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ANEP invita a choferes de taxi a formar nueva seccional

Publicada el 18/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se reunirá este jueves a las 7:00 de la noche, en nuestra sede ubicada en calle 20 norte, con choferes de taxi, en una nueva intención de establecer el sindicato en formación de choferes de taxi.

Albino Vargas, Secretario General de la ANEP explicó que los choferes citados a la reunión deben der personas que no son dueños de ninguna concesión de placa de taxi, ni siquiera de manera espuria o de forma de testaferro.

El objetivo de la ANEP, es desarrollar una concepción de relaciones obreros patronales, donde el patrón es el dueño de la placa y la parte obrera vendría a ser el chofer que le vende su fuerza de trabajo al concesionario, ya que estos últimos no cuentan con garantías o derechos laborales.

“Es una completa marginalidad de la ley laboral, según nos cuentan los mismo choferes no están asegurados, no tienen derecho a pensión, a riesgos del trabajo, a salario mínimo, además, no tiene aguinaldo y otras cosas que están en el derecho laboral. Entonces ahí se abre un ámbito para trabajar muchos aspectos que pretenden humaniza y hacer más decente el trabajo de manejar un taxi”, explicó el Secretario General de la ANEP.

Según Vargas, en la relación concesionario-chofer de taxi, hay mucha tela que cortar y no se ha permitido una delimitación clara de las posibilidades de una lucha en este servicio público tan claras como las que se ven venir.

“La ANEP no está interesada en hacerse enemigo de los concesionarios, pero resulta ser que ahí hay mucha tela que cortar en materia de respeto de derechos. De igual forma, la idea también es que con este nuevo tipo de organización se realice un posicionamiento ante instancias que tiene que ver con esta modalidad de transporte público como lo son: la ARESEP, el CTP y lo que llaman la oficina de taxis del MOPT”, finalizo Vargas.

Gilberth Bermúdez “Después de 30 años el escenario en plantaciones bananeras no ha cambiado”

Publicada el 18/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

El lunes anterior, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recibió la visita de un viejo y buen amigo; hablamos de Gilberth Bermúdez, quien durante décadas lucho en favor de los derechos laborales de los trabajadores de plantaciones bananeras en nuestro país. Ahora Bermúdez desempeña el cargo de Coordinador en la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA) con sede en Guayaquil, Ecuador, por lo que aprovechamos su vista a nuestra organización para que realizara un análisis de la actual situación de Costa Rica en materia de derechos laborales en plantaciones bananeras.

Para Bermúdez, la situación que presentaba el territorio nacional respecto a las plantaciones bananeras en la década de los 80´s y la violación a los derechos laborales que sufrían los trabajadores de ese entonces, no dista mucho a lo que actualmente se vive en estas fincas bananeras.

“MI querido país ha avanzado muy poco en materia de derechos laborales, soy sindicalista bananero y de plantaciones desde 1972, y el escenario a la fecha lamentablemente no ha cambiado mucho. En 1984 fuimos tremendamente reprimidos por el gobierno de Luis Alberto Monge, donde fallecieron dos compañeros, fueron despedidos cerca de 4 mil trabajadores por la United Fruit Company; ese escenario no ha cambiado. Lo que nosotros decíamos en aquellos años, tenemos que seguir diciéndolo; ya que actualmente se da la persecución laboral, la lista negra, el despido. La situación sigue siendo muy similar a aquellas épocas”, dijo Bermúdez.

Sin embargo para el Coordinador Latinoamericano de Sindicatos Bananeros esta situación puede cambiar, esto debido al entorno político que actualmente atraviesa nuestro país, ha esto se suma, que las personas “ya no soportan los niveles de persecución y mediocridad que tiene el actual Gobierno de la República y el Ministerio de Trabajo”.

“Los signos de los tiempos en el caso de Costa Rica, viendo el escenario de las actuales elecciones hace indicar que se avecina un cambio, cambios para bien, por lo que espero sede una mayor cohesión social y un mayor protagonismo de nuestras organizaciones y un empoderamiento de los trabajadores”, manifestó Bermúdez.

Respecto a la situación de los demás países latinoamericanos como: Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador respecto a nuestro país, indicó que el escenario es muy distinto.

“Es evidente que el empoderamientos de los trabajadores y organizaciones sociales en Sudamérica es mucho mejor, el cambio es radical con lo que uno observa en nuestro país, ya que hay un denominador común: un empoderamiento muy acelerado de los sectores sociales”, detalló el Coordinador de COLSIBA.

Inclusos Bermúdez utilizó un ejemplo muy sencillo para retratar la situación y las diferencias de nuestro país con los países del cono sur, e indicó que en Ecuador y Costa Rica opera una misma empresa bananera, sin embargo, en el país sudamericanos los trabajadores bananeros gozan de una convención colectiva y libertad sindical, mientras que en nuestro país, los trabajadores de la misma empresa no tiene establecida una convención colectiva y son perseguidos por afiliarse a algún sindicato.

“Esto se da porque nos encontramos con organismos internacionales que son muy burocráticos, a pesar de existe la OIT. Estamos haciendo esfuerzos para fortalecer el intercambio de experiencias, de luchas entre las organizaciones de trabajadores que pertenecen a COLSIBA, como se realizó la semana pasada en Nicaragua donde se analizaron las agendas nacionales, regionales y subregionales; en cómo fortalecer el conocimiento y las experiencias de lucha y la revolución ciudadana que cada organización ha tenido en su país, así como sus alianzas estratégicas y culturales, para dotar a los países de la región con herramientas de defensa ante esa burocracia”, finalizó el Coordinador de COLSIBA.

Mejoras en salud para el personal de Migración

Publicada el 18/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

En nota suscrita al señor Freddy Montero, Viceministro de Gobernación, la compañera Cristina Fernández Borge, Presidenta de nuestra seccional en la DGME, manifestó su total apoyo a la propuesta de crear la Gestión de Promoción y Bienestar Laboral, un espacio que vendría a reemplazar a la sección médica ahora existente.

La atención médica a lo interno de la Dirección General ha venido sufriendo una caída respecto a la satisfacción del personal. Cancelación de citas de manera continua, horarios restringidos para la atención, además de sólo contar con una única persona de atención, hacían que esta sección médica no cumpliera con las necesidades para las que fue creada, la atención inmediata del personal, evitar el ausentismo por citas o emergencias médicas menores, entre otros.

La propuesta, que lleva el visto bueno de la seccional, es para realizar una atención más integral, al no sólo ver el tema médico, sino que también plantea la atención sicológica, así como la integración del área de salud ocupacional en esta área de Gestión.

En ANEP estamos muy complacidos que la administración de la Dirección tomara en cuenta el criterio de la compañera Cristina, una mujer con más de 35 años de labor en Migración, que conoce al dedillo las necesidades del personal. También alabamos la actitud de la compañera al ponerse a disposición de la administración para dar más criterios al respecto de esta gestión.

¿Y qué se hizo el magistrado Sobrado?

Publicada el 18/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

Al momento de escribir este comentario (mañana de ayer lunes 17), el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado González, no aparecía por ningún lado desde que el pasado lunes 7 de marzo, el país se quedara atónito e incrédulo con la valiente denuncia del Grupo Extra (especialmente, Diario Extra y Extra TV 42), acerca de que en la calle andan papeletas auténticas de las que se usarán durante las votaciones de la segunda ronda electoral presidencial del pasado 6 de abril. Y aunque diera la cara en estas próximas horas, la realidad es que nadie supo en qué lugar ha estado tan alto jerarca electoral en estos intensos días.

Para agregar suspicacia al asunto, tampoco han dado la cara los otros cuatro magistrados que integran la máxima cúpula política del TSE, pues en época de elecciones a los tres permanentes se le agregan dos para un total de cinco.

Esto nos está indicando que la estrategia oficial del tribunal electoral de cara a la opinión pública en todo este delicadísimo asunto del robo de esas auténticas papeletas, ha sido su minimización y trivialización; de forma tal que los personeros electorales que han enfrentado a la prensa al respecto, son como la “segunda división” del TSE.

Semejante irresponsabilidad debe ser censurada fuertemente; tanto como debe ser aplaudida, con la más grande solidaridad ciudadana posible, la valiente acción de la señora Iary Gómez a la cabeza del Grupo Extra, en esta nueva cruzada cívica que emprende este consorcio mediático ante los ataques a la transparencia y a la Democracia misma (recordemos sus más recientes luchas en tal sentido: la ley “mordaza” y contra el espionaje electrónico en su contra, emprendido desde el Poder Judicial mismo).

Si fue un grave error privatizar la impresión de las papeletas electorales, más error es la opacidad que pretende el TSE que impere en todo este grave episodio atentatorio contra su credibilidad misma, minando la confiabilidad ciudadana sobre el respeto pleno a la voluntad soberana del voto; y, en lo específico, abre grandes signos de interrogación sobre qué sucede con nuestro máximo organismo electoral.

La verdad es que bastantes sectores sociales y ciudadanos no olvidaremos situaciones electorales conflictivas de los últimos tiempos, donde la acción del TSE bajo la conducción del magistrado Sobrado, fue “controversial” (para decirlo con elegancia).

Recordamos las polémicas elecciones presidenciales del 2006, en las cuales hubo 700 mesas electorales que dicho tribunal no quiso auditar y que podrían haber dado otro curso a los acontecimientos sociopolíticos; pues la distancia de 18 mil votos a favor de Oscar Arias Sánchez y en contra de Ottón Solís Fallas, llevó a muchos a pensar que a éste le robaron la Presidencia.

Con ocasión del referéndum sobre el TLC, en octubre de 2007, luego del “triunfo” presidencial del señor Arias, el TSE del magistrado Sobrado le permitió al gobierno de este señor hacer campaña a favor del “Sí” al TLC con los Estados Unidos, utilizando todos los recursos públicos posibles; dejando en clara desventaja a quienes desde el “Movimiento del NO al TLC” habíamos ayudado a la construcción del más grande movimiento ciudadano desde las acciones de calle que nos dejaron las Garantías Sociales en los años 40 del siglo XX. El TSE se parcializó a favor del “Sí”, que fue parcializarse a favor del partido Liberación. ¡Mucho por explicar, Sr. Sobrado!

UNA alega “error de interpretación” en matrículas anómalas

Publicada el 17/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

El caso de los 108 estudiantes que fueron admitidos en la Universidad Nacional (UNA) de forma anómala, y a los cuales no se les anuló su matrícula debido a que caducó el plazo para hacerlo, retumba en la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

Carlos Cruz, director de la seccional de ANEP en la UNA, exige que la universidad revele los nombres de esos estudiantes.

“Lo que van a hacer es todo lo posible porque no salgan los nombres de los estudiantes que fueron admitidos irregularmente, pues cualquier periodista o investigador acucioso vería, y diría pero este es hijo del decano tal, del miembro universitario tal. Lo que pasó en la Universidad es que se abrió un portillo, la gente encontró que el muchacho y la muchacha que no ganó el examen de admisión lo metían por ahí”, sostuvo Cruz.

Francisco González, vicerrector Académico de la UNA, alegó que fue un error de interpretación el que llevó a admitirlos en condiciones irregulares.

“Se trató de alumnos que se sometieron de buena fe a los procedimientos que las instancias universitarias aplicaban, y que por error de interpretación de las distintas autoridades de las unidades académicas en los procedimientos administrativos y normativas aplicables, se tenían como válidos (no existiendo dolo alguno en estas actuaciones). En todos los casos determinados se detectó que ocurrieron con anterioridad al año 2009, y en muchos de ellos ya los jóvenes habían concluido sus estudios en apego a lo contemplado en los diferentes planes de estudio. Por lo que en aplicación de los tiempos de caducidad, según la normativa nacional vigente, no se podían iniciar procesos de nulidad contra los estudiantes, tomando en consideración además los daños colaterales que se les podía causar a los mismos.

DIARIO EXTRA solicitó la lista de los estudiantes a la UNA, pero la entidad no las envió pese a la petición.

IRREGULARIDADES

Las anomalías en las matrículas quedaron comprobadas desde el 2009, cuando en un informe de la Controlaría Universitaria se verificó la denuncia de la jefa de admisión Sonia Salazar, quien señala que se estaba utilizando la figura de estudiante extraordinario para saltarse los requisitos.

Cuatro años después, el Consejo Universitario resolvió que las matrículas no podían anularse porque había caducado el periodo para ello, y también resolvió que ningún funcionario de la entidad, incluida la actual rectora Sandra León, tenía responsabilidad de los hechos.

“Siguiendo el debido proceso fueron los diferentes superiores jerárquicos los cuales realizaron las investigaciones, y tomaron las correspondientes resoluciones, mismas que constan en cada expediente, incluyendo la de la señora Rectora, en donde se nombró un órgano director competente”, alegó González.

Para Cruz es inaceptable que “a la Controlaría Universitaria le tomó nada más dos meses para hacer una investigación y decir que todas las irregularidades que denunció la jefe de admisión son ciertas”, mientras al Consejo Universitario cuatro años, en donde todos los casos prescribieron. Además asegura que todos los funcionarios quedaron libres porque están involucrados en la misma investigación.

Para el representante de la ANEP aparte de las anomalías, es inaceptable que a la jefa de Admisión que denunció los hechos la Universidad la someta a un proceso de acoso laboral, que ya fue dictaminado así por un juez. Sobre la condena por acoso la UNA confirmó que ya apeló el fallo, y por el momento no se va a referir al estar en los tribunales.

ANEP-SINART se reunió con el presidente ejecutivo de la institución

Publicada el 17/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

El pasado viernes representantes de la Seccional ANEP-SINART, junto a nuestro Secretario General, Albino Vargas, se reunieron con el Presidente Ejecutivo del Sistema Nacional de radio y Televisión (SINART), Rodrigo Arias para tratar diversos temas; entre ellos el tema salarial y diferencias de interpretación de la convención colectiva, que rige en la institución desde agosto del 2013.

Alejandra Marín, Presidenta de la Seccional ANEP-SINART, indicó que respecto a la convención colectiva aún existen muchos puntos en el aire, los cuales deben de aclararse. “Existen cosas que se van aplicando, se van resolviendo, pero otras no”.

“Con la convención colectiva aún existen muchas dudas, además de cosas en las que no nos ponemos de acuerdo; estamos en ese aprendizaje, vamos avanzando “, dijo Marín.

Otro de los temas tratados en la reunión del viernes anterior, en la sala de sesiones del SINART, fue sobre el percentil 25, el cual consiste en un aumento salarial para los trabajadores que son remunerados mediante el salario compuesto.

“En el año 2013, habíamos firmado La Ley del SINART, donde se decía que los salarios iban a aumentar, ahí se habló del percentil 25, sin embargo hasta que no se definiera una escala salarial ese percentil 25 no se podía aplicar. Pero resulta que desde el 2011 se firmó lo del estudio salarial y todavía la mayoría de trabajadores que están en el salario compuesto aún no se le aplica ese aumento, mientras que a los trabajadores que tiene salario único sí”, dijo Marín.

En este último tema, y debido a que en apariencia el SINART no cuenta con la capacidad económica para cubrir el percentil 25, según indicó su Presidente Ejecutivo, Rodrigo Arias se podría negociar un nuevo percentil.

“Debido a esa situación, vamos a reunirnos en abril para tratar de llegar a establecer un nuevo percentil, para que el salario de los trabajadores que no están gozando de ese beneficio aumente”, dijo la Presidenta de la Seccional ANEP-SINART.

Actualmente la Seccional ANEP-SINART está compuesta por unos 100 agremiados, lo que representa casi el 50% de trabajadores que laboran en el Sistema Nacional de Radio y Televisión

Acoso laboral y despidos persiguen a trabajadores de finca del MAG

Publicada el 14/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

Un constante acosos laboral y amenazas de todo tipo, incluso de despidos son las que tiene que soportar diariamente los trabajadores y agremiados de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante, propiedad ubicada en Guápiles dentro del Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología (INTA), ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según indicó Alex Vargas, Presidente de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante esta situación se viene presentando desde hace tres años, cuando asumió la dirección de la finca, Xinia Solano Fernández, situación que se agravó aún más, cuando los trabajadores decidieron agremiarse a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y establecer su seccional con el objetivo de proteger su integridad y derechos laborales.

“Actualmente tenemos una amenaza de despido de 10 compañeros del sindicato por tratar de defender nuestros derechos. Desde que ella (Xinia Solano) llegó constantemente se nos ha agredido verbalmente, nos humilla, nos ha dicho en varias ocasiones que tiene principios nacistas. Incluso hasta nos trata de retrasados, estúpidos, que no servimos para nada”, aseveró Vargas.

Vargas indicó, que de darse los despidos, el próximo lunes estarían realizando una manifestación, ya sea en el MAG o en la Ruta 32. Similar a la que realizaron meses atrás, cuando se dio el despido de dos de sus compañeros integrantes de la seccional.

“Tomamos la decisión de que si este sábado se despiden los compañeros, el lunes estaremos entrando a una huelga indefinida, Si tenemos que realizar huelga de hambre, vigilia, cerrar el MAG y la Ruta 32; lo vamos a hacer. Son nuestros empleos, la alimentación y estudios de nuestros hijos; es nuestra vida social que se está tocando. Vamos a luchar por eso, ya que también se dice que se quiere cerrar el laboratorio de tejidos”, manifestó el Presidente de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante.

De esa manifestación, realizada meses atrás, los trabajadores lograron firmar un acuerdo con los altos jerarcas del MAG para: integrar nuevamente a los compañeros despedidos, así como, el no despido de los trabajadores, la protección sindical y la libre predicación del sindicato dentro de la finca. “Acuerdo que ha sido irrespetado por Xinia Solano”.

Vargas agregó, que incluso manda a trabajadores a laborar solos a ciertas áreas de la finca, la cual tiene una gran extensión, lo que sería prohibido debido a que en la zona hay una fuerte presencia de culebras y de ser mordido por una de ellas, nadie podría darle asistencia al trabajador, por encontrarse solo, lo que incluso podría provocarle la muerte en el lugar.

“Varias ocasiones prácticamente ha atentado contra mi vida, me hace roles extensos, pese a que he cumplido mi hora laboral de 6:00 a.m. a 2:00, p.m. obligándome a regresar por la tarde. Incluso me ha mando a trabajar a pie en recorridos de 8 kilómetros. En uno de los recorridos me descompuse y debí ser atendido por la Cruz Roja, peso a esto ella (Alvarado) no quiso darme el documento para atención medica en el Instituto Nacional de Seguros”, detalló Vargas.

Ante estas situaciones, la única petición que realizan los trabajadores de la Finca Experimental Diamante, es respeto mutuo como persona, que se respeten sus derechos humanos y laborales y cesen los despidos de agremiados de la seccional.

Proyecto que utiliza energía radioactiva se desarrolla en pleno centro de San José

Publicada el 14/03/2014 | por ANEP | 1 comentario

En días pasados un grupo de trabajadores del Hospital San Juan de Dios (HSJD), se comunicó con nuestra organización, muy preocupados por el carácter de los trabajos que se están realizando en el terreno anexo al hospital San Juan de Dios, ubicado específicamente diagonal a la “Puerta de Médicos”, esquina suroeste del Parque La Merced, bulevar Avenida 4 y Calle 14.

Según nuestras informaciones, corroboradas con una visita rápida que realizamos el día de ayer, se está construyendo un tipo de bóveda reforzada con su respectiva instalación eléctrica de gran formato, y que, aparentemente, tiene algo que ver con energía radioactiva.

“Esto lo decimos por dos aspectos que logramos observar: unos cilindros ubicados en el suelo con el reconocido logo de radioactividad y el logo de la compañía NECSA impreso en la estructura. Dicha compañía, según nuestra búsqueda por internet, es la Corporación de Energía Nuclear de Sudáfrica (http://www.necsa.co.za/)”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

Ante la confianza depositada por parte de estos trabajadores en nuestra organización, y ante las negativas de las autoridades del centro médico de brindarles información sobre dicho proyecto. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió este viernes una carta dirigida a la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios, representada por el doctor Daniel Quesada; así como a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda, solicitando información sobre la construcción de dicha bóveda reforzada, que aparentemente sería utilizada para el desarrollo de un proyecto que utiliza energía radioactiva en pleno centro de San José.

“Solicitamos información, de manera urgente, sobre los protocolos de seguridad abordados para la construcción de dichas instalaciones, los atestados del personal o la empresa contratados para dicha construcción, sobretodo relacionados a la experiencia en el manejo de material radioactivo y, por último, quisiéramos saber cuáles son los fines de dicha construcción”, aseveró el Secretario General de la ANEP.

Vargas agregó, que esto es una preocupación que no solo ataña a los trabajadores del centro médico, sino también, de las miles de personas que a diario transitan en las cercanías de dichas obras; “que Dios no lo quiera, pudieran verse afectados si un accidente ocurriera con un material tan peligroso como el nuclear”.

¡Agua para las comunidades no para los negocios!

Publicada el 13/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

Con la consigna de que el agua es un derecho y no un negocio, más de 23 comités de base de comunidades de diferentes partes del país, organizaciones ambientales, estudiantes y otros colectivos sociales se concentraron este jueves 13 de marzo a las 11am en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en Barrio Escalante, para luego marchar hasta la Asamblea Legislativa donde se desarrolló una actividad cultural e informativa con diputados actuales y electos en el bulevar hasta las 4 de la tarde.

Las comunidades y sectores aliados están luchando contra la expansión de proyectos hidroeléctricos, mayoritariamente privados, que proliferan debido a la expectativa de que aumente el porcentaje de generación eléctrica lo que permitiría a empresas privadas vender e incluso exportar electricidad a otros países, tal cual se permitiría si se aprueba el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica.

De los 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada (32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013) ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA. Esta gran cantidad de proyectos evidencia que se están adelantando al nuevo sistema de licitación establecido por el Gobierno y a una eventual apertura del mercado, a partir de las leyes que se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa (ver recuadro). A estos proyectos hay que sumarles los ya construidos, más los que están en planes del ICE, cooperativas, empresas de servicios públicos y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para ocupar prácticamente todas las cuencas del país.

No sería de extrañar que esta carrera por presentar estudios ambientales y aprobar determinadas leyes antes de que termine la Administración Chinchilla, se vincule con el pago de favores políticos a generadores privados tal cual lo denunció recientemente el diputado Juan Carlos Mendoza, durante la tramitación del proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica. Mendoza recordó que en la pasada campaña 2008 donde resultó electa Laura Chichilla, se hicieron contribuciones al Partido Liberación Nacional por ¢220 millones entre aportes económicos directos por ¢117 millones y compra de bonos de deuda hasta por ¢103 millones, y que entre quienes hicieron las contribuciones figuran empresas de generación eléctrica a nivel centroamericano. Por ello se infiere que hay una presión por terminar de debilitar el sistema solidario del ICE y privatizar el mercado eléctrico nacional.

La resistencia de las comunidades permite comprender la práctica del Gobierno que impulsa la apertura del mercado eléctrico por medio de iniciativas de carácter centralistas y privatizadoras, que no vendrían a regular este tipo de conflictos. Los grupos organizados exigen que se aprueben los proyectos de ley que vendrían a asegurar una administración participativa y justa del agua como son las propuestas originales de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (presentado por iniciativa popular), la Ley para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales (ASADAS) y la reforma constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano.

Situación por regiones

– Zona Sur. De los 23 proyectos que ya presentaron estudios ambientales a SETENA, 14 se encuentran en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas. Debido a que existe gran escasez y poca disponibilidad de fuentes de agua limpia, el control de los pequeños ríos ha detonado en conflictos porque las comunidades reclaman su derecho de que el recurso hídrico debe ser primero para uso de la población. La problemática se agravó en febrero de 2013 cuando el ICE adjudicó a 11 empresas privadas la realización de 6 proyectos hidroeléctricos en distintas partes del país. De estos proyectos, al Consuelo y Monteverde II (en Buenos Aires y Pérez Zeledón, respectivamente) se les dio un año de tiempo para completar el EIA, por lo cual las municipalidades corrieron a establecer moratorias para evitar que el agua se destinara a la generación eléctrica, sin embargo, por la presión de las empresas interesadas, Pérez Zeledón terminó derogando el acuerdo municipal. En dicha licitación, el ICE no consideró ningún ordenamiento ni otro mecanismo efectivo para definir el uso racional de las cuencas que se emplean para la generación eléctrica, ni tampoco ha tenido consideraciones hacia la garantía del agua para el consumo humano, asunto que ha provocado conflictos por el uso del recurso en diversas regiones del país. (Programa del Estado de la Nación, 2004)

Por su parte, en el Cantón de Dota, 6 distintos proyectos hidroeléctricos amenazan el rio Savegre. Las comunidades de la zona están organizadas contra las represas y otras problemáticas, como quedó demostrado recientemente cuando evitaron que el ICE colocara líneas de alta tensión en áreas catalogadas de protección silvestre. Tanto en Dota como en otras regiones de la Zona Sur, los comités de base se han aliado con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Diquís por los impactos sociales y ambientales que tendría el megaproyecto.

– Zona Norte. Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad, para el año 2000 solo en la cuenca del río San Carlos se consignaban un total de 28 proyectos, 14 en operación y otros 14 en fase de estudio, todos privados y en manos de cooperativas. Además, en los cantones de Upala y Guatuso existen 10 proyectos hidroeléctricos de los cuales tres (Canalete II, Los Negros I y Cote) ya entraron en operación.

Actualmente, el inicio de las obras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bijagua en Upala, desarrollado por Coopeguanacaste está causando efectos altamente destructivos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua, lo que ha movilizado la oposición comunitaria y de otros actores aliados para la protección de estos ecosistemas y garantizar el suministro del agua a la población local.

– Caribe. Estudios previos para una represa sobre el rio Chirripó ha generado la alerta de las comunidades cabécares por la construcción de caminos y posible desplazamiento, ocasionando división entre la población. A unos kilómetros del Chirripó se encuentra el río Parismina donde una empresa privada quiere realizar otro proyecto que ha implicado impactos y conflictos con vecinos.

Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica #18.093

– Consumaría la apertura del mercado eléctrico del país para favorecer a empresas privadas locales y transnacionales. Trata de confundir llamándose “Ley de Contingencia” cuando la verdad es que el país no está en estado de emergencia en materia de generación eléctrica y satisfacción de la demanda.

– Permitiría construir centrales eléctricas de hasta 50 MW (actualmente tope es de 20 MW) y hasta proyectos del 30% del sistema eléctrico (777 MW), es decir, más grandes que el Diquís por ejemplo. Esto equivale a eliminar por completo los límites actuales y asegurar la subasta de todas las fuentes energéticas nacionales para la generación eléctrica.

– Negocios con los ríos: solo en el año 2011 la sociedad costarricense le pagó a 27 empresas privadas US$109.701.774 (₡60.335.975.700 a un tipo de cambio de ₡550 por dólar) por generación eléctrica. Al romper el tope de los proyectos con esta nueva ley, se puede dimensionar el gran negocio que está detrás.

(Ver más en (http://www.feconcr.org/doc/contingenciaelectrica.pdf)

Acuerdo promisorio en regulación de uso de celular para Policía Penitenciaria

Publicada el 12/03/2014 | por ANEP | Dejar un comentario

Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como representantes de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, se reunieron la mañana de este miércoles, con autoridades del Ministerio de Justicia y Paz con la intención de establecer una conciliación sobre la circular emita por el Director de la Policía Penitenciaria, Guillermo Arroyo para prohibir de forma definitiva el uso y portación de teléfonos celulares en horas laborales, por parte de efectivos de dicho cuerpo policial.

La conciliación, que se llevó acabo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se extendió por espacio de tres horas, en donde las partes expusieron cada uno de sus puntos, llegando a buen término; generando satisfacción a los representantes de la Policía Penitenciaria.

Rafael Mora, Asesor Político de la ANEP, indicó que la circular afecta a los y las Policías Penitenciarias en materia de uso de la propiedad privada, como es el uso de un teléfono celular, incautando el aparato y no permitiendo su uso dentro de las instalaciones penitenciarias. “Esto aduciendo que se pone en riesgo la seguridad, por lo que nuestra organización solicitó dicha audiencia conciliatoria”.

“Se ha planteado que eso no es así, más bien, ante la falta y poco desarrollo tecnológico en una institución como el Ministerio de Justicia y Paz, el uso teléfono celular se convierte en un instrumento fundamental para la comunicación entre los y las policías penitenciarios”, aseveró el Asesor Político de la ANEP.

Mora indicó, que la reunión sostenida este miércoles logró abrir “trocha”, en una posición cerrada y dura por parte del Ministerio de Justicia y Paz en mantener esa tesis, lo que abre la posibilidad de una negociación real y clara; en donde se tendrá la posición de la importancia del uso del teléfono celular, no solo en lo personal, sino para situaciones de seguridad de la institución.

“Ellos (Ministerio de Justicia) plantean que van a definir cuáles pueden ser los lugares en donde se puede utilizar libremente el teléfono celular, así como las restricciones. Nosotros realizamos las manifestaciones del caso, las cuales tomarán en cuenta. El tema está en debate y solicitaron un mes para realizar estas aclaraciones”, explicó Mora.

Por su parte, Gerardo Cascante, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria indicó que existía una gran incertidumbre sobre la prohibición de portar y usar el teléfono celular dentro de los establecimientos penitenciarios, ya que esta solo fue emitida propiamente al personal de seguridad.

“Porque solamente al personal de seguridad y no así al resto de los empleados: llámese técnico, administrativo, personal de cocina o choferes. Esa circular es del miedo, con la que se aplica la ley mordaza. Hoy nos dan la razón y nos llevamos una satisfacción muy buena, al ver que la circular será estudiada, ya que la portación del teléfono celular es un derecho que se nos está violentando”, manifestó Cascante.

Para poner en evidencia la afectación con dicha circular, Cascante utilizó el ejemplo del semi-internamiento que deben de realizar los efectivos penitenciarios, en el cual los policías deben de realizar ocho días seguidos de servicio, en los cuales un padre o una jefe de hogar no puede comunicarse con sus familiares, debido a la restricción del uso de celular o incluso hasta perder citas médicas por no poder atender el aparato.