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Producto de una arbitraria disposición del Gerente General, Urías Ugalde Varela y el Sub Gerente Portuario, Néstor Aguirre Méndez, Puerto Caldera se encuentra paralizado, generando millones de pérdidas para el fisco y para los usuarios.

Con una actitud irracional, para no reconocer los derechos fundamentales de un grupo de trabajadores, esenciales para la actividad portuaria, las autoridades del INCOP han decidido dejar sin trabajo, a un grupo aproximado de 60 trabajadores al mes, es decir, de 120 trabajadores, alternará grupos de 60 de mes por medio.

Ello ha implicado que desde que se puso en práctica la disposición, no haya suficiente personal para atender los barcos que atracan en el muelle.

En el momento en que la Agencia Naviera pide las cuadrillas para cargar o descargar un barco y el INCOP, por falta de personal no se las puede proporcionar, estas cobran la demora. El barco EYRENE, por ejemplo, se tenía que atender a las 20 horas de ayer domingo 5 de setiembre, no obstante, por falta de personal, no se integraron las 3 cuadrillas solicitadas. Hoy a las 9 horas le volvieron a marcar cuadrillas, y tampoco había suficiente personal. Solo se formó una cuadrilla, que tardará el triple del tiempo en atender el barco, generando un sin fin de gastos e inconvenientes, como congestionamiento en la bahía, pago de salarios a otro personal que interviene en la actividad (personal de contenedores, cheques, operadores, etc.) y por supuesto, el pago de la mora a las Agencias Navieras.

¿Se harán responsables, con su propio peculio, por los gastos que detallamos, las autoridades de INCOP: el señor Urías Ugalde Varela, el señor Néstor Aguirre Méndez, el señor Enrique Montealegre Martín, y el señor Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo, que pese a tener conocimiento de las barbaridades que se han cometido contra estos trabajadores, se ha negado a intervenir?

Esperamos que una vez más, no se cargue en las espaldas de las y los costarricenses, los gastos en que por acciones arbitrarias de funcionarios irresponsables, se hace incurrir a una institución estatal.

San José, 6 de setiembre de 2004.

El Sr. Ronulfo Jiménez, debe irse ya, inmediatamente, del Gobierno, pues ha irrespetado a la autoridad presidencial; haciendo gala de la repudiable arrogancia e intolerancia que caracteriza a los políticos de signo neoliberal.

El Sr. Jiménez debe entender que con la paz y con la estabilidad social del país no se juega, por tanto, si no le gustan los acuerdos de la sociedad civil con el Gobierno, debe irse ya y punto.

Este proceder irrespetuoso de don Ronulfo Jiménez para con la autoridad presidencial de Costa Rica, muestra a las claras la perversa tendencia de “autonomizar” las decisiones en materia de política económica, de las definiciones de carácter político.

Es hora ya de “intervenir” la consolidación de la “república independiente” en que se ha constituido el equipo económico del Gobierno del Presidente Pacheco. La salida de Alberto Dent debe ser el primer paso en tal sentido.

Don Abel debe nombrar como nuevo Ministro de Hacienda a una persona con formación humanista, con pensamiento socialcristiano; a un ciudadano o ciudadano que genere el necesario equilibrio entre la política económica y la política social; requisito indispensable para que haya tranquilidad en los meses venideros.

San José, 1 de setiembre de 2004.

De manera categórica y contundente, el Movimiento Cívico Nacional aclara a la opinión pública nacional que rechazamos las pérfidas especulaciones de algunos analistas, ciertos articulistas de prensa y algunas autoridades del Gobierno de la República, de que tengamos intereses ocultos como de desestabilización de la institucionalidad republicana costarricense.

Tales especulaciones sólo buscan manchar la transparencia de este movimiento, el cual ha ganado una simpatía enorme entre la ciudadanía costarricense; la cual, activa y pasivamente, de formas muy diversas, está identificada con las causas sociales, plenamente justas de este movimiento.

Estamos por la paz, creemos en la democracia. La política sistemática del presente Gobierno de desoír el clamor de los planteamientos populares, la deshonra de acuerdos firmados y la burla a las comisiones de trabajo de los distintos temas hoy en pugna, generaron las condiciones propicias para una manifestación popular pocas veces vista.

Reiteramos que el Movimiento Cívico Nacional está por la paz, por la democracia, por la institucionalidad costarricense.

San José, 29 de agosto de 2004.

Una enorme peligro para la institucionalidad democrática de Costa Rica, representa la acción de inconstitucionalidad que con la venia de Oscar Arias Sánchez, su hermano Rodrigo y varios de los adláteres de ambos, presentaron contra los artículos 137 y 138 del Reglamento Legislativo; para cercenar el derecho de enmienda que le asiste a los señores diputados y a las señoras diputadas, del Primer Poder de la República, la Asamblea Legislativa, según nuestra Constitución Política.

Luego del golpe demoledor que sufrió la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, cuando la Sala IV le cercenó su derecho de reformar la Constitución Política, en el caso de la reelección presidencial; ahora surge esta acción de inconstitucionalidad, del mismo grupo de interés, que abre el camino para el cierre político del parlamento costarricense, independientemente de que en la formalidad siga existiendo.

El sesgo autoritario de los hermanos Arias Sánchez, como representantes de los sectores económicos dominantes del sistema bipartidista, ha quedado completamente al desnudo.

Podemos discrepar de la forma en que funciona nuestra Asamblea Legislativa. Podemos exasperarnos del recurso de la presentación de mociones para imponer visiones partidistas en la tramitación de las leyes; pero jamás, seremos cómplices de la transformación de la institucionalidad democrática vigente a través de subterfugios legalistas de tufo totalitario, usurpando de un poder a otro, la división que al efecto estableció nuestra Carta Magna, en 1949.

Se gesta un Golpe de Estado “a la Fujimori”, cuyas consecuencias podrían ir más allá de la institucionalidad republicana vigente; abriendo el camino para alimentar tesis de solucionar la crisis política que vivimos por canales no democráticos.

Formulamos el más respetuoso pero vehemente llamado a la Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como salvaguarda de nuestro ordenamiento constitucional, para que no caiga en esta peligrosa provocación antidemocrática; para que no legitime el sesgo autoritarista de un reducido grupo de costarricenses que, si bien tienen mucho poder político y económico concentrado en sus manos, nos quieren imponer ahora su particular visión de país (la neoliberal, con TLC incluido), la cual no es compartida por las amplias mayorías del pueblo costarricense.

San José, 19 de agosto de 2004.

Los representantes de las organizaciones y gremios de transportistas (traileros), taxistas, agricultores, sindicalistas del Sector Público y de otras entidades sociales y cívicas, unidos en el Movimiento Cívico Nacional; nos apersonaremos mañana lunes 23, a las 11:30 a.m., en las afueras de la Casa Presidencial, con la idea de entregar, oficialmente, a las autoridades de Gobierno, nuestro pliego petitorio que motiva la promoción de una gran protesta nacional para el próximo lunes 23 de agosto, desde las 4 de la mañana.

Básicamente, se le pedirá al Gobierno de la República, tres cosas: a) Un alto en la cadena de alzas que han encarecido enormemente el costo de la vida para el pueblo trabajador; b) Abolición del monopolio privado de la revisión técnica vehicular; c) reapertura de la discusión sobre el incremento salarial del Sector Público, dado el rechazo generalizado a la imposición del 4.5 %.

Además, se hará una indicación explícita de que todas las entidades firmantes de dicho pliego, han constituido una férrea unidad de oposición y lucha contra el denominado tratado de “libre” comercio (TLC), que le quieren imponer a Costa Rica con los Estados Unidos de América.

El Movimiento Cívico Nacional pretende ser recibido por el propio Presidente de la República, así como por los ministros Toledo, Pacheco, Chaves y Dent; respectivamente de las carteras de Presidencia, Trabajo y Seguridad Social, Obras Públicas y Transportes y Hacienda.

San José, 16 de agosto de 2004.

El deterioro de la situación salarial de la clase trabajadora del Sector Público, empeorará seriamente el próximo año 2005. Informes extraoficiales obtenidos por la ANEP, indican que el próximo presupuesto de la República que habrá de debatir la Asamblea Legislativa en noviembre próximo, únicamente tiene previsiones de incremento salarial del 2 % por cada uno de los dos semestres del próximo 2005. Así lo impuso el Ministerio de Hacienda.

De comprobarse tal situación, prácticamente estaríamos al borde de una situación social insostenible, porque a la indicada severa restricción salarial, también ha habido una directriz severa para un recorte drástico en las solicitudes financieras de los diferentes ministerios y otras entidades que se nutren del Presupuesto General de la República.

Tales “tijeretazos” en varios anteproyectos presupuestarios llegan hasta el 50 %. Indudablemente que habrá colapso total en muchos programas con un potencial riesgo de despidos, incluso.

Como todavía está sin resolverse el conflicto salarial del presente semestre y ante la injusticia del 4.5 % que ya ha sido impuesto por decreto, la ANEP formula, vehementemente, un respetuoso llamado a todas las demás organizaciones, gremios y sindicatos de la Administración Pública, para actuar en unidad de acción, poniendo por encima de todo los intereses de nuestros representados: los trabajadores acosados por la estrechez económica.

Respetuosamente, ANEP insta para impulsar, todos juntos, con fuerza, el movimiento cívico de protesta para el lunes 23 de agosto; junto a los gremios de transportistas, taxistas, agricultores y de otros sectores sociales, en unión de esfuerzos contra el alza en el costo de la vida y contra el monopolio privado de la revisión técnica vehicular.

En esta acción social de protesta cívica está incluida, como uno de las demandas principales, la reapertura de la discusión salarial del Sector Público, porque es generalizado el rechazo al reciente decretazo salarial del 4.5 %.

San José, 12 de agosto de 2004.

La reunión, que se desarrollará a partir de la 1 de la tarde, tendrá lugar en la sede de UPANACIONAL, cuya dirección es: De la Municipalidad de Tibás, 100 m. al Norte, 800 m. al Oeste y 100 Norte, casa esquinera, a mano derecha.

Como se ha explicado, la protesta nacional, con carácter de movimiento cívico tiene como ejes fundamentales mostrar un profundo repudio contra el alza en el costo de la vida; expresar una demanda social contra el monopolio privado de la revisión técnica vehicular, exigiendo su rompimiento; así como exigir la reapertura de la discusión salarial del Sector Público. Además, dejar visible una disposición unitaria de lucha contra el denominado “TLC”.

La ANEP agradece, profundamente, el espíritu democrático, de justicia y de equidad informativa, de absoluto comportamiento ético y objetivo, de todos aquellos medios de comunicación colectiva que atendieron la conferencia de prensa de ayer martes 10 sobre este particular; así como la cobertura de las distintas fases de este movimiento, como la reunión de mañana.

San José, 11 de agosto de 2004.

Hoy hacemos público nuestro compromiso conjunto, honrado con nuestra firma en este acto, de vincular, estratégicamente, nuestras aspiraciones y demandas del momento, lo cual pasamos a detallar a continuación; pues a pesar de la diversidad de nuestra lucha cotidiana para solventar nuestras propias necesidades económico-sociales y las de nuestras familias, creemos que en la actual situación del país, nos encontramos enfrentando desafíos de naturaleza similar.

El Poder Ejecutivo ha ignorado las demandas populares y algunos de sus ministros se han burlado, reiteradamente, de las peticiones de los representantes de asociaciones, empresas y sindicatos, atendiéndolos a todos con desprecio y arrogancia.

PRIMERO: La revisión técnica Vehícular ha sido entregada al monopolio RITEVE, que expolia y abusa de todos los conductores y propietarios de vehículos, bajo la protección especial de los Ministros de Obras Públicas y Transportes y de la Presidencia, quienes han irrespetado a los costarricenses que claman por eliminar este monopolio privado e ilegal. RITEVE constituye serias violaciones al Estado de Derecho de nuestro país; tales como, atropello a la Constitución Política, violación a la Ley de Tránsito, irrespeto a la Ley de la Contratación Administrativa, además de violentar toda la jurisprudencia nacional en materia administrativa.

SEGUNDO: Estamos convencidos de que Costa Rica está siguiendo una política económica errática, que propicia la concentración del ingreso y la injusticia social; generando pobreza salarial y poniendo en peligro actividades productivas de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, como las que se desenvuelven en el sector transportes. Esta política económica equivocada está generando una elevación inmisericorde en el alza del costo de la vida, afectando por igual a consumidores y a productores; razón por la cual, exigimos un alto en tales alzas, tanto de servicios como de productos básicos. En medio de constantes y exageradas alzas en el costo de la vida, el Poder Ejecutivo cobra altos impuestos al combustible para reparar las carreteras y retiene los fondos correspondientes; mantiene impuestos altos a los vehículos y a los repuestos, obligando a los costarricenses a incurrir en descomunales costos de mantenimiento, alzas tarifarías y en el pago de revisiones y reinspecciones arbitrarias al monopolio de RITEVE.

TERCERO: Las equivocadas directrices de esa política económica de corte neoliberal, provocan un deterioro en los salarios de las personas que conforman la clase trabajadora costarricense; lo cual indica la imperiosa necesidad de una variación sustancial en la política de salarios del actual Gobierno de la República. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la más reciente fijación salarial del Sector Público. El Ministro Dent se ha burlado de las negociaciones con los representantes sindicales, sin poner atención seria a las peticiones de los trabajadores del Sector Público, recetándoles un aumento unilateral, por vía del decreto y no de la negociación.

> Tal actitud muestra con toda claridad que el empobrecimiento salarial no es la ruta adecuada para ayudar a la dinamización de la economía; considerando que el deterioro del poder de compra de los salarios de la clase trabajadora, incide en el bienestar productivo del país; dado que el 90 % del mismo se genera por actividades empresariales de carácter micro, pequeño y mediano que basan su existencia en la capacidad de consumo del mercado interno. Tampoco es tolerable una orientación gubernamental para revertir conquistas laborales, plasmadas en derechos consolidados por importantes segmentos de trabajadores.

PETITORIA. La dejadez y la arrogancia del Poder Ejecutivo en el manejo de los asuntos a su cargo, ha ido cerrando cada vez más el espacio para la negociación seria y las acciones robustas en favor de la razón y la honestidad. Exigimos del Poder Ejecutivo la inmediata atención de los siguientes asuntos, antes del gran paro nacional del día 23 de agosto, que hoy dejamos convocado:

1. Aplicar la Ley de Tránsito en sus Artículos 19 y 20 para abrir el monopolio de RITEVE y detener los cobros por reinspección. Iniciar las acciones administrativas para exigir que RITEVE devuelva a quienes han pagado, los cobros de la tarifa ilegal y los cobros por la reinspección. Colateralmente, es imprescindible considerar con urgencia las demandas planteadas por las respectivas entidades gremiales de transportistas, que les garantice un trato justo en su actividad empresarial.
2. Detener los aumentos en el costo de vida causados por la propia acción y omisión del Poder Ejecutivo por mal manejo de los asuntos públicos y el compadrazgo con ciertos empresarios y sectores vividores de los fondos públicos. Girar los fondos cobrados en los impuestos al combustible para que se usen íntegramente en la reparación de vías; lo cual no está sucediendo hoy en día porque los fondos se destinan para otros fines que no son los que indicó la ley.
3. Restaurar de inmediato la mesa de negociaciones con los representantes sindicales del sector público, para definir por vía de una negociación respetuosa con quienes son legítimos representantes, el aumento salarial de los empleados del Sector Público.

Finalmente dejamos indicación de que estamos convencidos de que a nuestra querida Costa Rica no le conviene, bajo ninguna circunstancia, el denominado tratado de “libre” comercio que nos quieren imponer con los Estados Unidos de América. No estamos en contra del comercio con esta gran potencia y sabemos la importancia que el mismo reviste para nuestro país; pero lo que fue negociado va más allá de lo estrictamente comercial, por cuanto, entre otros graves perjuicios, se decidió la extinción de lo poco que queda de la actividad agropecuaria nacional, así como se entregó lo mejor del patrimonio nacional que nos fue heredado y que contribuyó tanto en el logro de un desarrollo nacional de equidad y de justicia social, pese a las grandes dificultades del momento. Por tanto, dejamos constancia pública de nuestra voluntad de unión de fuerzas en tal sentido para los momentos patrióticos que vendrán.

Hacemos un humilde pero vehemente llamado a las diferentes instancias de agrupamiento gremial, empresarial, laboral y social para que impulsemos un Acuerdo Nacional en esta hora crucial de la historia de nuestra querida Costa Rica y procedamos a trabajar todos juntos, en gran articulación social y patriótica, en la promoción, organización y desarrollo de un gran movimiento cívico unificado, de acción social, para las actuales circunstancias de alto deterioro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población costarricense; que ponga coto a la actual orientación que lleva la política económica dominante, generadora de grandes injusticias y de enorme exclusión social.

Particularmente, exponemos esta propuesta para la consideración de las siguientes entidades sociales, entre otras:

* Comisión Nacional de Enlace.
* FIT-ICE.
* Coordinadora de Unidad Sindical y Magisterial (CUSIMA).
* Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
* Federaciones estudiantiles, tanto de Secundaria como de Enseñanza Superior.
* Entidades de los sectores agropecuarios.
* Instituciones eclesiales y pastorales.
* Movimientos comunales.
* Movimientos de mujeres.
* Sindicatos independientes.
* Movimientos ecologistas y ambientalistas.
* Entidades cívicas y patrióticas.
* Cámaras empresariales.
* Ciudadanos y ciudadanas.

En fe de lo anterior, firmamos a las diez horas del día diez de agosto del año dos mil cuatro, en la Ciudad de San José.

Organización y sigla
Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios
Nombre representante
Luis Alberto Coto Salas
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Talleres Integrales Costarricenses
Nombre representante
Eddy González Sánchez
Firma y Cédula

Organización y sigla
Federación Nacional de Organizaciones de Taxis
Nombre representante
José Rojas Hernández
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Transportistas de San Carlos
Nombre representante
Rafael Quesada Solís
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Taxis Independientes de Heredia
Nombre representante
Eligio Luna Vargas
Firma y Cédula

Organización y sigla
Sindicato Costarricense de Taxistas
Nombre representante
Hugo Chaves Miranda
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Nombre representante
Albino Vargas Barrantes
Firma y Cédula

Organización y sigla
Sindicato de Estudiantes Universitarios de Costa Rica
Nombre representante
Carlos G. Zúñiga F.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Instituto Defensoria Ciudadana
Nombre representante
Célimo Guido Cruz
Firma y Cédula

Organización y sigla
Cooperativa de Industrialización y Comercialización del Pacifico Sur
Nombre representante
Eliecer Hernández P.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Cooperativa de Transportistas del Valle R.L.
Nombre representante
Evelio Quesada G.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores
Nombre representante
Jorge Mario Hidalgo Román
Firma y Cédula

Organización y sigla
Asociación de Equipos Especiales Graneleros
Nombre representante
Luis Peraza D.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Sindicato de Traileros
Nombre representante
Quírico Alpizar H.
Firma y Cédula

Organización y sigla
Cámara Sindical de Taxistas
Nombre representante
Luis Fernando Coto Morales
Firma y Cédula

1. El creciente y abrumador incremento en las tarifas de los servicios públicos y productos de consumo básico, angustian y socavan la estabilidad de la familia costarricense.

2. La política de salarios decrecientes impulsada por la actual administración, profundiza la desestabilización familiar, provocada por el alto costo de la vida.

3. La total ausencia de políticas públicas para el desarrollo e impulso de la pequeña y mediana empresa, en el agro, el transporte y la industria, amenaza con la desaparición de importantes sectores productivos.

4. Los abusos del monopolio privado e ilegal de la revisión técnica tienen en vilo a todos los propietarios y conductores de vehículos del país, por los constantes aumentos en controles bastantes cuestionables y subida de tarifas.

5. Esta amenaza se potencia a la luz de los “acuerdos” contenidos en el TLC, tratado que de ratificarse por la Asamblea Legislativa, no solamente entrega nuestra institucionalidad al capital privado; sino que además condena a la desaparición del mercado, de un importante número de pequeñas y medianas empresas, sobre todo la dedicadas a la agro industria, así como otras de fármacos y de transporte.

Instamos a toda la comunidad nacional, y sobre todo a todos los grupos laborales, sociales y productivos, para mejorar las articulación de nuestros esfuerzos y acciones, con el fin de realizar una gran jornada de movilización nacional, con el afán de detener el avance de estas políticas neoliberales y exigir del Gobierno de la República, que sean atendidas de urgencia las demandas más sentidas de la comunidad nacional y sus organizaciones sociales.

Atentamente,

Edgar Morales Quesada
Coordinador PSCC – C.R.

San José, 9 de agosto del 2004.

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c.c. Casa Presidencial
c.c. Organizaciones Sociales de C.R.

Mañana jueves 5 de agosto, a las 9:30 de la mañana, los trabajadores del servicio público de emisión de licencias de conducir, desean hablarle a la opinión pública acerca del problema surgido en las últimas horas y que ha paralizado el importante servicio que brindan a la ciudadanía.

Esta Conferencia de Prensa tendrá lugar en la sede de este servicio, ubicado en las inmediaciones de la Plaza González Víquez.

Anticipadamente, agradecemos la valiosa cooperación de los distintos medios de comunicación colectiva para poder explicarle a la ciudadanía sobre los inconvenientes de los últimos días.

San José, 4 de agosto de 2004.