Categoría: Acción Sindical

Después de mucho tiempo de esperar que las autoridades municipales tomaran la decisión de iniciar el proceso de negociación de Convención Colectiva en la Municipalidad de Santo Domingo, gracias a la convicción de lucha de los trabajadores y trabajadoras de esa Municipalidad, que decidieron movilizarse al Concejo Municipal para exigir respeto a su derecho a negociar colectivamente,ayer se logró que arranque este proceso de diálogo entre personas trabajadoras y autoridades municipales.

Este jueves 3 de noviembre el Concejo Municipal atendió a una representación de la ANEP, junto a un buen número de personas trabajadoras de la Municipalidad de Santo Domingo. Se realizó una presentación sobre los principios que informan el derecho humano fundamental a negociar convenciones colectivas de trabajo y el contenido de la propuesta que la Seccional de ANEP presentó a las autoridades municipales. Asimismo, solicitamos que el Concejo Municipal tomara el acuerdo de iniciar la negociación y que nombrara a la delegación que representaría a la patronal en dicho proceso.

Por decisión unánime el Concejo acordó iniciar la negociación el próximo martes 15 de noviembre y quedó investida la Comisión de Negociación, integrada por tres representantes de la Municipalidad y tres del sindicato.

Por este medio hacemos un sincero reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que atendieron el llamado de la Seccional de ANEP, elaboraron sus propias pancartas y se movilizaron al Concejo Municipal del día de ayer; para hacer posible este primer paso en un proceso que culminará con la firma de la Convención Colectiva de Trabajo y que les permitirá a ellos y ellas y a las personas que vengan en el futuro, tener condiciones de trabajo dignas.

En esta información colaboró la compañera Susan Quirós, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.

La Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega informa a la comunidad nacional que: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) da la razón, ante las denuncia de acoso laboral a las y los trabajadores de la Región Chorotega del AyA.

La Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del MTSS falló, por segunda vez, a favor de la denuncia interpuesta por alrededor de 30 trabajadores de la Región Chorotega del AyA que acusaron por acoso laboral al Director de la Región Lic. Nestor Valdelomar Barrantes. En la RESOLUCIÓN D.N.I- 0189 declaran con lugar la denuncia, y citan: “_POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA ACUSACIÓN RESPECTIVA ANTE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO_”

Es meritorio destacar que entre otros hechos de acoso laboral, el señor Valdelomar tramitó, ante las autoridades respectivas del AyA, la adquisición de un arma so pretexto de defenderse de los trabajadores (al mejor estilo del oeste norteamericano del siglo XIX)

La acción organizada de los trabajadores también logró que se le abriera un órgano director por parte del AyA al señor Valdelomar y fue, acertadamente, suspendido mientras se realiza la investigación, en nuestro criterio y por la resolución reciente del MTSS, ya innecesaria.

A pesar de la presión laboral que sufrieron las y los trabajadores del AyA, con hidalguía y decoro llevaron adelante las acciones legales necesarias y hoy juntos con la Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega podemos afirmar que ante cualquier injusticia solamente la organización de las y los trabajadores es garantía de lucha y de triunfo, hacemos a la vez un llamado a las autoridades del AyA para que en el futuro no se incluya a ninguna dirección “_puestos de confianza_” y se siga el debido proceso como corresponde.

Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega
Liberia, Noviembre 2011

San José, 27 de octubre de 2011.

Estimados amigos y amigas:

En la coyuntura político y económica que vive nuestro país y la parte del mundo que ha aplicado sin más la receta neoliberal, pareciera, a primera vista, que no es relevante o importante el giro que hemos dado dentro del marco del Consejo Nacional de Salarios los Sectores que lo componemos, al cambiar mediante acuerdo unánime hoy jueves 27 de octubre, la fórmula de cálculo para los ajustes salariales semestrales.

Considérese que desde la Administración Rodríguez Echeverría y con el timo de la Concertación, arrastramos el empobrecedor lastre del ajuste salarial por inflación vencida. Esto es, ni más ni menos, que al final de cada semestre, la clase política y económica dominante, le devuelve a la clase trabajadora, luego de seis meses, las pesetas para que vuelva a comprar los bollos de pan que compraba seis meses antes. Usted pagó adelantado, ahora le ajusto, para que vuelva, a partir de ahora, a comprar el mismo bollo de pan de hace seis meses, pero nunca nos devolvían, lo que gastamos en ese espacio de tiempo. Era un ciclo empobrecedor, sin ajustes reales de salario y sin recuperar nunca jamás, la parte que nos comíamos en los transcurridos seis meses.

Hoy, luego de más de 11 años de sufrir esta política de ajustes salariales conforme a la inflación vencida, logramos por fin, luego de más de cinco años de planteos, lograr romper con esta nefasta e inequitativa fórmula de cálculo.

Esto no quiere decir que estemos satisfechos, pues con la ruptura de la nefasta fórmula, apenas logramos abrir un trillo para iniciar el camino de una efectiva política de salarios crecientes y de equidad en la distribución de la riqueza que entre todas y todos producimos.

Al fin logramos pasar del cálculo por inflación vencida (lo que ya nos comimos), al cálculo por inflación proyectada (adelanto de lo que nos vamos a comer). Con la fórmula de Concertación, nosotros, la clase trabajadora, pagábamos el crecimiento de la inflación. Ahora, con la inflación proyectada, al menos nos adelantarán las monedas para que paguemos el crecimiento inflacionario, y con ello no perderemos lo pagado como adelanto por la famosa inflación vencida.

Tomemos en cuenta además, con todo el poder que tiene la clase empresarial (pues ellos son el poder real), logramos arrancarles al menos un porcentaje del crecimiento del producto interno bruto per cápita, mismo que se moverá entre un 0.20% y un 0,40%, como promedio del crecimiento de este factor en los últimos cinco años anteriores al momento anual de la fijación salarial.

Esto quiere decir que aunque la inflación en un año determinado pudiera determinarse con crecimiento cero, al menos se tendrá un incremento por crecimiento del PIB, a no ser que ambos cierren en cero o menos cero y entonces debamos declarar al país en quiebra total.

Con todo lo difícil y tenso de este proceso, al fin logramos derrotar la fórmula de concertación y con ello, estamos seguros, que al menos cada año venidero, los y las trabajadoras van a tener un incremento real en sus salarios.

Apuntamos además que dentro del acuerdo queda luchar para que en el tema de los índices que fija el INEC y el BCCR se pongan al día índices como el de productividad y en esas estructuras se cuente con representación laboral y patronal.

Súmese el acuerdo, como política salarial, solicitarle a la OIT se haga un estudio de los perfiles laborales de los últimos 10 años, pues con el avance de las tecnologías del conocimiento, las funciones, hasta ahora anotadas para muchas clases de puestos, han cambiado notablemente, pero se les sigue llamando y pagando como hace 20 años.

Queremos dejar nuestro agradecimiento al Doctor en Economía y compañero Mario Devandas Brenes, quién estuvo por más de tres meses acompañándonos en esta negociación. De la misma manera a la señora Sandra Piszk F, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, a la Ministra de MIDEPLAN y a las asesoras de Luis Liberman por sus esfuerzos para que al fin llegáramos a un acuerdo de consenso.

Termino felicitando a Dennis Cabezas, que a pesar de su enfermedad siempre hizo todo lo posible por estar en las múltiples reuniones de trabajo, de la misma manera a Rodrigo Aguilar, y a la compañera Mª Elena Rodríguez, así como a la representación de las cámaras patronales, pues a pesar de las fuertes discrepancias siempre nos tratamos con respeto.

Saludos cordiales y respetuosos.

Edgar Morales Quesada.
Representante Laboral en el CNS por la CSJMP.
Afiliado a la ANEP.

San José, 21 de octubre de 2011.

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
Correos de Costa Rica S.A.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Correos. A continuación exponemos lo siguiente:

HECHOS

PRIMERO: Somos una seccional constituida y públicamente activa en el quehacer político y gremial de nuestro sindicato nuestros miembros activos son: Claudio Sánchez González, Ana Luisa Cinco Quesada, Marcelo Riba Bazo y Gilberto Bell Arrieta.

SEGUNDO: Que en aras de proteger nuestros derechos laborales y de los demás afiliados y afiliadas en Correos de Costa Rica S.A. participamos en la conformación de la Junta Directiva del Comité – Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Correos de Costa Rica S.A.

TERCERO: Que el numeral 367 del Código de Trabajo, establece claramente que gozan de estabilidad laboral y por lo tanto cuentan con una protección especial los trabajadores que ostenten cargos de representación sindical.

CUARTO: Pese a lo anterior, hemos visto como de una u otra manera se nos niegan los permisos de manera integral o parcial para realizar nuestro trabajo gremial. Esto a raíz de las visitas a los centro de trabajo que están en crisis, por el proceso de modernización, el recorte presupuestario, problemas de vacaciones acumuladas de uno, dos o más períodos de los trabajares y trabajadoras, limitación de plazas sobre todo en centros de carteros y acumulados de correspondencias, problemas de acoso laboral de los mandos medios de la empresa.

QUINTO: Transgrediendo con esta acción la empresa; el fuero sindical, protección que previó el legislador para garantizar la libertad de las personas trabajadoras de constituir y participar en los sindicatos, de realizar libremente y democráticamente visitas y reuniones para ver las condiciones laborales sin el temor a ser perseguidos o bien despedidos por ejercer un derecho humano. Adjunto documento e informes de nuestras visitas a centros de trabajo.

SEXTO: Que el derecho de asociación constituye un derecho humano fundamental consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, derecho posiblemente podría verse violentado por la empresa de no corregir el error. Ya que al ser la empresa descentralizada y tiene oficinas en todo el país, es necesario que nos desplacemos para brindar el servicios de asesoría a la clase trabajadora de esta institución. Además así lo contempla nuestra Convención Colectiva que reza así:

Artículo 30: La empresa otorga permisos con goce de salarios a sus trabajadores para atender labores de organización, proselitismo y otras de carácter sindical de acuerdo con los siguientes parámetros:
a. Un dirigente de cada una de las organizaciones firmantes, un día hábil por quincena para atender labores de organización, proselitismo y otros caracteres sindicales.
b. Un día por semana para los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos que lo requieran para atender las reuniones de la Junta Directiva Nacional o Seccional, o de las federaciones o confederaciones sindicales en las cuales resulten electos. El disfrute de las licencias de los puntos a y b no podrán coincidir en una misma semana en un mismo trabajador.
c. La empresa concederá permiso con goce de salario a los trabajadores afiliados de las organizaciones para que se puedan asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias que sean convocadas por las organizaciones, siempre y cuando se garantice el servicio mínimo.

FUNDAMENTO DE DERECHO

El Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), denominado “_Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva_” dispone en el numeral primero lo siguiente:
“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.

Por su parte, el Convenio 135 emitido por la OIT y su Recomendación No. 143, disponen una serie de medidas para brindar protección a los representantes sindicales. Así, el citado Convenio 135 establece en su artículo primero lo siguiente:

“_Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluído el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor_”.

La Recomendación 143, ratificada por nuestro país mediante Ley 5968 del 9 de noviembre de 1976, señala en su artículo 6:

“1) Cuando no existan suficientes medidas apropiadas de protección aplicables a los trabajadores en general, deberían adoptarse disposiciones específicas para garantizar la protección efectiva de los representantes de los trabajadores.
2) Tales disposiciones podrían incluir medidas como las siguientes:
a) definición detallada y precisa de los motivos que pueden justificar la terminación de la relación de trabajo de los representantes de los trabajadores;
b) exigencia de consulta, dictamen o acuerdo de un organismo independiente, público o privado, o de un organismo paritario antes de que el despido de un trabajador sea definitivo;
c) procedimiento especial de recurso accesible a los representantes de los trabajadores que consideren que se ha puesto fin injustamente a su relación de trabajo, o que sus condiciones de empleo han sido modificadas desfavorablemente, o que han sido objeto de trato injusto;
d) por lo que se refiere a la terminación injustificada de la relación de trabajo de los representantes de los trabajadores, el establecimiento de una reparación eficaz que comprenda, a menos que ello sea contrario a los principios fundamentales de derecho del país interesado, la reintegración de dichos representantes en su puesto, con el pago de los salarios no cobrados y el mantenimiento de sus derechos adquiridos;
e) imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de los trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tiene un carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto estaba justificado;
f) Reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción del personal.”

En proceso por Infracción a las leyes de trabajo y seguridad social, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial condenó a la Gerente General de Correos de Costa Rica y a la empresa, por haber incurrido en prácticas laborales desleales, considerando que:

“_(…) Ahora bien, vista la normativa citada así como el voto 5000-93 de la Sala Constitucional, resulta claro que los representantes de los trabajadores en organizaciones sindicales, como es el caso de G. L. V. y R. M. M. que figuran como ofendidos, se encuentran cubiertos por un fuero sindical que les garantiza la estabilidad en sus cargos salvo falta comprobada una vez que se lleve a cabo el debido proceso. Ahora bien, en el caso de los ofendidos en autos se demuestra que efectivamente al momento del despido ocupaban cargos de Vicepresidente y Secretario del comité Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Correos de Costa Rica S.A. (ver al efecto folio 147). Dicha circunstancia y el hecho de que el despido de los trabajadores fue con responsabilidad patronal, es decir, sin que existiera causa o motivo alguno para proceder al despido de los citados trabajadores, fueron las circunstancias valoradas por el Tribunal A quo para determinar que efectivamente se dio en Correos de Costa Rica S.A. una práctica laboral desleal. Lo cual debe ser confirmado en esta instancia, toda vez que la parte acusada no logró demostrar en autos que efectivamente el despido de estos trabajadores que a su vez eran representantes sindicales hubieran incurrido en falta alguna y que se hubiera llevado a cabo el debido proceso correspondiente_.”

Nuestra legislación ordinaria, acorde con la normativa y jurisprudencia de rango superior citada, dispone una serie de normas que protegen los derechos colectivos de las personas trabajadoras. Es así como el artículo 363 del Código de Trabajo prohíbe: “todas las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores.

Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas por la infracción de disposiciones prohibitivas”.

Que el artículo 367 del Código de Trabajo claramente contempla el fuero sindical que garantiza estabilidad laboral a los miembros de un sindicato en formación, así como a sus dirigentes, protegiendo de esa forma a los trabajadores que se sumen al proceso de constitución y sus representantes.

Por su parte, el Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo, publicado en La Gaceta No. 8 del martes 13 de enero de 2004 en el artículo 3.1.1 define las prácticas laborales desleales como “_aquellas acciones u omisiones de patronos o de trabajadores individuales u organizaciones sindicales o gremiales, que tienden a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores o patronos y sus respectivas organizaciones; o de todo acto tendiente a trabar la acción gremial o la buena marcha de la empresa, violentando los principios de la buena fe, la lealtad, la equidad y las normas laborales_”.

Asimismo, el numeral 3.1.2 del mismo Manual de Procedimientos contempla una lista no taxativa de posibles prácticas laborales desleales, entre ellas: “_a) los despidos injustificados o ilegales, que tiendan a disminuir el apoyo a los movimientos colectivos de los trabajadores o sus sindicatos; e) la negativa a deducir las cuotas sindicales ordinarias, debidamente solicitadas por el sindicato u organización u organización.(…); f) Inducir a los trabajadores, por cualquier medio, a afiliarse o a retirarse de determinado sindicato u organización_.”

PRETENSION

A) Lo anterior lo manifestamos con el fin de que no se nos perturben nuestra situación actual en los diferentes puestos de trabajo y mucho menos se nos pretenda variar las condiciones laborales, ya que de lo contrario, ratificaría nuestro sentimiento de que estamos siendo acosados laboralmente y persecución sindical a raíz de nuestro trabajo sindical.

Como respaldo de lo anterior nos permitirnos citar:

Constitución Política:
Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Código de Trabajo:
Artículo 12.- Queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.

B) Que se respeten en todos sus extremos nuestra Convención Colectiva de Trabajo sobre todo los artículos 30, 31, 32, y 33. Esto con la finalidad de garantizar la libertad sindical y el derecho de los trabajadores y trabajadoras de ser asesorados por su sindicato en este momento tan difícil de la Institución donde estamos en el Proceso de Modernización.

Sin otro particular quedamos a sus órdenes,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Claudio Sánchez González
Presidente Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Correos