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Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de ANEP

En ANEP estamos acostumbrados a enfrentar a diario el constante, siniestro, e inescrupuloso ataque contra el empleo público, emprendido por los neoliberales, a través de algunos grupos de poder empresarial, político y de medios de comunicación (últimamente también valoramos si estructuras de crimen organizado son parte de estas alianzas). Por ello, nuestra ideología está más que clara, nuestras posiciones son reflejo del sentimiento de defensa de los derechos laborales que han costado siglos alcanzar, y por supuesto, cuando el tópico a abordar trata de salarios, ya nos sabemos de memoria las venenosas aseveraciones utilizadas por la contraparte, para desvencijar la clase obrera del sector público ante la opinión pública.

Una de las más gastadas afirmaciones es aquella que apunta a que el funcionario gubernamental ostenta remuneraciones salariales millonarias. Lamentablemente, existen algunas plazas con salarios de seis, ocho, nueve millones y hasta más (como en este momento Rocío Aguilar), Lo curioso es que los titulares de esos puestos se caracterizan por tener una cercanía con importantes figuras políticas, colocadas allí por los mismos grupos de poder que pegan el grito al cielo por los salarios del sector público.

Por eso, desde ANEP, siempre hemos dicho: ¿De cuál empleo público quieren hablar? Porque si, existen dos realidades distintas, creadas y sostenidas por los mismos que atacan a las personas que laboran en el sector público. Por un lado, tenemos a los burócratas amigos de políticos y empresarios, con altos puestos y salarios mayores a lo que merecen, y por otro, a la aplastante mayoría de trabajadores, esos que apenas les alcanza la quincena para comer, y que se ahogan en deudas. Salarios como los de los obreros de campo de las municipalidades, cocineras de los CEN-CINAI o del MEP, oficinistas del gobierno central y policías, son solo algunos de cientos de ejemplos de personal que gana una miseria.

Las repudiables líneas argumentales de los repetidos discursos de ataque contra el empleo público (que hoy por hoy siguen recitando en UCCAEP como loros), nunca habían alcanzado a materializarse con tanta claridad como con la presente Administración. Fuerzas que se anulaban a sí mismas fueron liberadas con la llegada al poder del actual presidente de la república, quien junto con su equipo de trabajo ha dejado en claro los intereses que defiende, y que no son justamente los de la clase trabajadora, ni del sector público, ni menos del sector privado. Así fue como nuestra sociedad testificó el mayor golpe de regresividad laboral de la historia, con la aprobación de la fatídica “ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635” (combo fiscal). Esta asquerosa normativa no solo es el fiel retrato la actual clase política al poder, incapaz de establecer medidas progresivas o equitativas, y tomar decisiones que favorezcan al más necesitado; sino que también arrebató de las manos de los trabajadores una gran porción del poder adquisitivo económico e incrementó el costo de la vida.

Ahora bien, quienes se desempeñan en el ámbito privado pensarán que todo lo anterior no les afecta en nada, total ya las condiciones laborales en que se desenvuelven son malas. Justamente esa es parte de la génesis del ataque de los neoliberales al sector público, son las violaciones diarias a los derechos laborales del sector privado motivaciones para que el contubernio entre UCCAEP, con ciertos medios de comunicación, se encuentren buscando un constante enfrentamiento entre trabajadores de públicos y privados.

Es por ello que la trifecta empresarios-políticos-medios se empeña en manipular la opinión pública, para que los trabajadores rechacen la figura de los sindicatos y que no consigan organizarse para exigir el cumplimiento de las garantías laborales que a diario les son infringidas. Desdichadamente, amigos y amigas que trabajan en el sector privado, muchos de ustedes han mordido el anzuelo, cayeron en el juego de los que les oprimen, y cual víctima con síndrome de Estocolmo hasta les defienden.

Este servidor de ustedes, en su momento formó parte de la población trabajadora del sector privado, supe lo que fue comer mi almuerzo frío en la orilla de un caño, mientras cuestionaba la razón de que el jefe dijera que no aplicaría el aumento de ley, trabajaba como “polaco”. Experimenté las amenazas de los supervisores de una fábrica de lo que podría pasar si tardaba más de diez minutos en el sanitario, si me incapacitaba por más de una semana, o si me quejaba de mis funciones. Estoy seguro que hay miles de personas aún son víctimas de abusos como estos, de parte de patronales privados, muchos de ellos representantes de grandes marcas comerciales o poderosas compañías transnacionales.

Entonces, permítanme preguntarles: ¿Les parece que el pago de horas extraordinarias, el aguinaldo, el salario escolar, jornada laboral de ocho horas, condiciones saludables para trabajar, estabilidad laboral y garantía de permisos bajo situaciones personales apremiantes, como la muerte de un familiar, son gollerías? ¿En serio?

Ya es momento de que el trabajador privado despierte de su letargo y comience a exigir el respeto a la ley, a sus derechos, a su salud y la de los suyos. Nuestra institución sindical ha visto con ojos de orgullo como agrupaciones de piñeros, bananeros, guardas de seguridad y choferes de autobús se están organizando, ganando terreno paulatinamente, y logrando cambios en su relación laboral, con las que hace un par de años solo hubieran fantaseado.

En medio de la pandemia por el covid-19, hemos visto como el ataque contra el sector público se ha intensificado, buscan mancillar aún más las condiciones laborales, disminuir los salarios, amedrentar a los trabajadores. Hemos de admitir que están ganando. Pero el objetivo principal es permitirse a sí mismos (neoliberales) seguir llenándose los bolsillos a costas de la explotación laboral, del abuso, las amenazas, la agresión y el irrespeto a la ley. Ojo que ya algunas “figuras” políticas como Otto Guevara brindan la “idea” de eliminar el salario mínimo, si, eso quiere decir que la gente sería contratada por, literalmente una limosna. ¿Cuál sería el siguiente paso para formalizar la esclavitud?

La clase trabajadora no se divide en pública y privada, somos una sola, la fuerza que mueve la sociedad, quienes con sudor y sangre llevamos sustento a nuestras familias. Buscamos lo mismo, que nuestro estudio, trabajo y esfuerzo nos permita a nosotros, y nuestros seres queridos, vivir con dignidad. No dejemos que nos separen, luchemos juntos por nuestros derechos laborales, que no nos arrebaten lo que es nuestro y exijamos respeto a lo ya establecido.

Mainor Anchía Ángulo, Directivo de ANEP y presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública

El suscrito, con varios años abanderando la justa lucha por los Derechos Humanos y los derechos laborales de nuestras fuerzas de policía, con gran satisfacción escuché, en una entrevista realizada en el programa Horizontes, que se transmite por Radio Centro, a un alto jerarca que no tiene relación con la seguridad publica decir: “Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente aún”, en alusión a nuestros compañeros y compañeras policías.

Hace unos años, cuando decidí emprender la lucha por la reivindicación de nuestra labor (siendo todavía oficial de policía en aquel momento), prácticamente nadie hablaba de Derechos Humanos para las personas trabajadoras de nuestros Cuerpos Policiales.

Recuerdo que aproveché un evento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para pedir consejos a las personas expositoras de dicha entidad y nunca olvidaré la recomendación: “Luche por hacer visibles los Derechos Humanos de sus compañeros policías, no le será fácil, pero hágalo y podrá obtener resultados”.

Entonces me propuse establecer una ruta, un plan de acción. Luego me dispuse salir a diferentes lugares, logrando constatar y evidenciar las precarias condiciones en que trabajaban mis compañeros y compañeras. Todavía se mantienen algunos casos que requieren intervención e inversión en infraestructura; sin embargo, es justo reconocer que en otros casos las condiciones en materia de infraestructura han mejorado. ¡Claro!, eso es en parte el resultado de nuestra lucha constante.

En ese contexto, al momento de escribir este artículo, se hizo efectivo un aumento de salario para nuestros uniformados que irá a la base de manera nominal, según anunciaron las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. En buena hora, no obstante, se debe recordar que a nuestros cuerpos policiales se les incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con lo cual se afectaron sus incentivos salariales; o sea, el porcentaje del incremento es inferior a lo rebajado por la aplicación de la Ley 9635.

Paradójico resulta que el mismo gobierno que rechazó excluir a nuestros uniformados de la ley fiscal, luego haga un aumento extraordinario a su salario base. Podríamos considerar que se dieron cuenta del monumental error, aunque también podría ser resultado de la presión que veníamos haciendo, con la posibilidad de un nuevo movimiento de cuerpos policiales en su tiempo libre. Indudablemente que éste es un factor a considerar, para la decisión adoptada por el gobierno, el cual tiene claro que nuestros uniformados perdieron el miedo a manifestarse.

El trabajo policial, como ya hemos señalado, requiere de habilidades y características especiales por cuanto implica vivir cada día sabiendo que se tiene un pie en la cárcel, y el otro en el cementerio, que el riesgo va intrínseco a la función policial. El funcionario policial sale de su casa llevando consigo su maleta de trabajo, sin saber que le espera ese día; puede ser que su unidad de trabajo se ubique a tres kilómetros de su casa y que de repente se encuentre a trescientos kilómetros, por la atención de alguna situación especial.

La función policial implica un estilo de vida discreto, cauto, moderado en el ámbito social, toda vez que la investidura de autoridad se ostenta las veinticuatro horas del día. Así mismo, sabemos que el riesgo de la función policial no termina al finalizar la jornada e inclusive después de la jubilación. Es claro que, al participar de aprensiones, de capturas, al someter a las personas que irrespetan las normas de convivencia social o la ley, el policía será sujeto de venganzas de toda índole.

Volviendo al comentario escuchado en el programa Horizontes, “Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente”, se podría decir que nuestros gobernantes decidieron hace algunos años reconocer la importantísima labor de los funcionarios de la Salud y de la Educación, pero dejaron en el olvido a nuestra ahora Benemérita Fuerza Pública. Valga decir que cuando se habla de Fuerza Pública, se hace en el contexto de todos los cuerpos policiales.

En hora buena, doce años después de haber conformado la primera Seccional ANEP- Fuerza Pública, para iniciar nuestro recorrido en pro de la dignificación del gremio policial; a pesar de que la figura de autoridad sigue siendo irrespetada por antisociales o por individuos que se creen por encima de la ley; cada vez son mas personas, empresas y organizaciones las que reconocen lo esencial de la función policial. En lo personal, me enorgullece cada reconocimiento que se hace a mis compañeros y compañeras. No ha sido fácil, pero seguiré hasta donde lo quiera Dios, levantado la bandera, levantando la voz (sin gritar) con argumentos, para defender sus Derechos Humanos y sus derechos laborales.

La Fuerza Pública y demás cuerpos policiales, paradójicamente, han sido considerados por la Sala Constitucional dentro de un régimen de excepción, en mi opinión, algo absolutamente incoherente por lo que desarrollaré a continuación:

En principio, es importante revisar la Constitución Política, la cual reza en su artículo 12.-: “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”.

“Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.

Ahora bien, para comprender la hermenéutica del ordinal de marras, se trae a colación la interpretación del jurista Rubén Hernández, sobre dicho artículo, el cual señala que:

“El tercer principio contenido en esta norma es la eventual sujeción de las autoridades militares al poder civil en caso de que se llegaren a organizar aquellas por convenio continental o razones de defensa nacional. Este principio está razonado por lo establecido en el numeral 139 inciso 3) de la Constitución, según el cual corresponde al presidente de la República, en forma exclusiva ejercer el mando supremo de la fuerza pública. La Libertad de expresión garantizada a todas las personas en el artículo 29 Constitucional, se restringe respecto de las fuerzas armadas, dado que se les prohíbe, de manera expresa, deliberar, hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Con ello se pretende impedir toda injerencia de las eventuales fuerzas militares que se llegaren a formar en los asuntos políticos del país”.

En tal sentido, en efecto, dicho ordinal no aplica para nuestros cuerpos policiales, toda vez que los mismos tienen carácter civilista. Desde toda perspectiva, se trata de funcionarios públicos cuyas competencias y atribuciones están reguladas por la Constitución Política, la Ley General de Policía Nº 7410 y la Ley General de la Administración Pública ¿Cuál es la excepción entonces?

La única que hemos identificado es aquella que restringe derechos, que es usada por algunos malos mandos dentro de la Fuerza Pública para atropellar la dignidad de sus subordinados; por cuanto, en función de las resoluciones del tribunal constitucional, las autoridades ministeriales han interpretado a conveniencia, la existencia de una imposibilidad o limitante para que nuestros policías se puedan manifestar e inclusive, expresar con libertad sus opiniones sobre aquello que les aqueja. En lo demás, no existe ninguna diferencia entre ser parte de un régimen policial (excepción) y los demás funcionarios públicos; inclusive, en materia disciplinaria los funcionarios policiales son juzgados por funcionarios públicos, en dependencias netamente administrativas.

Las personas trabajadoras de los cuerpos policiales tienen impedimento legal para hacer huelga, así como para negociar una convención colectiva de trabajo. Ello por ser parte de un régimen de excepción y estar contemplada su labor dentro de los servicios esenciales. La principal característica de los servicios esenciales es, precisamente, lo trascendental de su impacto en las personas administradas: “son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población” (OIT, 1983).

Así las cosas, debería aplicarse la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugiere dotar de condiciones laborales favorables a los sectores laborales que se ven excluidos de la negociación colectiva o la huelga, como instrumentos para la demanda de mejores condiciones de trabajo.

En cuanto a la libertad de sindicalización y de manifestación, el criterio N.º C-143-97, de la Procuraduría General de la República, fechado el 4 de agosto del año 1997, en el cual el Dr. Luis Antonio Sobrado González, resuelve una consulta realizada por la otrora Ministra de Seguridad Pública, la MSc. Laura Chinchilla Miranda, con respecto a “… el alcance del artículo 12 de la Constitución Política y qué debe entenderse en lo que se refiere a que no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual, o colectiva, en lo que al derecho de sindicalización de los policías se refiere…”;

Indica el criterio supra, CONCLUSION: “En el ordenamiento jurídico costarricense no existe limitación alguna para que los policías ejerzan el derecho de sindicación que la Constitución garantiza, sin que sea válido interpretar que su numeral 12 sea la fuente de una restricción de tal naturaleza. (…)”.

Todos estos años me he venido preguntando de dónde surge o cuál es el origen del régimen de excepción, que ha sido utilizado por malos mandos para perseguir, amedrentar, perjudicar los derechos de sus compañeros uniformados de la “tropa”. Traslados arbitrarios bajo la falacia de necesidad operativa, por el simple hecho de que un buen policía se atreva a expresar sus opiniones, ¡sí!, eso permite el régimen de excepción en nuestro Estado de derecho.

Tengo un profundo respeto por las y por los magistrados de la Sala Constitucional, no obstante, he de decir que me parece incoherente que en un país democrático y sin ejército, se restrinjan derechos fundamentales a un grupo de personas trabajadoras, por el hecho de ser parte de la policía administrativa. Paradójicamente, el artículo 33 de la norma suprema, señala que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, sin embargo, la excepción establecida por la Sala Constitucional incluye el ser excluidos de garantías constitucionales, un acto desapegado al bloque de legalidad que vulnera a nuestro gremio, siendo discriminado, en comparación del resto de funcionarios públicos.

Si nuestros policías están contemplados dentro de un régimen de excepción, sabidos de lo esencial de su trabajo, debería el gobierno dotarlos de salarios dignos y condiciones laborales justas. Lo contrario, es despreciar el esfuerzo, la mística, la entrega, la vocación y el valor de sus miembros.

Jonathan Flores Mata/Directivo Nacional de ANEP

Costa Rica, al igual que el resto del mundo, se enfrenta a un enemigo inclemente que ha puesto en riesgo la estabilidad de la economía, seguridad y salud de las personas.

Claro está, me refiero a la patología provocada por el virus covid-19. Sin embargo, para nuestra mala fortuna, en medio de la crisis, cuando más unidos deberíamos estar, para hacer frente juntos a los retos que tenemos por delante, nos topamos con la inescrupulosa conducta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Y es que, en momentos en los que se requiere de solidaridad, honestidad y buena fe, los representantes de esta institución han demostrado las muestras más cínicas de egoísmo.

Es claro y evidente que, durante años, esta agrupación ha montado una estrategia anti obrera, especialmente enfilada contra los funcionarios del sector público, a quienes han hecho todo lo posible por arrancar de sus manos las conquistas laborales que tomaron siglos conseguir. Por supuesto, la idea es que sus explotados trabajadores no aspiren nunca a tener las mismas condiciones, y sigan soportando a diario la forma en que les violentan sus derechos laborales. Cada quien, con sus fines, aunque den asco, empero, aprovecharse de la pandemia para entablar una polémica entre trabajadores privados y públicos, con el único objetivo de buscar arrebatar derechos laborales a estos últimos, es un acto vil, despreciable y cabe en otros adjetivos que, por respeto a los lectores no externaré.

Tienen el suficiente descaro de saber que a pesar de representar algunas empresas que eluden y evaden impuestos, robándole así al progreso del país que les cobija, señalan a los servidores públicos como responsables de las dificultades económicas de Costa Rica. Pero la indignación de este servidor no hace más que empezar ahí, pues ya han dejado claro los de UCCAEP que su misión es eliminar las anualidades, el salario escolar, y hasta han tenido la osadía se sacar la calculadora para apuntarle al aguinaldo. Reitero, aprovechándose de la pandemia para extender los virulentos tentáculos políticos que ostentan, e impulsar sus apestosos proyectos.

Como recordará estimado lector, ANEP cobija bajo la protección de su sigla a los sectores laborales más vulnerables, de menos remuneración económica y mayor exigencia en su labor, como las señoras de los CEN-CINAI, recolectores de basura y policías, por nombrar solo algunos ejemplos. Para esta ocasión me voy a enfocar en el sector de servidores policiales.

Estos abnegados trabajadores pierden el arraigo familiar, ven truncados sus estudios, pierden de a pocos su salud por los roles (si, tenemos estudios que lo comprueban), trabajan mínimo 12 horas, un error les puede costar el trabajo, o una vida, sea la de un ciudadano, de un compañero, o la suya propia. Este sector ha sido terriblemente abandonado por décadas, al policía le obligan a presentarse en delegaciones que dan asco, con las aguas negras desbordadas, techos desintegrándose sobre sus cabezas y cableado eléctrico en constante atentado de potencial incendio. Estos seres humanos, que tragan humo, se exponen al sol, la lluvia y arriesgan su vida, todos los días, al enfrentarse contra gente hostil y peligrosa, perteneciente a estructuras de crimen organizado; son remunerados con un salario que constituye una verdadera burla a su sacrificio.

Aún bajo estas condiciones, y a sabiendas de la esencial importancia de los oficiales, de los distintos Cuerpos Policiales, viene UCCAEP con lengua viperina a decir que se les tiene que quitar el salario escolar y las anualidades; ¡Ah, ahora que recuerdo! ¿Es cierto que también estuvieron presionando al gobierno para que no se pagara el aumento extraordinario?

Nos gustaría ver a cualquiera de sus encorbatados neoliberales intentando aguantar al menos una hora de pie, bajo el sol, con el pesado chaleco antibalas y el radio de comunicación zumbándole al oído, con la ansiedad de enfrentar el peligro en cualquier momento y las preocupaciones económicas taladrando la concentración. ¿En serio creen que servidores de esta naturaleza que apenas ganan 450 mil colones mensuales deben perder aún más su salario, por los errores en la dirección de la economía del país? ¿Y si mejor ustedes declaran las ganancias verdaderas y pagan los impuestos con honestidad?

Señores de UCCAEP ¿Y a ustedes quién los cuida? Parece que se les ha olvidado que desfilan sus representantes por los pasillos de las instituciones policiales, demandando más seguridad (y omitiré detalles de las conversaciones y “convenios” en los despachos). Ustedes exigen que el tránsito sea fluido para que las mercancías lleguen rápido, que el sistema de justicia tenga bajo control los sociópatas que sorprendieron robando en un negocio, que pase la patrulla haciendo “comercio seguro” y estén al tanto del transporte público con la modalidad “bus seguro”; por indicar solo algunos ejemplos. ¿Quiénes creen que ejecutan esas tareas? Así es, las y los policías, esos mismos que ahora vienen ustedes a pedir que se les siga desmejorando sus condiciones salariales.

Espero que esas ansias desatadas por perjudicar salarialmente al trabajador policial no deriven de la puesta en ejecución de alguna estratagema pactada con el apretón de manos intercambiado con grandes líderes de organizaciones de crimen organizado. Aunque cuando uno se pone a atar algunos cabos, la idea no parece tan abstracta.

Por cierto, si creen que instruyendo a los negocios para que ofrezcan un café gratuito, o un descuento en sus combos, dan al policía el caramelo tranquilizante para que olviden la puñalada que les están metiendo por la espalda, están muy equivocados. El gremio ha venido despertando de un letargo de sumisión en el que durmió durante años, y ahora más que nunca, poseen la conciencia y el valor para encarar a sus enemigos. ¡Oh si enemigos! Porque en eso se han convertido señores de UCCAEP en enemigos de los trabajadores, públicos y privados, y eso incluye a los policías. ¡Si! Se están echando de enemigos a quienes los cuidan, que grave ¿verdad?

Aun no comprende este servidor como pretenden impulsar una reactivación económica, restándole poder adquisitivo a los trabajadores y me resulta aún más insólito que busquen la manera de desmejorar las condiciones y motivación de los servidores públicos, que constantemente cuidan de sus negocios, sus ganancias, su integridad física y la de sus familias. Den la cara a la policía, explíquenle con claridad, y de frente a los oficiales, la razón por la que ustedes en UCCAEP están luchando para que a ellos se les siga bajando el salario, digan con sinceridad si es cierto que es oponían a la entrega del aumento extraordinario, describan las razones reales por las que quieren que a los uniformados se les quiten las anualidades, el salario escolar y hasta el aguinaldo. Después de eso, ahora sí, pídanles hacer “comercio seguro” …

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Juventud, ANEP

Me parece que la propuesta de reducir el salario de las personas trabajadoras del sector público es una desafortunada ocurrencia de quienes no tienen reparo en hacer gala de su ignorancia. Pero estoy convencido que insistir en tal decisión es un error que nos conduciría a consecuencias irreparables.

No es sólo porque constitucionalmente no proceda, aunque, eventualmente, estas ideas puedan tener el visto bueno de sus serviles leguleyos que tuercen la Constitución a conveniencia. El asunto es que estamos ante una emergencia sanitaria y las medidas que se adoptan en tales circunstancias obedecen a esa naturaleza. No se requiere mayor grado de inteligencia para darse cuenta que el salario tiene vinculación con una serie de derechos que no pueden ser limitados o suspendidos en momentos de emergencia.

Quizá las voces disidentes aleguen que el impacto del COVID-19 sobre la economía es una realidad ineludible, es verdad. Lo que no dicen es que las medidas que se deben adoptar no se limitan a reducir el salario de las personas trabajadoras o a despedirlas. Tal vez es momento de analizar las previsiones de aseguramiento que deben adoptar las empresas; o bien, la posibilidad de hacer recortes a las pensiones de lujo -aunque esas si gocen de protección política-; quizá sea momento para renegociar la deuda, en todo caso, se está hablando de utilidades, de una afectación temporal a la desmedida acumulación de riqueza y no de vidas humanas, como sucedería en eventuales despidos o recortes a los salarios.

Ser solidarios no implica quitarles el alimento a las personas trabajadoras, ser solidarios es pensar que las alternativas están en otro lugar y no en los salarios. En momentos críticos como los que estamos atravesando, debemos quitarle la voz a la politiquería y dársela a la Democracia, a los políticos serios, a los actores representativos de la sociedad, aunque sean oposición. En momentos como los actuales debemos escucharnos, porque la falta de empatía, la intolerancia y la confrontación, son pésimos consejeros en circunstancias turbulentas. Los trabajadores y las personas menos privilegiadas de la sociedad, siempre seremos mayoría y a veces la adversidad nos recuerda el “poder del soberano”.

En este momento lo que necesitamos es trabajar en alternativas, buscar opciones para reducir el impacto de la crisis y encontrar la manera de superarla. Cualquier decisión que se tome al margen de las personas trabajadoras -que al fin de cuentas son las que generan riqueza-, sería una estrategia errada. Costa Rica puede superar el distanciamiento por razones sanitarias, pero un distanciamiento por odios y por discrepancias no resueltas, sería fatal.

Cuando la Cámara de Empresarios se da la oportunidad de tener en su dirección personas inteligentes y con visión, no sólo las empresas se benefician, también las personas trabajadoras y el país. Esto hizo la diferencia en otros momentos de crisis, lo que pasa es que en la actualidad su falta de visión los lleva a enfrascarse en una lucha a muerte en contra del sector público. Me gustaría pensar que esta actitud mezquina no se debe a una estrategia para terminar de desmantelar el Estado social de Derecho o para buscar privatizar algunas instituciones del Estado. Lamentablemente, su propuesta de reducir el salario de los empleados públicos es muestra fehaciente de su ignorancia y de su mala fe.

Aun así, nuestro deber es llamar a la prudencia y hacerle ver a todas las personas que no se trata de una lucha entre trabajadores del sector privado contra el sector público. Que el despido o la reducción salarial de las personas trabajadoras es irracional.

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Juventud ANEP

Existe en nuestro país un grupo de hombres y de mujeres cuyo valor y grandeza están lejos de recibir el reconocimiento en su justa dimensión. Personas que ponen sus vidas en riesgo por la seguridad ciudadana y que nos dicen: “duerman tranquilos porque nosotros cuidamos”.

Conocen perfectamente la definición de peligro, lo que implica pasar largas jornadas de trabajo en un fortín, en un pabellón o rodeados de muchísimas personas privadas de libertad que no siempre están dispuestas a respetar el orden o a seguir los convenios de la sana convivencia.

Expectantes en todo momento estos servidores públicos saben que velan por la vida de sus compañeros, de los demás funcionarios, de las visitas y de la población privada de libertad. En este aspecto no puede haber errores y en caso de presentarse, las consecuencias son elevadísimas.

Duermen con la advertencia permanente de una posible fuga, de una riña, de un motín, o de un atentado contra la propia seguridad del centro penitenciario. Ante la alarma por cualquiera de los eventos mencionados saben que deben responder de inmediato, con profesionalismo y con la pericia que cada caso en concreto demanda.

También, saben lo que es perderse el cumpleaños de sus hijos, el no poder asistir a la celebración de ciertas fechas importantes y como si esto fuera poco, a conformarse con un salario que apenas les alcanza para sobrevivir. Ante las creativas estrategias de provocación continua que utilizan algunos privados de libertad, el policía o la policía sabe mantener la cordura. No importa que la agresión sea física o verbal, contra su propia dignidad o en contra del honor de su familia, un policía siempre sabe usar la razón y conducirse con altura.

La persona policía sabe paliar el sentimiento de la exclusión. Esto lo muestra frecuentemente, sobre todo cuando alguien, haciendo gala de su ignorancia, se atreve a calificarlos de corruptos, de poco preparados o de ignorantes. En resumen, se comprende que las personas no pueden dar lo que no tiene y sólo alguien con la suficiente inteligencia y educación es capaz de mostrar calidez humana con estos servidores.

La persona policía no es aquella desafortunada que no logró estudiar y que por ello debe conformarse con ese trabajo. Por el contrario, es una persona que realiza una función técnica y profesional en el campo de la seguridad, que muy pocos podrían y estarían dispuestos a realizar.

Es verdad que en algunas ocasiones se ha demostrado actos de corrupción o de abuso por parte de algunos agentes de seguridad, pero los casos son mínimos y estos nunca merecieron ser llamados servidores públicos y menos agentes de policía. Cualquier persona civilizada comprende que por hechos aislados o por la conducta de unas pocas personas, no se puede ensuciar el buen nombre de un colectivo.

En momentos de crisis como el actual, los miembros de la Policía Penitenciaria siempre han mostrado excelencia en sus labores y un profundo espíritu de servicio. Ellos y ellas no pueden dejar de trabajar, no pueden quedarse en sus casas, y tampoco pueden negarse a atender una emergencia. Por mucho tiempo se les tuvo en olvido, excluidos y silenciados. El reto que hoy tenemos como país, es dignificar la función de estos servidores, proveerles los equipos y las condiciones mínimas de seguridad, de higiene y de trabajo.

Finalmente, el cambio pasa por reconocer la importancia de la función policial, que en nuestro caso es ampliamente civilista y nada tiene que ver con la absurda idea de instaurar un Estado policial; por que la clase política logre comprender el rol y la importancia de los miembros de la Policía Penitenciaria; porque las autoridades del propio Ministerio de Justicia se esfuercen por la capacitación y dignificación de este cuerpo de seguridad; y, porque cada ciudadano y cada ciudadana comprenda que los policías están para brindar seguridad y para ayudar. Pero lo más importante, que todos y todas logremos comprender que un policía o una policía siempre es un ser humano.

Por: Claudio Alpizar Otoya

En estos días críticos, varios amigos me enviaron para mi lectura un artículo titulado “Si hay patadas, hay pa´todos” (La Nación, pág. 27), firmado por Guiselly Mora, Eli Feinzaig, Dennis Meléndez, Luis Mesalles y Thelmo Vargas. Una línea con la visión economista más pura y auténtica que se pueda tener en momentos de una fuerte crisis social, con un reduccionismo total a los aspectos económicos, donde los factores económicos priman sobre cualquiera otros.

Los analizo desde mi sesgo que prioriza la visión social, la cual me ha hecho seguidor del economista más reconocido e icónico del Siglo XX, John M. Keynes, aún vigente y no muy amigo de los articulistas mencionados, sobre todo cada vez que aparece una crisis económica en la que intentan ignorarlo, pero en la práctica, irónicamente también terminan siendo keynesianos.

John M. Keynes no creía que el sector privado pudiera ser el que resuelva los problemas más determinantes del sistema económico, como por ejemplo el desempleo. Era menos partidario de la autorregulación del mercado, pues este con frecuencia demuestra su incapacidad, más en las crisis, cuando hasta quienes endiosan al mercado imploran la acción estatal para influir en la actividad económica y lo ven como factor clave para reactivación económica.

Los mencionados articulistas inician su escrito solicitándole al Gobierno que tome medidas más fuertes para ayudar a las empresas privadas. Esa es la premisa inicial y clave de todo su planteamiento y el ciudadano en este caso pasa a ser secundario, pues es medio y no fin.

Luego continúan pidiendo que el Estado disminuya sus gastos, pero a la vez le piden más acciones. ¡Cuán contradictorio! Tratan de disimular el ventajismo que pretenden de la actual crisis hablando de “cerrar instituciones que no satisfagan un fin social”.

Yo pregunto: ¿Quién define entonces cuáles son sociales; acaso ellos? Una generalidad pasmosa que les permitiría meter en ese paquete de cierre a CNP, FANAL, EBAIS, RECOPE, ICE y otras tantas muy debilitadas en las últimas décadas. Porque es algo que siempre han soñado y que hoy, en la crisis, ante el papel protagónico y la eficacia que demuestran las instituciones públicas sienten que se les frustra.

Ellos prácticamente -si pudieran hacerlo- reducirían el Estado con fin social a la CCSS. Claro no sin antes afectarla en sus finanzas y dejarla funcionando al mínimo, pues desde su sesgo economicista el mercado de salud supliría todo lo demás y a “mejores” precios.

Dicen estar complacidos con la reducción unilateral de jornadas laborales en el sector privado como medida para no despedir personas mientras duren las calamidades, a la cuales le sacarán ventaja para perpetuarlas, pues en río revuelto ganancia de pescadores. Ese es su objetivo: aprovechar la crisis para precarizar salarios y beneficios.

Pero olvidan, miento, obvian, que será el Estado quien deberá brindar auxilio a esas personas con subsidios que irán desde el efectivo hasta abaratar o donar los servicios públicos, y eso no lo dicen porque se sentirían muy keynesianos, pero en el fondo lo esperan, no sin antes promover la precarización estatal, la cual disimulan con una falsa solidaridad en sus propuestas. Nadie duda que el Estado debe en esta crisis racionalizar sus gastos e inversiones y que de ello deberíamos aprender para el futuro, pero cuidado con quienes intentan disminuir su papel a futuro, pues esta no será la última crisis de nuestra historia y ocupamos un Estado cada vez más solidario.

Está claro que dichos articulistas no alaban en una sola línea el papel fundamental que muchas instituciones del Estado Solidario costarricense están y estarán desarrollando por días, semanas y meses, tal vez hasta por años, ahora y posterior a la crisis del COVID-19. Ellos saben muy bien que el mundo será otro y que sus premisas economicistas, que por años promovieron, han quedado desnudadas hoy y que se caen no por culpa de una Guerra Mundial o por la avaricia y la usura del sector financiero y bancario (Crisis del 2008), sino por algo que jamás imaginaron; por eso que tanto han alabado siempre: por una “mano invisible”.

Empero, una “mano invisible” que vino de una pandemia, la cual no se solucionará con bajar o subir el dólar, con más dinero circulando, con más o menos impuestos, sino que se soluciona con atención médica y prevenciones para la salud y la alimentación de todos. Que, por dicha de Dios, para el caso de Costa Rica, está en su mayoría en manos del Estado, el que dará sus servicios con equidad e igualdad a todos los costarricenses. No será el mercado quien defina quienes pueden disfrutar de los servicios requeridos: será la solidaridad.

El Estado costarricense no tiene problemas por su tamaño, y esa es la premisa más falsa promovida por quienes hablan de 330 instituciones estatales para asustar a los costarricenses, sumatoria que incluye a las 82 municipalidades, a 50 colegios profesionales y otras más que están en ámbitos diferentes.

El problema de nuestro Estado es la carencia de mayor eficacia y eficiencia. No es un asunto de tamaño o de despedidos, pues apenas representa el 13% de la mano de obra del país, y disminuye año con año.

Costa Rica no requiere de un estado lleno de “grasa”, pero tampoco de uno precarizado que muestre sus “costillas”; lo que requiere es un Estado fuerte y “tonificado”. Por ello, esta crisis que vivimos nos debería hacer coincidir y reclamar aún más su importancia. El Gobierno tendrá sus necesidades, y no deberá permitir el gasto indiscriminado, sino que deberá asegurarlo pues lo que viene estará lejos del alcance del sector financiero.

Estos “adalides” del mercado deshumanizado piden que el Estado costarricense se reduzca a la mitad; piden la reducción del salario de funcionarios públicos a 50%, igual que lo que se pretende hacer por ley con los funcionarios privados que son el 87% de los empleados.

Aquí lo que predican es “mal de muchos, consuelo de tontos”. Insisten en la guerra entre empleados públicos y privados que han promovido por años, pero ni por asomo solicitan una disminución de los compromisos y deudas adquiridas por los funcionarios públicos o privados, o de las utilidades en las empresas de productos de primera necesidad, pues pretenden mantener las utilidades abaratando solamente el empleo.

El empleado privado es tan importante como en empleado público. Se necesitan unos a otros, y ciertamente “si hay patadas hay pa’todos”, pero esta premisa también debe ser implementa en los momentos de bonanza, pero les aseguro que estos economicistas nunca encontrarán ese momento.

No dicen los articulistas que el Estado también tendrá una caída fuerte en sus ingresos, que ya venía con problemas, pero se le seguirá exigiendo servicios y atención oportuna. Pero siguen insistiendo en que todo es culpa del empleo público. Además, desde el Estado se deberá promover y reactivar la economía, y recuérdenme, estos mismos economicistas estarán pidiendo pronto suspender la famosa y vilipendiada regla fiscal que amarra a todo el Estado costarricense y serán ellos mismos quienes lo pedirán a gritos para la reactivación económica.

He sido pequeñito empresario toda mi vida, y estoy de acuerdo que se deben revisar con detalle las cargas sociales impositivas a los empresarios; pero no estaría nunca de acuerdo en que se aprovechen coyunturas de crisis para acabar y debilitar la solidaridad y la justicia social, pues siempre habrá hienas y tiburones esperando su oportunidad para hacerlo por beneficio particular.

El problema de nuestro Estado es la necesidad de promover mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas. Los servicios públicos tienen que mejorar en tiempo y calidad, y aquí la culpa es repartida entre gobernantes, sindicatos y empleados públicos, que hoy ante la crisis del COVID-19 tienen la gran oportunidad de mostrarse solidarios con sus mejores tareas para retomar credibilidad.También soy fiel creyente de la iniciativa privada, lo soy, pero nunca bajo el sustento de la desigualdad de oportunidades, porque ese no fue el país que forjamos y que debemos recuperar.

Los autores del artículo que critico aprueban las medidas que está tomando el gobierno para debilitar la seguridad de trabajo y los ingresosde los empleados privados, apuntando que si las mismas se hubiesen tomado con anticipación, la crisis por COVID-19 no nos habría tomado en una precaria coyuntura económica.

Al contrario, pienso que por dicha no se adoptaron cuando ellos las propusieron pues hoy la situación sería peor para todos los costarricenses. Por ejemplo, cuántas veces han querido debilitar nuestro sistema de salud por esa visión economicista? ¡Muchas!

En el artículo hablan de “vivir hoy para pelear otro día”. Por dicha estaba con vida nuestro Estado Solidario y gracias a ello hoy en día podemos seguir peleando.

Urgen, pues, medidas de auxilio para los pequeños y medianos productores en todas las áreas; urge ayuda para los asalariados en general, y saben ustedes quien las proporcionará: por supuesto que el Estado, ese mismo que tiene enemigos adentro y afuera; que siempre lo verán grande e ineficiente, y son precisamente esos ciegos que aun viendo… no ven.

Esta crisis pone la atención sobre la importancia del Estado, repito por tercera vez, eficiente y eficaz. Un Estado para los que lo necesitan, no para los que abusan de él, y de él abusan tanto actores públicos como actores privados.

Esta crisis pone a Costa Rica en una posición inmejorable para retomar el control del destino de nuestro país por los propios costarricenses, y será una manera de reafirmar nuestra soberanía nacional, por lo que tendremos obligatoriamente que volver a ver hacia adentro, hacia lo rural, tanto de la nación como de nuestros corazones.

– Politólogo

Lic. Benjamín Sevilla García , Secretario Juventud, ANEP

Este caso cobra particular importancia, precisamente, porque constituye un ejemplo claro de lo que puede hacer y llegar a ser una marca empresarial. El caso Odebrecht tiene relevancia, no sólo por lo mediático de sus presuntos actos de corrupción, sino por la cantidad de personas, empresarios y políticos que resultaron involucrados en el tema.

Implica, a su vez, casos tan sonados de soborno y cohecho entre altos mandos de distintos países de la región que esperan resolución judicial. Como aspecto relevante destaca su carácter transnacional, su permanencia en el tiempo y la cantidad de personas involucradas.

Como es de esperar, muchísimas personas están a la expectativa de las resoluciones judiciales. Pues tienen mucha credibilidad respecto de la fortaleza de los Estados democráticos de la región y en el presente caso, se pone a prueba la madurez y consolidación de cada uno de estos Estados, la capacidad de los poderes judiciales para conservar su independencia y también, aunque no se diga abiertamente, las sociedades esperan una sanción sobre las personas que se determine son responsables. La impunidad sería un indicador directo de la perdida de legitimidad política y del debilitamiento de los Estados de Derecho.

Otro factor a tomar en cuenta es que dependiendo del manejo que se les dé a estos casos, que por su implicación y alcance son tan mediáticos, podrían fortalecerse o no los liderazgos populistas que tanto daño le han hecho a nuestros sistemas sociales y políticos.

Como sabemos Odebrecht constituye un conglomerado empresarial de Brasil especializado en la construcción, la ingeniería y la petroquímica. Una de las razones de su permanencia y fuerza operativa radicaba, al parecer, en el nexo que ha conservado con el poder político. Además, se especula que dentro de su propia organización funcionaba otro grupo que se encargaba de velar por la operatividad y eficacia de los actos de corrupción a lo interno de la empresa. Con ello se aseguraban que, a través del soborno o el chantaje, Odebrecht siempre iba a tener las licitaciones de las principales obras públicas.

¿Qué puede hacer una empresa cuya organización es compleja para evitar que sus directivos incurran en estas conductas irregulares o delitos?

La idea es que las empresas, cuyo sistema operativo sea complejo, puedan hacerle frente a este tipo de situaciones y dejar de buscar excusas. Quizá, y si actúan de buena fe, podrían lograr cierto grado de éxito si ponen en práctica una serie de medidas que tienen que ver con controles en concreto o bien, con el desarrollo de la cultura de legalidad.

Al respecto, sería importante prestarle atención a temas como la valoración del riesgo, que son aquellas conductas que pueden ser previsibles y aquellas que no lo son, lo cual, eventualmente, podrían salvaguardar a la empresa de responsabilidades. Pues si la empresa metodológicamente realiza bien su trabajo y logra demostrarlo, los juzgadores no entrarán a conocer las valoraciones de las empresas, sino el método.

Por otra parte, en nuestros países aun cuando hay altos niveles de inseguridad, violencia y poca cultura de legalidad, lo correcto es impulsar este último elemento. La idea es que los controles estén bien diseñados, el tema de si una persona no aplicó correctamente estos controles puede ser manejado de manera distinta. Por eso es que suele decirse que, en estos casos, el juez debe ponderar “entre cuál es el grado que se tiene de cultura de la legalidad y cuáles son los controles que existen en concreto”.

Pero también se debe tener presente que no en todos los casos se le puede exigir a una empresa los debidos controles. Por ejemplo, se adquiere una empresa constituida, pero esta no cuenta con ningún programa de cumplimiento normativo y a los días se descubre que se realizó un pago indebido. Difícilmente, en este caso, se le pueda indilgar la responsabilidad a los nuevos directivos.

Finalmente, aunque una empresa logre mejorar sus controles y tenga un excelente plan de cumplimiento normativo, para evitar los actos de corrupción se requiere algo más, el compromiso y la voluntad de todos sus colaboradores y directivos.