Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General
2 mil 581 millones de colones será el monto de los recursos presupuestarios que diversos gobiernos locales del país no podrán utilizar en este año 2020, a raíz de la imperativa orden emitida por la Contraloría General de la República (CGR), con base en la detestada y hoy cuestionada Ley No. 9635, mal denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal.
De ello nos enteramos con la lectura de nota de prensa aparecida en Diario Extra, en su edición del pasado sábado 25 de enero, sorprendiéndonos muchísimo que, de todo ese monto, 1.305 millones de colones se le “congelan”, más bien se le quitan a la Municipalidad de Buenos Aires, uno de los cantones de menor desarrollo económico y social del país. Es decir, el 50% del monto financiero mutilado por la CGR corresponde a esta municipalidad.
Se aduce por parte del ente contralor, la aplicación de la denominada regla fiscal, incluida como uno de los apartados esenciales de dicha legislación; además de que se procedió a girar tal orden-imposición, por indicación expresa a partir de una certificación expresa emitida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), dependencia del Ministerio de Hacienda.
Esto representa un grave precedente, si se quiere histórico, de la pérdida de la autonomía municipal por culpa de la Ley 9635, la cual (a nuestro juicio y según calificados expertos jurídicos), violentó la autonomía constitucional del mismo. Las finanzas de los gobiernos locales están ya siendo controladas desde el Gobierno Central (Ministerio de Hacienda). Por ello, precisamente, esto está debatiéndose en el seno de la Sala IV.
Según la indicada nota de prensa, otras municipalidades sufrieron el “tijeretazo” presupuestario cometido por la dupla fiscalista neoliberal Hacienda-Contraloría: San Pablo, Naranjo, Escazú, Talamanca, Puriscal, Guácimo, Puntarenas, Parrita, El Guarco y Atenas.
Hacemos notar que, para el caso de San Pablo, el recorte por la tal regla fiscal, es de 783.5 millones de colones, un 30% del total cercenado a las municipalidades según la lógica neoliberal imperante hoy en materia de finanzas públicas.
A pocos días de las elecciones municipales del país, este venidero domingo 2 de febrero, anhelamos que todas las personas aspirantes a los diferentes cargos políticos en disputa, reflexiones con verdadera cultura cívica y con plena conciencia del deterioro socioeconómico de la convivencia en el nivel local; la circunstancia de que las municipalidades no pueden someterse al arbitrio de los políticos y tecnócratas del fiscalismo neoliberal, contrario al bien común y a la inclusión social, que supone esta regla fiscal de la ley 9635.
En esos dos cantones, Buenos Aires y San Pablo (ambos concentran el 80% del tijeretazo neoliberal presupuestario para este año 2020), con índices de desarrollo económico-social diametralmente opuestos, la anti-constitucional orden contralora, en nuestro criterio, representa un duro golpe para sus habitantes, para su calidad de vida, para las oportunidades económicas de su proceso de desarrollo.
Nos preguntamos: ¿Se han puesto a pensar las personas aspirantes a los cargos municipales del cantón de Buenos Aires, el obstáculo que representará para el éxito de su gestión, 1.305 millones de colones menos en su presupuesto, sólo en este 2020? ¿Cómo será tal recorte en los años siguientes del mandato gubernativo 2020-2024? ¿Han pensado en cómo tal recorte y los subsiguientes, puedan seguir ahondando la exclusión económico-social del pueblo del cantón de Buenos Aires cuya pobreza está más que certificada?
Por el contrario, en el caso del cantón de San Pablo, reconocido por su alto estándar de vida y su buen nivel de inclusión social y económica, ¿cuánto afectará ya no solamente mantener esos indicadores positivos de la convivencia cantonal, sino evitar su involución, si no se cuenta con esos 783 millones de colones recortados al presupuesto 2020 y los nuevos tijeretazos presupuestarios por venir en el nuevo mandato 2020-2024? ¿Están pensando en ello las personas candidatas que aspiran a quedar electas en el cantón de San Pablo este domingo 2 de febrero?
Afortunadamente, diversas autoridades municipales actuales (aunque tardíamente), comprendieron bien el impacto radicalmente adverso de la Ley 9635 en cuanto a la autonomía de la que, por orden constitucional, siempre disfrutaron; particularmente del nefasto impacto en el desarrollo de las comunidades y sus respectivos gobiernos locales, de esa regla fiscal.
En sede de la jurisdicción constitucional, también de manera afortunada, el tema está siendo analizado y, para bien de la propia Democracia y de su institucionalidad republicana, es nuestro deseo de que se determine la inconstitucionalidad de la intromisión de la cartera ministerial de Hacienda (Gobierno central), en los gobiernos locales.
Ya son demasiadas las consecuencias sociales y económicas negativas que tiene para Costa Rica, el fundamentalismo fiscalista de corte neoliberal impuesto y aplicado a la sociedad en las últimas administraciones gubernativas de lo que hoy denominamos como tripartidismo (PLN, PUSC, PAC).
Peor será la consolidación político-ideológica de ese fundamentalismo a nivel de los gobiernos locales, los gobiernos más cercanos a la gente. Es de enorme responsabilidad democrático-cívica impedirlo.
