómeno criminal de la desigualdad.

Al menos, cuatro puntos le vamos a plantear a la señora Defensora y de cada uno, hay mucha documentación y justificación. Tome nota usted:

Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respecto a los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Declaración de Fin de Misión a Costa Rica: Tomoya Obokata, Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre formas contemporáneas de esclavitud.

La deuda pública de Costa Rica y su obsceno pago diario de intereses, relacionado ello con la persistencia de un sistema tributario doblemente perverso: injusto y corrupto vs. el crecimiento de la desigualdad.

Presentarle el documento-Acción de Inconstitucionalidad de la ANEP en contra de la Ley Marco de Empleo Público No. 10-159.

Cada uno incluye derivaciones de fuerte impacto socioeconómico y democrático-social que están poniendo en riesgo la calidad de vida y la vida misma de una elevada cantidad de habitantes de la República, costarricenses esencialmente; razón de gran peso como para que en la Defensoría de los Habitantes de la República logremos atención debida a nuestra preocupación, lo cual, por supuesto, no dudamos.

Y, como habitante de la República, en representación otros y de otras habitantes de la República, anhelamos intervención y respuestas de nuestras inquietudes a la Defensoría de los Habitantes de la República y su nueva autoridad, doña Angie Cruickshank Lambert.

Honorables señoras diputadas y honorables señores diputados: Es tiempo de la cordura, de la sensatez, de la razón, de la justicia y de la Paz. Enorme cantidad de argumentos de todo tipo aconsejan que el proyecto LEY POSPOSICIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, Expediente Legislativo No. 23.573, debe aprobarse. Solicitamos, con todo respeto, su voto, señoras diputadas y señores diputados y les damos estas cinco razones:

PRIMERA: Independientemente de la cuestión de fondo acerca del tema del Empleo Público y de la Reforma del Estado, se estima que este proyecto de ley 23.573 se presenta en un oportunísimo momento, considerando que es la prudencia la más atinada decisión que se puede tomar en circunstancias de gran vulnerabilidad multifactorial para la propia institucionalidad de la República y su Paz Social.

SEGUNDA: Muchas son las opiniones y los criterios que, desde distintos espacios del quehacer sociopolítico y hasta económico, vienen expresando grandes preocupaciones acerca de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, pues generará un grave caos administrativo y fuertes controversias jerárquicas intra e interinstitucionales; amén de un desasosiego sociolaboral de potenciales consecuencias negativas pues esta legislación, y su correspondiente reglamentación, son tan enrevesadas que, sin duda alguna, han de golpear más a una serie de servicios públicos que, de por sí, vienen sufriendo merma pronunciada de calidad por rigideces fiscales hasta irracionales en no pocos casos.

TERCERA: Esta Ley 10.159, en sí misma, aprobada a golpe de tambor, cargada implícita y explícitamente de contradicciones, inconsistencias, disparates, ocurrencias y muy pletórica de violaciones jurisprudenciales y constitucionales; nos lleva a la entronización de una especie de anarquía estructural, considerando las reacciones naturales de defensa socio-obrera y laboral, individual y/o colectiva que, como es lógico suponer, aflorarán ante amenazas a la estabilidad (ya de por sí endeble) de miles de hogares de familias trabajadoras asalariadas estatales.

CUARTA: La aprobación, irresponsablemente célere de esta ley, impulsada por una fuerte campaña ideológico-político-mediática cargada de odio de clase contra la clase trabajadora asalariada estatal, desdeñó no solamente consideraciones filosófico-históricas-políticas y ético-morales inherente a una concepción de Estado Social de Derecho; sino que, fue más lejos, con la transgresión abierta de compromisos internacionales consolidados por el país en materia de Derechos Humanos, e incorporados a nuestro sistema jurídico con fuerte peso supra-constitucional. Ábrase así, nuevas posibilidades de litigios desfavorables para el país con reparaciones mega-millonarias inimaginables ante gran cantidad de demandas contra el Estado costarricense.

QUINTA: Resulta imprescindible frenar la entrada en vigencia de una legislación como la Ley Marco de Empleo Público que violenta, haciendo alarde de una impresionante corriente de regresividad e involución jurídico-legal, aspectos fundamentales de los Derechos Humanos como el debido proceso, el principio de inocencia, la seguridad jurídica. Derogados éstos, la vulnerabilidad, la fragilidad y la subasta del empleo público va a adquirir grados desastrosos como los que se manifestaban en los tiempos anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

• La Costa Rica de la desigualdad.
• La Costa Rica que vulnera su más venerada institución: la Caja.
• La Costa Rica del acoso privatizador constante a sus más exitosas empresas públicas.
• La Costa Rica que destruye-vende-privatiza su patrimonio ecológico-ambiental.
• La Costa Rica de la doble moral en Derechos Humanos.
• La Costa Rica de la esclavitud laboral.
• La Costa Rica de violación diaria de derechos laborales, económicos y sociales.
• La Costa Rica que debilitó, perversamente, su política de inspección laboral.
• La Costa Rica de los salarios congelados y precarizados.
• La Costa Rica de la reversión de conquistas laborales.
• La Costa Rica del salario mínimo miserable que se escamotea.
• La Costa Rica del fraude fiscal-vergüenza internacional.
• La Costa Rica de la evasión fiscal-tributaria cotidiana.
• La Costa Rica del sistema tributario más perversamente injusto.
• La Costa Rica que dejó pervertir su régimen de zonas francas a favor del gran evasor nacional.
• La Costa Rica de una deuda pública impagable.
• La Costa Rica que paga intereses escandalosamente obscenos por esa deuda.
• La Costa Rica que está dejando a su juventud morir en la desesperanza.
• La Costa Rica del desempleo y de la informalidad.
• La Costa Rica que desfinancia y deteriora su otrora ejemplar sistema de educación pública.
• La Costa Rica de la violencia delincuencial atroz y su creciente cantidad de asesinatos diarios.
• La Costa Rica del narcotráfico, del crimen organizado y del sicariato.
• La Costa Rica de los feminicidios.
• La Costa Rica que está destruyendo su clase media.
• La Costa Rica que se polariza entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres.
• La Costa Rica de los poderes fácticos que no van a elecciones, pero imponen sus políticas.
• La Costa Rica del adoctrinamiento mediático cotidiano hacia la banalidad, el facilismo y la infantilización.
• La Costa Rica del búnker legislativo con su carga simbólica antipopular.
• La Costa Rica donde la gente vota, pero no elige.

…Y podemos seguir. ¡Hay más aspectos para plantear! ¿Qué nos pasó?

Lo que sí es contundente afirmar es que no fue la gente de abajo, ni siquiera la de en medio, la que nos llevó a este estado de cosas.

El rumbo que le ha impuesto al país la clase gobernante, de uno u otro signo partidario, durante los últimos 35-40 años, es a la que hay que someter al juicio de la Historia; siendo sus acusadores principales esos grandes hombres y esas grandes mujeres forjadores de nuestra particular idiosincrasia y de nuestras peculiaridades en la construcción de nuestra identidad nacional.

Es en este marco-escenario de la vida nacional de la actualidad costarricense que nosotros concebimos como el real sentido de las luchas sociales de hoy.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El presidente de la República y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señor Rodrigo Chaves Robles y señora Martha Rodríguez Esquivel, respectivamente, acaban de consumar el Golpe de Estado institucional que representó la ilegal destitución de las anteriores personas representantes de los sectores Cooperativo, Solidarista y Sindical como integrantes de la Junta Directiva de la CCSS (junto a otros directivos). Él y ella, profundamente molestos porque al personal trabajador de la Caja le fue honrada una deuda salarial por reajuste por costo de vida, la cual databa desde el 2019, se sacaron el clavo, cortándole la cabeza a quienes se encontraron como directivos de la Caja cuando asumieron el Gobierno y no hicieron caso de la directriz presidencial de traerse abajo ese pago salarial; pago salarial cargado de una profunda fortaleza jurídico-legal que, al final, se impuso y la clase laboral de la CCSS recibió lo que en pleno Derecho les correspondía.

Confesamos nosotros que varias de las personas directivas que, de manera ilegal, soberbia, prepotencia y autoritaria fueron destituidas por la dupla Chaves-Rodríguez, no eran gratas a nuestra propia visión sociolaboral de los desafíos de la Caja en las actuales circunstancias. Mucho más cuando las tres representativas de sectores sociales se opusieron a que en la CCSS se respetara, sin miramientos, el Derecho Humano y Constitucional al Salario Mínimo Inembargable. Particularmente, la persona destituida procedente del sector sindical había logrado su asiento en la Junta Directiva de la CCSS (para completar el período de nombramiento del respetado don Mario Devandas Brenes -q.d.D.g.-), en el nefasto gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, con sobrados argumentos, tenemos la convicción de que logró ese escaño directivo mediando una componenda con este señor.

Todas estas situaciones pasan a segundo plano ante la gravedad del Golpe de Estado presidencial a la Caja Costarricense de Seguro Social, con los nombramientos de facto que don Rodrigo y doña Marta han impuesto para sustituir a los ilegalmente destituidos representantes del Cooperativismo, del Solidarismo y del Sindicalismo.

En este último caso, el “ungido” para ser el nuevo representante del sector sindical es una persona de nombre José Luis Castro Vásquez, cuya trayectoria de defensa laboral es bastante “controversial” a juzgar por quienes le conocen de su presunta labor en favor de la clase obrera bananero-piñera. Lo que sí queda claro es que él no puede exhibir apoyo de ninguna corriente sindical del país, incluso, de las que entre sí mantienen fuertes discrepancias. Es decir, para todo el sindicalismo del país, el señor Castro Vásquez se sentará en el seno de la Junta Directiva de la CCSS de manera espuria. Sumamos nuestra voz a la amplia corriente de opinión en desarrollo de condena al errático proceder de la dupla Chaves-Rodríguez con relación a la intromisión abusiva, peligrosamente ilegal e inconstitucional, en contra de la autonomía de la más venerada institución por parte del pueblo costarricense. La actual directiva de la CCSS está sesionando en una profunda ilegalidad y son impredecibles las consecuencias de ello.

La Caja está sufriendo el más feroz ataque ideológico-político de toda su historia; ataque que se marca con toda crudeza desde el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando los neoliberales del grupo de Carlos Alvarado Quesada impusieron la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP). ¡Cuánta urgencia de construir acuerdos sociales para salvarla!

Poco más de 2 mil millones de colones al año le cuesta al país estar afiliado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); catalogada por algunos como “el club de los países ricos”, y por otros, como la “oficina de estadísticas más sofisticada y costosa del planeta”. Desde nuestras posiciones del sindicalismo sociopolítico, siempre hemos adversado que Costa Rica ingresara a tal ente, instalado en lujosas oficinas ubicadas en París, Francia.

Más bien, quien paga esa membrecía es el pueblo trabajador pues bien sabemos que en Costa Rica es la gente de abajo y la de en medio la que carga sobre sus espaldas la injusta estructura tributaria que azota a nuestra sociedad.

Estar en la OCDE obliga a, en promedio, un pago diario 5 millones 500 mil colones (5.500.000), plata que tendría mejor finalidad invertirla en tanta necesidad social descubierta y no en la burocracia parisina de la OCDE.

A nivel de la América Latina, la región más desigual del planeta, solamente 4 países se han metido en esa aventura de la OCDE: México, Colombia, Chile y Costa Rica. Los 4 tienen gigantescos problemas de exclusión social y de desigualdad económica. ¡Sí! Los 4, dado que nuestra querida Patria por esos extremismos fundamentalistas de la macroeconomía neoliberal, hoy es una sociedad golpeada por el doloroso flagelo de la desigualdad.

Colombia y Chile han sufrido, recientemente, potentes estallidos sociales que, incluso, generaron significativos cambios políticos en la conducción gubernativa de ambos países. México muestra una desigualdad espantosa y un poderoso proceso de crecimiento del control del Estado por parte del crimen organizado del narcotráfico. Y, Costa Rica, vivió en el período 2018-2022 fuertes tormentas sociales y sigue acumulando combustible para un estallido social a la colombiana o a la chilena. Eso es lo que nosotros vemos y percibimos desde el campo de la lucha social. Preguntémonos, en consecuencia: ¿para qué es “buena” la OCDE?

Nada nuevo nos vino a decir la OCDE en su documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023. Se está pagando la “consultoría” más cara de la historia nacional para que se siga intoxicando a la población de que la gente trabajadora asalariada del sector Público es la responsable del desastre de las finanzas públicas; de que el gasto público es malo per se; de que la regla fiscal debe imponerse a rajatabla; de que hay que ponerle impuesto al salario escolar y a las cooperativas; etc., etc. ¡Lo mismitico del recetario neoliberal clásico y extremista que tiene a la sociedad costarricense en la etapa más desigual desde la promulgación de la denominada Segunda República.

Lo que si nos queda suficientemente claro es que de parte de la OCDE nada bueno puede esperar el pueblo trabajador; ni el que labora para el sector privado ni para que el trabaja en la Administración Pública, mucho menos esa parte tan fuerte que es quienes están desempleados y/o en el mercado informal de la economía: casi el 50% de la población económicamente activa. Tampoco, el ya casi inexistente conglomerado social de la producción agropecuaria para el mercado interno puede esperar algo bueno de la OCDE.

Finalmente, un distinguido grupo de costarricenses le mandó una carta al jerarca de la OCDE que nos visitó, el Sr. Mathias Cormann; carta cuyo contenido, en términos generales, coincide con planteamientos socioeconómicos que venimos haciendo desde la corriente sindical en la cual militamos. Le recomendamos a usted que la lea y la puede encontrar en nuestro sitio web: www.anep.cr

Queremos ser contundentes: la regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social. Y, con base en lo que el diccionario define como “perverso”, podemos decir que la regla fiscal nos fue impuesta con mucha maldad y, conscientemente, buscando hacer el mayor daño posible a la sociedad.

De acuerdo a la serie de datos estadísticos socioeconómicos que han venido dándose a conocer en los últimos tiempos, los cuales indican del sufrimiento financiero y de las congojas económicas de la mayoría de la población del país; urge una fuerte flexibilización de ese mecanismo de control ideológico-económico de la inversión pública conocido como regla fiscal.

Convencerse de que ello es necesario no ocupa de grandes ejercicios mentales: sólo constatemos todo lo que concierne a la desigualdad carcomiendo el tejido democrático de la sociedad.

Creemos que es correcta la tesis del actual Gobierno al respecto, es decir, en cuanto que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla. Ahora bien, la magnitud, los alcances, los propósitos sociales, las entidades que “escaparán” de la misma (en todo, o en parte), debe ser una discusión muy participativa y no meramente un ejercicio político-tecnocrático que no estaría considerando las voces y las representaciones sociales involucradas, directamente, en el perverso mundo de la regla fiscal.

Ahora resulta que la tímida flexibilización de la regla fiscal que estaría defendiendo el Gobierno, es objetada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Por otra parte, entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal. Convencidos estamos de que la regla fiscal es, por tanto, una perversidad contra la misma Democracia.

El distinguido jurista don Manuel Hernández Venegas, reconocido abogado en los campos del Derecho Laboral y del Constitucional, ha escrito un artículo que tituló El gran desafío histórico, el cual apareció en la publicación digital SURCOS, de mucho prestigio en los ámbitos de la lucha social, cívica y popular costarricense. (https://surcosdigital.com/el-gran-desafio-historico/). Con base en su lectura, formulamos el siguiente comentario.

La magnitud del golpe que ha recibido la Democracia costarricense con la aprobación de la perversa tríada de legislación neoliberal números 9635, 9808 y 10159, aún no ha sido asimilado en toda su dimensión estratégica por toda la ciudadanía patriótica y sus diversas organizaciones, como para abrir el camino de la reconstrucción y reconfiguración de una nueva re-articulación tan necesaria desde el campo de lo popular para enfrentar sus consecuencias nefastas en el tejido social costarricense de la actualidad.

El combo fiscal, ley 9635; la ley anti-huelgas, 9635; así como la que asoma ya su perversidad material, la del empleo público, No. 10159, se concatenan entre sí, ideológicamente, para reversar-involucionar la ruta de integración social que el país había decidido transitar a partir del 7 de noviembre de 1949, con la entrada en vigencia de la Carta Magna todavía vigente.

Don Manuel pone el dedo en la llaga al instarnos a reparar no necesariamente en los contenidos de los correspondientes articulados de cada una de esas tres leyes; sino, en los criterios emitidos por la Sala Constitucional, denominados “opiniones consultivas” que tal tribunal emitiera en los respectivos procesos de tramitación parlamentaria.

Para él ocurrió una gravísima violación al presuntamente pétreo principio de separación de poderes y nos conduce a la lectura-reflexión del contenido del artículo 16 de la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

Y este principio se proclamó el 26 de agosto de 1789, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente francesa, la cual aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa; misma que tiene un valor universal, y constituyó la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1948.

A juicio de don Manuel, los pronunciamientos-opiniones consultivas de la Sala Cuarta, con ocasión del proceso parlamentario de la indicada tríada de legislación neoliberal, implicaron lo siguiente:

1) En primer lugar, una gravísima alteración del diseño constitucional y democrático de nuestro ordenamiento jurídico que, por una parte, lesiona el principio de independencia de Poderes; y, por otra parte, vacía de contenido las autonomías de las universidades públicas, CCSS y las municipalidades.

2) El desmantelamiento y menoscabo de los servicios públicos, a merced de la salvaje Regla Fiscal. Los servicios públicos son la infraestructura de la Democracia.

3) En tercer lugar, una grave vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora: el Derecho de Huelga y el de Negociación Colectiva. La Libertad Sindical es inherente a cualquier sistema democrático.

4) Se ha producido una seria lesión del derecho fundamental a un salario que sea suficientemente justo y remunerativo que, por lo menos, se ajuste al aumento del costo de la vida.

Don Manuel concluye en que, en los cuatro aspectos anteriormente señalados por él, está la esencia del proceder del actual tribunal constitucional de la República que ha vulnerado el contenido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que nos legó la Revolución Francesa. Para él se nos arrebató, de manera violenta, la Constitución de nuestra Patria, la del 7 de noviembre de 1949.

En varios de nuestros propios escritos hemos planteado que durante el período legislativo 2018-2022 ocurrió un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949. Este período fue el co-gobierno de los partidos Liberación, Unidad y PAC conducido por la “gerencia política” de Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República; co-gobierno que impuso la tríada de legislación neoliberal 9635, 9808 y 10.159.

Don Manuel profundizó y para él, según entendemos, el golpismo constitucional procedió de donde menos se esperaría, el propio tribunal constitucional que, se supone, debió salvaguardar la majestad de la separación de poderes universalmente postulada desde el 26 de agosto de 1789.

Don Manuel nos apunta con toda claridad y contundencia, por tanto, que el mayor desafío histórico que tenemos por delante es recuperar el Estado Social y Democrático. ¡Sin duda apuntamos nosotros!

El distinguido ciudadano economista, académico de la Universidad Nacional (UNA), don Leiner Vargas Alfaro, nos brindó mediante una comunicación digital de su autoría, información valiosísima para comprender, al menos, de manera muy general, elementos importantes acerca del negocio privado de la venta de medicamentos en el país.

Abordamos el tema a partir de la vehemente promesa electoral de campaña del actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, quien bajo el lema “comerse la bronca” generó no pocas expectativas de que su gestión gubernativa estaría centrada en combatir el altísimo costo de la vida que sufre la mayoría del pueblo costarricense; dada la existencia de notables monopolios y/u oligopolios que por la naturaleza de su poderío económico-político, desangran las finanzas familiares sin que hasta la fecha alguna autoridad les haya puesto freno pero de verdad.

Don Leiner nos da, para empezar, este dato espeluznante: el mercado del negocio privado de los medicamentos mueve en nuestro país, al año, unos mil millones de dólares ($1.000.000.000). Esto es casi 600 mil millones de colones, cerca de un 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Muchas preguntas surgen al respecto. Tan solo una: ¿cómo serán las declaraciones tributarias de las entidades corporativas que están participando en este gran negocio?

Y, aquí, en el plano de las entidades corporativos, don Leiner nos indica que, básicamente, son cuatro firmas las que controlan tal mercado del negocio privado de los medicamentos; especialmente, en sus respectivas fases productiva y comercial. Es decir, un clásico oligopolio en toda la extensión de la palabra y de su significativo político. De manera indudable, es este un gran poder de facto en el conjunto de las relaciones políticas del país.

Para don Leiner, la administración gubernativa actual no ha tenido las agallas suficientes para enfrentarse a ese “monstruo”. Nosotros creemos lo mismo. Y, en tal sentido, apelando a la famosa frase de campaña de “comerse la bronca”, nos da dos propuestas que, sin duda alguna, representarían gigante desafío a ese poder, pero de increíbles proyecciones para las economías familiares, especialmente las de la clase trabajadora.

Hacemos nuestro el emplazamiento de don Leiner al Presidente Chaves. Uno. “Cómase la bronca”, Presidente Chaves, autorizando que las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pueden comercializar, al menos, los 25 medicamentos de mayor demanda por parte de las clases populares y medias, estableciendo un pequeño margen de razonabilidad para apoyar las amenazadas finanzas de la Caja. ¿No es que estamos en épocas de competencia? Se pone al sector Público a competir con el privado en este ramo de la venta de medicamentos.

Y, alternativa o paralelamente, imponer una regulación-establecimiento del precio de esos 25 productos de modo tal que en las farmacias se cobre lo justo no lo especulativo.

Pero, sin duda alguna, la propia Asamblea Legislativa puede meter mano en el asunto. No puede permanecer mirando para otro lado. Podría este servidor pecar de ignorante por desconocer que ya hay una o varias iniciativas para bajar el altísimo precio de los medicamentos y que están presentadas para su trámite parlamentario.

Si así fuese, ojalá me lo aclaren. Pero, en todo caso, ese no es el punto. La clave es impulsar la legislación del caso para que, al menos, la Caja pueda vender esos 25 medicamentos fundamentales.

Sin embargo, soy escéptico. La desigualdad, la exclusión económica, así como la precariedad, el congelamiento y la pobreza salariales no parecen ser temas “sexis” de la actual Asamblea Legislativa.