Manifiesto de la ANEP ante las Elecciones Municipales Nacionales

– A la comunidad laboral municipal de Costa Rica, a las comunidades cantonales del país

– Seguridad laboral, justicia social, autonomía municipal y sindicalismo ciudadano

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con la autoridad que nos da ser la organización laboral-sindical de más amplia trayectoria en el sector municipal costarricense, así como de tener el inmenso honor de representar y de defender los intereses económico-sociales y reivindicativo-laborales de la mayoría del personal municipal del país; ante las elecciones municipales nacionales del próximo domingo 2 de febrero de 2020, manifiesta:

PRIMERO: Hacer un vehemente llamado a cada persona trabajadora asalariada municipal para que se haga presente en la urna electoral correspondiente y ejerza, con vocación cívica y con alto espíritu crítico, el sagrado derecho al sufragio. Creemos que el poder del voto se debe ejercer de manera contundente y que no es responsable quedarse en la casa y abstenerse de votar.

SEGUNDO: El voto es un acto individualísimo, secreto y producto del ejercicio de un Derecho Humano fundamental: la elección del gobernante, en este caso, para el gobierno local. ANEP, que es independiente de toda agrupación política local, provincial y/o nacional, respeta, profundamente, la decisión personal de cada persona ciudadana votante municipal. Sin embargo, en cuanto integrantes de la clase trabajadora costarricense, la familia municipal laboral no puede dejar de considerar la agresión de que ha sido víctima en los últimos tiempos por parte de varias colectividades partidarias que le han quitado conquistas y derechos a la familia laboral municipal, al haber esos partidos renegado de sus principios filosóficos, especialmente los socialdemócratas y humanistas, traicionando el ideal obrero y los fundamentos que una vez animaron la formación de esos determinados partidos políticos.

TERCERO: El sagrado tesoro cívico que es el voto debe serle otorgado a aquellas personas candidatas de limpia trayectoria de servicio público, sin que pese sobre ella cuestionamientos fundamentados que podrían empañar o ya han empañado esa trayectoria; personas candidatas que por su capacidad demostrada logren un equilibrio armónico entre la aspiración de la comunidad por una mejora integral de sus condiciones de vida en el nivel local, la preservación de un clima de paz laboral a través del pleno respeto a la legislación obrera y el fomento real del Diálogo Social con el personal municipal; un sano y transparente manejo de los dineros institucionales como recursos públicos que son; un desvelo por la preservación del patrimonio ambiental-ecológico; así como una disposición permanente para tolerar el auscultamiento cívico de la ciudadanía electora y rendir cuentas en todo momento.

CUARTO: Independientemente de la persona que logre ganar la alcaldía, de las personas que logren escaños en cada uno de los 82 concejos municipales, en las regidurías y en las sindicaturas, y en otros puestos sometidos a esta elección; a partir del 3 de febrero la familia laboral municipal debe cerrar filas superando sus simpatías electorales circunstanciales, para consolidar la organización sindical que le defienda y le preserve sus derechos laborales, económicos y sociales; en un entorno totalmente adverso para quienes laboran en la función pública y en momentos históricos tan delicados como las actuales, pues son tiempos de democracia autoritaria y de flagrantes violaciones a y eliminación abusiva e inconstitucional de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas y Derechos Humanos, como el de la Huelga.

QUINTO:  A cada persona trabajadora municipal asociada a la ANEP, le garantizamos nuestro más férreo compromiso de estar de su lado ante los nuevos desafíos que implica su defensa laboral luego de un proceso electoral en el cual las pasiones y los cacicazgos, en no pocas ocasiones, pueden poner en peligro la estabilidad laboral por discrepancias de simpatías electoreras. Casi 62 años de historia dentro del sistema jurídico costarricense como leal organización pro-obrera, certifican la capacidad de la ANEP en este sensible ámbito de la defensa laboral, así como la más grande lealtad en pensamiento obrero-municipal sobradamente demostrado. Y a quien todavía no esté sindicalizado o sindicalizada en ANEP, le instamos para que lo haga, para que se prevenga y se dé su propia seguridad laboral-social estando en nuestras filas.

SEXTO: Es criterio de la ANEP que el Régimen Municipal costarricense está viviendo los tiempos más difíciles de su historia institucional republicana, al menos, desde la promulgación de la Constitución Política actualmente vigente, misma que entró a regir el 7 de noviembre de 1949. 69 años después, el 4 de diciembre de 2018, con la aprobación-imposición de la mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida como el combo fiscal, la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal fue violentada, fue mancillada y así, de facto, por medio una cuestionada ley ordinaria, se derogó esa autonomía constitucional. Desde un principio la ANEP lo alertó, con motivo del histórico movimiento sindical-social de la Huelga Cívica de tres meses de duración, en el año 2018. Sin embargo, hasta que entró en vigencia la indicada y detestada ley, toda la comunidad laboral, incluidas sus actuales y salientes autoridades, tomó plena conciencia de tal circunstancia adversa para las municipalidades costarricenses.

SÉTIMO: Al respecto de esa nefasta Ley 9635, es importante anotar que, desde el 22 de marzo de 2019, la ANEP presentó una Acción de Inconstitucionalidad en favor de la protección de todos los derechos sociales, laborales y económico-salariales de todas las personas trabajadoras asalariadas municipales de Costa Rica; invocando diversos preceptos constitucionales y de jurisprudencia constitucional y ordinaria, como lo son el principio de irretroactividad de la ley, así como el que las abusivas disposiciones contra la persona trabajadora que contiene tal legislación nunca debieron afectar a quienes entraron a trabajar al sector público o a una municipalidad en fecha anterior al 4 de diciembre de 2018. Es decir, la ley debió regir para quien ingresó a la función pública del 5 de diciembre de 2018 en adelante (aunque esto también es cuestionable). La Sala IV todavía tiene en análisis la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP pues no fue rechazada ad portas.

OCTAVO: En tal sentido, a partir del 2 de febrero y con la claridad de los resultados electorales definitivos, la ANEP espera de las nuevas autoridades municipales y/o de las reelectas, una sana voluntad política para que aglutinemos a toda la comunidad institucional, a fin de relanzar la lucha por la recuperación estratégica de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal. Por un lado, para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dé la razón a varias acciones de constitucionalidad presentadas por autoridades salientes a favor de la recuperación de tal autonomía; y/o, el actual parlamento dé aprobación definitiva a los expedientes legislativos números 21.430 y 21.494 (el primero de ellos presentado con diverso apoyo diputadil mediando iniciativa de la ANEP), que buscan lo mismo. Aquí la lógica es que si una ley ordinaria, como la 9635, les quitó ilegalmente la Autonomía Constitucional a las municipalidades, otra ley ordinaria (como los indicados proyectos), se la puede retornar.

NOVENO: Adicionalmente, tengamos presente que la ANEP ha levantado la bandera para la preservación institucional de la estructura institucional bifronte que caracteriza al régimen municipal, por lo cual es preciso impedir la aprobación del expediente legislativo no. 20.968; mismo que variará el artículo 155 del Código Municipal; afectando, peligrosamente, el equilibrio de poder en el seno de la vida institucional de las municipalidades (concejo-alcaldía), para darle todo el poder a la figura política que se siente en la silla de la Alcaldía Municipal y, por ende, facilitando el proceso de despido abusivo y sustentado en retorcidas maniobras de “reestructuración” que, no solamente acabarían con la estabilidad institucional, sino que facilitaría profundizar la tercerización y privatización de toda clase de servicios públicos municipales.

DÉCIMO: ANEP agradece, de manera muy sincera a cada compañero y a cada compañera que integrando las diferentes directivas de las Seccionales Municipales de la ANEP, y/o fungiendo como personas Delegadas Sindicales, han levantado las banderas de la lucha social y laboral en las diferentes municipalidades del país con presencia anepista; no solamente para la defensa de su respectiva comunidad laboral, sino en defensa activa del Régimen Municipal, especialmente cuando éste ha sido atacado como lo es en los actuales momentos de democracia autoritaria en Costa Rica. ANEP reconoce su lealtad a los principios y valores que defendemos, su apego irrestricto a la defensa de los derechos laborales y sociales conquistados en las luchas y por las más diversas formas; su preferencia por sindicalizarse y ejercer la Libertad Sindical bajo las banderas de ANEP. Igualmente, agradecemos la confianza que nos han depositado en todos estos años, todas las personas trabajadoras municipales actualmente asociadas a la ANEP.

ONCEAVO: A cada comunidad de los 82 cantones de nuestro país, a cada agrupación cívico-social que en ellos actúe, la ANEP se pone a su disposición para colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a apoyar, a canalizar, a estimular todas aquellas acciones ciudadanas que tiendan al desarrollo democrático y social de los cantones, al imperio de la transparencia en la gestión municipal, al fomento del diálogo fructífero comunidad-organización sindical; en fin, a la consolidación del cuerpo municipal como el gobierno más cercano a la gente, así como a la defensa de su autonomía constitucional junto con la gente a la cual se debe ese gobierno local y su personal organizado en ANEP. ANEP, con su concepción de Sindicalismo Ciudadano, se abre a cada comunidad cantonal en este nuevo ejercicio constitucional que tendrá lugar el próximo domingo 2 de febrero y que culminará con la ascensión de las nuevas autoridades político-municipales el próximo 1 de mayo de 2020.

San José, lunes 27 de enero de 2020.


Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Solidaridad de la ANEP con el pueblo trabajador de Chile

La Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), visitó esta tarde la sede de la embajada de la República de Chile, ubicada en nuestro país, para solicitar al Gobierno chileno cesar la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra su pueblo, ya que está situación recuerda, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Compartimos la carta presentada por la ANEP ante la Embajada de la República de Chile

San José, 6 de noviembre de 2019.

S.G. 17-21-1688-19

Señor

Oscar Alcaman Riffo

Embajador de Chile en Costa Rica

Presente:

¡El Movimiento Sindical y Social quiere respuestas!

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos – ISP, organización global que representa a 20 millones de trabajadores/as públicos/as en el mundo y que en Chile aglutina a las Federaciones y Confederaciones del sector Público más importantes como ANEF, ANEJUD, AJUNJI, ASEMUCH, AFIICH, ANEIICH, CONFUSAM. CONFEMUCH, FENPRUSS, y del sector privado como FENATRAOS; viene por medio de la presente, a solicitar que el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera cese la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra el pueblo de Chile, que sin duda nos recuerdan, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Por otro lado, sabemos que la actual Crisis Social que desde el 18 de octubre ha tenido al pueblo chileno bajo el lema “Chile despertó” en las calles de Arica a Punta Arenas, es la expresión espontánea que sintetiza las diversas demandas del país por acabar con un sistema que oprime y abusa sistemáticamente contra derechos humanos como el agua, la salud, la educación, la seguridad social y que la actual Constitución no contempla. Al contrario, ha permitido que se privaticen y mercantilicen durante más de 40 años.

El movimiento sindical y social en Chile viene denunciando hace décadas esta situación, y en estas casi dos semanas se ha sumado como actor a la principal demanda de la gente “una nueva Constitución” y ha planteado -al alero de “Unidad Social” que congrega a más de 200 organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles-, un pliego con 10 demandas  laborales y sociales, y que no se continúe con la tramitación de los proyectos de Ley que van en contra de los derechos del pueblo, incluido el llamado a no ratificar por parte del Senado el TPP 11.

En tal sentido, creemos fundamental, avanzar hacia un cambio de la Constitución Política, cambio que necesariamente debe ser efectuado mediante una Asamblea Constituyente que ha comenzado con los cabildos que se están realizando desde el 24 de octubre autónomamente del poder y que en forma deliberativa debaten sobre el país que quieren tener.

Sectores Agrario y Rural presentarán pliego de peticiones al Gobierno ante crisis

Se concentrarán este lunes en la sede central del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Los sectores Agrario y Rural, integrantes del Encuentro Social Multisectorial (ESM), se concentrarán este lunes 27 de enero en la sede central del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la intención de presentar un pliego de peticiones al Gobierno de la República, ante la crisis que encara el sector.

El pliego de peticiones, que también será entregado al Ministro del MAG, Renato Alvarado, consta de 8 puntos, en los cuales en su mayoría se solicita la aprobación de proyectos de ley que vendrían a dar un respiro a estos sectores.

Dentro de la misiva, los integrantes del Encuentro Social Multisectorial, también catalogan de “resultados nulos” las mesas de diálogo establecidas con el Gobierno desde agosto anterior.

“El mes de agosto, el Señor Presidente de la República oficializó el diálogo con los sectores que conformamos el Encuentro Social Multisectorial.  Se establecieron mesas y espacios de trabajo, mismas que debían durar un período de hasta 3 meses para dar frutos positivos.  Pese a los esfuerzos realizados en el tiempo trascurrido de aquel agosto a hasta la fecha, los resultados han sido NULOS. El Gobierno ha negado  toda solución positiva  que ayude  a resolver los distintos problemas  que fueron  planteados  en las mesas de diálogo de asuntos agropecuarios y de ruralidad”, indica el documento.

Según Ulises Blanco, representante del ESM, esta situación llevo a la decisión de concentrarse el día de hoy en las instalaciones del MAG, como una primera medida de presión, para ser escuchados por el Gobierno y el Ministro de la cartera.

Ulises Blanco sobre peticiones

Compartimos el pliego de peticiones

ENCUENTRO  SOCIAL MULTISECTORIAL

SECTORES/AGRARIO Y RURAL

SAN  JOSÉ 27/01/20

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

El mes de agosto, el Señor Presidente de la república oficializó el diálogo con los sectores que conformamos el Encuentro Social Multisectorial.  Se establecieron mesas y espacios de trabajo, mismas que debían durar un período de hasta 3 meses para dar frutos positivos.  Pese a los esfuerzos realizados en el tiempo trascurrido de aquel agosto a hasta la fecha, los resultados han sido NULOS. El Gobierno  ha negado  toda solución positiva  que ayude  a resolver los distintos problemas  que fueron  planteados  en las mesas de diálogo de ASUNTOS  AGROPECUARIOS y de RURALIDAD;  por lo tanto,  los aquí presentes,  hacemos  formal  protesta por la lentitud y negativa del  gobierno para  resolver los  problemas que afectan  a los habitantes de las zonas rurales  de nuestro país y aseguramos,  no volver a nuestras fincas,  parcelas o casas,  hasta que el GOBIERNO  defina,  en documento debidamente firmado y con tiempos bien definidos que sean aceptables para nosotros,  el  cumplimiento  de los siguientes  acuerdos:

  1. Convocar el proyecto de ley DE RECATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL. Borrador que ha estado en discusión desde hace meses, cuyo texto final se le envió a Casa Presidencial.
  2. Otorgar el pago diferenciado de servicios ambientales, por un área de diez mil hectáreas en las zonas que han sido predeterminadas en la mesa de Ruralidad.
  3. Retirar de corriente Legislativa todos los proyectos que atenten contra la estabilidad de la producción agroalimentaria y las instituciones que las tutelan. Asegurarnos, por escrito que no serán convocados nuevamente.
  4. Convocar el proyecto de fortalecimiento al PAI, por medio del CNP, que se negoció en la mesa de asuntos Agropecuarios.
  5. Convocar al proyecto de LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA Y EL USO DEL SUELO EN COSTA RICA.  Presentado al Gobierno en la mesa de Ruralidad.
  6. Instalar la comisión bipartita, que redactará el proyecto de reformas de ley para garantizar la solución adecuada a los conflictos en precario, acordado en mesa de Ruralidad.
  7. 7.)    Reorganizar el diálogo para, encontrar los concesos adecuados y hacerle los ajustes necesarios al proyecto de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional
  8. Reorganizar el Diálogo para iniciar un proceso de revisión y ajuste a los TLCs y su adecuada administración.

ENCUENTRO SOCIA MULTISECTORIAL.    SECTOR RURAL Y AGROALIMENTARIO

Ulises Blanco, Secretario Técnico.

ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE se reunieron con representantes de la ONU en la región

Los representantes de Naciones Unidas de la región, aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación por diversos sectores en Costa Rica del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.

La ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE se reunieron este miércoles 6 de noviembre, con la representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackelford, para conversar sobre el pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU sobre el proyecto de ley anti huelgas que se discute en la Asamblea Legislativa.

En la reunión que se extendió por 2 horas, también participaron vía virtual desde Panamá, la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Marlene Alejos y la oficial de Derechos Humanos, Sara Nuero.

Durante la reunión, los representantes sindicales explicaron a los representantes de Naciones Unidas la clara afectación a los Derechos Humanos que contiene el proyecto de ley N21.049, denominado proyecto anti huelgas y el claro ataque anti-sindical desde diversos frentes.

Además, describieron el desconocimiento que se tiene en el país y en los tres poderes del Estado, sobre el papel de los Relatores Especiales de la ONU, del sistema de Derechos Humanos, así como los compromisos y acuerdos suscritos por Costa Rica en esta materia.

Otra de las solicitudes por parte de ANEP, ASDEICE, UPINS Y SIICE es la aclaración por parte del Sistema de Naciones Unidas sobre el pronunciamiento y el papel que desempeñan los Relatores Especiales, ya que estos últimos fueron completamente desacreditados por diversos sectores.

Declaraciones de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Ante este escenario, los representantes sindicales solicitaron con urgencia la coordinación de una capacitación sobre Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (Relatorías, OLs, Cartas de Alegaciones, etc.), como una preocupación para que el debate sobre el papel y mandato de esos órganos no sea tergiversado, disminuido o ignorado.

Por su parte, los representantes de Naciones Unidas de la región aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación, por diversos sectores en Costa Rica, del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.

Además, coincidieron con la representación sindical de la importancia y urgencia de realizar una capacitación en conjunto, con sindicatos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y otros actores, para concientizar sobre los mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas

Otro de los factores de suma importancia para la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es revalidar y dejar en claro la posición de que los sindicalistas son defensores de derechos humanos.

«ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE desean extender una mano a la Oficina ONU Costa Rica para caminar junto a otros sectores y actores de la sociedad en el mejor entendimiento y sentido práctico del papel de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. Que no perdamos el mensaje de esos expertos y expertas de Naciones Unidas y que hoy, más que nunca, cerremos filas por construir un diálogo social constructivo», manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Declaraciones de César López Davila, ASDEICE

Tanto ANEP, como ASDEICE, UPINS y SIICE entienden su papel de reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero también entiende que sus dirigentes, ahora catalogados también como defensores de derechos humanos, tienen una responsabilidad social que cumplir y la mejor manera de hacerlos cuando ya los causes nacionales parecen agotarse, es utilizar la institucionalidad internacional.

Parlamento al servicio del gran “empresauriado”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada.

La diputada oficialista doña Paola Vega Rodríguez se quejó, hace varias semanas y en el propio plenario de la Asamblea Legislativa, sobre lo que sería, según ella, la fuerte influencia de los intereses del alto corporativismo de negocios de este país en las decisiones que se vienen tomando en el parlamento costarricense; específicamente la gran presión que ejerce el mayor sindicato empresarial del país, la UCCAEP. Valga indicar que en las filas del mismo hay un notable sector “empresauriado”.

Por otra parte, el legislador liberacionista don Daniel Ulate Valenciano, aunque ahora excomulgado de su propia fracción parlamentaria, denunció lo que él cree es una poderosa influencia del mega-negocio cervecero por la fuerte presión que estarían ejerciendo sus cabilderos, presuntamente bloqueando el avance de una legislación para combatir el contrabando de licores.

Por otra parte, proyectos de ley que tendrían un gran impacto en aliviar la carga financiero-económica de miles de hogares costarricenses altamente endeudados, como la regulación de las obscenas tasas de usura, enfrentan fuerte resistencia del sector bancario-financiero; e, incluso, la propia institucionalidad pública que regula el mismo, se ha parcializado completamente, bloqueando el avance de urgente y sana legislación en tal sentido.

La regulación del precio de los medicamentos, o la urgentísima legislación para ayudar a miles de agricultores y productores agropecuarios al borde de la extinción por deudas asfixiantes, representan iniciativas de ley que no están contando con la viabilidad política necesaria, dado que se perjudicarían intereses corporativos muy poderosos, aunque minoritarios y egoístas.

Además, tomemos en consideración que las dos leyes más nefastas tramitadas por la presente Asamblea Legislativa, la No 9635 (combo fiscal), así como la 9808 (ley mordaza anti-huelgas), representan el más grave ataque parlamentario a la mayoría de la población costarricense; por cuanto, en el primer caso, se incrementó la carga tributaria y se disminuyó el ingreso de quienes menos responsabilidad tienen por el problema fiscal del país. En el segundo, la proscripción del Derecho Humano Fundamental a la huelga golpea la capacidad movilizatoria y de expresión abierta de amplios sectores ciudadanos, especialmente los de clase media, que se resisten a ser lanzados a la pobreza, o a caer en alto riesgo de vulnerabilidad en tal sentido.

Por el contrario, notables firmas privadas del alto corporativismo de negocios del país han sido cuestionadas, en listas oficiales forzosamente hechas del conocimiento público, por conductas tributarias impropias que llegan hasta el fraude fiscal descarado; consorcios que nosotros hemos catalogado como “empresauriado”.

Recordemos que, en nuestro criterio, el “empresaurio” es una persona de negocios multimillonarios (por lo general, un hombre), con conexiones políticas co-gobernantes; de dudosa reputación tributaria; declarante de “cero” ganancias y “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal. Rabiosamente antisindical y de tendencia totalitaria. Usuario de paraísos fiscales.

El actual parlamento no ha emitido una sola ley que le ponga freno a las sucias prácticas tributarias “empresauriales”. Por el contrario, la ley del combo fiscal, No. 9635, posibilitó perdón y olvido de esas deudas fiscales para con la sociedad; algo inaudito y ofensivo para la generalidad de la población, si consideramos que ya es oficial que el fraude fiscal, en todas sus manifestaciones, oscila entre el 6 y 8 del Producto Interno Bruto (PIB).

Todo lo anterior nos lleva a formular la conclusión de que son los intereses del alto corporativismo empresarial, incluidos los de corte “empresaurial”, los que están siendo privilegiados en la tramitación de legislación en el actual parlamento costarricense; y, por el contrario, los que tienen que ver con la promoción del bien común, la reducción de la desigualdad, el fomento de la integración y de la movilidad social, los que son postergados, relegados, negados y hasta pisoteados.

Esto nos refuerza nuestro pensamiento que venimos exponiendo en diversos espacios y foros en cuanto a que hoy día, la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada; y que, por tanto, la clase política tradicional solamente tiene a su disposición para mantener el control, acudir al expediente del autoritarismo y emitir legislaciones de corte represivo. Comprendamos, en consecuencia, qué es lo que está jugando en la actualidad republicana costarricense.

Ellos han fracasado estrepitosamente

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado jueves 12 de setiembre, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) emitió un comunicado de prensa que, como era lógico suponer, pasó inadvertido.

Nosotros confiamos en la gran objetividad e imparcialidad con que esta entidad ha venido analizando el estado de las finanzas públicas de los países de la región centroamericana y, por supuesto, el nuestro.

Con solo ponerle cuidado al título de dicho comunicado, podemos llegar a la conclusión de que ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente, en cuanto a darle sosiego a nuestra sociedad sobre el problema fiscal, por ellos mismos generado. Veamos. 

“Icefi: el proyecto de presupuesto para 2020 evidencia que las finanzas públicas costarricenses continúan por el camino de la insostenibilidad.

La primera revisión realizada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) al Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 30 de agosto de 2019, revela que, a pesar de la implementación de la reforma fiscal, la insostenibilidad de finanzas públicas persiste y se evidencia en una baja carga tributaria, altos niveles de déficit y un crecimiento acelerado de la deuda pública, elementos que ponen en riesgo la continuidad del modelo de protección social y gobernabilidad democrática que ha caracterizado a Costa Rica”. 

¡Impresionante! Reparemos en estos cuatro señalamientos básicos de esta prestigiosa entidad: 1) La insostenibilidad de las finanzas públicas persiste pese a la imposición del combo fiscal. 2) Baja carga tributaria. 3) Altos niveles de déficit. 4) Crecimiento acelerado de la deuda pública. 

Ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente. Nos llevan a la debacle. El Icefi nos advierte que esos cuatro elementos perversos sobre la cuestión tributario-fiscal del país “…ponen en riesgo la continuidad del modelo de protección social y gobernabilidad democrática que ha caracterizado a Costa Rica”.

Ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente. Pero, ¿cuáles son sus rostros? Es imperioso que procedamos a desenmascarar a las personas integrantes de los grupos de poder económico y sus operadores políticos en las sucesivas administraciones gubernativas (de los poderes Ejecutivo y Legislativo) de Liberación, de la Unidad y del PAC, como responsables directos de la debacle fiscal en desarrollo.

Por lo pronto estas personas deben ser señaladas con el dedo cívico y popular acusador: Óscar Arias Sánchez y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, los cuales están muy activos y siguen moviendo sus fichas en el actual Parlamento. Tenemos a Carlos Alvarado Quesada, Rocío Aguilar Montoya, Nogui Acosta Jaén, André Garnier Kruse y Víctor Morales Mora, como figuras notables impulsoras del fallido combo fiscal que tiene a tanta gente sufriendo en estos momentos.

Ese mismo dedo acusador debe apuntar, directamente, a estos individuos con curul parlamentaria en estos momentos: Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Muñoz Fonseca y Pablo Heriberto Abarca Mora. Destacan ellos dentro del conjunto de la mayoría mecánica neoliberal que en el seno de la actual Asamblea Legislativa vienen dando pasos fuertes para el desmontaje final del Estado Social de Derecho que surgió a partir del 7 de noviembre de 1949, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política; misma que, por cierto, sufriera varias modificaciones de facto (en una especie de “Golpe de Estado técnico”), con la promulgación de la ley 9635, errónea y perversamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin duda alguna, el grupo de los fracasados en el manejo económico fiscal del país incluye a connotados líderes del mega-“empresauriado” nacional como Gonzalo Delgado Ramírez, Enrique Egloff Gerli y el banquero Leonel Baruch Golberg, aunque aquí la lista es mucho más grande. 

Por supuesto que la lista de los responsables del fracaso económico en desarrollo quedará incompleta si no metemos en ella a connotadas figuras promotoras del periodismo de odio; esa estructura mediática que desde salas de redacción y desde estudios de noticias por televisión se han encargado en los últimos tiempos de sembrar cizaña entre costarricenses en aras de proteger los meganegocios con la cosa pública (los que ya se han hecho y los que están por realizarse), culpabilizando a la clase trabajadora del déficit fiscal cuando es a ellos mismos a los cuales les compete la cuota de responsabilidad máxima al respecto. Se merecen un comentario aparte que próximamente les compartiremos. Es definitivo, ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente.

Pese al odio sembrado por estas personas y otras más que debemos señalar de manera contundente, coincidimos en la sabia recomendación del Icefi que debería ocuparnos ya, ahora mismo, como sociedad, antes de que la debacle macro-fiscal en desarrollo llegue a un punto de no retorno:

El Icefi reitera la urgente necesidad de buscar un acuerdo fiscal de largo plazo que dé respuesta a los “desafíos de crecimiento económico, desarrollo social y gobernabilidad democrática”.

Sala Constitucional ordena solucionar deficiencias físico-sanitarias de 27 delegaciones policiales

La Sala Constitucional ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública solventar las deficiencias sanitarias y estructurales que atentan contra la salud y dignidad de los funcionarios y usuarios de 27 Delegaciones Policiales, entre ellas las que se ubican en La Cruz (Guanacaste), Sixaola (Limón), el Roble (Puntarenas) y La Uruca (San José).

Lea: Sala Cuarta ordena intervención de siete delegaciones policiales en mal estado

La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará un Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud por el mal estado de las delegaciones. Este recurso de ampro se une a varios de la misma índole que ha interpuesto la seccional, en busca de mejorar las condiciones laborales de los policías.  

Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública sobre delegaciones

Dichas delegaciones cuentan actualmente con una o varias órdenes sanitarias las cuales no se han cumplido o solo se han cumplido parcialmente, pese a que algunas datan del 2016.

Lea: Sala IV da cinco días al Ministerio de Salud para presentar informe por mal estado de 13 delegaciones

Entre las deficiencias que presentan los inmuebles sobresalen: pisos deteriorados, estructuras ruinosas e insalubres, deficiente tratamiento de aguas negras e incumplimiento con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), por ejemplo.

La resolución número 2019-21277, que se origina en un recurso de amparo interpuesto por un directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue votada por unanimidad este viernes 1° de noviembre y emplaza a Seguridad para que en un máximo de 18 meses ejecute las acciones y gire las instrucciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por Salud en las órdenes sanitarias emitidas.
“Evidentemente la protección de la salud de los trabajadores es indispensable para garantizar el respeto a su dignidad…el trabajador tiene derecho a ejecutar las funciones que le competen en un ambiente apropiado, cuyas condiciones garanticen la protección de su derecho a la salud”, señala la sentencia.

Delegaciones cuya situación sanitarias debe remediarse según la sentencia

Cuatro Cruces de Miramar, Miramar, Costa de Pájaros, Naranjo de Laurel, Paquera, Barranca de Puntarenas, El Roble de Puntarenas, San Mateo de Orotina, Chacarita de Puntarenas, Fray Casiano de Puntarenas, Potrero Grande de Buenos Aires, La Cruz, Sixaola, Isla Calero, Agua Dulce, San Jorge de Paso Canoas, Sierpe de Osa, Zona Americana Palmar Sur (La Casona), Drake de Osa, Hatillo Delta 11, Santa Ana de San José, Tirrases, San Isidro de Alajuela y La Uruca-Mata Redonda, así como los Puestos Policiales en Delta, Santa Cecilia de La Cruz y Conventillos.