Dice El Tiempo: “El comerciante y palmicultor Juan Guillermo González Moreno y el hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya, encabezan la lista de las capturas que la policía y la fiscalía empezaron a realizar en la región del Urabá antioqueño y chocoano con el propósito de judicializar a señalados funcionarios y complices de crímenes del paramilitarismo durante más de una década.”
“Carlos Andrés Vargas, capturado en su finca de Dabeiba el pasado martes, aparece como determinador de al menos 200 homicidios. A González Moreno, se le responsabiliza del secuestro de 4 líderes campesinos del Chocó, el desplazamiento de 350 personas y la desaparición de otros centenares”. Esta es la información de prensa independiente y española que recoge el periódico El Tiempo en plena campaña electoral.
Este suceso puso al descubierto la alianza. El terrateniente hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya aliado de los paramilitares había entrado al Urabá antioqueño y asesinado a López Sierra. Las informaciones de El Tiempo de hoy 12 de abril, explican que la fiscalía ordenó la captura de esos grandes terratenientes, que es un hecho que ha alborotado toda la región, particularmente porque son crímenes que tienen consecuencias graves contra el proceso electoral en marcha.
El grave conflicto y crímenes en las regiones mencionadas, se abrió paso en la gran prensa de Colombia. Se aceleró así la captura masiva de los terratenientes responsables de los crímenes y asesinatos, a la vez que la acción de los jueces y la fiscalía se ha acelerado duramente.
Esta región de Colombia ha reaccionado duramente contra los usurpadores de las tierras de los campesinos, que se han apropiado de centenares de hectáreas de tierras de propietarios comunales. Todo esto ocurre en momentos en que se terminan los días para la celebración de las elecciones presidenciales de Colombia.
Las elecciones, por consiguiente se están desarrollando bajo la presión gubernamental y los crímenes en todas las regiones campesinas de Colombia.
Junto al caso de la apropiación de tierras por parte de los grandes empresarios latifundistas, la ofensiva terrateniente continúa en las zonas rurales. El gobierno Uribe Vélez se hace el de la vista gorda ante esos hechos. Pero al tiempo la reacción de los campesinos y ciudadanos, actuando efectivamente ha frustrado buena parte del despojo que impulsan los grandes terratenientes.
En las elecciones presidenciales de los próximos días en Colombia, la lucha más grave y fuerte es la de los campesinos y ciudadanos contra las autoridades gubernamentales que intervienen a favor de los grandes terratenientes. Pero la reacción campesina y de opinión es acelerada y muy enérgica. Estas elecciones presidenciales se están convirtiendo en el objetivo de la acción de protesta y repudio del campesinado y de la opinión pública. Cada día que pasa es más fuerte la presencia y combatividad del pueblo colombiano, de los campesinos y los sectores sociales víctimas de las medidas económicas y políticas del gobierno Uribe Vélez contra el campesinado, los trabajadores agrícolas y el movimiento sindical. En las calles de las ciudades de Colombia se siente el rigor de la tensión y el crecimiento de la presencia del pueblo para recuperar sus derechos democráticos en estas elecciones.
Este video no tiene que ver con la nota, sin embargo es importante para ampliar el criterio sobre lo que ocurre en Colombia y que los “medios de comunicación comerciales” no dicen, callan, ocultan, tergiversan, engañan y realizan campañas contra los países que no están bajo su dominio.
Surgido hace 38 años, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) de Colombia, tal y como nos explica su presidente, Agustín Jiménez, centra su trabajo en dar una “atención especial a la situación carcelaria y jurídica de las personas que son acusadas de cometer delitos políticos”. De entre ellos, “la mayoría son personas que ejercen alguna acción social o actividad política. Como son opositores al Gobierno, éste les hace montajes para tratar de demostrar que son de la guerrilla o crea juicios fingidos para poderlos llevar a los centros carcelarios”.
– ¿Qué tipo de presos políticos existen en Colombia?
Básicamente se dividen en tres grupos. Primero están las personas que participan directamente del conflicto armado y que son miembros de los grupos insurgentes. También están aquellos que viven en las zonas en las que estos grupos tienen presencia y que normalmente son acusados de pertenecer a la guerrilla porque en algún momento les dan algún apoyo o tienen algún contacto, como es normal que suceda ya que ellos están en la misma zona. La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no escogen vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se presentan estas situaciones. En tercer lugar, como grupo más numeroso, están los dirigentes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición que son detenidos y acusados de pertenecer a la guerrilla.
– ¿Cuántos presos políticos hay en Colombia?
Nosotros hemos estado manejando como 7.000 personas que están en los centros carcelarios acusadas de delitos como el de rebelión o de participar en el conflicto armado como miembros de los grupos insurgentes.
– ¿Cuál es la situación actual respecto a la criminalización de la lucha social en Colombia?
Actualmente la situación es bastante grave porque el gobierno de Álvaro Uribe ha tratado de aprovechar la existencia de un conflicto armado para deslegitimar las acciones de las organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos acusándoles de pertenecer a alguna organización [armada]. El Gobierno ha diseñado toda una serie de estrategias para hacer montajes judiciales en contra de estas personas. Especialmente ha utilizado los testimonios arreglados de quienes tienen la condición –o dicen tenerla– de reinsertados y que han pertenecido a los grupos insurgentes, testificando en contra de los dirigentes sociales y declarando lo que el Gobierno quiere que digan. Muchas veces los militares y los policías los entrenan para esto montando pruebas falsas. Otro de los recursos que utiliza el Gobierno es la red de informantes que se ponen de acuerdo con las autoridades para hacer los montajes judiciales.
Esto ha provocado que durante el gobierno de Uribe unas 10.000 personas hayan sido detenidas arbitrariamente como parte de una política que busca meterle terror a la población a través de detenciones masivas. La mayoría de ellas han quedado en libertad, pero otras se encuentran todavía en los centros carcelarios.
Pero el Gobierno también utiliza al Ejército para criminalizar la protesta. Por ejemplo, en el caso de las protestas universitarias, metiendo al Ejército en las universidades y violando la autonomía universitaria, o en los territorios indígenas, cuando estos realizan alguna protesta en sus territorios.
Además, el Gobierno sale permanentemente a los medios de información a estigmatizar a todo líder social o defensor de derechos humanos llamándolos terroristas y sosteniendo que todas sus acciones de denuncia están conjugadas con los grupos guerrilleros.
– ¿Cómo ha afectado al tema de los presos políticos la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe?
Con el epíteto de “terrorista”, el Gobierno ha pretendido justificar una acción de persecución y hostigamiento contra las personas detenidas por motivos políticos, colocándolas en situaciones aún más graves que las que viven el resto de presos.
Muchos presos políticos han tenido que sufrir aislamientos prolongados y situaciones críticas de derechos humanos y en algunos casos han tenido que soportar que se les coloque en los mismos espacios que a los presos paramilitares, lo cual supone un riesgo altísimo para ellos, sobre todo porque los paramilitares tienen el apoyo de la guardia e incluso a veces de la dirección de las cárceles para atacar a los presos políticos.
Además, los presos políticos son enviados a lugares muy alejados de su familia, lo que se convierte en un sufrimiento permanente para ellos.
– ¿Cómo ha afectado el Plan Colombia a la política carcelaria de Uribe y en concreto en lo referente a los presos políticos?
A través del Plan Colombia, Uribe firmó un acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. para construir un número bastante grande de cárceles que ellos llaman de alta seguridad. En ellas, a imagen y semejanza de lo que plantea la política de EE. UU., lo que se busca es mantener de manera permanente una situación de presión y represión sobre el preso como una forma de castigo. Esto está provocando, por ejemplo, que algunos presos tomen la decisión de suicidarse ante la aplicación de un régimen carcelario que llega a ser inhumano.
La guardia de prisiones fue también formada por la Oficina Federal de Prisiones para aplicar presión permanente y control de seguridad, y los reglamentos carcelarios fueron cambiados para privilegiar la seguridad por encima de los derechos humanos.
Todo ello ha provocado un cuadro muy grave en los centros carcelarios del país para todas las personas detenidas, pero en especial para los presos políticos, porque esta política carcelaria también se desarrolla con la idea de tener elementos para la represalia contra el preso que se considera enemigo.
– ¿Hasta qué punto ha sido aplicada en Colombia la política estadounidense de defensa del uso de la tortura?
No se ha notado un aumento importante en ese sentido porque ya el Ejército colombiano usa la tortura desde hace mucho tiempo.
Hasta hace no mucho en los centros carcelarios se ha tenido cuidado con el uso de la tortura, pero en los últimos tres o cuatro años han vuelto a aumentar los indicadores de tortura en todo Colombia. Ahora, mucha de la tortura se está dando fuera de los centros carcelarios, en el momento de la detención y en los centros de reclusión temporal, sobre todo con la finalidad de conseguir información que permita aumentar las órdenes de captura.
Más información: http://www.comitedesolidaridad.com/
Entre los economistas todavía no hay una opinión definitiva sobre lo que está sucediendo. Existen hipótesis que se acomodan a las concepciones de cada uno y que buscan sustento en las cifras y en los hechos, pero una explicación clara, concreta y sustentada, aun no la he escuchado, ni siquiera de las autoridades monetarias.
Hay que reconocer, desde luego, que hallar esa explicación no es tarea fácil. Entender cómo funciona un mercado que no es transparente ni de competencia, y que puede estar sometido a intereses espurios y a la codicia desenfrenada, como hemos visto durante esta crisis en la mayoría de los mercados, es tarea poco menos que imposible.
Pero también porque en el mercado cambiario costarricense falta información. Por ejemplo, no sabemos quiénes son los compradores y vendedores de dólares, ni la frecuencia y monto de sus transacciones, por lo que no es factible determinar si existe o no especulación. Tampoco conocemos los flujos de dólares vinculados con el narcotráfico, que no se contabilizan en las estadísticas oficiales.
Estos dos elementos, la especulación y los movimientos ilegales de divisas, podrían estar incidiendo en el comportamiento del tipo de cambio, no solo en esta coyuntura sino de manera más sistemática, dada la excesiva amplitud de la banda cambiaria.
Pero mas allá de estas consideraciones, los datos del Banco Central muestran que efectivamente se ha producido un aumento en la oferta de dólares, y que las reservas internacionales del sistema bancario nacional se incrementaron en el último año en más de $1,100 millones.
Esto se debió a que el desequilibrio comercial se redujo en el 2009 de $5,868 millones a $2,618 millones, consecuencia de una drástica caída en las importaciones; y aunque la inversión extranjera, las remesas y el turismo sufrieron contracciones, éstas no fueron tan violentas como la merma en el déficit del intercambio de bienes y servicios.
Así las cosas, en el mercado cambiario parece existir una abundante oferta de dólares que podría sustentar una reducción temporal del tipo de cambio. Sin embargo, ese excedente no parece justificar una disminución tan grande (cerca del 11%) y durante un período tan prolongado (ya supera los tres meses).
Es por eso que podría plantearse la idea de que lo que está sucediendo en Costa Rica con el dólar también está relacionado con el devenir del propio dólar. Más específicamente, con la política monetaria de la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, cuya intervención en la economía ha mantenido las tasas de interés en casi cero desde hace muchos meses con el fin de reactivar el aparato productivo y reanimar el consumo.
Con tasas de interés tan bajas las inversiones especulativas tienden a buscar nuevos horizontes y se mueven internacionalmente a la caza de oportunidades en otros países. Esos “capitales golondrina” podrían estar aterrizando en el territorio nacional y causando ruido en las cotizaciones del dólar.
Ante esta situación algunos dirán que hay que volver a las minidevaluaciones y otros repetirán la monocorde melodía de la dolarización. Pero el frio no está en las cobijas.
Agresión se encuadra en el crecimiento del clima nacional de autoritarismo y de intolerancia promovido por los hermanos Arias Sánchez.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha analizado con sumo cuidado las más diversas informaciones derivadas de los dolorosos acontecimientos de violencia policial y de lógica reacción civil, ocurridos en la ciudad universitaria “Rodrigo Facio Brenes”, de la más prestigiosa casa de estudios superiores del país, la Universidad de Costa Rica (UCR).
Si bien comprendemos a cabalidad la ingrata y peligrosa tarea encomendada a personas trabajadoras de un cuerpo represivo creado por la misma sociedad, como lo es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y también como lo es la propia Fuerza Pública; bajo ninguna circunstancia podemos dejar de hacer pública nuestra condena por un acto que hiere la conciencia lúcida de la Patria, como lo ha venido representando por siete décadas, la Universidad de Costa Rica (UCR).
El señor Director del OIJ, don Jorge Rojas; así como la ya saliente Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, la señora Jannina Del Vecchio, deben asumir sus responsabilidades políticas, hasta el nivel de renuncias si fuese del caso.
Al menos, se debe admitir que se cometió un error, que hubo excesos de acción policial y reacciones desproporcionadas ante un presunto delito que, si bien delito al fin, su baja dimensión generó una confrontación totalmente innecesaria, que causó fuertes heridas físicas y psicológicas a destacados jóvenes estudiantes, honestos funcionarios y notables profesores universitarios. Igualmente, el manejo desproporcionado e inapropiado de la situación hasta lesionó a varios de los mismos policías intervinientes en el condenable acontecimiento.
Existen procedimientos conjuntos entre los órganos de seguridad del Estado y los órganos de seguridad internos de las universidades públicas, que ya han sido aplicados en casos de delitos comunes cuando éstos se llevan adelante dentro del campus universitario, o cuando delincuentes comunes se amparan, indebidamente, en las instalaciones universitarias.
Hubo precipitación, bajo control de impulsos, asomo de prepotencia y flagrante descoordinación interpolicial que, pese a la virulencia del enfrentamiento y de la agresión, no provocó una persona muerta, aunque pareciera que estaban las condiciones para el surgimiento de tal desgracia. Esta experiencia pulverizó cualquier protocolo diseñado al respecto para coordinaciones en estas situaciones de crisis, con ocasiones de delitos penales que involucran la autonomía universitaria constitucional.
La Universidad de Costa Rica (UCR) merece, mínimamente, una disculpa oficial emitida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como de parte de la Ministra del Vecchio debe producirse una acción semejante.
San José, a las veinte horas del martes 13 de abril de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
OIJ violó autonomía y provocó graves incidentes en la Universidad de Costa Rica
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) violaron la autonomía universitaria de la Universidad de Costa Rica al medio día de ayer, enfrentaron a golpes a los estudiantes, docentes y funcionarios que trataron de evitar el ingreso de la policía al campus, el saldo fueron 6 universitarios detenidos y varios heridos.
Los estudiantes se enfrentaron a los agentes del OIJ en un confuso incidente cuando los carros policiales ingresaron violentamente al campus universitario por las zonas verdes, lo que causó confusión y enojo entre los presentes.En solo unos minutos, una veintena de agentes del OIJ fueron reforzados por la policía y arremetieron a golpes contra quienes trataban de evitar el avance de las fuerzas policiales en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, creando caos y confusión.
Según las versiones del OIJ, los agentes perseguían a un policía de tránsito de la universidad que cobró un dinero para no hacer una multa, un agente encubierto le entregó billetes marcados y necesitaban atraparlo con la prueba pero el hombre entró a la universidad y los superiores dieron la orden de seguirlo y apresarlo dentro del campus.
Los oficiales de seguridad de la UCR, por su parte, dijeron que igualmente ellos fueron golpeados por los oficiales del OIJ mientras intentaban poner orden en el confuso incidente de ayer.
Entre los golpeados se encuentran miembros del Consejo Universitario, docentes de diferentes facultades, miembros de la seguridad, funcionarios y estudiantes, el que llevó la peor paliza fue el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Willy Ruiz, a quien la policía le quebró cuatro dientes.
Tras la salida de la policía, los universitarios encabezados por la rectora Yamileth González y miembros del Consejo Universitario salieron a las calles a protestar y mantuvieron un bloqueo frente a la Facultad de Derecho por más de cuatro horas.
Las imágenes captadas en el lugar del enfrentamiento por Las Noticias, mostraron la violencia con que actúo la policía contra los universitarios a quienes golpeó y detuvo, siendo que los que estaban fuera de lugar eran ellos mismos.
Varios estudiantes reportaron que a eso de las 2 de la tarde, unos 30 policías se mantenían en las afueras de la universidad y amenazaron a los universitarios diciéndoles que cuando se retiraran del campus, si se resistían o enfrentaban las acciones de la policía serían agredidos.
Acciones legales
La rectora Yamileth González, mientras permanecía en el bloqueo que levantaron los estudiantes frente a la Facultad de Derecho y que duró más de 4 horas, dijo que se preparan las acciones legales para que esta nueva violación a la autonomía de la Universidad de Costa Rica no quede impune y se establezcan las responsabilidades por una acción arbitraria y desproporcionada como la que protagonizaron los agentes del OIJ, al mediodía de ayer, lunes.
Por su parte, los estudiantes anunciaron que saldrán de nuevo a protestar y que habrá bloqueos en las calles aledañas a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
Fuente: informa-tico. com ________________________________________________________
Un importante artículo sobre este mismo tema
Una acción bochornosa
Lic. Marcos Chinchilla Montes Profesor universitario
No me queda la menor duda que la delgada línea que separa la estupidez de la improvisación la constituye la acción policial que realizaron el día de hoy las autoridades del OIJ y la fuerza pública en la Universidad de Costa Rica, avalada desgraciadamente por Jorge Rojas, director (sic) del OIJ y el fiscal general (sic) Francisco Dall Anesse.
Contra toda lógica, una cadena de funcionarios incompetentes no solo violentaron la autonomía universitaria, sino que se dedicaron a agredir físicamente a estudiantes, profesores, funcionarios y sindicalistas, armando un zafarrancho que ya tiene repercusiones legislativas y que se extiende vergonzosamente entre la opinión internacional y los organismos de Derechos Humanos. Esta acción bochornosa es una muestra más de la lamentable improvisación de nuestras fuerzas de seguridad, mismas que para detener a un presunto funcionario corrupto, tienen que usar a más de 60 agentes y entrar golpeando, amenazando, exponiendo una prepotencia vulgar y chabacana y un desconocimiento absoluto de los valores que la población universitaria ha cosechado en estos 70 años de educación superior. Si para detener a una persona se requiere ese nivel de violencia e improvisación judicial, ya podemos dar por perdida la lucha contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes mexicanos, las que dicho sea de paso, vienen cayendo no por la inteligencia policial sino por el accidente de un helicóptero narco.
Para las y los universitarios, nuestra autonomía es sagrada, y la defendemos en ámbitos diversos: gobierno, presupuesto, legislación interna, pensamiento, formación, investigación, acción social, e incluso, seguridad interna. Esto no quiere decir que no se pueda y deba colaborar y coordinar con las autoridades judiciales como se ha hecho en otros momentos, pero tener que enfrentar el ingreso de decenas de matones que no tienen el menor pudor para maltratar, golpear, amenazar, sacar armas, quebrar brazos, arrancar dientes y detener personas por defender principios claramente establecidos en nuestro estatuto orgánico, es algo que nos indigna y denunciamos con contundencia.
Estos actos de violencia institucional que son el pan de cada día en Honduras luego del golpe militar contra Zelaya, nos llenan de vergüenza y rabia; lamentablemente, nos hacen perder confianza en las autoridades judiciales, lo que se suma a otras manifestaciones de comunidades que los rechazan, situación que se torna preocupante, pero que es un claro indicador de una práctica institucional que pierde legitimidad en nuestro país y que nos lleva al caos.
Las autoridades judiciales y policiales que avalan estas prácticas al mejor estilo de las dictaduras del cono sur de los años 70 deben renunciar o ser removidas, ya perdieron nuestra credibilidad, le hacen un daño a nuestro Estado de Derecho; los oficiales del OIJ y de la misma policía que protagonizaron estos actos de barbarie no deben estar más en estos cuerpos policiales, con seguridad encontrarán empleo en los cuerpo militares hondureños. Nos preocupa de sobremanera que el Ministerio de Seguridad no entienda el significado de la autonomía universitaria, precisamente porque la señora ministra pretendió llegar al cargo de rectoría a finales de los años 80, y porque además de docente, fue Vicerrectora de Docencia.
Las universidades públicas costarricenses han sido, son y seguirán siendo respetuosas del ordenamiento jurídico costarricense, pero eso no nos inhibe de denunciar esta clase de afrentas, y menos a desistir de movilizarnos como lo hicimos el día de hoy centenares de ciudadanos, no solo para defender a nuestros compañeros injustamente detenidos y golpeados, sino para exigir respeto por la autonomía universitaria. ¿O es que también quieren convertir a las universidades en el campo de batalla donde impunemente la policía asesina ciudadanos indefensos por la espalda, o los detiene por manifestarse en contra de la privatización?
Las organizaciones sociales, estudiantes, universidades, comunidades, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía en general, debemos pronunciarnos de forma contundente contra estas nefastas prácticas que llevan al país al despeñadero. _______________________________________________________
¡ Gaudeamus igitur !
Walter Antillon
La desafortunada incursión de la policía en el campus “Rodrigo Facio” sirvió al menos para traer a la atención de todos el tema de la autonomía universitaria, en un momento en que el País necesita ideas claras para separar el grano de la paja, en este ‘cambalache’ en que nos tienen viviendo.
Cierto que la universidad no es ‘un Estado dentro del Estado’ ni tampoco puede sostenerse que ‘autonomía universitaria equivale a soberanía territorial’, como algunos han dicho. Pero así y todo no resulta menos evidente que, a la luz del derecho, ni los agentes de la OIJ ni los de la policía administrativa podían lícitamente irrumpir en el campus de la manera que lo hicieron. Y ¿por qué lo digo?
Por razones que siendo exquisitamente jurídicas van más allá de la desnuda letra de la ley:
porque aquí se trata de la cultura jurídica, que está por encima de la ley jurídica;
porque el derecho no es ley, sino cultura de la Constitución y la ley; y por último,
porque cultura es vida y no letra.
Claro que contra lo que acabo de afirmar milita una concepción positivista deshidratada y formal, según la cual la autonomía universitaria termina con el último signo de puntuación del artículo 84 de la Carta constitucional.
Pero yo era un escolar con pleno uso de razón cuando, en 1941, se fundó la Universidad de Costa Rica; y desde entonces no recuerdo ni una sola vez que la policía se haya metido en las instalaciones universitarias sin el permiso o la invitación de las autoridades académicas. Esta prolongada situación de respeto y entendimiento ¿fue puramente fortuita, casual, o descansa en sólidos fundamentos? Algo así como “la cultura de Occidente”, de la que somos herederos ¿no nos sugiere nada?
Pues se trata de que la autonomía universitaria es un pilar de esa cultura: estaba presente en el derecho estatutario de las ciudades-Estado del Norte de Italia a partir de la Dieta de Roncaglia de 1158, donde es reconocida expresamente por el Emperador Federico Barbarroja a favor de la Universidad de Bologna; y estuvo presente en las peripecias que marcaron el nacimiento y la vida de las Universidades de Oxford y Cambridge durante ese mismo siglo; estaba presente en la Reforma de Córdoba, Argentina de 1918, que encarnó las aspiraciones de los docentes latinoamericanos; y está presente hoy en la “Carta Magna de las Universidades Europeas” masivamente firmada por sus rectores en Bologna, Italia, en 1988.
De manera que, cuando nuestros constituyentes de 1949 aprobaron el texto del artículo 84 no estaban inventando nada, sino que simplemente accedían a aquella potente manifestación de la cultura autonómica transformada en costumbre constitucional. Pero el artículo de marras no agotó la envergadura, el alcance de la vieja tradición: sólo la proveyò de un núcleo básico, junto al cual se reafirmaron (praeter constitutionem) otros aspectos propios de la memoria cultural universitaria. Y al respecto es muy significativa la conocida y reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional (principalmente: voto 1313-93).
Es de ese modo como se inicia el proceso de consolidación de una costumbre constitucional que es fuente no escrita del ordenamiento jurídico y que, en la hora presente, una algarada policial ha querido borrar de golpe. Es decir, a través de decenios se fue consolidando un mecanismo en cuya virtud los titulares de un poder policial con vigencia a lo largo y ancho del territorio costarricense han venido aceptando, respecto del campus universitario, una hipótesis de no ejercicio de la totalidad del referido poder. Son testigos de ello los casi setenta años de respeto, de no incursión, de coordinación entre las respectivas autoridades; y lo es también la institucionalización de fuerzas de policía nombradas y controladas por la Universidad ¿qué sentido y qué valor tendrían tales fuerzas si no existiera aquella costumbre constitucional?
Repito: la veda del libre ingreso de la policía en territorio académico; y la necesidad de coordinar con las autoridades de la Universidad los tiempos y los modos de ese ingreso constituyen claras e inequívocas manifestaciones de una costumbre constitucional perfectamente configurada; y en este caso, tal como lo requiere una doctrina jurídica hoy indiscutible (ver nota), la costumbre constitucional que regula el ingreso de los cuerpos estatales de policía al campus universitario tiene una específica, fundamental y primaria vigencia que se demuestra tanto por su efectividad (¡siete decenios operando!) como por su objetividad (presencia regular de reglas, signos y personal policial propìos de la Universidad; dilatado historial de coordinación y entendimiento entre autoridades estatales y académicas).
En consecuencia, me parece que los agentes de la OIJ y de la Guardia Civil que ingresaron a la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica ignorando las normas de coordinación existentes, y atropellando al personal de seguridad y a los estudiantes y funcionarios que trataron de impedirlo, han incurrido en actos violatorios de normas no escritas que, según doctrina de los artículos 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública, son equiparables a las normas escritas de la Constitución.
Entonces, es mi parecer que de momento, mientras los tribunales competentes no determinen otras medidas, los responsables de aquellos cuerpos policiales deben una disculpa pública a las autoridades universitarias, a las personas lesionadas o maltratadas durante aquellas acciones y a la comunidad costarricense toda, que es titular originaria de un derecho humano fundamental a la autonomía universitaria. Porque la autonomía universitaria no es un mero interés de minorìas privilegiadas, sino que es uno de esos altísimos valores de humanidad que la civilización occidental ha hecho suyos; y que por ello deben ser tenazmente defendidos por los ciudadanos conscientes, en un mundo que todavía resiste ante los embates de la arbitrariedad y de la prepotencia.
¿Es difícil rectificar las opiniones vertidas, reconocer los propios errores? Lo es, ciertamente, para muchas personas. Pero estoy seguro de que eso: rectificar, reconocer el error constituye, por el contrario, una de las mejores cualidades del hombre (hombre).
(Nota bibliográfica)
La doctrina jurídica moderna, mayoritariamente italiana, ha reconocido desde hace más de un siglo la existencia de normas no escritas (consuetudinarias) de rango constitucional, debido en gran parte al prolongado magisterio de SANTIROMANO (Principios de Derecho Constitucional General; Giuffrè, Milán, 1947; pág. 90 y sigtes.). El número de los autores que han escrito sobre el tema es prácticamente inabarcable; de modo que basta aquí con señalar los siguientes, representativos de diversas tendencias pero conformes en relación con el tema de nuestro interés: PAOLOBISCARETTI DI RUFFÌA: Derecho Constitucional; Tecnos, Madrid, 1973; pág. 158 y sigtes.; PAOLO BARILE: Instituciones de Derecho Público; Cedam, Padua, 1982; pág. 49 y sigtes.; GIUSEPPEUGO RESCIGNO: Curso de Derecho Público; Zanichelli, Bologna, 1984; pág. 288 y sigtes. En Costa Rica se ha referido ampliamente al tema RUBEN HERNÁNDEZ. El Derecho de la Constitución; Juricentro, San José, 1993; Volumen I, pág. 458 y sigtes.
Con el tema de la Divulgación de la Campaña solicitud a la ONU para la Declaración del Año Internacional Agricultura Familiar, AIAF, se realizó este lunes 12 de abril un foro en el cual pretenden crear conciencia sobre la necesidad de que ONU emita una declaratoria que afirme la agricultura familiar como una alternativa de desarrollo y que 1.020 millones de personas que pasan hambre en el mundo, una buena parte familias campesinas, con poca tierra, pocos recursos y ningún apoyo público, tengan la posibilidad de emprender un modelo de subsistencia.
El Foro se realizó en el Auditorio de Conacoop en San José, este lunes 12 de abril con la presencia de María Luz Iñarra Palomino por la Coordinadora para América Latina y el Caribe del Foro Rural Mundial, y estará en el país hasta el 14 de abril, quien trae como misión divulgar la Campaña Para solicitarle a la ONU la declaración del Año Internacional por la Agricultura Familiar.
La agenda del Foro realizado este lunes fue la siguiente:
– Palabras del señor Rigoberto Sánchez Bolaños/ Secretario Ejecutivo de CONACOOP.
– Palabras del señor Miguel Gómez / director del Programa Ruta.
– Palabras del señor Leonardo Granados /Coordinador del PDRR.
– Palabras del señor Javier Flores Galarza/ Ministro de Agricultura, Costa Rica.
– Presentación de la Campaña Año Internacional por la Agricultura Familiar a cargo de María Luz Iñarra Palomino, del Foro Rural Mundial y Plenaria.
– Emprendimientos con Juventud y Género en el contexto de la Agricultura Familiar a Cargo de Rafael Mesén Vega/Doctor en Producción Tropical Sostenible, experto en Juventud rural y extensión agropecuaria. y Plenaria. __________________________________________________________
HACIA LA CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR-AIAF
*Un sueño cada vez más cercano * *
En el mundo de hoy hay más de 3.000 millones de personas que viven en el campo. La mayor parte de esas mujeres y hombres, unos 2.500 millones, son agricultores. Más de 1.500 millones trabajan 404 millones de parcelas menores de dos hectáreas, la mayoría menores de una hectárea. La población rural implicada en agricultura industrial no supera los 20 millones de personas.
De los más de 1.020 millones de personas que pasan hambre en el mundo, una buena parte son familias campesinas, con poca tierra, pocos recursos y ningún apoyo público, ni infraestructuras, ni asistencia técnica, ni acceso al crédito, ni mercados cercanos, ni instalaciones educativas o sanitarias, etc.
En este contexto tan significativo, tan dramático, a finales del año 2007 llegó a la Secretaría Ejecutiva del Foro Rural una sugerente propuesta: fomentar el reconocimiento y el apoyo de la agricultura familiar a través de la declaración por parte de las Naciones Unidas de un Año Internacional de la Agricultura Familiar-AIAF.
En el FRM empezamos a dialogar acerca de esa propuesta, y llegamos a la conclusión de que valía la pena intentar llevarla adelante, habida cuenta de los gravísimos problemas que atraviesa la agricultura familiar en general, y la de los Países en Desarrollo, en particular.
La ocasión ideal para darlo a conocer nos la presentaba la celebración del II Foro Campesino, Roma 11-12 de Febrero 2008, gran encuentro de organizaciones de agricultores de todo el mundo, organizado periódicamente por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola-FIDA, con sede en Roma, al que el FRM había sido invitado en calidad de observador. Tras finalizar el Foro, lanzamos la primera hoja informativa sobre la Campaña del AIAF.
Desde aquel momento hasta nuestros días, más de 245 organizaciones rurales, campesinas, etc. de los diversos continentes, han dado su apoyo oficial a la Campaña del FRM a favor del AIAF (ver lista actualizada en la Web del AIAF: www.familyfarmingcampaign.net).
Nuestra gran prioridad en estos momentos está dirigida a conseguir más apoyos gubernamentales, que puedan liderar la introducción en la agenda de la Asamblea General de la ONU la propuesta de declaración de un Año Internacional de la Agricultura Familiar. Hasta el presente contamos con el apoyo de 5 Ministerios y Direcciones de Agricultura de Belice, Pakistán, Perú, Suiza y El Salvador. Y esperamos con mucha confianza los apoyos de los gobiernos de Brasil, Bélgica, India, Luxemburgo, Uruguay, y de otros muchos.
En este ámbito, pedimos encarecidamente a todas las organizaciones que se han adherido a la Campaña, el inicio de gestiones con sus gobiernos respectivos para solicitar su apoyo oficial al AIAF. Hemos realizado también las primeras gestiones para disponer de apoyos ante la sede de la ONU en Nueva York y para conseguir recursos financieros a las actividades del AIAF.
Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2009, la Campaña del AIAF ha estado muy presente en el Foro Mundial de Expertos de Alto Nivel, FAO, Roma Octubre12-13; Foro paralelo y Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, Roma, Noviembre 13-17; en la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar- REAF, del Mercosur ampliado (Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Uruguay), Diciembre 1-4; Jubileo de ILEIA, La Haya, Diciembre 15, etc. En todos estos eventos, se ha difundido la Campaña del AIAF y se han obtenido nuevas adhesiones.
En diversas ocasiones, vinculadas a la participación en los diversos Foros en Roma, hemos mantenido contactos con la FAO y el FIDA, como organismos internacionales especializados en Agricultura, explicando todo lo relativo a la Campaña en favor del AIAF.
Los días 15 y 16 de Febrero 2010 se ha celebrado en Roma el III Foro Campesino promovido en Roma por el FIDA, dónde hemos participado como observadores, así como en el posterior Consejo de Gobernadores, días 17-18.
Diversas organizaciones campesinas adheridas a la Campaña del AIAF, AFA, COPROFAM, ROPPA, etc. plantearon el apoyo del Foro Campesino a la Campaña a favor del AIAF.
La Síntesis de las Deliberaciones del Foro Campesino incluye el siguiente texto:
“Reconocemos el papel significativo de la agricultura familiar en el mundo y aportamos nuestro apoyo a la Campaña en favor de la declaración por la ONU del Año Internacional de la Agricultura Familiar.”
Este apoyo representa un gran estímulo y un gran reconocimiento para nuestra Campaña común de parte de todas las organizaciones campesinas presentes. Aunque no todas ellas se impliquen directamente en nuestras tareas, la unanimidad que se refleja en el texto citado acredita que se valora muy positivamente la perspectiva de que ese Año Internacional de la Agricultura Familiar pueda celebrarse y ser beneficioso para hacer avanzar los derechos de todas las mujeres y los hombres del campo. En estos aspectos existe una gran responsabilidad de nuestra parte, y confiamos en estar a la altura de los objetivos fijados.
Ya están fijadas las fechas del primer Encuentro continental AIAF en Asia, que tendrá lugar en Nueva Delhi, India los días 23-25 Marzo 2010. Consciente de la importancia de no retrasar más este Encuentro en Asia, el FRM ha decidido financiarlo con fondos de su presupuesto ordinario. Confiando aún en obtener algunas financiaciones en los próximos meses.
Respecto al Encuentro continental en África, hemos celebrado una reunión preparatoria en Dakar, los días 28 y 29 de Enero pasados. Entre las decisiones más relevantes, se optó por celebrar el Encuentro continental África en Malawi, en la segunda quincena de Junio 2010. La opción a favor de Malawi estuvo motivada por el hecho relevante de que su Gobierno apoya decididamente la Agricultura, dedicando más del 10% de su presupuesto a este sector. A los dos días de haberse celebrado dicha reunión, el Presidente de Malawi, Sr. Bingu wa Mutharika, fue elegido presidente de la Unión Africana, lo que puede dar mayor relieve a la celebración en Malawi del Encuentro continental.
Confiamos en que los Encuentros de América y de Europa se celebren antes de finales de 2010. Una vez realizados los 4 encuentros continentales se organizará un Comité Consultivo mundial sobre la Campaña a favor del AIAF, en el que se sugiere que haya, como principio, una representación de dos personas elegidas por cada Encuentro continental con un enfoque de género y asociativo, (una mujer y un hombre, una organización campesina, y una ONG rural).
También hemos iniciado la puesta en marcha de un Comité Científico del AIAF, que pueda reunir a diversos expertos mundiales, mujeres y hombres capaces de fundamentar toda la relevancia de la Agricultura Familiar como fuente principal de producción de alimentos y de preservación agro-ecológica del medio ambiente. Su primera reunión preparatoria tendrá lugar el próximo 10 de Marzo.
La nueva Web representa una gran herramienta para dar a conocer al mundo la evolución actualizada de todas las actividades de la Campaña del AIAF. No dejen de visitarla y de utilizarla como instrumento de sensibilización, con los diversos materiales existente, de promoción de la Campaña.
Son muchos los millones de familias campesinas de todo el mundo que podrán beneficiarse de los logros obtenidos a través de la realización de un Año Internacional de la Agricultura Familiar, promovido por la ONU. Entre todas las organizaciones adheridas a la Campaña, más de 245 en estos momentos, le daremos la máxima proyección y eficacia posibles. En manos de todos está convertir todo este sueño en realidad. Necesitamos colaboración, apoyo y ayuda para llevarlo adelante.
José María Zeberio-Secretario Ejecutivo del Foro Rural Mundial
Tropas del Ejército hondureño se movilizan al Bajo Aguán
Jhony Rivas, dirigente del MUCA (Militarización)
Desde Honduras 1
Jhony Rivas, dirigente del MUCA (MUCA)
Desde Honduras 2
La militarización de la región se produjo en simultáneo al inicio del proceso de negociación entre los campesinos y los terratenientes.
El presidente, Porfirio Lobo, promovió el diálogo entre las partes.
Sin embargo al mismo tiempo, expresó públicamente que los campesinos no están interesados en producir la tierra sino en desarrollar actividades políticas para desestabilizar a su Gobierno.
Ante esta situación, los integrantes del MUCA afirmaron que el ingreso de tropas a la región confirma el posicionamiento del Gobierno a favor de los terratenientes.
Por el momento, los campesinos se negaron a aceptar la propuesta de los terratenientes convencidos de que ellos buscan vender tierras a precios arbitrariamente altos.
Además, evaluaron que si aceptan se convertirán en proveedores de materias primas sin alternativas comerciales.
La acción conjunta de los paramilitares de los terratenientes, de la Policía y del Ejército causó la muerte de 6 integrantes del MUCA en lo que va del año.
Los integrantes del MUCA llevan adelante un proceso de recuperación de tierras, propiedad del Estado y sujetas a reforma agraria, pero apropiadas por los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales.
_____________________________________________________ Honduras: Miles de campesinos bajo asedio en el Aguán
¿Doble discurso de Porfirio Lobo o falta de poder real?
por Giorgio Trucchi
Una impresionante movilización de tropas del ejército ha llenado de temor a miles de campesinos, que siguen en el proceso de recuperación de tierras en la zona norteña del Atlántico hondureño. Mientras por un lado el presidente Porfirio Lobo recorre Centroamérica, tratando de normalizar las relaciones diplomáticas con los países vecinos y con el continente, por el otro en la zona del Bajo Aguán se crean las condiciones para una masacre. ¿Doble discurso o una evidente falta de poder del Presidente hondureño?
A partir de la mañana del día 10 de abril, fuertes contingentes del ejército se han movilizado hacia la zona del Bajo Aguán, donde miles de familias pertenecientes al Movimiento Unificado Campesinos del Aguán (MUCA) siguen en el proceso de recuperación de tierras, que denuncian les fueron ilegalmente arrebatadas por los poderosos productores de Palma Africana, Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales.
“El día de hoy, el Bajo Aguán ha sido totalmente militarizado y hemos detectado por lo menos 30 vehículos militares con tropas que llevaban armas de grueso calibre –dijo Yony Rivas, miembro del MUCA–.
En la zona se ha creado un clima de zozobra, porque sabemos que el ejército en nuestro país defiende los intereses de la oligarquía. Estamos viviendo un momento muy difícil”, explicó Rivas.
Según Andrés Pavón, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el movimiento de tropas que se está llevando a cabo en estos días es algo insólito, “porque los conflictos de carácter civil los resuelve la policía y no los militares.
En la carretera del litoral Atlántico hacia el norte hemos constatado el movimiento de tres brigadas del ejército, cada una de ellas movilizando a más de 11 comandos, apertrechados como si iban a una guerra”, explicó Pavón.
El director del CODEH denunció también la campaña mediática de diferentes medios de comunicación, afines a las familias que detienen el poder económico y político en Honduras, tratando de dar a entender que el movimiento campesino del MUCA estaría organizando una guerrilla armada “y que estaría listo para responder al fuego de los militares, lo cual es totalmente falso.
Aquí la gente tenía cierto optimismo de poder llegar pronto a una solución del conflicto a través del diálogo con el gobierno. Sin embargo, con lo que está ocurriendo en estas horas, se ha creado un clima de grande preocupación.
Si se llegara a un enfrentamiento –continuó Pavón– no hay duda de que la mayoría de las víctimas las pondrían los campesinos. Hay niños, niñas, mujeres embarazads. Sería una masacre”.
¿Doble discurso o falta de poder real?
Mientras el presidente Porfirio Lobo sigue en su gira para Centroamérica, para tratar de normalizar lo más pronto posible las relaciones con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y con el resto del continente, el Bajo Aguán parece estar al borde de un desenlace fatal.
Una contradicción que abre muchas preguntas sobre quiénes detienen el verdadero poder en Honduras.
“Es posible que esta movilización de tropas sea una medida de presión para que el MUCA, en la próxima reunión que está prevista para el martes 13 de abril, acepte la propuesta del gobierno.
Ante un rechazo de los campesinos, el ejército actuaría. Es evidente –continuó el director del CODEH– que aquí hay una gran contradicción de fondo.
El presidente Porfirio Lobo está sujeto a presiones y comportamentos casi de rebeldía de actores que fueron protagónicos en el golpe de Estado, y que están actuando con independencia y que tienen capacidad de inducir a las fuerzas militares a movilizarse”, aseveró Andrés Pavón.
Para los miembros del MUCA, la reunión del próximo 13 de abril va a ser importante para detectar las reales intenciones de este gobierno y de los grupos de poderes, que respaldan los terratenientes usurpadores de las tierras que la Reforma Agraria había destinado para miles de familias campesinas.
“Estamos dispuestos a seguir en el diálogo y vamos a presentar una contrapropuesta porque lo que ofreció el gobierno es insuficiente y violatorio de la misma Ley de Reforma Agraria.
No obstante, denunciamos que estamos viviendo bajo una brutal presión psicológica. Tenemos temor por la vida de nuestros compañeros y compañeras que están en el proceso de recuperación de las tierras”, dijo Yony Rivas.
Según el MUCA, mientras el gobierno presionaba para llegar a un acuerdo, en el Bajo Aguán grupos paramilitares asesinaban a 6 miembros de esta organización.
El último de los caídos es José Leonel Álvarez Guerra, de 32 años, asesinado mientras llegaba a su casa para visitar a su esposa que acababa de dar a la luz un niño.
“Hacemos un llamado al mundo para que se solidarice con nuestra lucha y desde ahora responsabilizamos al presidente Porfirio Lobo, a su gobierno y a los terratenientes involucrados en este conflicto de cualquier masacre que pueda ocurrir en las próximas horas”, concluyó Rivas.
Con una contundente línea seguida desde sus inicios: el beneficio para una minoría en detrimento de una mayoría. El discurso ambiental, en foros mundiales, basándose en una larga trayectoria del país y su histórico compromiso con el ambiente, no tuvo ninguna consistencia a lo interno del país, provocando un profundo retroceso y generando daños posiblemente irreversibles que pagarán no solo las generaciones actuales, sino también las futuras.
Como parte de este triste legado, y para que no lo olvidemos, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras entidades acuden ante la opinión pública para mencionar algunos de los elementos más representativos de los yerros que nos lega esta administración.
La expansión de los cultivos de piña: resulta sorprendente que se pasará en estos cuatro años de 15.000 (2004 – 2005), a más de 54.000 hectáreas de plantaciones de piña (datos del MAG), y posiblemente la cifra sea mucho mayor si se actualizara el censo agropecuario. Este crecimiento se ha vendido como beneficioso al país, debido al incremento de puestos de trabajo y desarrollo. Sin embargo, en las zonas piñeras la realidad muestra lo contrario: la tenencia de la tierra lo mismo que la riqueza producida se concentra en pocas manos, mientras que daños ambientales, enfermedades y plagas de mosca se socializan.
Desde julio del 2007, en Siquirres, más de 6000 personas toman agua de cisternas a un costo de US$ 27.000 dólares mensuales, sufragados por el AyA sin que ninguna demanda se haya presentado por las instituciones para hacer valer el principio “el que contamina paga” contra las empresas responsables de contaminar los acuíferos con bromacil y otras sustancias tóxicas.
Mientras el gobierno publicita su campaña de siembras masivas de árboles (que en su mayoría se limitan a árboles de especies exóticas plantados en monocultivos por empresas madereras) las fotografías aéreas de la expansión piñera constatan como se han eliminado masivamente zonas boscosas aún en zonas de protección de ríos. Además de esto, la actividad por falta de buenas prácticas ambientales, ha generado contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y otros impactos ambientales por erosión y producción de residuos sólidos. Sitios como Caño Negro se desangran en la mayor impunidad.
Minería: el decreto de moratoria a la minería metálica del año 2002 emitido por la administración Pacheco tenía una justificación: Costa Rica estaba siendo “inundada” por solicitudes de empresas mineras que explotarían los recursos mineros del país sin contar éste, con los recursos legales, técnicos y ambientales para atender esta problemática.
A pesar de que se avanzó poco para corregir esa situación, la administración Arias en el año 2008 levantó de manera inconsulta esa moratoria y abrió una “caja de pandora minera” (la cual en los últimos meses de administración, y después de que el 90 % de la población se opone a la minería, se ha pretendido cerrar a escasos días de las elecciones de Febrero del 2010, pero sin elaborar un Decreto Ejecutivo al respecto).
No obstante, dentro de ese periodo de apertura se le dio una cuestionada viabilidad ambiental al cambio de diseño del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, y una no menos cuestionada Declaratoria de Conveniencia Nacional, con la que la minera canadiense, en dos días, arrasó con más de medio centenar de hectáreas de bosque en San Carlos. Hoy este proyecto minero, el más grande de América Central, está detenido gracias a 18 recursos de amparo interpuestos por organizaciones sociales y ambientales del país.
El debate técnico y legal durante la vista celebrada ante la Sala Constitucional en noviembre del 2009, el más intenso en toda la historia de la Sala aclaró las consecuencias que puede tener para el país y su futuro esa decisión. El país se enfrenta a una coyuntura histórica: de otorgarse este permiso, se provocaría uno o varios “enjambres mineros” difíciles de detener debido a las responsabilidades adquiridas mediante los TLC.
Decreto Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero: a casi dos años de administración de gobierno, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 34456 – MP – MIVAH – TUR – MINAE – COM, con el que se “regulaba” del desarrollo inmobiliario en una franja de cuatro kilómetros costeros de Guanacaste y de la región de Cóbano, Paquera y Lepanto. El decreto se “justificaba” para emitir regulación en ausencia de planes reguladores y para evitar las construcciones de altura en los 200 metros de la zona marítimo terrestre. No obstante, permite construcciones de hasta cuatro pisos en esta zona, y de hasta nueve pisos en una franja de terreno entre uno y cuatro kilómetros de la playa. Sin ningún criterio ambiental, se establecieron para urbanización, densidades de población de hasta 90 mil personas por kilómetro cuadrado.
Todo esto, a costa de la afectación de bosques, de manglares, de áreas de protección, de zonas de recarga acuífera y peor aún, sin garantizar los servicios básicos como agua o recolección de residuos. Dichosamente se dió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que frenó la inversión inmobiliaria, evitando que se promulgara otra Decreto similar para Puntarenas. No obstante, el peligro está latente y la intención del decreto no la borrará la historia.
El agua y Sardinal: durante estos cuatro años la urgente Ley de Recursos Hídricos quedó a la espera de su aprobación. No era prioridad para el gobierno. No obstante, se tomaron decisiones desacertadas que ahora requieren de acciones correctivas urgentes. El caso de Sardinal es elocuente: de una forma inconsulta, impositiva y sin los estudios técnicos respectivos, se tomó la decisión de extraer el agua subterránea del acuífero que se encuentra en el valle aluvial donde se asienta la comunidad de Sardinal, para abastecer los desarrollos inmobiliarios costeros del sector de Playa Hermosa y Playas del Coco del cantón de Carrillo. Un claro ejemplo de la ausencia de planificación y ordenamiento territorial y de los recursos naturales.
El gobierno, después de invertir y de iniciar la construcción del acueducto, y buscar justificaciones técnicas presionando a ciertas instituciones como el SENARA y el Departamento de Aguas, tuvo que detener obras por orden de la Sala Constitucional. Hoy, esas obras se pueden observar como un vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en este país. La inauguración en septiembre del 2009 del Hotel Riu en Playa Matapalo, con sus 701 habitaciones en una zona semiárida y poco generosa en agua para las comunidades, probablemente exacerbe aún más los ánimos.
Baulas y áreas protegidas: esta administración ha intentado abrir al desarrollo inmobiliario el sector de Playa Grande, que colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se encuentra uno de los sitios más importantes del planeta de anidación de estas grandes tortugas marinas. Los medios para lograr este objeto han sido varios, siendo uno de ellos la intención de promulgar una ley para bajar de categoría el Parque Nacional a Refugio de Vida Silvestre, so pretexto de que no hay recursos para pagar las expropiaciones. Ignorando la posición técnica y legal de diferentes instancias, se ha mantenido la línea de degradar el parque nacional a favor de un desarrollo inmobiliario localizado en su zona de amortiguamiento y calificada desde el punto de vista hidrogeológico como de vulnerabilidad extrema.
Las tácticas de engaño a la opinión pública y expuestas recientemente por el ministro Jorge Rodríguez van dirigidas hacia hacer creer que “son cientos de familias que viven en áreas protegidas” y que “éstas fueron creadas en poblaciones previamente establecidas y son parte de ese equilibrio ambiental, social y económico, que busca la sostenibilidad” por lo cual “su desalojo generará problemas sociales importantes”.
El caso Baulas con categoría de Parque Nacional no es parte de esta discusión. A esta intención se han unido, una serie de decretos ejecutivos emitidos durante esta administración para disminuir o derogar diversas áreas protegidas. La administración Arias es la primera en muchos años en no crear un nuevo parque nacional, lo que evidencia el “olvido” de los compromisos firmados en el Convenio de Diversidad Biológica y ante el mundo donde se deben crear nuevas áreas protegidas y fortalecer el sistema nacional para resguardar la biodiversidad que se encuentra en peligro crítico. En el tema de las áreas protegidas marinas, este gobierno también ha quedado debiendo. El problema del aleteo del tiburón ha sido irresponsablemente ignorado.
Competitividad y SETENA: una de las funciones principales del Ministro (sin cartera) de la Competitividad, fue el “reforzamiento y modernización” de la SETENA, entidad encargada de dar la viabilidad ambiental a los nuevos proyectos de inversión, por medio de un instrumento altamente técnico e imparcial, como es la evaluación de impacto ambiental. Con esto, un organismo de desconcentración máxima y cuya independencia de criterio debe mantenerse ajena a toda influencia política, quedó bajo el ámbito del “apoyo” y “cuidado” del Ministro de Competitividad. No sorprende por ello, que proyectos como la viabilidad ambiental de Crucitas se otorgara en un periodo neto de seis semanas, mientras que proyectos de menor impacto, a veces tienen que esperar meses para obtener aprobación. Tampoco extrañará que durante casi toda esta administración se dejara de convocar a la Comisión Mixta, de amplia participación social, y asesora técnica de la SETENA, en materia de procedimientos. Y finalmente, aún menos sorprenderá por qué la SETENA durante estos últimos dos años, ha emitido nuevos procedimientos vía resolución, de manera inconsulta y arbitraria, algunos de ellos incluso ilegales.
Con dos decretos ejecutivos se modifican sendos artículos de la Ley de Biodiversidad (LB): En su desesperación por acatar los últimos deseos que el gobierno de EEUU exigía para “certificar” al TLC, la administración Arias modificó en diciembre de 2008 los artículos y 78.6 y 80 de la LB. La “interpretación” del Art. 78.6 permite que las invenciones directamente derivadas del conocimiento tradicional de pueblos indígenas o comunidades campesinas puedan ser patentadas en claro provecho de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La modificación al Art. 80 elimina el carácter vinculante de la oposición fundamentada de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) contra solicitudes de patentamiento de elementos de la biodiversidad costarricense que atentaran contra los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica.
El cambio establece ahora que el único motivo por el cual la Conagebio puede oponerse es por incumplimiento de la Ley de Patentes. Estos Decretos Ejecutivos no fueron consultados con nadie, ni siquiera con los Pueblos Indígenas como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ni con la Conagebio a la cual le reduce potestades. Ambos decretos fueron cuestionados ante la Sala IV quien lo acogió recientemente para su estudio.
Decreto de apertura del anillo de contención: en febrero de este año, la administración prosiguió su tarea, emitiendo un decreto ejecutivo con el que se abre a la urbanización intensiva, una franja de hasta 200 metros el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana, dejando expuestos al desarrollo urbano áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, so pretexto de que no hay área para urbanizar dentro del anillo de contención y justificándose en la viabilidad ambiental del PRUGAM. No obstante, se quieren urbanizar nuevas áreas de alta fragilidad y poner en riesgo a sus futuros habitantes, cuando dentro de la GAM existen más de 9 mil hectáreas por urbanizar y cuando hubiese sido más sencillo aprobar el Plan PRUGAM. Lo que hay detrás de este decreto tendrá que ser debatido ante la Sala Constitucional, que ha acogido una acción de inconstitucional y suspendido su aplicación mientras se resuelve. De igual forma todavía se está en espera de explicaciones por incumplimiento a un fallo del 2008 que obliga a amojonar la zona de protección decretada en el Decreto-Ley 65 de 1888 (que declaró inalienable una buena parte de las montañas del norte de Heredia y parte de Alajuela) donde hoy ya se está dando un desarrollo inmobiliario.
Para despedida: durante estas últimas semanas, se han preparado y se encuentran en elaboración una serie de decretos ejecutivos que llevan la misma línea y que, de salir, van a terminar de reforzar la negativa imagen ambiental de la actual administración Arias Sánchez. Decretos como el de Paisaje, el de las torres de comunicaciones o el que pretende cambiar la metodología de introducción de la variable ambiental en los planes reguladores, pese a que hay más de 50 municipios que lo han utilizado o lo están utilizando, son solo algunos desaciertos más que está promoviendo de manera urgente el Poder Ejecutivo. También, se presiona a sus diputados salientes para que antes del 8 de mayo, aprueben a golpe de tambor la nefasta ley de marinas y la reforma a la ley de la Zona Marítimo Terrestre, que cede derechos a perpetuidad a las grandes trasnacionales del turismo internacional en nuestra zona costera, como ya lo han hecho en Papagayo.
Extraña sobremanera escuchar al señor Presidente en su discurso de inauguración del Año Judicial advertir a todos los magistrados del país indicándoles “No sé si los miembros del Poder Judicial pierden el sueño por las inversiones que Costa Rica deja de percibir por la volatilidad de algunas de sus decisiones que afectan nuestra economía, yo sí”, cuando son decretos ejecutivos adoptados durante su administración de manera inconsulta, temeraria, “volátil” y adoleciendo de criterios técnicos, los que han generado la situación actual: todos, sin excepción, terminan en los estrados de la máxima instancia judicial, llamada a contener esta arremetida inaudita contra la naturaleza sufrida en estos cuatro años.
En resumen, podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia ambiental, para la administración Arias 2006 – 2010, aplica el refrán de que “valen más los hechos que las palabras”. En este caso, algunos de los hechos aquí expuestos, entre muchos otros, valen mucho más que las lindas palabras de los discursos presidenciales sobre “Paz con la Naturaleza”.
Llamado Urgente por el País
Federación Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON) Asociación Pro – Mejoras de Tamarindo Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA) Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA) Coope – SoliDar R.L. Asociación de Ecología Social (AESO) Oilwatch Costa Rica Confraternidad Guanacasteca Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA) Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA) Fundación Opinión Ambiental Justicia para la Naturaleza Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia Bosques Nuestros Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad Asociación Terra Nostra Asociación Ambientalista de Siquirres Asociación de Estudiantes de Derecho (Facultad de Derecho,UCR) Academia Costarricense de Derecho Ambiental (A.D.A) Asociación Proyecto Alternativos (PROAL) Amigos del Río Pacuare. Union por la Vida (UNOVIDA) APREFLOFAS
Encuentre aquí importantes artículos sobre esta temática.
El agua en la agenda política de la ANEP La Junta Directiva Nacional analiza la actualidad de los proyectos legislativos relativos al recurso hídrico. Actualización sobre el tema en la Asamblea Legislativa.
A y A: ANEP plantea proyecto para agua embotellada Solicitud de audiencia a Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados. _________________________________________________________
UCR solicita moratoria a la expansión piñera El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) demandó al Gobierno y las 12 municipalidades de los cantones donde se produce piña declarar una moratoria para el desarrollo de nuevos cultivos de piña hasta que se apliquen los controles adecuados en las áreas de producción de este producto agrícola. _________________________________________________________
Llamado en defensa de aguas subterráneas de SENARA Ante noticias de prensa según las cuáles el MINAET propone eliminar a SENARA y en particular su Área de Aguas Subterráneas, por medio del nuevo Proyecto de Ley sobre el Recurso Hídrico (exp. 14.585), las organizaciones firmantes del presente comunicado, : _________________________________________________________
Aunque el resultado de este simposio de científicos en Washington no revela ninguna novedad, si logra confirmar el peligro que representa no solo no tener bosques, sino también tener bosques pero que no exista vida animal y vegetal en ellos. __________________________________________________________
Aprobadas reformas a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre El día de ayer (5 de noviembre de 2008) la Comisión Plena Primera aprobó en primer debate un proyecto de ley que reforma los capítulos XI y XII de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para mejorar, actualizar y fortalecer las sanciones por delitos y contravenciones en perjuicio de la flora y la fauna silvestre.
ANEP apoya nueva Ley Ambiental Formulamos el más vehemente llamado a todas las expresiones organizativas del multidiverso movimiento social y cívico costarricense, para que se pronuncien, activamente, en la defensa de esta nueva legislación.
Denuncian presión de UCCAEP para que Arias vete ley ambiental El diputado del Frente Amplio, José Merino, denunció que las cámaras empresariales pretenden presionar al presidente Oscar Arias para que vete una ley que obliga a consultas populares cuando el medio ambiente está de por medio, la cual fue apoyada por diputados de todos los partidos.
17 de junio:Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía El avance de la desertificación y la sequía en el mundo ha obligado a los organismos internacionales a la instauración de una fecha que nos comprometa a prestar atención, por lo menos un día al año, a ese grave fenómeno que, al igual que el calentamiento global, amenaza con alterar de forma radical el frágil equilibrio del planeta.
Día de la Tierra: Tu puedes ayudar El pasado 22 de abril se celebró, en todo el mundo el Dia de la Tierra. Más allá de las poses poco chistosas, de algunos politiqueros nacionales y de otras latitudes, es un día para meditar sobre lo que hacemos para NO ser parte de su destrucción.
Cambio Climático puede tener efecto negativo sobre la salud pública Los ancianos, los recién nacidos, las personas que necesitan cuidados médicos y las poblaciones de comunidades aisladas y sin recursos integran la lista de los más vulnerables frente a los cambios climáticos.
Nuevos videos: The Story of Stuff __________________________________________________________
ANEP: Condenamos restricción de acceso a los expedientes del Tribunal Ambiental __________________________________________________________ Cambio climático y nueva migración a Costa Rica Hoy no se discute si hay o no cambio climático, solo su intensidad. El reciente premio nobel a la Comisión de Cambio Climático de Naciones Unidas y a un demócrata, ha puesto el tema de moda y ha hecho pensar a más inversionistas europeos y norteamericanos afincados más allá de 40°de latitud norte, dónde vivir los próximos 25 años con relativa tranquilidad. __________________________________________________________
El agua, un servicio público Como miembro activo del movimiento del Llamado mundial a la acción contra la pobreza (GCAP según el acrónimo inglés), la ISP invita a sus afiliadas a participar en la Jornada de acción del 7 de julio próximo (07.07.07).
5 DE JUNIO 2007 Día mundial del ambiente, Costa Rica con agenda pendiente Comunicado de la Federación Costarricense para la Consevación del Ambiente. (Publicado el 5 de junio de 2007) _________________________________________________________
1.- La ONU alerta de que el cambio climático será más destructivo*
• Los recursos hídricos del planeta y el 30% de las especies animales y vegetales están amenazados • El organismo prevé un posible aumento de las riadas y las inundaciones en el litoral europeo _________________________________________________________ _________________________________________________________
2.- El planeta sufre cada vez más por la acción de los seres humanos
Publicación del Periódico The New York Times _________________________________________________________
3.-Alto a la emisión de gases de efecto invernadero COMUNICADO DE FECON La Sala Constitucional acogió a trámite un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto que permite otorgar permisos para la quema de la caña de azúcar. _________________________________________________________
4.-TRIBUNALAMBIENTAL DA CURSO A DENUNCIAPORCONTAMINACION EN CRUCITAS El tribunal Ambiental Administrativo dio curso a la denuncia presentada el 29 de marzo por el Licenciado Edgardo Vinicio Araya Sibaja, en su condición de presidente de la Asociación Unión Norte por la Vida, por contaminación con Arsénico de las aguas de la quebrada El Descubrimiento en Crucitas de Cutris. _________________________________________________________
5. El negocio del desaleteo Dr. Freddy Pacheco * Muy buena noticia de inicio de año; en la Asamblea Legislativa se estudia un proyecto de ley que busca detener el desaleteo de tiburones que se realiza en Costa Rica. _________________________________________________________
Sería Genial, un corto de WWF Si piensas que la contaminación no te afecta….piénsalo de nuevo!! Bájatelo de ARCHIVOS ADJUNTOS _________________________________________________________
Universidad Nacional Facultad de Filosofía y Letras Centro de Estudios Generales Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA Escuela de Filosofía
INVITAN a la celebración de la V Semana Bolivariana del 12 al 16 de abril, bajo el tema:
“El bicentenario un espacio particular para iniciar la integración latinoamericana”
CRONOGRAMA:
Lunes 12 Hora 5:30 pm Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras
Participan: – German Chacón, Coordinador de la Cátedra Itinerante Simón Bolívar – Jesús Arias Fuenmayor, Encargado de Negocios. a.i – Lucia Chacón Alvarado, Decana FFL – Sandra León Coto, Vicerrectora UNA
Conferencia Inaugural “La actualidad de una utopía” por Dr. Arnoldo Mora Rodríguez
– Develación de placa la V Semana Bolivariana
Martes 13 Hora 5:30 pm Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras
Mesa redonda “La realidad Latinoamericana: un camino posible”
Participan: – Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares, Embajador de Brasil – Daisy Tula Espinel de Alvarado, Embajadora de Ecuador – Zadalinda González y Reynero, Embajadora de México – Jesús Arias Fuenmayor, Encargado de Negocios. a.i – Antonio Miguel Pardo, Cónsul General de Cuba
Invitados especiales, cuerpo diplomático de los paises latinoamericanos
Miércoles 14 Hora 5:30 pm Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras
Conferencia: “Liberación y revolución a 200 años de tensión utópica, reinvicatoria y dignificadora”
Participa: MSc. Herman Guendel Angulo, Sub-Director Escuela de Filosofía
Jueves 15 Hora: 12:00 mm – 5:00 pm Lugar: centro de Estudios Generales
“Generales, una ventana al arte: Festival cultural latinoamericano”
Participan: Por confirmar
Cierre: Leandro Musical, Música Latinoamericana
Viernes 16 Hora: 2:00pm Lugar: Centro de Estudios Generales
“Cierre de la Semana Bolivariana”
Participan: – German Chacón, Coordinador de la Cátedra Itinerante Simón Bolívar – Sandra León Coto, Vicerrectora UNA
Conferencia: “Raíces de la lucha independentista de América Latina en conmemoración del Bicentenario”
por Dr. Juan Diego Quesada Profesor Investigador de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje
– Acto musical: Flor Urbina y los hijos del quinto sol – Entrega de la revista “Integración Latinoamericana, numero conmemorativo”
Escribiré sobre ética y política pública. Y comenzaré diciendo que el abismo existente entre el discurso ético y las duras realidades del crecimiento regido por el Mercado se está ampliando. Las desigualdades están aumentando. Contrario a las promesas de los globalizadores, las condiciones de las mayorías pobres del mundo no están mejorando significativamente, las brechas se hacen mayores, y varios de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas no se cumplirán cabalmente.
Bajo estas circunstancias negativas cabe preguntarse: ¿es acaso posible revertir las tendencias confiando únicamente en las leyes del Mercado? O dicho con otras palabras, ¿debe privilegiarse la eficiencia económica y la competitividad, aceptando implícitamente el carácter ineludible de la polarización social, derivada de la marginalización y exclusión, y concentrar la acción del Estado en políticas sociales compensatorias basadas en la focalización asistencial del gasto fiscal? ¿No sería más conveniente diseñar modelos de economía mixta que vayan más allá de la eficiencia en la asignación de los recursos y de la innovación tecnológica, y que tomen en cuenta aspectos fundamentales como lo son el empleo, la distribución del ingreso y la sostenibilidad ambiental?
Estoy convencido de que la clave para reconciliar el crecimiento económico con el bienestar social reside en el ámbito de las políticas públicas, en la habilidad de darle al proceso de desarrollo la guía necesaria, bajo la forma de un proyecto concebido democráticamente, que contenga una adecuada regulación de las esferas pública y privada.
No hay que olvidar que el desarrollo es mucho más que crecimiento económico. La idea de desarrollo conlleva criterios de equidad en lo colectivo y de calidad de vida para cada una de las personas. Implica también la posibilidad de realización individual en un clima de paz, libertad y participación democrática.
El enfoque de lo social, por lo tanto, no debe responder a criterios meramente asistencialistas ni ser un conjunto de acciones focalizadas de carácter remedial y subsidiario del crecimiento económico. Debe ser más bien una visión que busque modificar los factores estructurales y alterar las relaciones de los diversos estratos socioeconómicos con la estructura productiva, a fin de lograr una distribución mas equitativa de la riqueza, que es producida en forma mancomunada.
Los programas sociales específicos, destinados a mejorar temporalmente las condiciones de vida de los más pobres, a veces ejecutados con criterios clientelistas, no constituyen respuestas adecuadas para asegurar la cohesión social y un desarrollo humano sostenido. Por el contrario, pueden reforzar los factores causantes de la inequidad social.
Es por eso que resulta esencial que las políticas públicas se formulen con visión ética, vinculando cuidadosamente los objetivos de bienestar social y crecimiento económico, en lugar de provocar un enfrentamiento entre ellos. En palabras de Bernardo Kliksberg, “un Estado inteligente debe ser capaz de orientar sus políticas a la superación de las gruesas inequidades, impulsar la concertación entre lo económico y lo social y promover la sociedad civil con un papel sinergizante permanente”.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
