Desigualdad: problema de vida o muerte para nuestro tiempo

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A quien esto escribe le costó leer-pronunciar este nombre: Abhijit Banerjee. Probablemente a usted, quien nos da el gran honor de leer el presente comentario, le pase lo mismo. El señor Abhijit Banerjee es un ciudadano estadounidense nacido en India y le acaban de otorgar el Premio Nobel de Economía correspondiente a este año por concluir, 2019. Por cierto, otro gran ciudadano de origen indú, también economista, ya había ganado dicho galardón, Amartya Sen.

El señor Abhijit Banerjee compartió dicho premio con dos personas más, entre ellas su esposa, Esther Duflo, ciudadana de origen francés. Ambos laboran en el muy reconocido y prestigioso MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estado Unidos. Él es profesor de Economía en esa casa de altos estudios superiores de este país.

Ambos escribieron un libro-estudio, muy galardonado, cuyo nombre en español es “Repensando la pobreza: Un giro radical en la lucha contra la desigualdad”.

Nos referimos en nuestro artículo de hoy a esta pareja por cuanto se les reconoce sus serios estudios de muchos años en torno al problema de la pobreza mundial y cómo aliviar la misma. Dentro de su enfoque en tal sentido, estima el señor Banerjee que las políticas neoliberales destinadas a que los ricos paguen menos impuestos, así como bajarles los que ya tienen, permitirá más inversión en la sociedad, es un mito.

Planteado esto en la Costa Rica de hoy, es una verdadera herejía. O sea, que los ricos paguen más impuestos, que se eleve la carga tributaria por el lado de la progresividad y que, por tanto, haya más dinero en el circuito financiero de los países pues habría más ingresos para más y mejores políticas sociales y de fomento económico inclusivas, es una tesis “inviable” según la hegemonía neoliberal actualmente en el poder y en los gobiernos.

El señor Banerjee y la señora Duflo son parte de esa amplia gama de mentes brillantes que, desde las mismas entrañas del capitalismo neoliberal central, en este caso el de Estados Unidos, vienen preocupadísimos alertando acerca de que la pobreza, si ya era un serio problema, ahora es mucho peor pues ha generado otro en grado superlativo: la desigualdad.

Al leer el sitio digital de noticias, el ahora premiado señor indú-estadounidense Sr. Banerjee responde de manera categórica en cuanto a que la estimulación de la demanda será a partir de subir los impuestos, no recortándolos. Y, además, critica a varios gobiernos de países muy grandes en cuanto a que la han dado incentivos fiscales a los ricos que ya de por sí, dice él, están sentados sobre toneladas de dinero.

Nos dice en esa entrevista para www.portafolio.co lo siguiente: “La creciente brecha de desigualdad en países desarrollados como Estados Unidos ha enfurecido a los ciudadanos y ha contribuido a las tensiones comerciales mundiales que estamos viendo hoy”. ¡Exacto! Las más notables conmociones sociales latinoamericanas del año ya por terminar, así nos lo demuestran.

Adicionalmente, indicó algo impactante desde el punto de vista de la calidad de intelectual que es él y del amplísimo cúmulo de conocimientos que tiene: “Es increíble que, en nombre del crecimiento, se haya permitido que la desigualdad explote hasta este punto”. Es decir, hasta que la revienten en la cara a los gobiernos esos estallidos sociales. Para él, el crecimiento se consigue dando dinero a la gente, no recortando impuestos.

La desigualdad, su sistemático crecimiento, las conmociones sociales que ha generado y que seguirá provocando, la espeluznante circunstancia de que la actual brecha entre ricos y pobres parece la más grande de todos los tiempos; además de que aquellas sociedades que, exitosamente, construyeron clases medias hoy las están destruyendo; repetimos, la desigualdad es ya algo de vida o de muerte en nuestro tiempo. Y parece que, por tanto, el antagonismo crucial de la época presente no es más que la confrontación de esa desigualdad con los derechos humanos fundamentales.

Más ajuste fiscal durante mucho tiempo

Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“Más ajuste fiscal durante mucho tiempo” es la cruel sentencia que desde el imperio de los mercados neoliberales nos están dictando, condenándonos a mayores niveles de tormento social y económico para la clase trabajadora y, en general, para las grandes mayorías del pueblo costarricense.

Así lo afirmó el señor Fernando Losada, Director General de Análisis de la firma Oppenheimer & Co. (New York), en entrevista que le hiciera la periodista Gabriela Frías, de la sección de economía y finanzas, Portafolio Global, de la cadena de noticias CNN en Español.

Este durísimo señalamiento, ¡no nos toma por sorpresa! Tenemos una enorme cantidad de tiempo planteando que la hegemonía político-ideológica impuesta por el mismo grupo económico-financiero implantado en la gestión macro-fiscal del país, a lo largo de las últimas administraciones gubernativas (PLN-PUSC-PAC), nos conduce al precipicio.

Espeluznante es el anuncio del citado especialista, ese tipo de “gurú neoliberal” de los mercados financieros globales (que tienen tanta influencia en los sectores banquero-financieros ticos), de que para el próximo año 2020, 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), serán consumidos por el déficit fiscal y por amortizaciones de deuda.

¡TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE COLONES! (3.850.000.000.000), deberá cubrir el pueblo costarricense sacando plata de donde ya no tiene y/o de sus esquilmados bolsillos, para el año que ya se asoma.

¡Se fue Rocío Aguilar Montoya y la situación macro-fiscal y tributaria del país quedó peor de cuando la pusieron en ese cargo el grupo ideológico-político, económico-mediático dominante!

“Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, nos apunta, por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), fuente nutriente de nuestras apreciaciones macrofiscales con perspectiva socio-sindical, inspiradas en el lema de tan prestigiosa entidad independiente: Por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo; entidad que es financiada por instituciones cooperantes de Suecia.

El ICEFI “manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8% del PIB, por encima del 5.8% estimado por ICEFI para el cierre de 2019”. ¡Nos llevan al precipicio!

La impagable, para nosotros, deuda pública es una candela de dinamita del más puro TNT: vamos hacia la fatídica cifra de 40 mil millones de dólares. Por eso el ICEFI afirma que la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Para salva la Paz, la estabilidad política hoy sumamente frágil y la Democracia misma, Costa Rica ocupa, por una parte, la más grande gesta de Diálogo Social jamás emprendida antes de que el hundimiento sea irreversible.

Además, particularmente, se ocupa de una Transformación Tributaria Estructural. Actualmente, la carga tributaria es rígida, los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres, la estructura tributaria no permite el combate a los flujos internacionales de capital (FIC), y la estructura tributaria es regresiva. Así caracteriza el ICEFI la disfuncionalidad impositiva que está calentando la olla de presión social.

Ahora que quienes nos han llevado al desastre económico-fiscal han decido incrementar la acción político-represiva, pretendiendo imponer la ley anti-huelgas, aunque ello implique desdeñar los compromisos obligantes para el país en materia de Derechos Humanos; en ANEP pensamos que se impone la más grande unidad cívico-popular y patriótica para enfrentar el autoritarismo en Democracia, de corte neoliberal, ya en desarrollo en estos momentos. Hacemos un humilde pero vehemente llamado en tal sentido.

ANEP reafirma su rechazo a fijación salarial anual para sector público

  • ANEP desplegará fuerte campaña de denuncia en las bases del sector público
  • Sindicalistas firmantes legitimaron política de empobrecimiento salarial
  • “Acuerdo” firmado es espurio, carente de legitimidad y de representatividad

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su total rechazo al espurio “acuerdo” firmado por el Gobierno con dirigentes sindicales de escasa representatividad, por medio del cual se impuso una única fijación anual para el sector Público a partir de este año 2020, mismo que fuera suscrito el pasado 17 de diciembre de 2019.

 La ANEP, en consecuencia, cataloga tal “acuerdo” como espurio, carente de legitimidad dado que, por ejemplo, organizaciones sindicales relevantes de importantes conglomerados laborales del Magisterio Nacional, de la Caja, del ICE y de otras empresas públicas, así como de las municipalidades, han estado rechazando tal “acuerdo”, desconociéndolo. Y, por supuesto, jamás se les tomó parecer a las personas trabajadoras correspondientes.

 ANEP desplegará a partir de este momento y en tal sentido, una fuerte campaña de denuncia en las bases laborales del sector Público, para dejar en evidencia la perversa naturaleza de tal “acuerdo”; mismo que legitima la política neoliberal de considerar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público como las responsables del déficit fiscal, aspecto éste que ya está más que demostrado que resultó ser completamente falso.

 Los dirigentes sindicales que le firmaron al repudiado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada tal “acuerdo”, le otorgaron a éste una legitimación que desde el lado obrero carecía y que le urgía exhibir; considerando que la práctica totalidad de la clase trabajadora costarricense rechaza su quehacer gubernativo, centrado éste en el empobrecimiento generalizado de las personas asalariadas, luego de la imposición del combo fiscal-Ley 9635. 

En sentido, resulta inconcebible e inaceptable que desde la parte sindical se avalen políticas de precarización salarial como las que representa este «acuerdo; haciéndose más que necesario denunciarlo y no guardar un silencio cómplice.

 En tal sentido es preciso que la clase trabajadora de este país comprenda que una organización del calibre de la ANEP sigue estando de su lado y que preferimos que la legitimidad que se nos otorgue es por nuestra consecuencia con los fundamentales principios de la lucha sindical y obrera. En tal sentido, marcamos la necesaria distancia del sindicalismo pro-oficialista y gobiernista.

 La ANEP, aparte de la denuncia indicada, está próxima a abrir un proceso en sede judicial con miras a una eventual nulidad de tal acuerdo espurio y, por supuesto, impulsaremos la movilización necesaria que permitan las condiciones actuales, para mostrar el gran rechazo y el enorme repudio de las bases laborales del sector Público a ese acuerdo entreguista.

¿Por qué se decantó doña Gloria en denunciar al dirigente sindical, Albino Vargas?

Por: Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública

Paradójicamente, la persona que denuncia al señor Albino Vargas, aduciendo que “instiga” para que se cometan delitos en perjuicio de la tranquilidad pública, es la misma que muchas veces en ejercicio de sus funciones defendió narcotraficantes, es de todos sabido, que el narcotráfico es la principal causa de violencia en nuestro país. Sin embargo, cita parte de la denuncia “venimos a denunciar al señor Albino Vargas Barrantes, mayor, funcionario público dedicado al ejercicio de un presunto sindicalismo que cada día se torna violento en daño de la sociedad civil”.

En la denuncia se observan errores de redacción, por ejemplo: “dedicado al ejercicio de un presunto sindicalismo”, por cuanto no es una presunción, es público y notorio que don Albino Vargas es dirigente sindical, que ostenta el cargo de Secretario General de ANEP, organización sindical que cumple con los presupuestos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, mismo que incluye los Convenios Internacionales suscritos por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sigue citando la denunciante: “Dicho señor con sus discursos y acciones (no dice cuáles) ha venido a desestabilizar el orden constitucional costarricense incitando a la violencia”. Nuevamente, es preciso recordar que, según se ha establecido por parte de las autoridades policiales, el incremento en la violencia, con ajusticiamientos, homicidios y balaceras en sitios públicos, es resultado de las pugnas por territorio para la venta de drogas, o sea, del narcotráfico. Ilícito negocio que encuentra terreno fértil en el desempleo, la falta de oportunidades y en el cada vez más reducido poder adquisitivo.

Es preciso preguntar ¿por qué se decantó la señora Navas en denunciar a uno de los muchos dirigentes sindicales de nuestro país? Se debe descartar la posibilidad de obtener algún beneficio económico, ni Albino es un adinerado, ni ANEP es un emporio corporativo que pueda amasar una fortuna, así las cosas, es preciso valorar y presumir que la misma deviene del populismo punitivo, ese que busca criminalizar la protesta social. Extrañamente la denunciante en el hecho quinto señala: “Hace unos días ante una presunta huelga (no se presume, huelga es huelga, legal o ilegal) convocada por sindicatos médicos y de profesionales afines (…) léase bien, la huelga no fue convocada por ANEP, tampoco por Albino Vargas. Sin embargo continua diciendo “incitaba a las masas a reaccionar y negar la prestación de servicios esenciales como la salud poniendo en peligro la vida de muchos ante la masiva cancelación de citas y de cirugías programadas”. Luego, la experimentada abogada, establece como elenco probatorio las notas de prensa.

En tal sentido, sorprende que con tanta experiencia y con participación en manifestaciones (en contra del gobierno) afines a su ideología, introduzca una serie de hechos extraños o ajenos a la persona denunciada, pareciendo desconocer que existen varias organizaciones sindicales en los servicios de salud, mismas que cuentan con sus respectivos dirigentes sindicales, al efecto se pueden citar: SIPROCIMECA, UNDECA, UNIÓN MÉDICA, ANPE, SINAE, entre otras. Todas constituidas de conformidad con los requisitos establecidos en nuestro Código de Trabajo, y demás normativa vinculante, o sea, parte de nuestro Estado de Derecho ¿Por qué únicamente se denunció a don Albino Vargas?

Parece sumamente preocupada la denunciante por la salud de las personas. No obstante, muchas de las emergencias que atienden los hospitales, se derivan de una actividad que fue defendida por ella, claro, bajo el presupuesto de que toda persona tiene derecho a la defensa. Igual que se tiene derecho de sindicalización con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Bajo esa premisa, nuestra Constitución Política también garantiza la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de reunión, algo más, que posiblemente en su afán de aprovechar el momento coyuntural olvidó doña Gloria, el principio de autonomía de la voluntad, si, ese que cita que; “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”. En ese orden de ideas, la señora Navas usa para “fundamentar” su denuncia un video que fue tomado sin autorización y divulgado por varios medios de comunicación, de una actividad privada, en la cual participaban diversos sectores sociales con la finalidad de analizar los efectos de las políticas adoptadas por los partidos de gobierno, así en plural, porque es claro que PAC, PLN y PUSC son lo mismo en la actualidad.

Por último, se puede disentir, discrepar, pensar diferente sobre diversos temas, aun siendo parte del mismo equipo u organización; sin embargo, utilizar el derecho para pretender imponer una posición o inclusive acallar a quien tiene una postura diferente de la nuestra, resulta absolutamente reprochable y censurable.

Lic. Mainor Anchía Angulo Seccional ANEP Fuerza Pública

ANEP solicita al Gobierno incluir a la Policía Penitenciaria en reajuste salarial

Mediante su seccional en la Policía Penitenciaria, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregó un documento en Casa Presidencial en Zapote, solicitando al Gobierno de la República incluir a los miembros de la Policía Penitenciaria en la mejora salarial propuesta para Seguridad Pública.

El documento entregado en Casa Presidencial indica “Es importante señalar que, la función de los miembros de la Policía Penitenciaria es una de las más peligrosas y desgastantes en materia de seguridad. Además, el salario de estos compañeros y de estas compañeras no compensa justamente el alto riesgo y los niveles de responsabilidad que enfrentan diariamente”.

Además, agrega que los cuerpos policiales del país cumplen una función extraordinaria en materia de seguridad, y que justamente, están incluidos en una misma ley.   

Actualmente el salario base de un Agente de Policía Penitenciario ronda los 328 mil colones.  

Benjamín Sevilla sobre solicitud de aumento

El pasado miércoles 10 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo anunció un ajuste técnico de hasta un 6% en los salarios más bajos, el cual se aplicará a puestos correspondientes a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Academia Nacional de Policía, Policía de Control de Drogas y Policía de Migración y Extranjería, dejando por fuera a la Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal y Guardaparques.

Documento presentado en Casa Presidecial

La UCCAEP, en “desintegración”, fracasa su intentona de disolver a la ANEP

La solidaridad internacional ha resultado fundamental para proteger a la ANEP

La actual Ministra de Trabajo de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Geannina Dinarte Romero, ha comunicado a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que dicha cartera de Gobierno rechazó la funesta intentona del otrora (hoy en proceso de desintegración), principal gremio empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), cuando éste acudió a dicha cartera ministerial pidiendo iniciar un proceso tendiente a la disolución-ilegalización de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Efectivamente, la ministra Dinarte envió una nota, oficio MTSS-DMT-OF-1603-2019, con fecha 25 de octubre de 2019, dirigida a Rosa Pavanelli,  así como a Jocelio Drummond, Secretaria General y Secretario Regional Interamericano, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), respectivamente, entidad global de organizaciones laborales de los servicios públicos, con presencia-filiales en 163 países; indicándoles que ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de su anterior jerarca, Steven Núñez Rímola, había desestimado la perversa pretensión de la UCCAEP de su iniciativa de disolución de la ANEP, oficio MTSS-DMT-OF-947-2019, fechado 10 de julio de 2019.

En dicha comunicación el ahora exjerarca ministerial del MTSS, le indicó a Gonzalo Delgado Ramírez, Presidente de UCCAEP que el asunto por él planteado “…no se encuentra en la fase procesal adecuada para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueda accionar según lo solicitado”.  El indicado dirigente empresarial pretendió que esta entidad fuera más allá de lo que legalmente le es permitido, en contra -incluso-, de un fallo constitucional (resolución No. 71-1989) que le limita las competencias al Departamento de Organizaciones Sociales, como para impulsar semejantes medidas de corte autoritario-dictatorial.

El gran respaldo y reconocimiento de que goza la ANEP allende nuestras fronteras, posibilitó el despliegue de una campaña internacional de denuncia y de solidaridad como la ejecutada por la ISP, a la cual tuvo que dirigirse el Gobierno de Costa Rica vía el MTSS. Igualmente, ha resultado de impacto que el ataque a la ANEP haya sido del conocimiento de la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la central sindical más grande y representativa de nuestro continente.

A nivel de la Unión Europea (UE), también, la situación de la ANEP está en constante monitoreo, mediando la vigilancia de la coalición cívico-social EUROBAN, entidad de sociedad civil europea que vela por el comercio justo y por la producción limpia, social y ambientalmente sostenible, de la piña y del banano costarricenses. En EUROBAN, están insertas entidades de renombre, en tal sentido, como BANANALINK y BANANA FAIR; así como uno de los sindicatos más representativos y grandes del Reino Unido: UNISON.

Ante el fracaso de la UCCAEP, entidad que parece estar “auto-desintegrándose”, la ANEP espera que la sensatez y la cordura imperen en el liderazgo empresarial de este gremio corporativo. El fracaso de la UCCAEP, también lo es el de la Cámara de Industrial y el de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, cuyos jerarcas, Enrique Egloff y Maurizio Musmanni, pretendían lo mismo: ilegalizar a la ANEP. La discusión es de ideas y de planteamientos, con propuestas serias. La ANEP tiene un largo caminar al respecto.

Adjuntamos copia de los oficios ministeriales citados en el presente comunicado.

San José, miércoles 30 de octubre de 2019.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Disolución de La Anep-rechazo a Gestión de Uccaep-respuesta a Isp by EugenioGuerrero on Scribd

Huelga es huelga

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Huelga es Huelga”, decía el expresidente de la República, don José Figueres Ferrer; mandatario de facto una vez y dos por elecciones. La frase de don Pepe nos cae como anillo al dedo ante la “amenaza” neoliberal de castrar de raíz la protesta social y la movilización popular, aprobando en segundo debate, el expediente legislativo número 21.049, eufemísticamente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.

¡Ni frío ni calor nos da! Las únicas huelgas legales en Costa Rica, prácticamente fueron las que se presentaron el año pasado 2018, cuando se “estrenó” la Reforma Procesal Laboral en materia de huelga. Antes de ese año 2018, prácticamente todas las huelgas, desde la promulgación de la Segunda República, fueron declaradas ilegales.

Personajes políticos nefastos para la Democracia como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, como Pedro Muñoz Fonseca, como Víctor Morales Mora, entre otros ocupantes de curules diputadiles, mal hacen en cantar victoria sobre el movimiento sindical y, especialmente, sobre las legítimas aspiraciones de luchas del pueblo trabajador costarricense por una real justicia social en la Costa Rica desigual de hoy.

Ellos, haciendo gala de sus convicciones neoliberales, totalmente fracasadas, que hasta los principales periódicos estadounidenses lo empiezan a reconocer, creen que la Patria es una finca de la cual ellos son sus capataces. Saben muy bien que están pisando un campo minado al seguir pretendiendo imponer un modelo de democracia autoritaria, cuando analistas políticos serios, de un modo u otro, reconocen que como sociedad estamos sentados sobre un barril de pólvora.

Por otra parte, los más célebres estudiosos de los fenómenos sociales globales y latinoamericanos coinciden en que la única forma de imponer el modelo neoliberal es con autoritarismo, represión policial y militar, revirtiendo derechos democráticos, relativizando y segmentando los Derechos Humanos, en realidades que indican que ya no bastan las dictaduras mediáticas tradicionales, pues el frente abierto por las redes sociales posibilitan la invocación al ejercicio democrático de la calle con consecuencias magistralmente demostradas en diversos pueblos de la Tierra.

En verdad, resulta ridículo e irrisorio que la represión jurídica, ilegalizando la huelga, proscribiendo sindicatos, criminalizando la protesta social y abriendo procesos penales espurios contra los dirigentes, puedan contener el desarrollo de la expresión abierta de la iracundia popular que se está incubando en las mentes, en los corazones, en los estómagos, de 300 mil personas sin empleo; de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, personas emprendedoras de negocios en la ruina, de 800 mil personas al margen de la seguridad social, de muchos miles más de compatriotas altamente endeudados por las tasas de usura en créditos de todo tipo; de un cuarto de millón de personas trabajadoras en el sector público, vilmente ofendidas y culpabilizadas por un déficit fiscal de lo cual tienen ni la más mínima responsabilidad; y de varios miles de personas dedicadas a la actividad de la producción agropecuaria nacional al borde de la extinción económica por deudas con los bancos que no pueden pagar. Y ni qué decir de las juventudes, especialmente las que terminan la educación secundaria y universitaria enfrentando el futuro más incierto que generaciones anteriores de personas costarricenses tuvieron a partir de 1949.

Con o sin sindicatos, no pueden negar ni los Carlos Ricardo, ni los Pedro Muñoz, ni los Víctor Morales, ni toda esa clase política acuartelada en los muros agrietados del neoliberalismo, con tanto miedo que decidieron “bunquerizarse”, que la realidad social anteriormente descrita de la Costa Rica del Bicentenario, más temprano que tarde les estallará en la cara. 

Esto apenas empieza…

Disolver a la ANEP: ¿un altar a la ignorancia o un golpe a la democracia?

Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juvetud ANEP

¡Disolvamos a la ANEP! Con mirada desorientada y rostro desencajado, así golpean la mesa quienes no tienen argumentos para debatir. ¡Cómo les cuesta entender que “hasta los ineptos son contados como inteligentes cuando guardan silencio”!

El odio que algunas cámaras empresariales manifiestan en contra de la Asociación Nacional de Empleados PÚBLICOS y PRIVADOS (ANEP), pone en evidencia la incapacidad que tienen para hacer Patria, para velar por la Democracia y para darle continuidad al Estado Social de Derecho

Los sindicatos constituyen una institución de la Democracia. Su evolución los ha llevado a realizar planteamientos sobre los grandes temas del país, con particular interés en aquellos que guardan relación con derechos económicos, sociales y culturales. Además, son los sindicatos verdaderos defensores de Derechos Humanos. 

En este sentido, la ANEP es una organización reconocida a nivel nacional por sus planteamientos, por sus luchas en favor de las personas trabajadoras del sector público y del privado; y, por denunciar lo que otros no se atreven. ¿A quiénes molestará realmente este sindicato para que grupos poderosos del país estén pidiendo su disolución?

Las personas que leen algo más que los periódicos y que observan más allá de lo que una pantalla de televisión tenga que decirles, podrían estar conscientes que las razones por las que buscan silenciar a la ANEP no se ajustan a las esgrimidas públicamente.

Altar a la ignorancia es afirmar que el motivo radica en los bloqueos, en la solidaridad con las personas que no son atendidas en los centros hospitalarios producto de una huelga; o, en el supuesto delito de instigación de un dirigente sindical.  

El costarricense bien informado se da cuenta de que el morbo y sensacionalismo que gira en torno a casos aislados y lamentables, que ocurren en momentos de huelgas o protestas, no se compara con la reacción mediática ante casos más numerosos que ocurren en otros momentos y que casi pasan desapercibidos.

No se ven entrevistas televisivas de aquellos casos en los que una persona no pudo llegar a tiempo al hospital por las enormes presas que se generan por falta de ampliación de una carretera, por la deficiente inversión del Estado en infraestructura. No se ven denuncias por la programación de citas médicas en plazos exagerados. Tampoco se ven denuncias masivas en contra de empresarios que defraudan al fisco, que roban impuestos y que eluden.

Así las cosas, se podría afirmar que el interés mostrado por quienes piden la disolución de la ANEP claramente está direccionado hacia otros fines, unos muy distintos de los que públicamente manifiestan. Ni siquiera pueden adjudicarle al sindicato una lucha abusiva por privilegios, gollerías o sobresueldos, pues sus agremiados son de los estratos más bajos del empleo público y del privado (policías, municipalistas, trabajadores privados de las plantaciones de piña y banano, etc.), en su mayoría con salarios muy bajos y condiciones de trabajo deplorables.

Los detractores de la ANEP, de manera reiterada, mencionan el tema de los bloqueos, pero nunca se refieren a las condiciones previas de una huelga. Es un error criminalizar la protesta y castigar una reacción ciudadana, si antes no se atienden las causas, los verdaderos motivos que obligan a una parte del pueblo a levantarse y protestar. Las denuncias se deben dirigir en contra de quienes con sus decisiones y conductas obligan a las mayorías a resignarse a una condición de pobreza y desigualdad.

En Costa Rica todavía quedan liderazgos insumisos, personas con criterio propio. Se cuenta aún con profesionales que aprendieron el Derecho y estudiaron leyes para hacer justicia.  Coinciden ellas en que la disolución de sindicatos es una reacción natural de las dictaduras, una afrenta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero, por otra parte, surgen profesionales, académicos reconocidos que, por un puesto, un nombre y sus propias frustraciones, tuercen los criterios a conveniencia del poder político. Opacan así, lo que un día defendían y enseñaban desde sus libros o estrados universitarios, ¡la historia se los cobrará!

Finalmente, pedir la disolución de un sindicato con base en declaraciones sacadas de contexto, no sólo constituye un altar a la ignorancia, sino que es un golpe a la Democracia. Bien harían las cámaras empresariales si en virtud de estar invadiendo el ámbito de competencia sindical, se limitaran a evitar que sus representadas pudieran evadir sus obligaciones contributivas. Es posible que en algún momento el favor les sea devuelto; que a alguien se le ocurra pedir la disolución de una cámara empresarial, porque su presidente o alguna de sus empresas decidió ocultar sus ganancias o dejar de cumplir sus deberes fiscales.

Lic. Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud ANEP

Seccional ANEP-Taxistas solicita ante Consejo de Gobierno pagar en tractos el canon de ARESEP

La Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas), solicitó al Consejo de Gobierno que el pago del canon de ARESEP con un costo de ¢113.000.oo, incluido en el cobro del marchamo, sea pagado por tractos o bien, sólo se cobre la mitad del monto, tal y como se realizó el año anterior.

La solicitud realizada por la seccional, se une a la que presentaron el pasado 5 de diciembre ante el mismo ente, solicitando que se les exima o se les permita pagar en tractos el pago del marcho del año 2020. Esto debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.  

 “La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta entregada el pasado 5 de diciembre.

La propuesta de la Seccional sobre el canon de la ARESEP, se debe a que hace una semana, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el gremio de taxistas, acordaron pagar en tractos el canon del CTP el cual tiene un costo de ¢92 mil 411. Ese monto lo podrán cancelar de la siguiente forma: un primer pago de ¢55 mil 447, un segundo pago de ¢23 mil 103 y el último de ¢13 mil 861.

Compartimos el documento presentado por la Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas)

Carta al Consejo de Gobierno-Seccional ANEP-Taxistas by EugenioGuerrero on Scribd

Entrevista con representantes de la Seccional ANEP-Taxistas

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos

Luego de que ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE dieran a conocer el pasado 10 de octubre el informe de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas (ONU), el cual calificó el proyecto de ley que busca regular las huelgas como incompatible con los tratados de Derechos Humanos para Costa Rica, muchos sectores pusieron en entredicho este pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones sindicales antes mencionadas, enviaron una nota cuestionando y solicitando una aclaración a la oficina del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica sobre el papel y el informe de los Relatores Especiales.

Conferencia de Prensa

En la respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, dirigida a la ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE, rectifican que el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Sobre el planteamiento de su nota indico que de conformidad con las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado de Costa Rica en materia de derechos humanos provenientes del derecho internacional incluyendo los tratados internacionales, los Estados tienen el deber de cumplir con dichas obligaciones. La Oficina de País que promueve el cumplimiento e implementación de estas obligaciones”, indica la carta OCR 029-2019, firmada por Alice Shackelford,  Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica

Respuesta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Asimismo, agregan que: “Los procedimientos especiales recogen un conjunto diverso de mecanismos que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos y prevenir violaciones relacionadas con temas o situaciones particulares o examinar la situación de países específicos”.

Y en consecuencia resaltan que “los Procedimientos Especiales constituyen un instrumento clave para asegurar el cumplimiento de los DDHH en los países y sus recomendaciones deben ser consideradas oportunamente por los Estados”.

Walter Quesada, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE consideran oportuna la aclaración del Sistema de Naciones Unidas de Costa Rica, ante el convulso escenario que vive el país, y a la vez, agradece la iniciativa de crear alianzas con los sindicatos y los diversos sectores del país para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH), como lo indica la misiva, en la que se solicita el interés de sostener una reunión con nuestras organizaciones lo antes posible, para discutir sobre los mecanismos y acciones para cumplir tales fines.   

Rafael Mora, Asesor Político ANEP

Aclarados esos puntos, no es justificable que actores políticos, empresarios y algunos medios de comunicación debiliten el mandato de los Procedimientos Especiales de la ONU.

Conferencia de Prensa

Carta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Huma… by EugenioGuerrero on Scribd

Carta ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE al Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Respuesta a Onu- Costa Rica – Anep-Asdeice-siiice-upins (1) by EugenioGuerrero on Scribd

Informe de Relatores Especiales de la ONU

Proyecto de Ley para regula… by EugenioGuerrero on Scribd