Primera protesta contra eventual decreto salarial del 3.5 %: Paro en varias dependencias del Sector Público

Los y las manifestantes se concentrarán, luego, a partir de las 9 de la mañana, frente a la sede central del Ministerio de Hacienda (antiguo Banco Anglo Costarricense), en la Avenida Segunda.

Como ya se ha indicado, existe un sentimiento de rechazo generalizado al pretendido incremento salarial del 3.5 % y quienes se manifestarán mañana martes 29, representan una muestra de lo que podría ser una protesta de alcance insospechado para fechas próximas.

La actividad de mañana tiene el respaldo de varias entidades gremiales. Entre ellas, el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (SITECO); la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios (SITHOSAJUDI); así como de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA), que respalda la concentración frente al Ministerio de Hacienda.

Se esperan manifestaciones de paro en instituciones como el MOPT (Oficinas Centrales, Departamento de Licencias, Educación Vial y Aviación Civil); Ministerio de Salud y Programa CEN-CINAI; Migración y Extranjería; Imprenta Nacional, Registro Nacional, Adaptación Social; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); varias dependencias de los ministerios de Hacienda, de Justicia y de Cultura, Juventud y Deportes.

Igualmente, se darán paralizaciones de varios servicios en los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia, Nacional de Niños y Nacional Psiquiátrico.

La protesta salarial de mañana tiene tres finalidades:

1. Ser la primera muestra pública del profundo descontento y rechazo que genera la posibilidad de la imposición de un decreto salarial del 3.5 % en el Sector Público. Aunque no habrá una paralización general del mismo, los y las manifestantes serán expresión directa de una demanda generalizada de un reajuste digno y realmente compensatorio de la cadena de alzas de las últimas semanas.
2. Exigir al Gobierno de la República la apertura de un proceso de discusión y de eventual negociación salarial, convocando de inmediato a la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
3. Mostrar un repudio contundente a la abusiva escalada de aumentos en los precios de artículos y servicios de consumo básico, lo que ha golpeado duramente la estabilidad económica de las familias de la clase trabajadora.

Se espera que luego de la protesta de mañana martes 29 de junio, se posibilite una mayor articulación de ejes de protesta para movimientos de envergadura mayor en fechas muy cercanas.

San José, 28 de junio de 2004.

Empleados Públicos rechazan, masivamente, Pretensión de Aumento del 3.5 %

Ese es el porcentaje que la actual Administración Pacheco de la Espriella presupuestó, a partir del próximo 1 de julio, para la gente que labora en el Sector Público; cifra totalmente insuficiente para aminorar el impacto negativo generado en la economía de las familias trabajadoras, a raíz de la cadena de alzas de las últimas semanas, en artículos y servicios de consumo básico, por ejemplo.

Además, se ha generado un gran repudio ante la posibilidad de que el Gobierno del Presidente Pacheco acuda a la emisión de un decreto salarial en tal sentido, con carácter unilateral, tal y como ha sido su comportamiento desde que asumió la Presidencia de la República. En dos años que lleva esta administración, ni una sola vez ha habido negociación salarial en el caso del Sector Público, sólo imposición.

La clase trabajadora del Sector Público exige al Gobierno Pacheco de la Espriella que en esta ocasión haya negociación salarial de verdad, en toda su dimensión; y se ha tomado como uno de los parámetros base de la misma, lo que ocurrió en el Sector Privado, para el cual la fijación salarial quedó en un 6.27 %. Este elemento es adicional al tema de la deuda salarial acumulada en el Sector Público, lo cual debe ser un punto central de discusión en una eventual negociación.

Todo lo anterior lleva a mantener la decisión de paralizar labores en importantes segmentos de la Administración Pública, el próximo martes 29 de junio; lo que será complementado con una concentración de protesta, a partir de las 9 de la mañana, frente a la sede central del Ministerio de Hacienda, antiguo Banco Anglo Costarricense, en la Avenida Segunda de esta capital.

En el movimiento de paro de labores y de concentración para el próximo martes 29 de junio, se tiene prevista la participación de trabajadores y de trabajadoras de los hospitales San Juan de Dios, Nacional de Niños, Dr. Calderón Guardia y Nacional Psiquiátrico; igualmente, los departamentos de Licencias y de Educación Vial del MOPT; la Imprenta Nacional; Migración y Extranjería; planteles de Acueductos y Alcantarillados (A y A); dependencias del Sistema Penitenciario Nacional y del Ministerio de Justicia y Gracia; servicios de guardería de los CEN-CINAI; instituciones del Sector Cultura, Juventud y Deportes, entre otros que han confirmado su participación al día de hoy.

San José, 22 de junio de 2004.

Acerca de la renuncia de la Ministra Esmeralda Britton: «Algo más que gasto en flores…»

Es necesario que se efectúe un análisis detallado de los dineros públicos invertidos por la ahora exjerarca, en cuanto a los gastos de representación dispuestos a su uso discrecional, en función de los altos cargos que hasta hoy ostentó; para que se determine la propiedad de los mismos; ó, por el contrario, algún eventual mal uso.

Particularmente, en cuanto a este rubro, es menester una revisión exhaustiva sobre tales gastos efectuados en el exterior del país: número de viajes realizados, finalidad de los mismos, beneficios para la situación de las mujeres (objetivo principal de las políticas del INAMU); detalle de los gastos efectuados en cada uno de esos viajes y otra información conexa, que permita establecer si efectivamente el país salió beneficiado con tales erogaciones.

Es conveniente una revisión exhaustiva de una serie de nombramientos ocurridos durante la gestión de la señora Britton González, algunos de los cuales, según criterio de ANEP, fueron realizados sin un debido proceso.

Por otra parte, debe investigarse el préstamo de las instalaciones oficiales de la sede del INAMU, en Granadilla Norte de Curridabat, para la realización de una fiesta de inversionistas privados; evento ocurrido el día sábado 21 de febrero del presente año 2004. Para tal fin, la Dirección Administrativa otorgó un permiso, según instrucciones de la Presidencia Ejecutiva, a cargo de la hoy Exministra de la Condición de la Mujer.

Además, es conveniente indagar si en la selección del edificio que hoy sirve de sede central al INAMU, hubo algún tipo de tráfico de influencias; dado que la ANEP siempre consideró como excesivo un pago de alquiler del orden de los 16 mil dólares mensuales, casi 7 millones de colones; pues se trata de una transacción que generó bastantes dudas acerca de su transparencia y oportunidad

Finalmente, la salida de la señora Britton González, nos hace lanzar una vehemente exhortación al Gobierno de la República, particularmente al Presidente Pacheco de la Espriella, para que se designe a una mujer cuya trayectoria social garantice un retorno a la razón de ser del INAMU: el impulso a una firme política pública hacia la verdadera igualdad y equidad de género y el avance de las mujeres en el desarrollo integral de la sociedad costarricense.

La ANEP tiene documentados tales casos y los estará trasladando en las próximas horas a la Contraloría General de la República y a otras instancias de control político.

La salida del Gobierno de la señora Esmeralda Britton González, como se puede ver, es un asunto más allá que un supuesto gasto excesivo en flores…

San José, 22 de junio de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Junta Directiva Seccional ANEP-INAMU

Victoria Montero Zeledón

Yensi Herrera Vega

Flor de Lis Monestel Corrales

El Sr. Contralor debe renunciar

Primero: Si bien es cierto que el principio constitucional de presunción de inocencia resulta vital en nuestro régimen jurídico; es real que los cuestionamientos surgidos a su persona, a raíz de presuntas falsificaciones de firmas en documentos hipotecarios (lo cual él mismo ha admitido bajo la figura controversial del “a ruego”), tornan insostenible su permanencia en el delicado puesto de Contralor General de la República; pues es ésta la entidad que por excelencia está obligada a fiscalizar la correcta aplicación de las leyes por parte de todos los funcionarios públicos y a denunciar a éstos cuando se aparten de tal comportamiento.

Segundo: Si el Lic. Solís Fallas insiste en permanecer en el citado cargo, se estaría enviando el pernicioso mensaje de que en este país se ha legitimado la interpretación subjetiva, flexible y relativizada de las leyes; pues el propio Contralor General de la República ha admitido que ve como costumbre y práctica normal en el ejercicio del derecho, la circunstancia que hoy a él se le está cuestionando; pese a que sea una situación al margen de la legalidad.

Tercero: Así las cosas, el prestigio de la entidad contralora, la necesidad de revitalizar su función fiscalizadora y el desafío que implica su fortalecimiento ante el incontenible fenómeno de la corrupción pública y privada; no hacen viable que a la cabeza de tal entidad esté un ciudadano con cuestionamientos serios y con lo que pareciera ser una interpretación bastante laxa del ordenamiento jurídico.

Cuarto: Ha quedado en evidencia que el nombramiento del Lic. Solís Fallas fue producto de una especie de elección “extramuros” legislativos; pues dado que los expresidentes de la República, Oscar Arias Sánchez y Rafael Angel Calderón Fournier hoy le están quitando el apoyo que le dieron al principio; se está demostrando que su nombramiento se impuso, al darse en medio de un proceso de votación bastante criticado y de debilitada transparencia.

Quinto: Correspondiendo al soporte político que tales exmandatarios le estaban dando al hoy cuestionado Contralor General de la República, éste ya expresó su posición ideológica en temas tan sensibles como el denominado tratado de “libre” comercio (TLC), con los Estados Unidos de América, manifestándose a favor del mismo. Como este asunto ya nos está conduciendo hacia una polarización social de alta intensidad, es muy peligroso para la institucionalidad de la Contraloría General de la República que ésta quede “matriculada” en el ámbito de los intereses de uno de los bandos en pugna.

Por tanto:
en este pronunciamiento conjunto,

la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
y la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)

Le pedimos de manera pública, respetuosa pero vehementemente, al Lic. Alex Solís Fallas que por el bien de Costa Rica y, particularmente, por el prestigio en juego del mismo órgano contralor; que renuncie, de manera inmediata, al cargo de Contralor General de la República; y si persiste en su negativa a abandonarlo, que proceda la Asamblea Legislativa a su remoción, igualmente inmediata.

San José, sábado 12 de junio de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente ASDEICE

El candidato del «PLUSC» a la Contraloría: Alex Solís ante eventual conflicto de intereses por generadores privados de electricidad

Sin embargo, ante los Sectores Sociales empieza a ser visualizado como el candidato de la cúpula oligárquico-bipartidista PLN-PUSC, conocida en el pueblo como “PLUSC”; alianza impulsora de la transformación radical del modelo de Estado Social de Derecho que ha caracterizado a la sociedad costarricense, por uno de exclusión social: el Estado Neoliberal.

Aparte de lo anterior, nos sentimos en la necesidad de indicar lo siguiente: En su época de diputado, durante el período constitucional 1986-1990, el actual aspirante al cargo de nuevo Contralor General de la República, Lic. Alex Solís Fallas, propuso el proyecto de “Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela”, el cual en ese momento recibió el número de Expediente Legislativo 10883. Luego se convertiría en la Ley 7200.

Así se desprende del registro “Sistema de Información Legislativa” (Información de Leyes), de la Asamblea Legislativa, en cual se indica que el Lic. Solís Fallas fue el proponente de tal proyecto de ley.

Vistas así las cosas y considerando que ha sido la propia Contraloría General de la República la que ha planteado la necesidad de establecer, por parte del Estado, juicios de lesividad, estimando que ciertas empresas privadas generadoras de electricidad, establecidas al amparo de la Ley 7200, le habrían estado ocasionando severos perjuicios patrimoniales a las arcas del ICE, por supuestas adecuaciones tarifarias cuestionadas según el Informe 90-2000 del ente contralor, nos preguntamos:

¿Cómo podría resolver el Lic. Alex Solís Fallas la anterior situación, si en el caso de que resultase nombrado como nuevo Contralor General de la República, tendría que asumir la responsabilidad de demandar la interposición de tales juicios de lesividad; juicios que enfrentarían algunos poderosos intereses empresariales que han estado acumulando ganancias precisamente al amparo de la Ley 7200 que él impulsó y defendió en su época de legislador?

¿Cómo podría el Lic. Alex Solís Fallas, reconocer la responsabilidad política que a estas alturas habría que demandarle a él, por la promoción de una ley que para muchos ciudadanos se ha convertido en un altísimo costo que socava, sensible y casi irreversiblemente, las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); ley que, por tanto, debería ser derogada?

Definitivamente que habría mucho que preguntarle al Lic. Alex Solís Fallas sobre el tema anterior para tener mucha mayor claridad, acerca de sus ideas y objetivos en el eventual puesto de Contralor General de la República.

San José, 2 de junio de 2004.

Derecho de respuesta: «El pensamiento totalitario de Al Día» por el comantario del periódico AL Día: «Una marcha sin razón»

Estimado señor:

Luego de expresarle un atento y respetuoso saludo, remito a usted el siguiente comentario, en el marco del Derecho de Respuesta que consagra el ordenamiento jurídico costarricense, dado que el editorial de esta fecha de Al Día, titulado “Una marcha sin razón”, hace alusión directa a las organizaciones sindicales costarricenses, dentro de las cuales la que honrosamente represento forma parte y es una de las agrupaciones promotoras del evento que mereció el editorial comentado. Esperamos que siempre prevalezca la ética por sobre las discrepancias y por eso confiamos en que esta respuesta será publicada. Este es nuestro texto:

El pensamiento totalitario de Al Día

¡Qué curioso!… La famosa globalización que nos imponen, únicamente debe funcionar para un lado, el de los poderosos dueños del capital. Pero si esa globalización también alcanza al mundo laboral, entonces se trata de desestabilización, subversión y otras paranoias políticas que los amanuenses asalariados escriben para sus amos.

Siento vergüenza por el comportamiento de cierta prensa de mi país, ante los colegas sindicalistas de España y de la América Central que nos han visitado por estas fechas. Esa prensa, de la cual el periódico Al Día es fiel ejemplo, se ha ideologizado completamente, hasta el punto en que ya no se distingue qué es línea informativa y qué es posición editorial. Sin embargo, como vivimos en democracia, tienen todo el derecho del mundo a subjetivizarse, políticamente hablando, en su ejercicio periodístico; sin embargo, a lo que no tienen derecho es a calumniar e insultar, sobre todo cuando ello se fundamenta en la más vulgar ignorancia.

Los compañeros sindicalistas españoles, Luis Fuertes (Unión General de Trabajadores, UGT) y Jordi Ribó (Comisiones Obreras, CC.OO), representan a importantes fundaciones sociales ligadas a tales centrales sindicales de España, específicamente de Cataluña; instituciones de cooperación internacional para el mundo laboral que, incluso, manejan fondos del Estado Español. El editorialista de Al Día, seguramente un trasnochado escribiente de las épocas de la Guerra Fría, insulta la inteligencia al acusarlos de “expertos en estrategias de desestabilización social”. Su mensaje es, sencillamente, solidaridad del capital, ¡sí!; solidaridad obrera, ¡no!

La verdad es que entendemos esa posición editorial de Al Día. No podía ser distinta. Su ejercicio periodístico, informativo y editorial está circunscrito a la visión de mundo del Grupo Nación, al cual pertenece; y éste, en cuanto hacedor de negocios, lo que busca es hacerlos lo más rentable y rápidamente posible; lo demás no importa. Eso les lleva a ser abanderados del pensamiento único y totalitario pues no tiene otra concepción de vida más que la del “libre” comercio.

Por eso nos acusan de no ofrecer alternativas, porque en su visión totalizante y totalitaria esas alternativas no existen. En Costa Rica hay muchos esfuerzos en desarrollo, desde muchas perspectivas, como el de la “Tercera República” que, por supuesto, Al Día las pocas veces que ha informado, ha sido para satanizarlo y desprestigiarlo. Para demostrarlo están los sucesos de junio del 2003, el escándalo que armaron cuando las propuestas de la “Tercera República”, pudieron haber sido consideradas por el actual Gobierno de la República.

Seguiremos luchando. Pero no somos sólo los sindicalistas. Somos una enorme coalición multicolor y multidiversa: ecologistas, estudiantes, académicos, profesionales, agricultores, comunidades, grupos pastorales y eclesiales, políticos honestos, diputados y diputadas patriotas, cooperativistas y hasta empresarios. La miopía totalizante y totalitaria del editorialista de Al Día le impide entender esto.

Somos cientos y cientos, miles y miles de costarricenses, hombres y mujeres que estamos en contra de ese TLC, del TLC del Grupo Nación, del TLC de Oscar Arias. Ese TLC, su TLC, que negociaron personas como Anabelle González, por lo cual le han venido pagando 8.700 dólares mensuales para que haya entregado la Patria, como vergonzosamente lo hizo el 28 de mayo anterior; personas como Alberto Trejos, desesperado por un tocamiento corporal con Mr. Zoellick, tal y como se vio en la foto indignante de la firma del TLC de Al Día.

Cuando se restauren, totalmente, los nobles valores de la ética periodística y se resalte la majestuosa potencia de una verdadera libertad informativa, se podrá ver que sí hay alternativas para un comercio justo. Como esa verdadera libertad informativa está muy castrada, la calle es el escenario perfecto para la libertad de expresión plenamente concebida, no como la entiende Al Día.

Compañeros sindicalistas de España: Estamos seguros que tienen ustedes el respeto del pueblo trabajador costarricense. Reciban disculpas por el trato innoble que han recibido de parte de cierta prensa totalitaria costarricense. Si hubieran venido con abultadas billeteras, como inversionistas, prensa como Al Día les habría puesto hasta alfombra roja. Nosotros sólo pudimos recibirlos en nuestro humilde local, pero lo hicimos con orgullo y con dignidad. Gracias por venir a conocer nuestra verdadera realidad, que no es la del Nóbel de la Paz. Al fin y al cabo, en vuestro país, España, no es desconocida la prensa tipo Al Día.

Hasta aquí nuestro comentario.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Cédula No. 1-457-390

—-
c.:Movimiento Sindical Costarricense.
c.:Junta Directiva Nacional.
c.:Archivo.

Estudiantes de la UCR se unen al movimiento del lunes 31

Tal y como se aprecia en la comunicación adjunta, las asociaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica (UCR), expresan su “más enérgica oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norte América mismo que, arbitrariamente pretende ser ratificado por el actual gobierno de la república”.

A la vez, se unen a la lucha cívica del próximo lunes 31 de mayo, llamando al pueblo a manifestarse “contra la ratificación de tan nefasto tratado”.

El pronunciamiento universitario contra el TLC y el llamado a la protesta del próximo lunes, está suscrito por las asociaciones estudiantiles de la UCR, de Antropología, Sociología, Filosofía, Formación Docente, Artes Dramáticas, Psicología, Lenguas Modernas, Filología, Salud Ambiental, Ciencias Políticas y de Paraíso.

De esta forma, se va concretando la gran alianza intersectorial en la lucha cívica contra el TLC, de cara al primer evento de calle de este lunes 31 y hacia la consolidación y ampliación de más grandes jornadas en las semanas y meses por venir, a lo largo y a lo ancho del país.

San José, 27 de mayo de 2004.

Llamamos a la ciudadanía a salir a la calle este lunes 31,repudiando la firma del TLC y anunciando una lucha frontal contra su aprobación legislativa

Bastan tan solo cuatro razones para llamar al pueblo costarricense a luchar contra la más grave amenaza nunca antes presentada, de la institucionalidad democrática que nos fue heredada por las generaciones anteriores:

Primero: El TLC que nos quieren imponer significa la quiebra inminente de los pequeños y medianos agricultores, acelerando, rápidamente, la miseria de los sectores más pobres de nuestro país.

Segundo: El TLC que nos quieren imponer significa el más descarado regalo a las transnacionales estadounidenses y a sus socios nacionales, del más preciado patrimonio público representado por las telecomunicaciones, la energía, los seguros, los medicamentos, la educación y hasta el agua; hoy prestados, respectivamente, por instituciones baluartes de la democracia costarricense como lo son el ICE, el INS, la CCSS y el A y A.

Tercero: El TLC que nos quieren imponer representa una reversión o involución del Derecho Laboral costarricense, consagrado en nuestro Código de Trabajo establecido en 1943; dado que se pretende eliminar la negociación colectiva, modificar la histórica jornada de ocho horas, reducir y/o eliminar garantías laborales para empleos dignos, además de liberalizar las renumeraciones salariales. Todo lo cual constituye un especie de “centroamericanización” de las condiciones laborales, salariales y sociales del empleo de la clase trabajadora costarricense.

Cuarto: El TLC que nos quieren imponer significa una monstruosa imposición antidemocrática que pretende cambiar, sin mediar los procedimientos necesarios que es obligado observar, todo el Estado Social de Derecho que ha regido en Costa Rica en los últimos cincuenta años, al instaurar un Estado Neoliberal, cuya filosofía y política es de profundo rechazo mayoritario del pueblo costarricense.

Por tanto: Como acto de repudio a la firma de ese TLC, las organizaciones firmantes convocamos al pueblo trabajador y a la ciudadanía, en general, a manifestarse este lunes 31 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en marcha hacia la Asamblea Legislativa. Será esta el primer evento de una cadena de acciones sociales de movilización cívica, a nivel nacional que, articuladamente habrá de desarrollarse para los momentos cruciales de la discusión legislativa del TLC.

Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad FIT-ICE

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social UNDECA

Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería ANPE

Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos FENTSEP

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE

Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados ASTRAA

San José, 25 de mayo de 2004.

Comisión de Notables de la Caja: Don Rafael Carrillo Lara no debe estar en ella

La ANEP considera al Ing. Carrillo Lara, como un ciudadano honesto y un empresario con ética en sus actividades de negocios; sin embargo, él ha compartido responsabilidades de dirección, en el último año, con el Lic. Emilio Bruce Jiménez, Presidente de la Corporación Fischel, en el seno del Consejo Directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). El señor Bruce Jiménez, hasta hace pocos días fue su Primer Vicepresidente y don Rafael Carrillo, es el actual Subtesorero de UCCAEP. Tales fueron los cargos que ambos han ocupado durante el período 2003-2004.

Por otra parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), de la cual el Ing. Carrillo Lara es su Presidente, tiene a uno de sus integrantes, el señor Gustavo Gutiérrez, como uno de los actuales miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Tomando en cuenta ambas situaciones, difícilmente el Ing. Carrillo Lara pueda desprenderse de los vínculos mencionados para efectos del trabajo que le ha pedido el Gobierno de la República, como integrante de la citada Comisión de Notables.

Para la ANEP es claro que hay un evidente conflicto de intereses y una incompatibilidad política, entre el carácter del trabajo que habría de desarrollar tal comisión y los vínculos gremiales de carácter empresarial así como de eventual solidaridad entre hombres de negocios, del Ing. Carrillo Lara para con el Lic. Bruce Jiménez.

Vistas así las cosas, don Rafael Carrillo Lara debe salirse de la Comisión de Notables, establecida para “investigar” a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para lo cual la ANEP le hace esta exhortación pública, apelando a la ética que siempre le ha caracterizado en su vida privada, empresarial y política.

San José, 12 de mayo de 2004.

CCSS: Comisión de Notables hacia un «Plato De Babas» Lo que hay que investigar, investigado ya está

Decepcionante porque la conformación de tal comisión reproduce el esquema bipartidista, excluyente y de apropiación política de la gestión pública; siendo que lo que hay que investigar, es gestado por la lógica política de tal sistema bipartidista, a través de la promoción de un sostenido proceso de facilitación de negocios privados con los servicios públicos estatales.

Pero, además, lo que hay que investigar, ya investigado está. La Asamblea Legislativa del período 1998-2002, integró una comisión especial que analizó el complejo entramado de intereses de negocios, ligado a la provisión de bienes y servicios requeridos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); comisión encabezada por el entonces diputado Dr. Wálter Muñoz Céspedes.

Tal comisión estableció con gran claridad la gestación de un proceso paulatino de tráfico de influencias, de irregularidades y de desangramiento sistemático de las finanzas de la Caja; con intencionalidades evidentes para debilitar su capacidad de prestación directa de servicios de la creciente demanda en salud; junto al desarrollo de una “arquitectura” inteligente para la facilitación del lucro privado.

El hoy Presidente de la República, entonces Diputado Pacheco de la Espriella, integrante de esa comisión legislativa presidida por el Dr. Muñoz Céspedes, tuvo información pormenorizada, desde un inicio, de ese nefasto proceso; sin embargo, emitió un informe de minoría (junto con su colega parlamentario de partido en ese momento, Alvaro Trejos); convirtiéndose así, prácticamente, en un cómplice de lo que hoy dice combatir, con la creación de la comisión citada; pero además, en nada se preocupó por la situación apuntada durante los dos primeros años de su gobierno.

La Comisión de Notables que “investigará” la Caja, tiene ya mucho trabajo avanzado, con lo dictaminado por aquella comisión legislativa presidida por el entonces diputado Dr. Muñoz Céspedes. Por ahí podrían empezar, para disipar la reserva y el escepticismo que desde ya ha generado su conformación en muchos sectores sociales.

San José, 11 de mayo de 2004.