Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La serie de colocación de artefactos explosivos en espacios públicos, en las últimas semanas, tuvo un notable episodio el pasado sábado 27 de julio de 2019, con lo acontecido en las afueras de las instalaciones de Televisora de Costa Rica (la empresa), junto a las instalaciones físicas del medio, Telenoticias de Canal 7.

Los otros dos ocurrieron en las afueras del bulevar de la Asamblea Legislativa, al pie de la ventana de una oficina diputadil; y el otro, en las afueras de la entrada principal de la sede central del Ministerio de Hacienda, en la Avenida Segunda de la capital.

Desde la corriente sindical en la cual militamos nos aprestamos a expresar nuestra condena por ese acto, indicando mediante un texto twitter lo siguiente: “Debemos condenar enérgicamente el lanzamiento del artefacto explosivo frente a las instalaciones de Canal 7. Las ideas se combaten con ideas. Ojalá las autoridades competentes sean contundentemente eficientes. ANEP”. ¡Lo sostenemos!

“Las ideas se combaten con ideas”. Es innegable que el actual debate sociopolítico y económico que se da en nuestra sociedad actual, está mostrando una confrontación entre ricos y pobres. ¡Duélale a quien le duela! Y se vienen definiendo posiciones en los más diversos ámbitos de la comunidad costarricense, según la ubicación de clase y/o la proximidad o afinidad, por oportunismo o por convicción, hacia un lado o hacia el otro.

Lo que hemos venido notando es que las ideas del campo popular están cogiendo más fuerza por estos meses; contrario a lo que sucede en el campo hegemónicamente dominante y su prensa afín, especialmente la del periodismo del odio y la que le chupa rueda a éste.

Con ocasión de otro episodio confrontacional fuerte vivido en los últimos tiempos, el asunto del tratado de “libre” comercio (TLC) con Estados Unidos (mismo que culminó con el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007); gran acontecimiento fue el Memorándum del Miedo, uno de cuyos autores fue el entonces Vicepresidente de la República, señor Kevin Casas Zamora, quien tuvo que renunciar a ese cargo, de manera humillante.

En aquel momento se descubrió que el documento que defenestró para siempre al señor Casas Zamora, (por cierto, hoy “refugiado” en un importante cargo internacional pues su futuro político en el país se castró dado el indicado acontecimiento), resultó producto de una planificada conjura urdida en los ámbitos del real poder, ante la inminente derrota que sufrirían los abanderados de ese TLC, quienes venían perdiendo la lucha en el campo de las ideas.

Acudir al expediente del miedo fue lo que se les ocurrió para evitar perder su apuesta política máxima en ese entonces por dicho tratado que, por cierto, y a poco más de una década de su imposición, salta a la vista que más bien perjudicó al país.

En esta ocasión, la del explosivo que estalló en las afueras de Canal 7, el director del medio de comunicación colectiva impreso más fervientemente partidario del gobierno de don Carlos Alvarado Quesada, al comentar lo acontecido espetó, sin pelos en la lengua y sin conectar la misma al cerebro, que ello tiene explicación en la “retórica violenta” de los líderes sindicales; mostrando así su orientación ideológica que ha convertido a su periódico, no solamente en la vocería oficial gubernamental, sino en militante del periodismo de odio que se ha venido imponiendo en nuestro país por parte de la prensa de ese señor y de quienes le chupan rueda.

Cualquiera puede argumentar, entonces, siguiendo la línea de odio confrontativa de dicho director de ese medio llorentino, que los artefactos explosivos de los últimos días, son montajes por parte de personas o grupos pagados por los dueños del poder real en nuestra sociedad, con la intención de meter miedo a la ciudadanía a fin de que ésta no exprese su descontento de manera militante; y, por el contrario, se apiade de la integridad de los atacados y de lo que ellos representan y significan en el confronto de clase que está ocurriendo en nuestra sociedad en estos momentos.

Es decir, que estaríamos ante una especie de estrategia de conjura del miedo por parte de los sectores dominantes, para que los dominados, cuya movilización y cuestionamiento está in crescendo estratégico, no atiendan más llamados convocantes para el ejercicio libre de la Democracia de la Calle.

La irresponsable temeridad de lengua floja del periodista-director llorentino estimula la construcción popular de la conjura del miedo que impulsarían los sectores dominantes que él representa con su práctica del periodismo de odio, con sus presuntos auto-atentados.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Escribimos el siguiente comentario en la tarde del domingo 28 de julio, a pocos días de la apertura, este jueves 1 de agosto de 2019, de un proceso de diálogo y de negociación entre las representaciones del Encuentro Social Multisectorial (ESM), con autoridades políticas gubernamentales.

Los acontecimientos de protesta social de las últimas semanas y de los últimos días son expresiones inobjetables de una sociedad marcada por la pobreza, por la exclusión, por la desigualdad, por la corrupción, por el engaño y la estafa político-electorales prolongadas; y, por un proceso concentrador de riqueza que va de la mano con el desmontaje de la institucionalidad del otrora fuerte e incluyente Estado Social de Derecho; generador éste de movilidad y de inclusión, pese a sus desatinos, desviaciones, asaltos, corruptelas y secuestro corporativo-gremial en algunos casos.

Por si todo ello no fuera poco, tenemos un sistema tributario perversamente injusto y regresivo; un endeudamiento-país de inconmensurables cantidades para un pequeño Estado de 5 millones de habitantes; un pago de intereses derivado de ello que carcome el presupuesto de la República arrasando con todos los servicios públicos del Estado central; y un déficit fiscal de proporciones “apocalípticas” (superior al 6% del Producto Interno Bruto -PIB-, al finalizar el presente año 2019), según el decir económico-neoliberal dominante.

Además, existe un sistema bancario-financiero cuyos depósitos en moneda extranjera y en pocas manos, nos muestra una cantidad de dinero de tanta magnitud, muy similar al de la deuda pública que nos estrangula como sociedad.

Por otra parte, en cuanto al sistema político de la democracia representativa, el contexto nos muestra al presidente de la República más impopular desde que se hacen encuestas de medición de la gestión de los gobernantes ejecutivos; un gobierno sin credibilidad y con una desconfianza de la ciudadanía en el mismo que no para de crecer; un parlamento que dramatiza como ninguna otra institución republicana la lejanía entre el gobernante y los gobernados; y un sistema judicial muy criticado y cuestionado en cuanto a sus cúpulas de la alta magistratura como la constitucional.

¿Se podrá negociar justas peticiones sociales con un gobierno en estado calamitoso? ¿Se podrá creer que, si tan solamente se diera un acuerdo, éste sería plenamente honrado? ¿Se podrá confiar en una mediación endeble con una Defensoría a la que algunos le critican por tener, presuntamente, un sesgo parcializado hacia posiciones gobiernistas, por un lado; y, por otro, con una Iglesia Católica que primero quería ser actora, luego se esquineó para ser “mediadora”, y finalmente, salió en carrera ante la primera gritería que le pegó el capital mediático?

El Encuentro Social Multisectorial (ESM) está plenamente consciente de que es éste el escenario en el cual se abrirá tal proceso de diálogo y de negociación, mismo que (si nada cambia en las próximas horas), sería instalado por el señor Carlos Alvarado Quesada, como cabeza del Poder Ejecutivo.

Pese a todo ello, nosotros pensamos que estamos en presencia de una oportunidad para la paz social.

En de gran relevancia, en tal sentido, que la mayor parte de la población pudiera tomar nota y adquirir plena conciencia de la importancia del temario objeto del proceso. Dentro de él destacamos el impulso a legislación contra los intereses de usura y contra el altísimo precio de los medicamentos; la desactivación de los nefastos proyectos contra el derecho constitucional de huelga y de la manifestación y contra la precarización al máximo del empleo público.

Se pretende evidenciar el estado de ruina de miles de agricultores costarricenses para los cuales urge proceder con la compra de sus deudas. Tanto la autonomía del régimen municipal como la del sistema cooperativo, urgen de ser restablecidas; tanto como el que no se puede esperar más ya que el país dignifique a sus cuerpos policiales cuyos salarios y condiciones de trabajo han sido precarizadas.

El daño magno a las economías personales y familiares con la imposición del injusto impuesto al valor agregado (IVA), es otra prioridad, al contrastarle en mesa con lo que está en el plano de la transformación tributaria estructural (informe legislativo Los Papeles de Panamá); como no deja de ser de gran interés del EMS que podamos entrarle, como país, a una auditoría ciudadana de la deuda pública. La precaria situación del transportista nacional y del sector pesquero, están como puntos centrales del proceso negociador mencionado.

El nuevo actor social que emergió de una manera impresionante e impactante, el estudiantado de secundaria, necesita una discusión política de fondo sobre temas sensibles como la educación dual y las pruebas FARO (entre otros), de tal suerte que estos procesos deben detenerse si se quiere transparencia y sinceridad en un diálogo real y efectivo como el importante sector social aglutinado en el ESM.

Aspiramos a potenciar el marco de acción para mayores procesos unitarios, considerando que la aglutinación en el Encuentro Social Multisectorial es solamente una expresión de unificación de acciones de lucha y de agregación de agendas, para lograr audición calificada de quienes toman decisiones en las instancias de poder formal. Al menos, esa es la aspiración.

El otro lado de la acera de la confrontación, esa parte del poder real escudado en matrices mediáticas impulsoras de prácticas periodísticas de odio y con fuerte control de la institucionalidad republicana formal, no tolera el disenso y desea el exterminio de toda forma civil activa de resistencia.

A pesar de que los diferentes liderazgos sociales tenemos plena claridad de ello, el proceso de articulación unitaria general, sigue pendiente. Si superamos esto, podríamos estar ante escenarios estratégicos de enorme impacto para las mayorías obreras, laborales, sociales y ciudadanas.

Si alguien tenía alguna duda de la orientación ideológica fundamental de la política económica del actual gobierno del tripartidismo PLUSC-PAC, nada mejor que ponerle mucha atención a las declaraciones de prensa que dio el señor André Garnier Kruse, quien ahora ostenta el cargo oficialmente denominado como Ministro de Coordinación Económica; pero que y según nuestra perspectiva, desde el punto de vista de la actual hegemonía predominante en el seno del actual gobierno Alvarado-Piza, representa un función de comisario político del alto corporativismo empresarial designado por la UCCAEP con tal propósito.

Para el señor André Garnier Kruse, un verdadero superministro, “Costa Rica tiene un salario mínimo muy alto”, lo cual -según él-, se le resta competitividad al país, por lo menos en algunos productos como los de la actividad del agro nacional. Además, aseguró que se deben hacer “algunos cambios en cuanto a las cargas sociales”; y, que nuestro país está entre las naciones “que tienen las cargas impositivas más altas del mundo”. (Entrevista para el Semanario Universidad, 10 de julio de 2019).

Estos tres criterios nos notifican la ruta de carácter estratégico que piensan seguir esos grandes sectores hegemónicamente dominantes, los del poder real en la sociedad costarricense actual. Para quienes hace tiempo venimos denunciando el perverso camino que se le ha impuesto a nuestra Patria de más empobrecimiento, más desigualdad y más concentración de la riqueza, lo que don André Garnier Kruse está indicando, no es nada nuevo.

Lo que sí nos llama la atención, ahora, es ya no únicamente el cinismo político, descarnado y deshumanizado de cómo se plantea; sino que, nos facilita la comprensión cabal de que, efectivamente, el escenario actual es de lucha de clases en el país: ricos contra pobres; los y las de arriba contra los y las de abajo.

La pretensión de los ricos, hegemónicamente controladores del poder real, de que se baje el salario mínimo en un país que, si no es el más caro de la región latinoamericano, está en los primeros lugares al respecto, es algo espeluznante; especialmente porque no solamente ese salario mínimo ha decaído en cuanto a poder adquisitivo, sino que en un alto porcentaje se violenta, no se cumple y no hay forma de que la política pública ataje esta barbaridad, con eficiencia.

Plantear la disminución del salario mínimo no es más que una pretensión macabra de desvalorizar al máximo el valor de la fuerza de trabajo, considerando que, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), está en la informalidad, en el empleo precario. “Bajemos el salario mínimo, de por sí, sobra gente para contratar que está dispuesta hasta laborar por un plato de comida”: éste podría ser el pensamiento de fondo que podríamos derivar del criterio de don André Garnier Kruse.

Por otra parte, él lanza un ataque al corazón de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al hablar de bajar “cargas sociales”. En las mentes desalmadas atiborradas de plata, la inversión en salud y en seguridad social es una “carga”; es una concepción reaccionaria en materia de explotación de la mano de obra de manera inmisericorde, que hay que rechazar tajantemente.

En lo que sí se podría pensar con seriedad, en materia de responsabilidades de Seguridad Social y de orden tributario, es en las que son en competerle al micro-pequeño y mediano empresariado del país; de forma tal que la política pública les coadyuve a su observación plena; dándoseles un trato diferenciado pero transfiriéndole a la Caja, por ejemplo, los dineros correspondientemente suplementarios, producto de la captación de esa mega-cantidad de recursos que andan, por la libre,  en la economía, dado que el país no ha procedido a la implementación de una transformación tributaria estructural.

Otra de las afirmaciones formuladas por don André Garnier Kruse (esclarecedoras acerca del proyecto estratégico en desarrollo que se le está imponiendo a la sociedad para, por una parte, acrecentar la acumulación de riqueza en los grupos político-económicos que él representa y para los cuales se gobierna; y, por otra, aumentar la explotación de la clase trabajadora al máximo y arruinar a la arrinconada clase media); es esa de que en nuestro país tiene “una de las cargas impositivas más altas del mundo”. ¡Tremendamente discutible es esta afirmación!

En la publicación electrónica BBC Mundo (https://www.bbc.com/mundo/noticias-47572413), nos encontramos que según datos de la OCDE, para el 2016, Costa Rica estaba colocado en el sétimo lugar de la tabla de países de América Latina en materia de impuestos con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Los primeros seis países de la región al respecto y en su orden, eran Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.

Por otra parte, Costa Rica no aparece entre los diez primeros lugares del planeta en cuanto a tasas impositivas (http://diarioretailsudamericabusiness.com/usa/4927/); pero sí, ¡vergonzoso!, aparecemos en el top ten de los países más desiguales del mundo: en el lugar número 8 (https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2018/07/04/latinoamerica-tiene-8-de-los-10-paises-mas-desiguales-del-mundo/).

Como ustedes habrán visto, por la boca muere el pez. Don André Garnier Kruse habló sin pelos en la lengua. La lucha social de estos tiempos es más que justificada, es ética y moralmente correcta. ¡Los y las de abajo tenemos la razón!

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

En una reciente entrevista periodística, don André Garnier Kruse, el nuevo “zar” de la reactivación económica del país, le dijo al empresariado que él representa que “tengan confianza porque la situación de inestabilidad económica del país ya superó su etapa más crítica”…; agregando que “yo no diría que la economía está deprimida, pero sí ha bajado el crecimiento. Es un tema muy crítico, tenemos muchos meses ya donde el IMAE viene con una tendencia de decrecimiento…” (Semanario Universidad, 10 de julio de 2019). ¿Entonces?… ¿Qué es esto?

Parece que don André se está contradiciendo él mismo. Si la inestabilidad económica del país ya superó su etapa más crítica y el IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica) tiene ya muchos meses con una tendencia de decrecimiento, ¿no está siendo congruente don André con relación a la situación económica del país, si el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR) ya está hablando de que la recesión económica está a la vista?

Efectivamente, ha trascendido que la producción en la agricultura tiene ya nueve meses de cifras en rojo; que la construcción ajusta tres meses en reversa; y que la actividad de extracción minera y de canteras lleva ya ocho meses de decrecimiento. Datos revelados por estas fechas provenientes del indicador IMAE que maneja el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La realidad es más cruda. Más allá de los casos concretos mencionados de estancamiento y de retroceso económico indicados, la perspectiva global no es la mejor. La apuesta única que ha hecho el presente gobierno por una reforma fiscal muy ideologizada parece que, en vez de generar confianza, produce gran incertidumbre y como es más que notorio, el rechazo social de amplias mayorías no va a mermar por más diálogo y buena voluntad que las partes quieran demostrar al respecto.

Entonces, estamos en presencia de una mezcla muy peligrosa: inestabilidad económica e inestabilidad social, a la vez.

La reforma fiscal impuesta ha fracasado y solamente ha servido para hacer daño a quienes menos responsabilidad tienen por el desastre nacional de las cuentas públicas del país. Sin corregir los altísimos niveles de fraude fiscal (especialmente, la evasión y la elusión); y, manteniendo un sistema tributario regresivo con una baja carga impositiva, los especialistas afirman que la economía, ya de por sí poco dinámica, va hacia la recesión. Es esto lo que no parece y no quiere comprender el mandamás ideológico de la economía del país en estos momentos, don André Garnier Kruse.

Por el contrario, a juicio de este señor, el dinamismo de la economía solamente se recuperaría bajando el salario mínimo, reduciendo “cargas sociales” y aumentando la jornada laboral, flexibilizándola. Es decir, centroamericanizar el sistema productivo costarricense.

Además, ideológicamente hablando, sus “seguidores” dentro del propio gobierno del cual él forma parte y quienes le sirven en la Asamblea Legislativa, tramitan iniciativas de ley antidemocráticas como la anulación de libertades sindicales y del derecho constitucional de huelga; amén de las medidas para flexibilizar las normas de despido del empleo público, impulsando la desinstitucionalización total de la prestación de los servicios públicos.

Piensan los especialistas que centran en la promoción de bien común y en el retorno de las políticas públicas para la integración social, el mejor freno al riesgo de recesión económica; ayudaría mucho impulsar iniciativas de ley como el combate a la usura, darle al Banco Central la responsabilidad de promoción del empleo como parte de su actividad estratégica; destinar muchos recursos (que los hay y de sobra), para emprendimientos productivos en zonas rurales, adicionando iniciativas en este marco del desarrollo enfocadas en mujeres y en personas jóvenes.

Definitivamente, parece que una recesión económica de consecuencias sociales graves, encontrará a don André Garnier Kruse mirando para otro lado.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es nuestro respetuoso criterio de que todas las fuerzas vivas de Limón, de la provincia de Limón; así como todas las conciencias patrióticas y organizaciones cívicas de toda naturaleza, debemos demandar, por múltiples formas y de manera activa, la rescisión-anulación del abusivo contrato que le entregó los muelles del Atlántico a la firma transnacional holandesa APM Terminals, en condiciones totalmente perjudiciales para la economía nacional, para la estabilidad social y para las golpeadas finanzas públicas.

Resulta impactante que desde el propio sector empresarial de los macro-negocios, ese mismo que en su momento aplaudió al “exterminio” institucional de Japdeva para que se instaurase el monopolio privado en la actividad portuaria de los muelles del Atlántico; ahora salga un potente clamor de que APM está, a su vez, prácticamente propiciando el “exterminio” de la estratégica actividad exportadora del país; al menos, la que sale del país por la provincia de Limón que, como es bien sabido, es el lugar del movimiento del 80% del comercio internacional de Costa Rica.

En una especie de acción desesperada y sin el apoyo de la máxima central sindical-empresarial del país, la UCCAEP, 17 cámaras del sector productivo nacional emplazan al mandatario costarricense, Carlos Alvarado Quesada, solicitando que se renegocie el contrato (más que leonino, como demostrado está ya), con APM-Terminals.

Alegan los empresarios reclamantes que las altísimas tarifas que les están cobrando por usar las terminales portuarias, les resta competitividad.

En tal sentido resulta necesario mencionarlo una y muchas veces más, aunque caigamos mal: ¡Lo dijimos! Con mucha argumentación en su momento, desde el movimiento sindical ligado a la actividad portuaria de Limón, se indicó que las tarifas de operación, en caso de concesión a una transnacional la operación de los muelles del Atlántico, subirían hasta en un 300%. “Para justicias el tiempo”: prácticamente así es hoy en día.

Lo que corresponde ahora es encontrar la solución a tan grave problema denunciado por esas 17 cámaras empresariales, mismas que están resentidas por el abandono que les hace en esta lucha, su casa-madre en cuanto agrupaciones del sector productivo. ¡La UCCAEP les dio la espalda!

Según nuestra visión del problema no hay más camino que el de la rescisión-anulación del contrato con APM-Terminals y, a la vez, rehabilitar a Japdeva para que reasuma la operación de los muelles de Limón.

El reclamo de las 17 cámaras empresariales es un reconocimiento tácito a que Japdeva lo hacía mejor y lo hacía más barato. Sabemos que jamás lo dirán de manera explícita, pero es lo que interpretamos cuando le piden al Gobierno “renegociar” el contrato con APM-Terminals, situación que esta transnacional jamás aceptaría.

Esos 17 sindicatos patronales (cámaras en el lenguaje empresarial), proveen los argumentos para fundamentar un proceso de rescisión pues, según las deficiencias que muestra APM-Terminals, el problema es más profundo y grave; como grave es, de por sí ya, las altísimas tarifas de operación.

Las deficiencias de APM son éstas, según reporte de prensa que da cuenta del reclamo empresarial:

1. Demoras por congestión en la entrada al puerto genera impactan la cadena de frío y calidad para la carga refrigerada perecedera.
2. Atrasos en el reporte de fallas de las unidades reefer, que se deriva en pérdidas de fruta.
3. Fallas en los procesos crean demoras en la rotación de los buques e incumplimiento de las ventanas de atraque acordadas.
4. Restricción recurrente de recepción anticipada de carga refrigerada no existe en otros puertos y ocasiona costos adicionales.
5. Contenedores extraviados o dejados de embarcar por problemas en el sistema o fallas en la información.
6. Software de manejo de la terminal falla con frecuencia.
7. Incremento en daños físicos a los contenedores (cargados y vacíos).
8. Proceso para efectuar reclamos por daños a los contenedores es complejo y lento, diseñado para desalentar los reclamos.
9. Demora de dos horas desde piloto a bordo (POB) al buque all fast.
10. Tiempo desde buque all fast hasta inicio de la operación “free pratique” tarda hora y media más de lo común.
11. Lo último además ocurre con el espacio entre la operación de carga y la orden de zarpe.
12. Grúas pórticas mantienen baja productividad.
13. Atrasos impactan logística de transporte.

Adicionalmente, el factor social es de igual naturaleza peligrosa: la enorme cantidad, miles se dice, de empleos en riesgo y hasta se ha mencionado la cifra de 5 mil en el sector piñero, solamente. Es impensable que la irresponsabilidad de un gobierno pueda llegar a tales niveles de deterioro como para poner oídos sordos al potente reclamo empresarial; así como al que, con seguridad, habrá que complementar con un fuerte reclamo obrero. Japdeva lo hacía mejor y más barato.