Categoría: Opinión

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al terminar el presente año 2023, la práctica totalidad de la clase trabajadora asalariada del empleo público (con excepción de las municipalidades), llegará al cuarto año de congelamiento salarial absoluto: 2020-21-22 y 2023.

Ni un cinco partido por la mitad, por concepto de reajuste en el costo de la vida en los indicados años, han recibido los y las policías, el personal de Educación Pública, el del sector Salud y Seguridad Social (a excepción del personal CCSS), el funcionariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como quienes laboran en una serie de instituciones públicas dentro del Poder Ejecutivo y más allá de él; por ejemplo, instituciones autónomas y semiautónomas (con algunas excepciones).

El co-gobierno que hubo en el período constitucional 2018-2022, el de Carlos Alvarado Quesada (integrante del hoy casi extinto PAC), con el sostén político-ideológico del partido Liberación y del partido furgón de cola de los últimos gobiernos, la Unidad; se encargaron de imponer ese socialmente criminal congelamiento salarial en el empleo público que se está manifestando en dos modalidades.

Valga indicar que el actual Gobierno, Chaves Robles-Cisneros Gallo, tiene plena identificación con esas decisiones de política pública de carácter neoliberal en contra de la clase trabajadora asalariada estatal y las respaldan completamente.

Hoy les comentaremos la primera (más coyuntural), para la semana próxima abordar la segunda (más estructural). Ambas, perversas, por supuesto.

La primera: Se niegan a pagar el último reajuste por costo de vida para el sector público que se decretó en diciembre de 2019: 7 mil 500 colones a la base, que debió hacerse efectivo desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, no ha sido cancelado a cada una de las personas trabajadoras que laboran para las entidades indicadas en el primer párrafo de este artículo. La propia Procuraduría General de la República dictaminó que ese dinero, aunque no se haya pagado, es propiedad de cada persona empleada pública; que ya está incorporado al patrimonio personal, aunque el Estado no lo haya honrado a la fecha.

Por ejemplo, si usted es policía y lee este artículo tenga en cuenta que al terminar el 2023, el Estado ajusta 48 meses de 7.500 colones cada uno, de deuda a su favor; más, lo que corresponda a aguinaldo, salario escolar y otros sobresueldos por cada uno de esos 4 años de este congelamiento salarial socialmente criminal. Podríamos estar hablando de entre 400-500 mil colones de deuda per cápita. Y así, a cada persona integrante del Magisterio Nacional, de otros ministerios, etc.

La corriente sindical en la cual militamos está tramitando todo un proceso judicial a favor de que se honre esa deuda y habrá noticias al respecto en fecha próxima. No obstante, vamos a tener que acudir a la Democracia de la Calle para garantizar verdadera justicia.

Este congelamiento salarial socialmente criminal (tanto el que hoy comentamos como el otro del cual hablaremos la semana próxima), tienen una misma base-raíz totalmente falsa e ideológicamente perversa: responsabilizar-culpabilizar a la persona trabajadora empleada pública del desastre de las finanzas públicas del país. Nosotros -y otros-, hemos demostrado la infame maldad de tal acusación política.

Estas dos modalidades de congelamiento salarial socialmente criminal se incluyeron en las perversas leyes del combo fiscal (2018) y de empleo público (2022), ambas con acciones de inconstitucionalidad en trámite, pues en nuestro criterio contienen groseras violaciones a la Carta Magna de 1949 y a los tratados de Derechos Humanos firmados y ratificados por Costa Rica.

Abro comillas: “Quiero anunciar que me pongo a las órdenes del Ministerio Público para declarar sobre todo lo que sé al respecto de la empresa Beta Matrix que utiliza Leonel y sobre el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”. Cierro comillas.

Esas manifestaciones son de la señora Yafit Ohana Beladel, esposa del reconocido y hoy más afamado que nunca, banquero don Leonel Baruch Goldberg. Ambos sostienen una controversia familiar que ya es de amplio conocimiento público. Ella hizo tales manifestaciones del total dominio público por las redes sociales y han circulado por diversos medios de comunicación colectiva.

Don Leonel es, sin lugar a dudas, un personaje de renombre en el mundo de las finanzas costarricenses. Un caballero inmerso en los vaivenes del capital financiero nacional y, por ende, tiene muchísimo conocimiento del teje y maneje del mismo.

Como se habrán dado cuenta las personas lectoras que nos honran leyendo nuestros más recientes comentarios aparecidos en esta prestigiosa publicación de libre expresión que es La Revista; estamos convencidos de que en Costa Rica el poder político real de nuestra sociedad, tiene en el capital financiero-bancario su corazón.

Y, sostenemos también, que este capital financiero tiene un sobredimensionado poder sobre la institucionalidad formal de la República, como lo es la Asamblea Legislativa, la Casa Presidencial y hasta el mismísimo Poder Judicial.

Aunque don Leonel, como hombre de empresa que es, ha incursionado en otros ámbitos de actividad lucrativa como lo es el negocio de las noticias, lo real es que se sabe que la preponderancia de su quehacer lucrativo-mercantil lo es el ámbito financiero-bancario.

A raíz de la denuncia pública que ha hecho su señora esposa, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, la está llamando para que declare, a la mayor brevedad posible todo lo que ella sabe acerca de “… el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”, que dice ella habría realizado don Leonel.

En la Costa Rica de hoy, la de la profunda desigualdad y de la cruel exclusión económica, el gran problema de las responsabilidades fiscales-tributarias de los que más tienen, debería ser un tema estratégico de la agenda nacional. ¡No lo es! Y, precisamente, estimamos nosotros, para que no lo sea, se debe al excesivo poder e influencia de los personajes que manejan el capital bancario-financiero nacional.

La corriente sindical en la cual militamos tiene muchos años de estar hablando del tema de la evasión fiscal y tributaria que, a gran escala, ocurre en este país.

La clase trabajadora en todas sus clasificaciones (con empleo formal y salario fijo, en la informalidad, en el desempleo -abierto o encubierto-, en el cuentapropismo… en la desesperanza), es víctima directa de ese crimen social que es la evasión fiscal en Costa Rica; la cual, tiene estrecha relación y vínculo estratégico con un sistema tributario cruelmente injusto.

Y, también estamos convencidos de que a las ganancias del capital financiero-bancario nacional, ese que tiene un sobredimensionado poder político real, no las abarca un sistema tributario de carácter progresivo, sencillamente porque éste no existe en Costa Rica.

Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Principio constitucional y de derecho fundamental. No nos corresponde juzgar la conducta tributario-fiscal de don Leonel

A lo que sí tenemos derecho es a no dejar pasar desapercibido el comentario público de su señora esposa, con relación a esta afirmación: “sobre el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”.

Si la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros está interviniendo de oficio, es imposible quedarse viendo los toros desde la barrera puesto que las manifestaciones de doña Yafit Ohana Beladel abre un sinnúmero de interrogantes y de especulaciones.

Por ejemplo, ¿se habrían dado otros traspasos de millones de dólares a Panamá?; ¿a qué se refiere ella con esa frase “entre otras cosas”; ¿qué son esas otras cosas? Y, ¿existirán otros banqueros que hacen esos traspasos y esas otras cosas…?

Lastimosamente, con el tipo de Asamblea Legislativa que tenemos en estos momentos, tales preguntas, ¡jamás!, puede uno esperar a que serían respondidas. La esperanza parece ser la Fiscalía… Permítanme ustedes que lo ponga en duda…

Nos atrevemos a afirmar que el pasado domingo 30 de julio de 2023, en Siquirres y en la sede del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), dio comienzo lo que podemos llamar una nueva época en la ya legendaria lucha del sindicalismo bananero costarricense, misma que en la actualidad cubre a la población trabajadora asalariada que labora para la producción piñera.

Ese día, el SITRAP, junto a la rama sindical obrero-bananera y piñera de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), compartieron con una importante cantidad de líderes y de lideresas de base de las dos organizaciones, el resultado final de un largo, sostenido, responsable y serio proceso de reflexión y de análisis conjunto realizado entre ambas agrupaciones, acerca de los desafíos actuales de una lucha sindical articulada obrero-bananera y piñera.

Se persigue alcanzar más altos niveles de reivindicación integral de la persona trabajadora obrera que labora en este tipo de cultivos de tanta rentabilidad para la economía del país.

Pocas horas después de este evento, la prensa del capital daba a conocer que, en el primer semestre del presente año 2023, el valor de las exportaciones de banano creció un 19%, mientras que las de piña, en 13%, comparándose ambos datos con lo que sucedió en el mismo período del año pasado 2022. Pero, ¿cuánto crecieron los salarios de la clase trabajadora ocupada en tales actividades, bastante lucrativas para los capitales invertidos en la misma?

La alianza SITRAP-ANEP, con carácter estratégico, definió 12 puntos que, como articulados que son, dan pie a esta nueva época de la lucha obrero-bananera y piñera:

La defensa de la histórica jornada de 8 horas, el establecimiento de un nuevo monto al salario mínimo para revalorizar la dura tarea del trabajo bananero-piñero, así como el retorno de las fijaciones por reajustes en el costo de la vida a períodos semestrales; son tres elementos vitales de una política integral de salario justo y digno.

La vinculatoriedad de Costa Rica para lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, por ejemplo; junto a la política de Trabajo Decente comprometida por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dan marco estructural a la alianza SITRAP-ANEP en cuanto a la dignificación plena del trabajo bananero-piñero; amén de levantar la bandera por el fortalecimiento de la inspección de Trabajo en el marco del planteamiento de Naciones Unidas para erradicar las formas de esclavitud moderna que se dan en Costa Rica; y, lograr el pase directo al INS de la persona trabajadora accidentada.

Punto clave de la alianza SITRAP-ANEP es fortalecer las relaciones directas del sindicato con los supermercados (especialmente europeos), que compran banano y piña producido Costa Rica, a fin de que estos sepan de nuestra propia voz, sin intermediarios, sobre las condiciones de trabajo, de manera que las empresas no puedan ocultar las violaciones a los derechos humanos en que incurren.

Finalmente, se intensificará la política de alianzas en el plano nacional, en el regional (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros -COLSIBA- y en el de la Unión Europea (UE) con entidades de sociedad civil que se dedican a la vigilancia y fiscalización de un trabajo realmente decente y digno en este tipo de plantaciones. Sin duda, una nueva época en este tipo de sindicalismo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ya olvidamos la cantidad de veces en las cuales, por diversos medios y en muchas circunstancias y durante demasiado tiempo, hemos hablado del pago de intereses de la deuda pública; un pago que lo consideramos verdadero crimen social, amén de obsceno, escandaloso y perverso.

Efectivamente, este tema es recurrente en nuestra acción práctica cotidiana de lo que denominamos como Sindicalismo Ciudadano.

Creemos que al asunto habría que darle un abordaje político de más amplio espectro. Es decir, que el pago de intereses de la deuda pública es parte de un entramado de relaciones de orden político-económico y al más alto nivel, del cual la y el ciudadano de a pie no tiene la más mínima noción.

Al convencernos de que el tema del pago diario de intereses de la deuda pública es apenas una parte de ese entramado, no encuentro mejor manera de definir a éste como el conjunto de relaciones en el seno del capital financiero nacional que, todos los días y desde diversos ámbitos y medios, ejerce un sobredimensionado poder en nuestra sociedad.

Según nuestro modesto entender, para entrarle al asunto, lo mínimo que se debe hacer es citar las nomenclaturas al interior de ese capital financiero (al menos, las principales), según la institucionalidad diseñada para su propio funcionamiento, su reproducción y su control político de la sociedad.

En este mismo espacio adelantamos algo al respecto en nuestro artículo de la semana, titulado El poder real necesita un poder civil que lo contrapese;de tal suerte que el concepto capital financiero, por una parte; y, por la otra, el concepto oligopolio, están íntimamente relacionados.

Es decir, que el capital financiero nacional opera en condiciones oligopólicas lo que le permite concentrar poder político sobredimensionado; que el mismo es intimidante, ejerce miedo, a los gobernantes y a los partidos políticos de turno en el Ejecutivo, incluido el actual. Ni qué decir de las diputaciones sucesivas en la Asamblea Legislativa.

Tal poder, por ejemplo, impide, bloquea, veta, transformaciones tributarias estructurales para que tengamos un sistema impositivo justo; o, para que se pueda recuperar, para el bien común, algunos puntos de los 8 PIB que, al año, se evaden debido a la gran corrupción del sistema tributario-administrativo nacional.

Diseccionar a lo interior del oligopólico capital financiero costarricense, nos obliga a poner en objetivo, para un análisis multi-factorial a entidades como éstas:

• Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
• Cámara de Bancos de Instituciones Financieras de Costa Rica.
• Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines.
• Cámara de Emisores de Títulos Valores.
• Cámara de Fondos de Inversión.
• Asociación Costarricenses de Operadoras de Pensiones.

Por ejemplo, nos preguntamos: ¿es el poder político sobredimensionado del oligopólico capital financiero costarricense el que impide que se busque una reestructuración del pago diario de intereses de la deuda pública? ¡Por supuesto que sí!

¿Cómo se llaman cada una de las personas que forman los grupos dirigentes en cada una de las arriba mencionadas entidades? ¿Se repiten nombres? ¡Seguramente que sí!

¿Esas personas se han matriculado en campañas electorales, presidenciales y/o diputadiles, apostando a varias banderas partidarias para mantener el control político de la sociedad? ¡No lo dude!

En este momento en que escribo esto, viene a mi mente el nombre del señor Nogui Acosta Jaén, actual Ministro de Hacienda en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, pero que tuvo un cargo parecido, Viceministro de Hacienda, en el anterior de Carlos Alvarado Quesada.

¿Y qué tenemos con eso? Continuidad estratégica, de un gobierno a otro, en el manejo del pago de la deuda pública y su obsceno pago de intereses que tanto desvelo causa en el seno del oligopólico capital financiero costarricense.

Anhelo la conformación de un grupo de costarricenses que, con vocación patriótica real y sin finalidad electoral partidista, se dedicara con lupa cívica a auscultar las intimidades del oligopólico capital financiero costarricense y detectar los hilos que, de manera cotidiana, le permiten el control político real de nuestra sociedad actual, a fin de iniciar un histórico proceso cívico de transparentar la Democracia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Nos enteramos, de casualidad que el, para muchísima gente de este país, extinto Partido Acción Ciudadana (PAC), celebró el pasado domingo día 23 de julio, la asamblea plenaria de lo que dieron en denominar “III Congreso Ciudadano”.

Al parecer, una mayoría de las presencias delegadas congresales, se preocuparon por dejar “constancia crítica” de las perversas leyes anti-obreras tramitadas en el gobierno PAC-Carlos Alvarado Quesada: la reforma fiscal y la de empleo público. “Olvidaron” la tercera: la anti-huelgas.

 Al parecer a los y a las congresistas PAC les dio un “mea culpa” pequeñito y calificaron que esas dos legislaciones (combo fiscal y empleo público), violentaron sus “principios partidarios” y que generaron “dolor” a sus integrantes y a sus aliados. Autocrítica debilucha y bien manchada de cinismo político.

 Mejor, pongamos los puntos sobre las íes y recordemos la realidad perversa del gobierno PAC-Alvarado Quesada, con Otón Solís Fallas como su “ideólogo” principal.

Ese nefasto período constitucional 2018-2022 fue, en realidad, un co-gobierno. Fue el Partido Liberación Nacional (PLN), el principal sostén político de Alvarado Quesada. La fracción legislativa PAC de entonces fue, tan solo, furgón de cola de Carlos Ricardo Benavides Jiménez, diputado liberacionista, líder de la más perversa cruzada ideológica anti-obrera de los últimos tiempos, que fue esa tríada de leyes neoliberales: 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y 10.159 (empleo público). 

Y que no se “esconda” el Partido Unidad que, como escudero de los gobiernos de turno, fue pieza legislativa importante en ese período, con el innombrable Víctor Morales Mora.

La “violación” a los principios partidarios del PAC al ser co-gobierno (furgón de cola) con el Partido Liberación Nacional, el electorado se los cobró de manera impresionante, con ocasión de las elecciones de 2022: una votación de un ridículo 0.66% en la votación presidencial y no sacaron un solo diputado. Y, por cierto, también fueron castigados el PLN y el PUSC.

Otón Solís Fallas no desaprovechó la oportunidad para expresar, nuevamente, el odio que siempre ha manifestado en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público: lo que él siempre llamó “exceso en los privilegios que ostentan los empleados públicos”.

Su generalización, cargada de odio, sirvió para fundamentar y darle base a la más perversa campaña mediática jamás antes desplegada, ejecutada por el periodismo de odio, de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, en contra de miles de familias del empleo estatal, de ingresos medios y bajos, hoy “castigadas” brutalmente con el congelamiento salarial total impuestos por esas leyes de las cuales el PAC afirma que “violaron” sus principios. Sinceramente, cinismo político al cubo.

La alianza anti-obrera del período constitucional 2018-2022 es uno de los episodios más nefastos, al menos para las mayorías populares y para los sectores medios, de la historia república costarricense de las últimas décadas.

Carlos Alvarado Quesada, Otón Solís Fallas, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Yorleny León Marchena, Víctor Morales Mora, Silvia Hernández Sánchez, son las personas políticas de mayor visibilidad política en ese período 2018-2022, el del golpe parlamentario a la Constitución. Tienen pendiente un gran juicio histórico.

Se nos queda en el tintero, hablar del papel de las figuras líderes del periodismo de odio en ese período; curiosa y básicamente, denominadas por el actual gobernante, como prensa canalla. ¿Coincidencias en la divergencia?…

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario Genral ANEP

Ojo a esta palabra la cual vamos a escribir dividida en sílabas y la ponemos en mayúsculas: VIN-CU-LA-TO-RIEDAD. ¡Leyó usted bien!: Vinculatoriedad.

Al buscar el significado de la palabra-concepto vinculatoriedad, lo encontramos en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y dice textualmente: “Principio rector de la jurisdicción constitucional que dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Este diccionario es un esfuerzo conjunto de la Real Academia Española, la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por tanto, tiene una autoridad y una legitimidad incuestionable.

Nuestro país, nuestro Estado, nuestras instituciones están obligadas a observar la más estricta vinculatoriedad con relación a la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, cuya sede está en nuestro propio país, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Tan es así que el fundamento jurídico de la vinculatoriedad de todas las resoluciones de la Corte IDH en nuestro ordenamiento jurídico, se contempla en el artículo 27 de la Ley 6889, de 1981 (la ley que aprobó el acuerdo de la Sede de la Corte IDH en Costa Rica).

El citado artículo indica: “Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutivas y ejecutorias que las dictadas por los tribunales costarricenses.”

En la corriente sindical en la cual militamos, que es la de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se ha dado un giro estratégico en nuestro accionar cotidiano de defensa obrero-social, hacia el establecimiento de una relación, intrínsecamente estratégica, entre el fomento y el desarrollo de la organización sindical con la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

Se está considerando ya no solamente la indicada Opinión Consultiva 27/21 de la Corte IDH, sino la amplia gama de tratados en la materia firmados por Costa Rica a lo largo de las últimas décadas; tratados que el país ha convertido en leyes de la República mediante la intervención de la Asamblea Legislativa y que han sido protocolizados, uno a uno, para que el país se someta a sus contenidos y dictados.

Por ejemplo, invocando las obligaciones-país con respecto a los Derechos Humanos y ese principio doctrinal de la vinculatoriedad, logramos que la Sala Constitucional acogiera para su estudio nuestras acciones de inconstitucionalidad contra leyes tan perversas como la No. 9808, conocido como ley anti-huelgas, así como la 10.159, la perversa Ley Marco de Empleo Público, de candente actualidad en estos momentos.

Por tanto, debe quedar claro que la doctrina de los Derechos Humanos y, en lo específico, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, cobran vigencia estratégica de primerísimo orden en la acción sindical para estos tiempos de desigualdad, de exclusión económica, de empobrecimiento salarial, de persecución sindical y hasta de desempleo.

Con gran pompa y teatralidad, bajo un nombre rimbombante, Operación Soberanía, el Presidente Chaves se presentó en Limón para la inauguración-instalación de dos escáneres, específicamente en el Puerto de Moín.

Y es que le tocó a él la parte más dura, más intensa, más conflictiva de la presión internacional a fin de que el país procediera con tal medida, habida cuenta de que la imagen exterior de Costa Rica había alcanzado ya, peligrosísimos niveles de deterioro porque se nos había conceptuado como el principal centro distribuir de cocaína de las Américas y de otros estupefacientes hacia, principalmente, los mercados europeos y norteamericanos.

Incluso, el país fue amenazado de que ya no se recibirían en terminales portuarias europeas más embarques de piña y de banano, si el puerto-narco en que se convirtió APM Terminals, seguía operando, cínica y descaradamente, en el trasiego de estupefacientes.

La presencia en el acto presidencial de las embajadoras de Estados Unidos y de España (Unión Europea), confirma que “el ya no aguantamos más”, que el ultimátum que Costa Rica recibió para que procediera a la instalación de los escáneres, llegó a un punto tal que superó a las fuerzas políticas internas que venían conspirando a lo largo de los últimos gobiernos para que no se instalaran esos escáneres.

Incluso, recordamos la fuerte gritería de las cámaras empresariales que objetaron el cobro de 25 dólares por furgón escaneado, alegando -como siempre lo hacen-, que “pobrecitos” los consumidores que tendrían que hacerse cargo de esa nueva carga en el precio final de los productos que pasan por esos puertos ahora “escaneados”.

Admitimos que Chaves habló de esto en campaña electoral y, por supuesto, ya empezó él la capitalización político-personal de semejante hazaña. Sería muy mezquino no reconocer el calibre de su decisión, pero el mérito no va a estar completo y podría ser, como dice nuestro pueblo, un “alegrón de burro”, sino se impulsa otro tipo de decisiones terremoteadoras conexas e integrales para liberar a Limón de la categoría de plaza mercantil de la coca, del crimen organizado y de la violencia criminal sin control.

Por ejemplo, ¿se quedará impune APM-Terminals? Si desde que le fueron entregados los puertos de Limón y de Moín, el trasiego de droga creció en un 1.300 por ciento, ¡sí!, un 1.300 % a juicio de los especialistas; ¿no es esto causa suficiente para iniciar un proceso de rescisión de contrato?

Con contundencia hay que plantearlo: es inmoral que el Estado llegue a hacerse cargo de un servicio de seguridad para el cual, presuntamente, la transnacional concesionaria lo presupuestó como parte de sus propios costos de operación.

¿Tendrá el Presidente Chaves las agallas suficientes para enfrentarse a la transnacional e indicarle a ésta que, al menos, deberá incrementar el aporte al canon que la paga a Japdeva dado que será ahora el propio Estado que da la seguridad estratégica en esos puertos que ella mismo no pudo y para lo cual se comprometió en el contrato de concesión?

Paralelamente, el Gobierno debe tomar la decisión estratégica de permitirle a Japdeva entrar a competir en el manejo de contenedores para lo cual sus técnicos y sus especialistas han argumentado, sólidamente, su capacidad para hacerlo.

Por otra parte, es evidente que deberán darle las mejores condiciones de salud ocupacional, de alimentación, de jornadas que no caigan en sobre-explotación laboral, de pago tiempo extra, al honorable personal de la Fuerza Pública que ha sido comisionado para hacerse cargo del combate al trasiego de droga en esos puertos, ante el fracaso estrepitoso de AMP-Terminals. Desde el plano sindical, tenemos una obligación moral de actuar, próximamente, en consecuencia.

 Esa Operación Soberanía en condiciones de precariedad salarial y ocupacional como vive en la actualidad el grueso del personal policial de la Fuerza Pública de Costa Rica, podría volverse vulnerable.

En el plano de la integración social y económica del pueblo trabajador limonense, a fin de reducir los crueles niveles de exclusión que vive, deben tomarse medidas.

Al respecto, la agenda de lucha del Bloque Cívico Social Limonense debe ser abordada con seriedad y sin el más mínimo contenido de burla y de demagogia. Esa agenda, tiene el apoyo de la corriente sindical en la cual militamos, la cual, está procediendo a impulsar un agrupamiento civil bajo nuestra sigla que sume su aporte a la necesaria reivindicación plena del pueblo de Limón.

 Habrá que estar más activos que nunca en lo que respecta a la fiscalización civil en el sentido de que el rimbombante anuncio presidencial de la Operación Soberanía, llegue a cumplirse en un ciento por ciento de la oleada de escáneres que se dicen serán instalados por todos los puestos fronterizos del país.

Como corriente sindical que llevamos mucho tiempo planteando este estratégico asunto, nos consideramos con suficiente autoridad moral para realizar nuestra fiscalización sindical con perspectiva ciudadana

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una oportunidad histórica para el desarrollo de la Democracia en lo que respecta al mundo laboral organizado de la clase trabajadora, tanto pública como privada, lo representa la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, cuya sede está en nuestro propio país, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Emitida por la Corte IDH el 5 de mayo de 2021, la Opinión Consultiva OC-27/21 tiene para nuestro país una vinculatoriedad imposible de soslayar dada la naturaleza histórica de los compromisos de Costa Rica para con la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) y los correspondientes tratados que se han suscrito en la materia, que se han ratificado por parte de la Asamblea Legislativa y que por disposiciones de la Constitución Política tienen potencia jurídica superior a las leyes ordinarias.

Para que tenga usted una idea del calibre obligante para el país de esta histórica decisión de la Corte IDH, póngase a pensar que el establecimiento en el país del matrimonio igualitario, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo fue, también, producto de una Opinión Consultiva de este Máximo Tribunal de los Derechos Humanos en el Continente Americano, que es la Corte IDH.

Esta Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH llega para quedarse, definitivamente, insertada en el sistema jurídico costarricense el cual tendrá, sí o sí, que hacer las adaptaciones y modificaciones que correspondan para ajustarse en esos contenidos estratégicos de la Democracia para que ésta llegue a plenitud al mundo del trabajo asalariado costarricense.

Establece la Corte IDH que quien se dedique en el día a día a la actividad sindical cotidiana, abogando por los derechos laborales y económico-sociales de sus iguales de clase en todo tipo de centros de trabajo, públicos o privados, deben ser considerados como personas defensoras de Derechos Humanos. Y, por tanto, las autoridades político-ejecutivas del país deben brindarles no solamente las facilidades para su actividad sino para garantizarles protección al respecto.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica debe proceder a derogar/modificar la perversa ley anti-huelgas, No. 9808, impuesta por el co-gobierno 2018-2022 de los partidos Liberación, Unidad y el hoy extinto PAC con el non-grato Carlos Alvarado Quesada, a la cabeza.

La Negociación Colectiva, mediante el establecimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo, al adquirir la categoría de Derecho Humano Fundamental, van a adquirir un protagonismo fortísimo en el establecimiento de condiciones plenas de trabajo decente; y, por ejemplo, a nivel del sector Público, dejarán en total obsolescencia las antidemocráticas regulaciones impuestas en la perversa Ley Marco de Empleo Público, hoy cuestionada sólidamente en la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, que las conciencias democráticas costarricenses estamos celebrando el retorno de Diario Extra; las conciencias democráticas del mundo obrero-social nos sentimos esperanzadas ante los alcances y la profundidad de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH para un potenciamiento de la actividad sindical al instituirse que la misma es una lucha por los Derechos Humanos.

En los últimos días, la pretensión obsesiva de “los Rodrigo”: Rodrigo Arias Sánchez (Presidente de la Asamblea Legislativa) y Rodrigo Chaves Robles (Presidente de la República), para imponer a como dé lugar, el más que desacreditado proyecto de ley conocido como las Jornadas 4×3; ha llegado a niveles irracionales que solamente merecen el calificativo de que se trata de un afán enfermizo-explotador.

En los últimos días, varias entidades con autoridad moral y propiedad ética para referirse a este proyecto, han emitido criterios y pronunciamientos que resultan imposibles de no reparar en los mismos. Solamente, repetimos, una pretensión obsesiva y un afán enfermizo-explotador, está explicando el alto desgaste político que están sufriendo de “los Rodrigo” en imponerle a la clase trabajadora esa legislación.

Impresionante resulta el criterio de los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), que manifiestan que las jornadas de 12 horas no solamente van a precarizar el trabajo, sino que, igual de grave, van a minar las bases de la familia. Y, destacan la naturaleza central del proyecto al afirmar lo siguiente: “el valor principal que tendrían para el sector empleador las jornadas laborales extendidas radica en la disminución del costo salarial de lo que hasta ahora legalmente se consideran horas extras”. ¡Exacto! El afán enfermizo-explotador del proyecto jornadas 4×3 lo tiene muy bien claro el obispado católico costarricense.

Categórico fue el pronunciamiento de la Defensoría de los y de las Habitantes de la República: ¡este proyecto es un retroceso en los derechos laborales! Y, en la misma línea que la CECOR, Jornadas 4×3 lo que busca es “transformar una jornada extraordinaria en ordinaria, siendo que las principales beneficiadas serían las empresas porque no incurrirían en el pago de las hornas extras a las personas trabajadoras”.

Dice la Defensoría que el proyecto Jornadas 4×3 ya no solamente significa un retroceso en los derechos laborales, sino que, más grave todavía, violenta el principio de progresividad de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, el pronunciamiento de la Defensoría nos orienta para desenmascarar la supuesta “voluntariedad” que tendría la persona trabajadora de aceptar o de rechazar someterse a la imposición patronal de la jornada 4×3 una vez aprobada. No hay tal “voluntariedad” y certifica que, en nuestro criterio, es ésta la parte más demagógica, más tramposa y más engañosa del proyecto.

Otro criterio en contra de este anti-obrero proyecto de ley, por demás contrario a los Derechos Humanos, lo expresó una entidad civil sumamente autorizada para fundamentar lo pernicioso del mismo: el Colegio de Profesionales en Psicología señala que las jornadas extendidas afectan la salud de las personas trabajadoras sometidas a las mismas.

Este colegio profesional indica que jornadas más largas aumentan riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares, mayor depresión y ansiedad, estrés psicológico, consumo de alcohol, e inactividad física, disminución de las horas y calidad del sueño, accidentes y lesiones laborales. Casi que podemos afirmar que el proyecto Jornadas 4 x 3 “mata” paulatinamente.